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OPINIÓN. “Nombramiento de autoridades electorales”. Por Juan Adolfo Montiel Hernández

Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*

Todo el sistema político está basado en pesos y contrapesos, así como en instituciones gubernamentales que deben realizar sus respectivas tareas constitucionales. La integración de éstos y de quién encabeza estas instituciones autónomas está determinada por sus facultades y funciones en cada uno de ellos.

El Instituto Nacional Electoral acaba de realizar una elección para la senaduría en el estado de Tamaulipas por haberse quedado acéfala esa representación. Anteriormente, el INE lo hizo para el estado de Colima. Con ello, se cumple con la función de brindar la representación política que cada elector debe destinar conforme  al sentido de su voto, esto deberían de hacer las demás autoridades como debe ser el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En el caso del Senado de la República existen pendientes los nombramientos de magistrados de los Tribunales Electorales Locales, de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de otro tipo de organismos autónomos donde no hay nombramientos, derivado de que no se llegan a los acuerdos y consensos adecuados.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está en un proceso de designación para cuatro consejerías, incluyendo al titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, dicho procedimiento debe generar legitimidad y certeza para quienes ocupen esos lugares, y junto con el resto de las 7 consejerías restantes integrar el pleno del Consejo General para organizar las elecciones, cuya tarea es ser el árbitro del siguiente proceso electoral federal, así como los procesos electorales locales y concurrentes. Por tal motivo es importante que los perfiles de las y los nuevos consejeros sean imparciales, profesionales y con objetividad para dar certeza a los jugadores y competidores.   

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* Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM)

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