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Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

Quizá en un lugar recóndito de la memoria, de quienes ya contamos con más de 4 décadas, pudiera recordarse que, en el siglo pasado, uno de los diversos reclamos sobre la organización de las elecciones tenía que ver con el algoritmo.

Como sucede respecto a estas expresiones que no forman parte del lenguaje cotidiano, luego suelen utilizarse como banderas políticas para criticar algo, por lo regular sin mucho fundamento.

La Inteligencia Artificial de Google nos dice que “Un algoritmo es una secuencia ordenada, finita y bien definida de instrucciones o reglas lógicas que permiten solucionar un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea específica. Actúa como una serie de pasos secuenciales que transforman una entrada (input) en un resultado (output), siendo la base fundamental de la programación informática y la automatización”

Así las reglas del sorteo para disponer de un universo de personas que integren las mesas directivas de casilla, representan un algoritmo que en el siglo pasado fue polémico, hasta que llegó el segundo sorteo o insaculación y todos los controles que existen para dichos efectos.

O bien, se llegó hablar en la discusión pública de algoritmos para los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares, cuando lo que existe son condiciones de distancia, comunicaciones o de discusiones dentro de casillas que demoran que el resultado sea subido al sistema.

Pero lo que se avecina en el mundo electoral, incluyendo las campañas, es la proliferación de algoritmos que posibilitan la presencia de la Inteligencia Artificial en las elecciones. Tema por cierto ausente de la discusión de la reforma electoral.

Pese a ello, el INE ha dado pasos para regular el uso de la Inteligencia Artificial, a través del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprobaron los Lineamientos y principios para el desarrollo estratégico y uso regulado de la Inteligencia Artificial en el Instituto Nacional Electoral.

Entre lo destacable de dichos lineamientos se encuentra como Principio Rector: la imparcialidad algorítmica, que se define en términos de que “Los algoritmos deben diseñarse y auditarse para prevenir sesgos y asegurar un trato igualitario a todos los sujetos, sin preferencias, exclusiones ni discriminación.

También destaca otro principio que es el de Máxima publicidad y transparencia algorítmica que se define en los términos siguientes: “La ciudadanía tiene derecho a conocer el funcionamiento general de los sistemas de Inteligencia Artificial utilizados por el Instituto. Esto implica documentar, comunicar y, cuando sea posible, explicar las decisiones automatizadas o asistidas por Inteligencia Artificial. La Inteligencia Artificial Institucional debe ser diseñada y operada de manera de que sus procesos de decisiones y resultados sean comprensibles, auditables y explicables en la medida de lo posible, especialmente aquellos que impacten directamente en la información electoral o participación ciudadana”.

Un Principio que también es relevante es el de la “Supervisión humana significativa”, que implica que: “incluso los sistemas más autónomos deben incorporar formas de intervención humana significativa. Esto asegura que decisiones importantes no queden exclusivamente en manos de algoritmos, y que los humanos mantengan la capacidad de observar, corregir o detener el funcionamiento del sistema cuando sea necesario”.

Los sistema de inteligencia artificial se encuentran más cercanos a nosotros de lo que imaginamos, desde los motores de búsqueda como Google, hasta aplicaciones como Alexa o Siri; o aplicaciones de compra como Temu, Amazón o Mercado Libre, o bien, los pilotos automáticos de vehículos de alta gama. Adicionalmente a otros muchos que se han desarrollado con alta potencialidad como ChatGPT, Jasper AL, DeepSeek o Gemini.

En materia electoral, en los Estados Unidos y Brasil se ha utilizado la inteligencia artificial para detectar campañas de desinformación, identificar deepfakes y prevenir la manipulación del discurso político.

En el año de 2025, en Argentina, el Juzgado Electoral de la provincia de Buenos Aires la utilizó para reubicar a cientos de miles de votantes, analizando datos geográficos y de concurrencia para optimizar la distribución de los centros de votación.

La proliferación de algoritmos mediante aplicaciones requiere estudiar con precisión el fenómeno y sus posibles implicaciones en el mundo político electoral. Retos a futuro.

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*David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

Por GUILLERMO VALENCIA REYES*

Hay números que duelen, más que por su magnitud, por lo que representan: oportunidades perdidas, capacidad de inversión evaporada y un futuro social hipotecado. La deuda pública de Michoacán es uno de esos números. Al cierre proyectado de 2025, nuestro estado debe 23,048.5 millones de pesos, una cifra que hace veintitrés años hubiera resultado obscena.

Pero hay un dato aún más revelador en esta historia de despilfarro institucional: el último gobernador que logró reducir la deuda pública de Michoacán fue un priísta, el licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí, quien entre 1996 y 2002 disminuyó los pasivos estatales en un 40.3%, dejando las arcas con apenas 152.8 millones de pesos de deuda.

Mucho más que nostalgia política estamos ante aritmética; esa rama de las matemáticas que el gobierno de MORENA se niega a reconocer por su nombre y mucho menos, usarla para gobernar, porque es incómoda, no admite discursos grandilocuentes ni promesas vacías. Mientras Tinoco Rubí gobernaba con austeridad republicana real, reduciendo la deuda de 256.2 millones a poco más de 152 millones, estaba construyendo algo que sus sucesores demolieron con entusiasmo irresponsable: solvencia financiera.

En un contexto nacional todavía marcado por la crisis de 1994, cuando el endeudamiento fácil se vendía como la solución mágica para el desarrollo, él tomó el camino difícil, el camino de la responsabilidad fiscal. No hipotecó participaciones futuras, no cedió a la tentación del crédito bancario indiscriminado, no empeñó el futuro de los michoacanos por aplausos efímeros.

Y luego vino el diluvio: la administración de Lázaro Cárdenas Batel, que recibió esos 152.8 millones de deuda, la multiplicó por 44 en solo seis años. Lean bien esa cifra: cuarenta y cuatro veces. De 152 millones a 6,757 millones de pesos. Un crecimiento del 4,322.6%. No estamos hablando de inversión productiva estratégica, sino de la institucionalización de una cultura del endeudamiento que convirtió al crédito en el motor de operación cotidiana del gobierno estatal. Esa fue la ruptura del equilibrio financiero de Michoacán, el punto de inflexión del que jamás nos recuperamos.

Leonel Godoy Rangel, como en tantos aspectos más, empeoró la situación y profundizó la herida financiera. Heredó 6,757 millones y entregó 15,140 millones. Un incremento del 124%, producto de un déficit estructural que ya no se ocultaba. El modelo estaba claro: gastar más de lo que se tiene, financiar el gasto corriente con deuda a largo plazo, refinanciar lo impagable. En el presente, el actual inquilino de Palacio de Gobierno lleva acumulados 2,734 millones adicionales en su gestión.

Aquí está la verdad desnuda: desde que terminó el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí hace veintitrés años, ningún gobernador ha logrado reducir un solo peso de la deuda pública de Michoacán. La Ley de Disciplina Financiera de 2016 ha moderado el ritmo de crecimiento porcentual, es cierto, pero no ha revertido la tendencia. Hoy, el 13.4% de incremento anual que exhibe la actual administración parece modesto solo porque la base sobre la que se calcula es tan grotescamente alta que cada punto porcentual representa miles de millones que dejan de invertirse en seguridad, educación, salud, infraestructura. Hemos normalizado la bancarrota progresiva.

El costo de esta irresponsabilidad es incalculable. Cada peso que se destina al servicio de la deuda es un peso que no llega a un maestro, a un policía, a un hospital, a una carretera o a un niño. Hemos perdido soberanía financiera.

Desde mi posición política, no vengo a pedir que se olvide el pasado. Vengo a exigir que se aprenda de él. El gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí demostró que es posible gobernar sin endeudar, que la austeridad debe ser una política de Estado, que la responsabilidad fiscal no está peleada con el desarrollo. Aquel Michoacán de finales de los noventa, era un estado con margen de maniobra, con capacidad de inversión real y con futuro no comprometido.

Las autoridades estatales actuales tienen una responsabilidad histórica. No pueden seguir administrando la bancarrota con sonrisas y discursos optimistas. Necesitamos una política de amortización real, un plan de pago que reduzca gradualmente el saldo de la deuda, no que lo maquille con reestructuraciones que solo patean el problema.

Y al priismo michoacano le digo con orgullo y con exigencia: tenemos un ejemplo histórico que defender y un compromiso que honrar. Víctor Manuel Tinoco Rubí gobernó con las virtudes que fundaron nuestro partido: disciplina, eficacia, visión de largo plazo, respeto al erario. No necesitamos inventar modelos; necesitamos recuperar principios. El PRI cuenta en el Licenciado Tinoco con un ejemplo viviente de gestión responsable, de finanzas saneadas y de gobiernos que entregan más de lo que reciben.

Los números están sobre la mesa. La historia ha hablado. Solo falta que quienes hoy gobiernan tengan la humildad de escuchar y el coraje de actuar. Porque si algo nos enseñó Tinoco Rubí es que la grandeza de un gobierno no se mide por cuánto gasta, sino por la salud financiera con la que entrega el timón. Y en eso, ninguno de sus sucesores ha estado a la altura.

¡México y Michoacán merecen una Revolución institucional y Social!

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*Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.

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