Por JOSÉ HERRERA PEÑA*
Invitado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la conferencia que di ayer martes 21 de septiembre en el foro virtual Libertador Miguel Hidalgo, sobre ’Los diputados al Congreso de 1813-1814’, la dividí en tres partes: a) Suprema Junta Nacional Americana 1811-1813; b) Congreso de Anáhuac 1813-1814, y c) Congreso Nacional 1815.
En la primera parte, invoqué los intentos para formar un congreso representativo en 1808 y 1810, a cargo del Ayuntamiento de México y del Generalísimo Miguel Hidalgo, respectivamente, así como las elecciones que se llevaron a cabo en 1810-1811 para formar las Cortes de Cádiz, las cuales promulgarían la Constitución Política de la Monarquía Española, 19 de marzo de 1812.
Recordé la crisis política que hubo en la Nación Insurgente entre los partidarios del monarca Fernando VII, con Ignacio Allende a la cabeza, y los del sistema republicano, por la simple y sencilla razón de que el rey ya no existía, representados por Miguel Hidalgo; crisis que concluyó trágicamente, al deponer Allende a Hidalgo en la hacienda de El Pabellón, llevarlo consigo a Saltillo en calidad de prisionero, marchar hacia los Estados Unidos y ser capturado, procesado y ejecutado en Chihuahua, habiendo dejado al mando a Ignacio López Rayón.
Al ser ejecutados Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, López Rayón retrocedió al Sur del país pero siendo regateada su legitimidad como sucesor de Miguel Hidalgo, convocó a los principales jefes y oficiales del ejército a una asamblea que tuvo lugar en Zitácuaro, agosto de 1811. Dicha asamblea acordó formar una Junta Suprema compuesta por cinco vocales, de los cuales se eligieron tres: Ignacio Löpez Rayón, José María Liceaga y Manuel Sixto Verduzco.
Meses más tarde, los tres vocales invitaron a José María Morelos, que se hallaba sitiado en Cuautla, en calidad de cuarto vocal, mayo de 1812; pero no recibió formalmente su nombramiento sino mucho tiempo después, noviembre de 1812, en Tehuacán, a punto de asaltar Oaxaca.

En la segunda parte recordé las principales diferencias políticas entre el presidente López Rayón y el cuarto vocal Morelos, que reprodujeron la polémica sobre la forma de gobierno, pues el presidente era partidario de una independencia con el rey a la cabeza, y el cuarto vocal consideraba inadecuado engañar a la gente con Fernando VII, porque todo mundo sabía que éste ya no existía, y propuso que se le quitara la máscara a la independencia.
Otra diferencia entre ellos fue la concentración del poder absoluto a cargo de la Suprema Junta, con atribuciones legislativas, ejecutivas y judiciales, como lo sostenía López Rayón, y la separación de poderes, en la que la asamblea retuviera sólo las facultades legislativas y depositara e Gobierno en una sola persona al mando de todas las armas y a cargo de la administración pública, así como las judiciales en un supremo tribunal de justicia de la Nación, como lo proponía Morelos.
En medio del debate que se produjo, Morelos tomó Oaxaca y planteó la necesidad de que el quinto vocal de la Suprema Junta fuera electo por los oaxaqueños, no por los otros vocales, y resultó electo José María Murguía. Al avanzar de Oaxaca a Acapulco, Morelos no sólo propuso a los otros vocales de la Suprema Junta que se reunieran en Chilpancingo, sino también convocó a elecciones en cuatro provincias ya casi totalmente liberadas por sus tropas: Tecpan (hoy Guerrero), México, Puebla y Veracruz.
Por Tecpan resultó electo José María de Herrera, y mientras llegaban las actas de las otras tres provincias, Morelos nombró provisionalmente a Carlos Ma. De Bustamante por México; José María Cos por Puebla y Andrés Quintana Roo por Veracruz. De este modo, con excepción de López Rayón, que representó a Jalisco, y de Bustamante, que no asistieron a la instalación del Congreso Nacional, y con ausencia de Cos, que cayó enfermo, los otros cinco (Liceaga por Guanajuato; Verduzco por Michoacán, Murguía, Herrera y Quintana) se reunieron en septiembre de 1813 y escucharon los Sentimientos de la Nación; acordaron la división de poderes; decidieron que la asamblea parlamentaria retuviera sólo el Legislativo; nombraron a Morelos como Generalísimo y depositario del Poder Ejecutivo; resolvieron aprobar oportunamente una Declaración de Independencia y, por último, determinaron dar forma jurídica a la Nación.
De esta suerte, se presentaron cinco proyectos de Constitución, cuatro monárquicos y uno republicano. Los proyectos que propusieron a Fernando VII fueron elaborados por López Rayón, Carlos Ma. De Bustamante, Vicente de Santa María y Los Guadalupes (organización clandestina de notables que apoyaban la independencia).
El único proyecto republicano fue el de Morelos, titulado Sentimientos de la Nación. El 6 de noviembre de 1813 se discutió el Acta de independencia de México, la cual fue aprobada previa supresión del nombre del monarca. La vía quedó libre para promulgar una Constitución Política republicana y democrática.
Mientras tanto, a finales de diciembre de 1813 y de enero de 1814, Morelos sufrió las derrotas más espectaculares de su vida militar en Valladolid y Puruarán, respectivamente. En febrero de 1814 el Congreso y Morelos se reunieron en Tlacotepec, provincia de Tecpan, y aquél (el congreso) acordó retirar a Morelos del Poder Ejecutivo, le prohibió el mando de armas y volvió a concentrar todas las atribuciones del Estado, es decir, hacer la ley, ser gobierno y administrar justicia.
Además, amplió el número de diputados de ocho a dieciséis, los cuales fueron nombrados por el congreso, no electos por sus provincias. Los nuevos diputados que se sumaron a los anteriores fueron: Alderete y Soria por Querétaro; Ortiz de Zárate por Tlaxcala; Sotero Castañeda por Durango; José Ponce de León por Sonora; José María Argándar por San Luis Potosí: Antonio José Moctezuma por Coahuila; Antonio de Sesma por Puebla y José María Morelos por Nuevo León. Varios meses después, el 22 de octubre de 1814, el Congreso de Anáhuac promulgó en Apatzingán el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

En la tercera parte hablé de los poderes constituidos: el congreso, formado por los mismos diputados; el Gobierno, formado por tres diputados electos el 23 de octubre de 1814 por el Congreso: José María Liceaga, José María Cos y José María Morelos, y el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, formado por cinco magistrados electos por el congreso, el cual fue instalado en Ario el 7 de marzo de 1815.
El congreso tenía casi todas las atribuciones del Estado, incluyendo las de dirigir la guerra; el Gobierno, en cambio, no tenía casi ninguna, sus tres miembros duraban sólo un año en el cargo y un cuatrimestre en la presidencia, y el tribunal de justicia reemplazó al Consejo de Indias como tribunal de apelación. Los poderes constituidos no tenían residencia fija, pero se establecieron la mayor parte del tiempo en Uruapan. Liceaga obtuvo licencia para separarse del gobierno a fin de atender asuntos personales en Guanajuato; José María Cos se rebeló contra el congreso por no permitir a Morelos que ejerciera el mando de armas y Morelos fue nombrado director de las marchas de Uruapan a Tehuacán, al tomarse la decisión de buscar una nueva sede de los Poderes del Estado.
Durante el trayecto, Morelos fue capturado en noviembre de 1815 a las orillas del Balsas. El congreso se reunió en Tehuacán, nombró a nuevos funcionarios para llenar las vacantes de los tres órganos del Estado y advirtió al general Félix María Calleja que si no respetaba la vida de Morelos, 60 mil españoles europeos sufrirían las consecuencias.
Sin embargo, el 15 de diciembre de 1815, el comandante insurgente de Tehuacán Manuel Mier y Terán responsabilizó al congreso de la captura de Morelos; ordenó que se disolvieran los órganos del Estado insurgente y advirtió a sus integrantes que no los volvieran a formar, so pena de la vida. De este modo, Morelos se quedó sin el apoyo de nada, ni de nadie, y una semana después, el 22 de diciembre, Calleja lo condenó a muerte y ordenó que fuera ejecutado en San Cristóbal Ecatepec.

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*José Herrera Peña. Es Licenciado en Derecho por la UMSNH. Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. De cuantiosa bibliografía histórica. Ha sido abogado postulante, funcionario del gobierno en la República Mexicana y en otros países del mundo, entre ellos Canadá y Nicaragua. Catedrático de diversas Universidades de México y de otros países. Le otorgó la Secretaría de Cultura federal una Mención Honorífica “en reconocimiento a su trayectoria en el rescate de memorias y documentos”.