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Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2024.- La presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, junto al presidente del Congreso del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, recibieron en manos de Luis Navarro García, secretario de Finanzas, y Carlos Torres Piña, secretario del Gobierno de Michoacán, el Paquete Fiscal 2025, con el compromiso de analizarlo de manera responsable y garantizar que sea equilibrado, sin déficit, y que no contemple nuevos impuestos.

“Hoy es un día muy importante para los michoacanos. El paquete fiscal que estamos recibiendo representa el futuro cercano de nuestro estado, ya que de él depende el desarrollo de infraestructura, la atención a servicios públicos, la mejora de la seguridad y la salud, así como el bienestar de todos los ciudadanos. Este presupuesto debe ser equilibrado, pero sobre todo responsable, y que no recargue al pueblo con nuevos impuestos”, señaló la diputada Bugarini.

En este sentido, secretarios, quienes asistieron en representación del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, adelantaron que el presupuesto de 2025 contempla una inversión histórica en seguridad, con 6 mil millones de pesos, y un incremento significativo en el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con 700 millones de pesos adicionales, lo que representa un aumento de más del 20% en comparación con el presupuesto anterior.

Por su parte, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Congreso, subrayó que este presupuesto tiene una gran responsabilidad, ya que no solo impacta la operatividad del gobierno estatal, sino también la vida cotidiana de los michoacanos a través de los municipios.

“El presupuesto que hoy recibimos las y los diputados representa recursos vitales para la construcción de carreteras, la mejora de servicios públicos, la seguridad, y la infraestructura social. Este presupuesto transformará la vida de los michoacanos, lo verán reflejado en sus calles, escuelas, hospitales y servicios de salud”, expresó Magaña.

Luis Navarro García, secretario de Finanzas, destacó que la recaudación local ha crecido significativamente gracias a la digitalización del gobierno, pasando del 4.5% al 8.5% del total de los ingresos estatales en los últimos años, lo cual es un avance muy positivo para Michoacán. “Gracias a los esfuerzos en materia de digitalización, la recaudación ha mostrado una gran mejoría, lo que nos permite tener un presupuesto más sólido y con mejores perspectivas para el futuro”, apuntó Navarro.

Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, añadió que la evaluación del proyecto de ingresos y egresos es fundamental para asegurar que se destinen recursos adecuados a las prioridades de la administración estatal, tales como salud, educación, infraestructura y seguridad. “Es una actividad que realizamos con toda responsabilidad. Este paquete es equitativo y garantizar que tanto el gobierno estatal como los municipios puedan cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y operativa”, concluyó Torres Piña.

Finalmente, la diputada Giulianna Bugarini reiteró el compromiso del Congreso con un presupuesto responsable, equitativo y que priorice el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. “Este presupuesto tiene que tener tres características: ser equitativo, darle viabilidad a los municipios y los estados, y ejecutarse con la mayor responsabilidad para que los michoacanos vean reflejado en su vida diaria los beneficios de una gestión pública que realmente responde a sus necesidades”, concluyó Bugarini.

Con la entrega oficial del presupuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública comenzará el análisis detallado de las propuestas para garantizar que cada recurso se distribuya de manera justa y eficiente, permitiendo que los gobiernos municipales y el gobierno estatal puedan cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en áreas clave como seguridad, salud, educación, infraestructura y servicios públicos.

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Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2024.- La diputada, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa clave que busca fomentar ferias del libro comunitarias en todo el estado, con el objetivo de descentralizar la oferta literaria, apoyar a editoriales independientes y promover espacios de encuentro cultural para el pueblo michoacano.

“Hoy tengo el honor de presentar una iniciativa que busca fortalecer uno de los pilares fundamentales para la transformación social: la lectura. Esta propuesta no sólo responde a la necesidad de ampliar el acceso al libro y la cultura en nuestro estado, sino que también se alinea con las políticas nacionales y estatales de la Cuarta Transformación”, expresó la diputada Bugarini.

Gobernar para el pueblo implica más que garantizar derechos básicos. “Se trata también de fomentar el acceso al conocimiento, al pensamiento crítico y a la reflexión colectiva. La lectura es un medio indispensable para alcanzar estos objetivos. Con esta iniciativa, buscamos que las comunidades de Michoacán no solo tengan acceso a libros, sino que también tengan la oportunidad de interactuar con autores, editoriales y otros actores culturales en un ambiente cercano y accesible”, agregó la diputada.

La propuesta de Bugarini Torres tiene como objetivo principal crear un programa estatal de fomento a las ferias del libro que cubra todas las regiones del estado, desde las principales ciudades hasta los municipios más apartados.

“No buscamos eventos elitistas ni comerciales, sino ferias del libro que sean espacios de encuentro, donde la comunidad se reconozca y se fortalezca en torno a la lectura”, aseguró Bugarini.

Este programa también incluiría actividades complementarias como talleres de lectura, conversatorios, presentaciones de libros y dinámicas para niños y jóvenes, todo con la finalidad de crear una experiencia cultural integral.

Un modelo a seguir es la exitosa Feria Internacional del Libro de Tacámbaro (FILIT), que ha demostrado cómo las ferias del libro pueden ser herramientas poderosas para el desarrollo cultural y comunitario. “La FILIT ha sido un ejemplo claro de cómo la cultura puede transformar a una comunidad. Queremos replicar este modelo en todo Michoacán”, concluyó la legisladora local.

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• Adición al IMSS y prestaciones de ley a las fuerzas del orden, serían requisitos para acceder a los fondos federales en materia de seguridad

Morelia, Michoacán a 21 de noviembre de 2024.- Las prestaciones sociales, tales como la inscripción al IMSS, el acceso a servicios médicos, pensiones y otros beneficios, son derechos irrenunciables de todo trabajador, especialmente de aquellos que se dedican a la seguridad pública, por lo que el diputado local, Alfredo Anaya Orozco propone que se tome en cuenta su garantía en los municipios para acceder a fondos en materia de seguridad.

Con la propuesta de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo del estado para que, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, modifique las reglas de operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), se busca establecer como requisito para los municipios que deseen adherirse al programa, la comprobación de que sus elementos policiales están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuentan con todas las prestaciones sociales previstas por la ley.

“La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de cualquier sociedad. En Michoacán, la labor de preservar el orden y la paz social enfrenta desafíos constantes, por lo que resulta imprescindible contar con instituciones de seguridad robustas y eficientes. Los cuerpos policiales son la primera línea de defensa en esta tarea, y para que puedan desempeñar su función de manera eficaz, es fundamental que cuenten con condiciones laborales dignas, que incluyan, además de un salario adecuado, el acceso a todas las prestaciones sociales que por ley les corresponden”, explicó el legislador al presentar su propuesta.

Anaya Orozco subrayó que en el más reciente informe del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se estima que en Michoacán hay aproximadamente 11 mil 508 policías entre estatales y municipales, de los cuales 6 mil 808 pertenecen al estado y la cantidad restante pertenecen a las corporaciones municipales, lo cuales “son quienes enfrentan, en gran medida, las demandas inmediatas de seguridad de nuestras comunidades. Sin embargo, a pesar de la importancia de su labor, es alarmante constatar que muchos de estos elementos carecen de las prestaciones sociales básicas, como el acceso al seguro social, lo que no solo pone en riesgo su bienestar y el de sus familias, sino que también compromete la efectividad de su labor en la seguridad pública”.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, menos del 50% de los policías municipales de Michoacán cuenta con seguridad social. Esto significa que la mitad de aquellos que arriesgan sus vidas diariamente para proteger a la ciudadanía carece de acceso a servicios médicos, seguros de vida, pensiones y otras prestaciones fundamentales.

“Esta situación no solo es injusta desde un punto de vista laboral, sino que también mina la capacidad operativa y el compromiso de los policías con su misión. No podemos maltratar a quien le pedimos que nos cuide y al ser el Fortapaz un fondo destinado al fortalecimiento de las capacidades de seguridad en los municipios, debe ser una herramienta que no solo aporte recursos para el equipamiento y la capacitación de los policías, sino también para garantizar que los municipios cumplan con su obligación de ofrecer condiciones laborales dignas”, explicó.

En ese sentido, el diputado integrante de la LXXVI Legislatura afirma que es fundamental que se establezca como requisito para los municipios que deseen adherirse a este programa, que demuestren que sus elementos de seguridad están registrados en el IMSS y cuentan con todas las prestaciones sociales que les corresponden.

“Con este acuerdo, no solo buscamos fortalecer la seguridad pública, sino también dar pasos firmes hacia la justicia laboral y la dignificación del trabajo policial. Con mejores condiciones laborales, nuestras fuerzas de seguridad estarán más capacitadas y motivadas para proteger y servir a la ciudadanía de Michoacán. Evitando la violencia laboral contra nuestros policías pondremos el ejemplo y un paso importante para erradicar la violencia en general. En otras palabras, como coloquialmente se dice…. dejar de ser candil de la calle y oscuridad de tu casa”, acotó.

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• Con esta iniciativa se busca garantizar que cualquier reforma legislativa que impacte a la Universidad Michoacana sea consultada previamente con docentes, alumnado y personal administrativo para fortalecer su autonomía y participación democrática.

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2024.- En defensa de la autonomía universitaria y en busca de fortalecer el vínculo democrático con la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el coordinador parlamentario del PRD Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, propuso garantizar que cualquier proyecto de decreto, iniciativa de ley o acción legislativa que implique cambios en el marco jurídico de la Universidad sea sometido previamente a un proceso de consulta con los tres sectores fundamentales de su comunidad: estudiantes, docentes y empleados administrativos.

Este jueves, en sesión extraordinaria de la 76 legislatura del estado, Ocampo explicó ante el pleno que la iniciativa presentada se deriva de que son, “Los docentes, los empleados administrativos y los alumnos quienes conocen de primera mano las necesidades de la Universidad Michoacana. Ellos deben opinar sobre la viabilidad de cualquier medida que afecte su marco normativo”, destacó.

El legislador señaló que, en congruencia con el respeto a la autonomía universitaria, es imprescindible implementar un mecanismo de consulta similar al realizado en las comunidades indígenas a través del Instituto Electoral de Michoacán, donde se garantizan procesos participativos.

En el marco de esta iniciativa, Octavio Ocampo expresó también su respaldo a la propuesta de reforma presentada por el titular del Poder Ejecutivo, que plantea cuatro aspectos clave: Establecer un presupuesto constitucional para la UMSNH; garantizar que su presupuesto cubra también jubilaciones y pensiones; reafirmar su autonomía universitaria en la Constitución y; asentar formalmente su nombre completo: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Así pues, la propuesta presentada por el coordinador parlamentario consiste en agregar un párrafo al artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, estableciendo la obligación de realizar consultas previas ante cualquier modificación legislativa que impacte a la UMSNH.

“Estoy a favor de estas reformas, ya que fortalecen a nuestra querida Máxima Casa de Estudios. Sin embargo, considero que también es momento de una real apertura a la Universidad Michoacana, para que su comunidad participe plenamente en estas decisiones trascendentales”, afirmó.

Con esta propuesta, el perredista reiteró su compromiso con el respeto a la autonomía universitaria, la democracia participativa y el fortalecimiento de las instituciones educativas en Michoacán.

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• El diputado priista intentó resolverlo en lo inmediato, con la simpatía de legisladores y legisladoras, incluso de la 4T, pero 12 se opusieron.
• Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su estudio, análisis y dictamen.

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2024. En virtud de los accidentes aparatosos de trascendencia mediática del último año registrados en la caseta de Zinapécuaro de la Autopista de Occidente, el diputado del PRI, Santiago Sánchez Bautista, presentó ante el Congreso del Estado un exhorto de urgente resolución a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) del Gobierno Federal, para que informen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán, sobre los avances en la solicitud de su reubicación.

La Propuesta de Acuerdo que no se consideró de urgente resolución, contó con la simpatía de 11 diputados, incluidos algunos legisladores de la 4T; 12 más votaron en contra y hubo dos abstenciones; por ello, se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su estudio, análisis y dictamen.

Sánchez Bautista recordó que el tema no es un asunto nuevo, toda vez que el 9 de diciembre del año pasado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo público que su administración ya había presentado la solicitud a la SICT, para reubicar “la caseta de miedo”, sin que hasta la fecha se haya realizado, ni que se tenga conocimiento público sobre los avances, “mientras que los accidentes continúan”.

De igual manera, solicitó a las autoridades exhortadas, tomar en cuenta la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-033-SCT2-2024, Diseño de plazas de cobro en carreteras. Criterios de seguridad vial; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año en curso, con posterioridad a la solicitud hecha por el gobernador, respecto a la velocidad de operación y a los nuevos parámetros de análisis de ubicación contenidos en dicha NOM.

Asimismo, destacó que el artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que es competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos del caso.

Por otra parte, mencionó, que el Artículo Primero, fracción VI, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del diverso que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, mandata que es objeto de dicho organismo construir, administrar, explotar, conservar, mantener y modernizar por sí o por terceros, las instalaciones complementarias que requiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo el uso, explotación y aprovechamiento del derecho de vía, en los caminos y puentes concesionados y, de ser el caso, en los que opere; así como en los que realice el mantenimiento o administre a través de contrato o convenio.

En su oportunidad, la diputada Ana Belinda Hurtado de la Representación Parlamentaria y el diputado Baltazar Gaona del PT, se pronunciaron por la urgente reubicación de la caseta de Zinapécuaro.