La Página
Morelia, Michoacán, 16 de enero de 2025.-En Morelia, un juez de control aplicó procedimiento abreviado al acusado José C., por el delito de trata de personas en su hipótesis de explotación sexual, en agravio de 13 personas menores de edad no identificadas. Se le impuso una pena de 10 años de prisión, el pago de más de 230 mil 600 pesos por concepto de multa y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
Una juez de oralidad penal de Zamora vinculó a proceso a Héctor G. por su probable intervención en el hecho que la ley establece como delito de homicidio calificado en agravio de Oswaldo H. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de investigación complementaria de 1 mes. Lo anterior, dentro de la causa penal 6/2025 por hechos ocurridos en la colonia Valle Dorado en noviembre de 2024.
Por otro lado, en Uruapan dentro de la causa penal 12/2025 se emitió auto de vinculación a proceso en contra de María C., por el secuestro agravado de Álvaro A. ocurrido en junio de 2024 en la colonia San Juan Evangelista. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se autorizó 4 meses de plazo de cierre de investigación.
En la misma región judicial, un juez de oralidad penal vinculó a proceso a Cristian Z. por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual en persona menor de 18 años, cometido en agravio de una niña de identidad reservada, en marzo de 2023. Impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y autorizó 1 mes 15 días de plazo de cierre de investigación.
Finalmente, en Morelia un juez vinculó a proceso a Carlos C. por su probable participación en el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y un plazo de cierre de investigación que fenece el 14 de abril de 2025, esto, dentro de la causa penal 15/2025.
Con estas decisiones judiciales, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la aplicación de la justicia, priorizando la atención y resolución de casos que afectan a la sociedad. El trabajo coordinado de jueces y juezas fortalece la confianza en la impartición de justicia en beneficio de todas y todos los michoacanos.
