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Morelia, Michoacán, a 6 de febrero del 2025.- Con la finalidad de que haya las condiciones para el adecuado funcionamiento del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, el Congreso del Estado, aprobó diversas reformas al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

Es importante señalar que, con la extinción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se pretende alcanzar una realidad en la que se incluyan mecanismos eficaces para combatir la corrupción, y evitar la impunidad, así como crear criterios más unificados de la resolución de procedimientos al interior del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán.

Entre estas reformas se encuentra la de homologar las facultades de las cinco salas que integran el Tribunal, con el propósito de que los mismos conozcan tanto de la materia administrativa, como para dar mayor relevancia y atención a la materia de responsabilidades administrativas y con ello, prevenir y combatir la corrupción.

De esta forma y en aras de garantizar la legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, agilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y buena fe de los procedimientos y procesos jurisdiccionales administrativos, es que se presentó y aprobó la adecuación a las normas secundarias.

Esta iniciativa tiene el propósito de fortalecer y mejorar el funcionamiento, las atribuciones y de garantizar en todo momento a los justiciables su derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Morelia, Michoacán, 06 de febrero 2025.- El pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó reducir la edad mínima requerida en el marco jurídico, a los ciudadanos michoacanos que cubran con los requisitos para ocupar el cargo de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; pasando de 30 a 25 años.

En Sesión Ordinaria, las y los diputados michoacanos votaron a favor de la reforma al Artículo 10 del Decreto Legislativo Número 139, así como al artículo 22 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, para reducir la edad de quienes puedan asumir su titularidad.

Conforme al Dictamen puesto a consideración del Pleno por parte de la Comisión de Justicia, ambas reformas tienen por objeto optimizar la incorporación de nuevos talentos, jóvenes con visión innovadora y enfoques dinámicos en la gestión de políticas públicas sociales, particularmente de aquellas dirigidas a la infancia, las madres gestantes y las familias en situación vulnerable.

“La juventud, cuando se combina con la experiencia, puede ser un motor de cambio significativo, aportando nuevas perspectivas y energía”, establece el dictamen.

De igual forma, con el voto a favor, las y los legisladores michoacanos, al reducir la edad mínima, pretenden fomentar una mayor inclusión de jóvenes profesionales comprometidos con el bienestar social, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones y en la implementación de programas sociales.

Con ello, se contribuirá a una gestión pública más ágil, moderna y adaptada a las necesidades de las nuevas generaciones, al mismo tiempo que se garantiza la continuidad y efectividad de los programas del Sistema DIF.

En el dictamen, también se establece que la incorporación de personal joven y capacitado permitirá fortalecer los servicios asistenciales, ampliar el alcance de los proyectos y asegurar que las políticas públicas sean más sensibles y cercanas a las realidades actuales del Estado.

Conforme a ello, el voto fue a favor de reformar la fracción II del Artículo 10 del Decreto Legislativo Número 139, mediante el cual se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; así como a la fracción II del artículo 22 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, para definir que para ser Director General se requiere tener 25 años cumplidos en la fecha de su nombramiento.

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• “La pensión alimenticia no es un capricho, es la obligación que tienen los padres con sus hijos”, sentenció la legisladora emanada del PVEM.

Morelia, Michoacán, a 06 de febrero de 2025.- “Uno de los problemas más grandes que enfrentan las mamás y por consecuencia, las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado es el incumplimiento de las sentencias de pensión alimenticia”, destacó la diputada Sandra Arreola Ruíz al presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 856 Bis, 856 Ter y 856 Quater al Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Al presentar la propuesta, la representante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), resaltó que “proteger el interés superior de los menores es deber del estado, y nosotros representantes del pueblo, los integrantes de la LXXVI Legislatura deben darles un efectivo acceso a la justicia a las víctimas de abandono parental”.

Las estadísticas acerca de esta situación son claras, aseveró, y dijo que “según un informe del Consejo Nacional de la Judicatura, más de 3 millones de niños en México no reciben pensión alimenticia de uno de sus padres, generalmente del padre, que es quien más comúnmente incumple con su obligación. Mientras que según informes del INEGI reportan que más del 50% de los padres obligados por ley a pagar pensiones alimenticias, no las cumplen regularmente”.

“El incumplimiento de las pensiones alimentarias tiene consecuencias devastadoras para los menores, se ve afectado su acceso a la educación, salud y alimentación. Además de comprometer el desarrollo físico y emocional de los niños, perpetuando ciclos de pobreza en las familias que dependen de estas pensiones. La pensión alimenticia no es un capricho, es la obligación que tienen los padres con sus hijos”, expuso la legisladora.

Areola Ruíz, agregó que “aunado al incumplimiento en el pago de la pensión, miles de deudores alimentarios despliegan intencionalmente conductas destinadas a evitar su llamamiento a juicio, proporcionando domicilios falsos, incluso frente a las autoridades ante quienes hacen trámites legales o incluso sirviéndose de que niegan conocer su paradero para evitar su llamamiento a juicio y terminan evadiendo sus obligaciones parentales”.

Por ello, la iniciativa que presentó tiene varios objetivos en el mismo sentido, primordialmente busca salvaguardar el interés superior de los menores y acabar con la evasión de responsabilidades por parte de los deudores alimentarios, además de que la carga de localización del demandado no caiga sobre el acreedor alimentario que en muchas ocasiones carece de medios para llevarlo a cabo y que tampoco recaiga únicamente en los jueces y actuarios, que si bien, es parte de sus funciones, llega a ser una carga desproporcionada que también deriva en el retardo de la administración de justicia.

“Esta reforma se instruye para que la Unidad de Medidas Cautelares coadyuve con las víctimas de violencia económica en la localización de los deudores, con el propósito de permitir a los justiciables que soliciten la intervención de dicha unidad especializada y para que dictamine si un deudor es localizable y el lugar donde debe ser notificado; o si bien, no es localizado, se inicie el juicio en su contra directamente con la citación por edictos, que, además, deberán ser pagados por las víctimas con arreglo a la posibilidad económica que arroje el propio dictamen de la Unidad de Medidas Cautelares, debiendo ser exceptuadas de dicha carga económica las personas en situación de precariedad”, agregó.

Hizo un llamado a los legisladores a avalar esta reforma que “constituirá un avance significativo en la tutela de los menores, que se convierten en las víctimas de los casos de incumplimiento y contribuirá al derecho de igualdad de todas las mujeres que asumen en soledad la condición de madres y padres de familia”.

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• La propuesta es “para que no existan trabas para sepultar a sus difuntos”, destaca.

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2025.- Como un acto solidario y de humanidad hacia las víctimas de la desaparición forzada, la diputada local de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, presentó la iniciativa de reforma al artículo 118 del Código Familiar para el Estado de Michoacán y al artículo 20 de la Ley Orgánica del Registro Civil de Michoacán, para que las familias de personas desaparecidas fallecidas, realicen el registro del Acta de Defunción de manera pronta y expedita sin traba alguna.

Y es que anteriormente, explicó, se imponía un plazo de seis meses, tras el fallecimiento de una persona, y este requisito resultaba inviable para los familiares de las personas desaparecidas, quienes, al localizar los restos de sus seres queridos, después de este periodo, debían enfrentar trámites burocráticos complejos y revictimizantes, incluyendo la necesidad de obtener una orden judicial para proceder.

En rueda de prensa, y acompañada del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, Belinda Iturbide explicó que con esta reforma, se busca la dignidad póstuma de las personas, es por ello que el plazo de los seis meses ya no se tomará en cuenta, cuando se trate de cadáveres o restos humanos identificados, con el apoyo del Centro de Inteligencia en Salud (CIS) y Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), autoridades responsables del certificado de defunción, documento necesario para la tramitación del acta de defunción, ante el Registro Civil.

Con lo anterior se garantiza, añadió Iturbide Díaz, el derecho del registro de actas de defunción, cuando se trate de cadáveres o restos humanos identificados, identificados no reclamados y no identificados, de las personas que el Ministerio Público solicite la expedición del acta del Acta de Defunción al Registro Civil, con independencia de la fecha de fallecimiento que establezca el certificado de defunción que emita el médico de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En la rueda de prensa estuvieron presentes los titulares de la Coepris y del CIS, Hebert Flores Leal e Hirepan Galván Quezada, quienes manifestaron que con la iniciativa los familiares puedan registrar el fallecimiento de manera ágil y digna, sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales adicionales.

“Hacemos un llamado urgente a las y los legisladores, así como a la sociedad en general, para que respalden esta reforma que representa un paso crucial hacia la justicia y el respeto a los derechos humanos en Michoacán”, finalizó Belinda Iturbide.

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• “⁠Urgente frenar crisis migratoria, económica y de seguridad”, remarca la líder parlamentaria

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero del 2025.- “Es responsabilidad del estado mexicano y no de ningún otro país garantizar la seguridad de sus ciudadanos y defender nuestra soberanía”, indicó Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, esto al exhortar al Ejecutivo estatal a presentar un plan emergente “que detenga la crisis migratoria, económica y de seguridad”.

Al pronunciarse en sesión del Congreso ante lo que refirió como “constantes actos de violencia en diferentes puntos de la entidad”, urgió a implementar estrategias que garanticen la paz y seguridad de las familias, que brinden condiciones de vida a los jóvenes y detengan el desplazamiento forzado.

“La violencia alcanza cada día niveles más altos y lo podemos seguir postergando decisiones cruciales. Se necesita voluntad política, coordinación entre niveles de gobierno y una estrategia integral que no solo ataque las causas de violencia, sino que también haga valer el estado de derecho”, apuntó.

La diputada Tere Herrera señaló que “es urgente dejar de culpar al pasado y asumir los retos que se viven actualmente en materia de seguridad en todo el país, mismos que han incrementado en los últimos años”.

“Si bien se consiguió una solución temporal frente a la amenaza de los aranceles, lamentablemente en la frontera norte hay miles de michoacanas y michoacanos que pueden ser deportados en cualquier momento, y lo peor de todo es que cuando regresen a su tierra encontrarán el mismo escenario de violencia, desempleo y abandono por el cual huyeron de nuestro país”, insistió.

A nombre de los legisladores del PAN hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno “a asumir, de manera conjunta, su responsabilidad frente a las condiciones en las que se encuentra México”.

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• ”Secuestro de perros y gatos creció 125% en los últimos 3 años”, refirió el legislador

Morelia, Michoacán a 6 de febrero de 2025.- “El robo y secuestro de mascotas se ha convertido en un delito cada vez más frecuente en Michoacán y en el país”, resaltó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Octavio Ocampo Cordova, quien dijo que ante este panorama es que presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el secuestro animal y sancionar con penas de prisión a quienes cometan este delito.

Al respecto, Octavio Ocampo precisó que en los últimos tres años el robo de animales de compañía ha aumentado en un 125%, según cifras de asociaciones protectoras de animales. “Perros y gatos de diversas razas son sustraídos de sus hogares o arrebatados en la vía pública para ser revendidos, utilizados en peleas ilegales o, en muchos casos, para exigir un rescate económico a sus dueños”, explicó.

La propuesta legislativa del PRD plantea la adición del Artículo 311 Bis al Código Penal de Michoacán, estableciendo que quien prive a una familia de su mascota con el propósito de obtener un beneficio económico o causar daño, enfrentará una pena de uno a dos años de prisión y una multa de cincuenta a doscientos días de salario. Además, si el delincuente exige una recompensa, la pena se incrementará hasta en una mitad.

“La violencia contra los animales es un reflejo de la descomposición social que enfrentamos. No podemos permitir que estos actos queden sin castigo. Las mascotas son parte de nuestras familias y su bienestar debe estar protegido por la ley”, señaló el legislador al presentar la iniciativa ante el pleno de la 76 Legislatura del Estado.

Esta reforma no solo busca castigar a los responsables, sino también fortalecer la cultura de protección animal en Michoacán, concluyó Octavio Ocampo.