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Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025.— La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que los programas asistenciales dirigidos a niñas, niños, adolescentes y mujeres que padecen cáncer, así como a sus familias, queden establecidos de manera permanente en la Constitución Política del Estado de Michoacán.

La propuesta, que reforma el quinto párrafo del artículo 2°, busca que estos apoyos no dependan de la voluntad del gobierno en turno, sino que se conviertan en una obligación del Estado, asegurando su continuidad sin importar los cambios políticos o administrativos.

Durante su exposición de motivos, la legisladora señaló que en México se registran alrededor de 7 mil nuevos casos de cáncer infantil y adolescente al año, mientras que entre mujeres se detectan cerca de 20 mil casos anualmente, siendo el cáncer cervicouterino y el de mama los más agresivos y con mayor mortalidad.

En el caso de Michoacán, recordó que el Programa para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer ha atendido a 430 menores, con una inversión superior a 23 millones de pesos, mientras que el Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino ha destinado más de 97 millones de pesos para apoyar a 1,800 mujeres en 110 municipios.

Afirmó que estos apoyos, consistentes en cuatro mil pesos mensuales, representan un respaldo fundamental para las familias, pues permiten cubrir gastos básicos como traslados a hospitales, alimentación durante la atención médica y necesidades esenciales derivadas del tratamiento oncológico. “No son ocurrencias: son programas que salvan vidas y dan esperanza”, subrayó.

Isauro Hernández explicó que ambos programas tienen sustento en diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil impulsada por la OMS, así como en legislación nacional como la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Sin embargo, advirtió que en Michoacán estos apoyos no cuentan aún con un respaldo constitucional que garantice su permanencia a largo plazo.

La diputada llamó a sus compañeros legisladores a dejar claro en la Constitución la obligación del Estado de proteger y acompañar a quienes enfrentan el cáncer, independientemente de colores partidistas o ideologías. “Plasmar estos programas en nuestra Constitución es un acto de responsabilidad humana y política. Debe ir más allá de un gobierno”, expresó.

La iniciativa establece que el Estado deberá garantizar programas asistenciales para mujeres, niñas, niños y adolescentes con cáncer y para sus familias, además de promover el desarrollo físico, moral, intelectual, social y económico de la población.

De aprobarse la reforma, el Congreso deberá adecuar la legislación secundaria en un plazo máximo de 90 días. El decreto también será remitido a los ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán para su análisis y votación, como lo establece la ley. La propuesta fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen.

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Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de promover el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos, sin imponer obligaciones administrativas ni presupuestales que pudieran resultar inviables para los municipios, el Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.

De esta forma es que la Comisión de Asuntos Migratorios promoverá, en conjunto con la Secretaría del Migrante, mecanismos de apoyo para la reunificación familiar, sin que ello implique la creación de una nueva estructura u organismo.

En el dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y a la Comisión de Migración, se establece que “el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos, representa una necesidad legítima y una acción prioritaria para garantizar los derechos de quienes han tenido que migrar”.

Es importante señalar que estos Centros Municipales de los Migrantes, cuentan también con atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento integral, para las personas migrantes y sus familiares en Michoacán.

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• ⁠La reforma propone también el tipo penal de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios.

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Los diputados del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huirache y Memo Valencia, presentaron una iniciativa de Ley “anticoyotaje”.

“Sin duda, un crimen de esta magnitud y la problemática de inseguridad no se puede resolver con reformas legales, sin embargo, es importante tomar medidas al alcance de nuestras manos que puedan contribuir a mejorar la situación agrícola del estado. Bernardo Bravo, además de seguridad, clamaba por mayores controles que erradicaran un intermediarismo dañino, controlado por el crimen organizado”, indicaron.

Esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán de Ocampo, busca fortalecer y reiterar la obligación del Estado de brindar las condiciones de seguridad para los productores agrícolas, la cual no solo está dirigida a los limoneros o aguacateros, sino a todo el campo michoacano.

“Esto, a través de acciones y políticas públicas que eliminen el intermediarismo o ‘coyotaje’ colectivo y de gran escala, con fines de acaparamiento y especulación. No podemos permitir conductas monopólicas en la intermediación”, aseguraron.

La iniciativa priista no busca satanizar a los intermediarios que atienden a dinámicas propias del mercado y el libre comercio que, con los adecuados controles y sin fines perniciosos, aportan mucho al comercio y al desarrollo económico, al tender lazos entre productores y comercializadores de gran escala, nacional e internacional, abundaron.

Lo que sí incluye la iniciativa es “la creación de un tipo penal muy específico a la problemática de inseguridad y coyotaje en el sector agrícola de la entidad, en nuestro Código Penal, dentro de los Delitos Contra el Patrimonio, bajo el nombre de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios”, indicaron.

Reiteraron que como legisladores, “difícilmente podemos hacer justicia por las víctimas que han muerto en garras del crimen organizado en la región de Tierra Caliente, pero sin duda, podemos alzar la voz y también hacer caso a Bernardo Bravo en su llamado a evitar el intermediarismo dañino y pernicioso, vinculado al crimen. Le debemos eso al menos”, finalizaron.

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Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025.- “Las niñas y los niños son el centro de nuestra sociedad; debemos garantizarles cuidados en todo momento, incluso cuando su mamá o papá se encuentran trabajando”, apuntó Antonio Salas Valencia, diputado por el distrito IX con cabecera en Los Reyes.

Al hacer uso de la tribuna, Salas Valencia expresó que con esta iniciativa que presenta, se propone que las madres y padres que laboran en el sector gobierno cuenten con un espacio seguro, ya sea en su centro de trabajo o cerca de éste, donde sus hijas e hijos puedan ser atendidos mientras concluyen su jornada laboral.

“Proponemos crear condiciones reales para que las madres trabajadoras, y también los padres, cuenten con espacios de cuidado para sus hijas e hijos en edad escolar, mientras cumplen con su jornada laboral. Con ello, apoyamos a las familias, protegemos a nuestras niñas y niños y contribuimos a romper la brecha laboral entre mujeres y hombres”.

El diputado panista explicó también que la falta de espacios educativos, con horarios extendidos, para hijos de madres trabajadoras, amplía la brecha que existe en materia laboral entre mujeres y hombres, pues son ellas quienes dedican más horas al cuidado familiar y quienes, con mayor frecuencia, sacrifican su crecimiento profesional para cumplir con estas responsabilidades.

“La falta de espacios de cuidado infantil para hijas e hijos en edad escolar sigue siendo una barrera para que las mujeres continúen ascendiendo, capacitándose y consolidando su desarrollo profesional. Por eso, esta iniciativa es profundamente humana, necesaria y justa”.

Recalcó que esta iniciativa acerca a las mujeres, niñas y niños hacia la justicia, la protección adecuada y la creación de políticas públicas específicas a sus necesidades.

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• ⁠El planteamiento del diputado busca incrementar penas de manera significativa cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor o cuando el responsable sea un servidor público de salud.

Morelia, Michoacán a 20 de noviembre de 2025.- El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 155 del Código Penal del Estado, con el objetivo de actualizar y fortalecer la figura del delito de peligro de contagio, garantizando con ello una protección efectiva de la salud individual y colectiva.

El legislador ecologista subrayó que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política, es un bien jurídico fundamental que el Estado tiene el deber ineludible de tutelar. Sin embargo, la legislación penal actual requiere ser adecuada para sancionar conductas que, por su gravedad, merecen una respuesta proporcional y contundente.

“La iniciativa se centra en tres ejes fundamentales para brindar máxima protección a los más vulnerables. No podemos permitir que nuestra ley permanezca débil frente a agresiones graves a la salud”, afirmó el Diputado Espinoza Villa.

Los tres ejes centrales de la reforma son un Incremento de la Penalidad Base para el delito de peligro de contagio, reconociendo la gravedad de poner en riesgo la salud de otro con conocimiento de padecer una enfermedad grave e incurable en período infectante.

Agravante por Contagio Doloso, que incrementa la pena hasta en una mitad cuando el agente actúe con la intención expresa de transmitir la enfermedad y el contagio se produzca y la protección especial para Grupos Vulnerables, son parte de la propuesta de reforma.

“Es inaceptable que la ley no sancione con mayor severidad a quien se aprovecha de la debilidad o la incapacidad de defensa de otro. Cuando la víctima es una niña, un niño, una persona con discapacidad cognitiva o un adulto mayor cuya fragilidad los expone a consecuencias catastróficas, el Estado está obligado a defenderlos primero y con la máxima energía”, explicó el diputado del PVEM.

Espinoza Villa hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores para apoyar esta iniciativa, que busca, desde un enfoque de protección a los más vulnerables y de responsabilidad, dotar a Michoacán de un marco jurídico robusto que garantice que la vida y la salud sean verdaderamente protegidas.

“Esta reforma no criminaliza la enfermedad; protege. Protege a la infancia, protege a las personas mayores, protege a las personas con discapacidad y protege la confianza ciudadana en nuestro sistema de salud. Porque la salud no es negociable, la dignidad no es opcional y la protección de los más vulnerables no admite retrasos”, concluyó.