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• Además, el diputado local planteó que no se debe exigir documentación de sus hijas e hijos para continuar su escolaridad

Morelia, Michoacán, a 21 de mayo de 2025.- Con el compromiso firme de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y la niñez en situación de vulnerabilidad, el diputado Poncho Chávez, integrante de la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

La propuesta legislativa busca garantizar el acceso inmediato al derecho a la educación para mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijas e hijos, aun cuando no cuenten con la documentación requerida al momento de la inscripción, como actas de nacimiento, certificados escolares o comprobantes oficiales de estudios previos.

“¿Es acaso justo que una niña o niño no pueda continuar con su educación solo porque proviene de un entorno de violencia? ¿O que una mujer que huyó por su vida no pueda acceder a una escuela por no tener sus papeles?”, cuestionó el legislador durante su intervención en tribuna.

La iniciativa plantea que, atendiendo al principio del interés superior de la niñez, las instituciones educativas no deberán exigir de manera inmediata los documentos habituales de inscripción a quienes hayan sido víctimas de violencia. Asimismo, contempla que las mujeres, sean madres o no, puedan continuar o iniciar su formación académica sin trabas burocráticas que revictimicen su situación.

“Esto no solo es un acto de justicia. Es una medida necesaria para garantizar condiciones de vida dignas, mayores oportunidades de empleo, y el desarrollo pleno de capacidades y talentos”, añadió Poncho Chávez.

La propuesta establece que será suficiente la solicitud expresa de la mujer o madre para hacer valer este derecho, sin necesidad de justificar o relatar su situación ante autoridades escolares, lo que busca evitar cualquier forma de revictimización por parte de las instituciones educativas o la Secretaría correspondiente.

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Morelia, Michoacán, 21 de mayo del 2025. – El diputado Hugo Rangel presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que busca dotar de atribuciones jurídicas a los ayuntamientos para restringir la venta de alimentos ultraprocesados en las inmediaciones de centros escolares, esto frente al “deterioro en los hábitos alimenticios de la infancia y la alarmante prevalencia de enfermedades asociadas a la obesidad”.

“La excepción, hace tres décadas, era encontrar a un niño con sobrepeso; hoy, penosamente, la regla es exactamente la contraria”, expresó el legislador al contextualizar el retroceso nutricional al que se ha visto expuesta la niñez en las últimas décadas.

La propuesta legislativa encuentra su fundamento en el artículo 212 de la Ley General de Salud, así como en el artículo 75 de la Ley General de Educación, la cual establece una lista de alimentos prohibidos en escuelas primarias y secundarias.

De manera puntual, la iniciativa plantea que los 113 ayuntamientos del estado y el Consejo Municipal de Cherán cuenten con herramientas normativas para prohibir la expedición de licencias municipales a establecimientos que expendan productos con bajo valor nutricional, conocidos popularmente como comida chatarra. “Esta cruzada del Gobierno de la República requiere del esfuerzo coordinado de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno”, señaló Rangel.

Citando a organizaciones especializadas como El Poder del Consumidor, advirtió que “uno de cada dos niños que hoy tienen entre 6 y 15 años tienen altas probabilidades de padecer hipertensión y diabetes en su vida adulta”. Ante esta proyección epidemiológica, el legislador defendió el papel de los gobiernos locales como garantes del interés superior de la niñez, al tiempo que exhortó a asumir con seriedad el compromiso de revertir esta tendencia.

El proyecto incluye un artículo tercero transitorio que establece un plazo no mayor a 60 días hábiles para que los gobiernos municipales adecuen sus reglamentos y hagan efectiva la aplicación de la nueva normativa. Además, se contempla que la Dirección de Inspección y Reglamentos de cada ayuntamiento coadyuve con las inspecciones escolares en vía pública. “Privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes exige no sólo voluntad política, sino también capacidad normativa”, concluyó.

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Morelia, Michoacán, 21 de mayo del 2025. – El diputado Hugo Rangel presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que busca dotar de atribuciones jurídicas a los ayuntamientos para restringir la venta de alimentos ultraprocesados en las inmediaciones de centros escolares, esto frente al “deterioro en los hábitos alimenticios de la infancia y la alarmante prevalencia de enfermedades asociadas a la obesidad”.

“La excepción, hace tres décadas, era encontrar a un niño con sobrepeso; hoy, penosamente, la regla es exactamente la contraria”, expresó el legislador al contextualizar el retroceso nutricional al que se ha visto expuesta la niñez en las últimas décadas.

La propuesta legislativa encuentra su fundamento en el artículo 212 de la Ley General de Salud, así como en el artículo 75 de la Ley General de Educación, la cual establece una lista de alimentos prohibidos en escuelas primarias y secundarias.

De manera puntual, la iniciativa plantea que los 113 ayuntamientos del estado y el Consejo Municipal de Cherán cuenten con herramientas normativas para prohibir la expedición de licencias municipales a establecimientos que expendan productos con bajo valor nutricional, conocidos popularmente como comida chatarra. “Esta cruzada del Gobierno de la República requiere del esfuerzo coordinado de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno”, señaló Rangel.

Citando a organizaciones especializadas como El Poder del Consumidor, advirtió que “uno de cada dos niños que hoy tienen entre 6 y 15 años tienen altas probabilidades de padecer hipertensión y diabetes en su vida adulta”. Ante esta proyección epidemiológica, el legislador defendió el papel de los gobiernos locales como garantes del interés superior de la niñez, al tiempo que exhortó a asumir con seriedad el compromiso de revertir esta tendencia.

El proyecto incluye un artículo tercero transitorio que establece un plazo no mayor a 60 días hábiles para que los gobiernos municipales adecuen sus reglamentos y hagan efectiva la aplicación de la nueva normativa. Además, se contempla que la Dirección de Inspección y Reglamentos de cada ayuntamiento coadyuve con las inspecciones escolares en vía pública. “Privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes exige no sólo voluntad política, sino también capacidad normativa”, concluyó.

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Morelia, Michoacán, 21 de mayo del 2025. – El diputado Hugo Rangel presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que busca dotar de atribuciones jurídicas a los ayuntamientos para restringir la venta de alimentos ultraprocesados en las inmediaciones de centros escolares, esto frente al “deterioro en los hábitos alimenticios de la infancia y la alarmante prevalencia de enfermedades asociadas a la obesidad”.

“La excepción, hace tres décadas, era encontrar a un niño con sobrepeso; hoy, penosamente, la regla es exactamente la contraria”, expresó el legislador al contextualizar el retroceso nutricional al que se ha visto expuesta la niñez en las últimas décadas.

La propuesta legislativa encuentra su fundamento en el artículo 212 de la Ley General de Salud, así como en el artículo 75 de la Ley General de Educación, la cual establece una lista de alimentos prohibidos en escuelas primarias y secundarias.

De manera puntual, la iniciativa plantea que los 113 ayuntamientos del estado y el Consejo Municipal de Cherán cuenten con herramientas normativas para prohibir la expedición de licencias municipales a establecimientos que expendan productos con bajo valor nutricional, conocidos popularmente como comida chatarra. “Esta cruzada del Gobierno de la República requiere del esfuerzo coordinado de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno”, señaló Rangel.

Citando a organizaciones especializadas como El Poder del Consumidor, advirtió que “uno de cada dos niños que hoy tienen entre 6 y 15 años tienen altas probabilidades de padecer hipertensión y diabetes en su vida adulta”. Ante esta proyección epidemiológica, el legislador defendió el papel de los gobiernos locales como garantes del interés superior de la niñez, al tiempo que exhortó a asumir con seriedad el compromiso de revertir esta tendencia.

El proyecto incluye un artículo tercero transitorio que establece un plazo no mayor a 60 días hábiles para que los gobiernos municipales adecuen sus reglamentos y hagan efectiva la aplicación de la nueva normativa. Además, se contempla que la Dirección de Inspección y Reglamentos de cada ayuntamiento coadyuve con las inspecciones escolares en vía pública. “Privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes exige no sólo voluntad política, sino también capacidad normativa”, concluyó.

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Morelia, Michoacán; a 21 de mayo de 2025.- El Pleno de la 76 Legislatura, respaldó la propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz, para exhortar al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos suficientes para completar los apoyos aún pendientes de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Durante la sesión ordinaria de este día, la diputada Belinda Iturbide expuso ante sus homólogos que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de corregir este pendiente, “cerrar un ciclo con altura y con humanidad. Reactivar el fideicomiso, asignar los recursos necesarios, transparentar los padrones y garantizar la entrega de los apoyos son pasos concretos que no admiten más demora”, señaló.

La legisladora recordó que entre 1942 y 1964, miles de hombres mexicanos cruzaron la frontera norte en busca de trabajo, firmaron contratos legales, trabajaron en campos agrícolas y ferrocarriles estadounidenses, “a los trabajadores braceros les fue retenido un porcentaje de su salario, supuestamente para ser devuelto como fondo de ahorro una vez regresaran a México, devolución que nunca llegó a la mayoría, a pesar de que existen documentos oficiales que acreditan esa retención”, informó.

Precisó que en 2005, el Gobierno de México reconoció parcialmente, esta deuda, y se creó el Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, “mismo que no sustituía el fondo de ahorro no devuelto, pero sí ofrecer un apoyo económico único como forma de reparación social, por un monto de 38 mil pesos por beneficiario”, señaló la parlamentaria.

De igual forma, precisó que de los más de 200 mil solicitantes registrados durante las primeras etapas del programa, solo una fracción logró recibir el apoyo, ya que otros fueron descartados por cuestiones técnicas, aunado a ello, se suma la desaparición del padrón elaborado por la Secretaría de Gobernación en 2003, la falta de continuidad administrativa y la ausencia de una política sostenida de atención y seguimiento.

Finalmente, Belinda Iturbide hizo un llamado a no hacer silencio institucional, y respaldar a los ex braceros que aún viven y tienen más de 80 años, “muchos enfrentan condiciones precarias, enfermedades crónicas, abandono o exclusión. Vieron a sus compañeros morir sin recibir nada. Y ahora miran cómo el país les da la espalda otra vez”, concluyó.

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Morelia, Michoacán; a 21 de mayo de 2025.- El Pleno de la 76 Legislatura, respaldó la propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz, para exhortar al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos suficientes para completar los apoyos aún pendientes de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Durante la sesión ordinaria de este día, la diputada Belinda Iturbide expuso ante sus homólogos que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de corregir este pendiente, “cerrar un ciclo con altura y con humanidad. Reactivar el fideicomiso, asignar los recursos necesarios, transparentar los padrones y garantizar la entrega de los apoyos son pasos concretos que no admiten más demora”, señaló.

La legisladora recordó que entre 1942 y 1964, miles de hombres mexicanos cruzaron la frontera norte en busca de trabajo, firmaron contratos legales, trabajaron en campos agrícolas y ferrocarriles estadounidenses, “a los trabajadores braceros les fue retenido un porcentaje de su salario, supuestamente para ser devuelto como fondo de ahorro una vez regresaran a México, devolución que nunca llegó a la mayoría, a pesar de que existen documentos oficiales que acreditan esa retención”, informó.

Precisó que en 2005, el Gobierno de México reconoció parcialmente, esta deuda, y se creó el Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, “mismo que no sustituía el fondo de ahorro no devuelto, pero sí ofrecer un apoyo económico único como forma de reparación social, por un monto de 38 mil pesos por beneficiario”, señaló la parlamentaria.

De igual forma, precisó que de los más de 200 mil solicitantes registrados durante las primeras etapas del programa, solo una fracción logró recibir el apoyo, ya que otros fueron descartados por cuestiones técnicas, aunado a ello, se suma la desaparición del padrón elaborado por la Secretaría de Gobernación en 2003, la falta de continuidad administrativa y la ausencia de una política sostenida de atención y seguimiento.

Finalmente, Belinda Iturbide hizo un llamado a no hacer silencio institucional, y respaldar a los ex braceros que aún viven y tienen más de 80 años, “muchos enfrentan condiciones precarias, enfermedades crónicas, abandono o exclusión. Vieron a sus compañeros morir sin recibir nada. Y ahora miran cómo el país les da la espalda otra vez”, concluyó.

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Morelia, Michoacán; a 21 de mayo de 2025.- El Pleno de la 76 Legislatura, respaldó la propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz, para exhortar al Congreso de la Unión, en particular a la Cámara de Diputados, para que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se destinen los recursos suficientes para completar los apoyos aún pendientes de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.

Durante la sesión ordinaria de este día, la diputada Belinda Iturbide expuso ante sus homólogos que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de corregir este pendiente, “cerrar un ciclo con altura y con humanidad. Reactivar el fideicomiso, asignar los recursos necesarios, transparentar los padrones y garantizar la entrega de los apoyos son pasos concretos que no admiten más demora”, señaló.

La legisladora recordó que entre 1942 y 1964, miles de hombres mexicanos cruzaron la frontera norte en busca de trabajo, firmaron contratos legales, trabajaron en campos agrícolas y ferrocarriles estadounidenses, “a los trabajadores braceros les fue retenido un porcentaje de su salario, supuestamente para ser devuelto como fondo de ahorro una vez regresaran a México, devolución que nunca llegó a la mayoría, a pesar de que existen documentos oficiales que acreditan esa retención”, informó.

Precisó que en 2005, el Gobierno de México reconoció parcialmente, esta deuda, y se creó el Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, “mismo que no sustituía el fondo de ahorro no devuelto, pero sí ofrecer un apoyo económico único como forma de reparación social, por un monto de 38 mil pesos por beneficiario”, señaló la parlamentaria.

De igual forma, precisó que de los más de 200 mil solicitantes registrados durante las primeras etapas del programa, solo una fracción logró recibir el apoyo, ya que otros fueron descartados por cuestiones técnicas, aunado a ello, se suma la desaparición del padrón elaborado por la Secretaría de Gobernación en 2003, la falta de continuidad administrativa y la ausencia de una política sostenida de atención y seguimiento.

Finalmente, Belinda Iturbide hizo un llamado a no hacer silencio institucional, y respaldar a los ex braceros que aún viven y tienen más de 80 años, “muchos enfrentan condiciones precarias, enfermedades crónicas, abandono o exclusión. Vieron a sus compañeros morir sin recibir nada. Y ahora miran cómo el país les da la espalda otra vez”, concluyó.

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Morelia, Michoacán a 21 de mayo de 2025.- Ante el preocupante incremento de fraudes financieros que afectan a miles de familias en México y, en particular, en Michoacán, se hace urgente fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio de la ciudadanía, afirmó el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alfredo Anaya Orozco.

Explicó que las prácticas fraudulentas, como el trading financiero no regulado, esquemas Ponzi y ofertas engañosas en criptomonedas, se disfrazan de actividades legales, lo que dificulta su persecución bajo figuras tradicionales de fraude.

“Es innegable la creciente presencia de este tipo de delitos que nos recuerdan la urgencia de recuperar la confianza ciudadana y por eso de propone la actualización del marco normativo, que no solo permitirá una persecución eficaz de estos delitos, sino que enviará un mensaje claro: en Michoacán, no habrá impunidad para quienes lucran con la esperanza y el esfuerzo de las familias”, dijo.

Y es que, según el Instituto Belisario Domínguez, en México se registran 15 mil fraudes diarios, incluyendo esquemas piramidales y estafas de inversión. El 45% de las empresas mexicanas reportaron intentos de fraude en 2024 (KPMG), destacándose conflictos de interés y robo de identidad y en 2024 se documentaron 113 mil 824 casos de fraude, muchos vinculados a esquemas como TruCapitals, Inverforx, FX Winin o las dos Cajas populares que defraudaron en la Ciénega de Chapala, la de San Nicolás de Bari y la Marcos Castellanos.

“Proteger el patrimonio de las michoacanas y michoacanos es un deber ético y legal. Hoy, más que nunca, necesitamos leyes a la altura de los desafíos que enfrentamos”, Alfredo Anaya Orozco.

El diputado señaló que México ocupa el lugar 15 a nivel mundial en fraudes con criptomonedas, de acuerdo con el FBI, por lo que resulta necesario modificar el Artículo 218 del Código Penal de Michoacán para tipificar como delito específico el fraude financiero, con sanciones proporcionales al daño causado.

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• “Se pretende visibilizar y atender este tipo de violencia”, remarcó la legisladora• Importante garantizar atención obstétrica adecuada, asevera

Morelia, Michoacán, a 21 de Mayo de 2025.-La diputada local Brissa Arroyo planteó la necesidad de visibilizar, prevenir y atender la violencia obstétrica.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 legislatura, refirió que este tipo de violencia de género es de las más silenciosas sin embargo afecta a las mujeres que en periodo de embarazo, parto y/o puerperio.

La Congresista, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, expuso que el parto es uno de los momentos de mayor demostración de fortaleza física, mental y emocional.

“Durante el trabajo de parto, las mujeres experimentamos sentimientos de miedo, ansiedad, inseguridad de soledad también, en especial si no tienen a su lado una compañía de apoyo”, explicó.

La violencia obstétrica, se trata de una violencia derivada de sociedades patriarcales que naturalizan estas prácticas y comportamientos, los cuales terminan siendo asumidos por la sociedad, incluyendo profesionales de la salud y usuarias.

Por ello, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 8, a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo.

Se establece como Violencia obstétrica: Cualquier acto u omisión que provenga de una o varias personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en establecimientos privados o instituciones de salud pública que dañen, lastimen, o denigren a las mujeres de cualquier edad, cultura, grupo étnico u origen durante la gestación, parto o puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos.

Caracterizándose por:

a) Omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas;

b) Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad sin justificación, aun cuando existan los medios necesarios para un parto humanizado;

c) Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle y amamantarle inmediatamente después de nacer;

d) Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer:

e) Practicar el parto por vía de una cesárea, existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer o familiar;

f) Imponer el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización sin consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer;

g) Omitir o negar información sobre la niña o el niño recién nacido después del parto; y,

h) La detención de la mujer o del recién nacido por falta de pago.

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Jiquilpan, Michoacán, 21 de mayo de 2025.- En el marco del 130 aniversario del natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río, el diputado Octavio Ocampo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, participó esta mañana en las actividades conmemorativas organizadas por el Ayuntamiento de Jiquilpan. Durante el acto, se hizo entrega de la presea “Lázaro Cárdenas del Río” al ciudadano José Armando Álvarez Cano, reconocimiento instituido recientemente por el cabildo municipal.

En este contexto, Ocampo recordó que ya se presentó una iniciativa para que el Congreso del Estado celebre una Sesión Solemne cada 21 de mayo en el municipio de Jiquilpan, tierra natal del expresidente michoacano.

El legislador subrayó la trascendencia histórica del General Cárdenas como un líder transformador, artífice de la Reforma Agraria, la nacionalización del petróleo y el impulso a la educación pública. “Su legado sigue siendo un referente de justicia social, soberanía nacional y compromiso con el pueblo, valores que deben ser reconocidos y transmitidos a las nuevas generaciones”, expresó.

Asimismo, Ocampo destacó que declarar oficialmente esta fecha con una sesión solemne dará mayor realce a la memoria de uno de los michoacanos más ilustres. “Recordar a Lázaro Cárdenas no es mirar al pasado con nostalgia, sino mirar al futuro con compromiso”, concluyó.