Por GUILLERMO VALENCIA REYES*
Ha pasado un mes y un día desde el magnicidio de Carlos Manzo. El gobierno federal presumió en conferencia de prensa menos homicidios dolosos, 932 detenidos, 23 toneladas de droga y 17 laboratorios desmantelados. Es parte de lo que denominamos el Efecto Manzo, ya que, si él no hubiera sido asesinado, el régimen no hubiera movido un dedo.
Irónicamente, las autoridades federales en materia de seguridad exhibieron su total desconocimiento del territorio michoacano al colocar imágenes de la Parroquia de Santiago Apóstol de Gómez Palacios, Durango, en su fallida intentona de regionalizar visualmente los números, en donde intentan mostrar el impacto que han generado después del atentado que segó la vida de Carlos Manzo.
Y, aunque la burla es involuntaria, cala, pesa y duele. Porque el estado de Durango acumuló un total de cero homicidios dolosos durante el mes de noviembre, en el tracking diario que presenta la Comisión Nacional de Seguridad con datos proporcionas por las fiscalías estatales. En contraste, en Michoacán, “solo” se asesinaron a 60 personas durante noviembre. Que, ciertamente, son 41 asesinatos menos que los acaecidos en octubre y 52 menos que en septiembre en nuestro estado.
Ahí radica la doble ironía: que tuvo que ser asesinado Manzo para que 41 personas salvaran la vida y que, tenemos que agradecer que “solamente” se hayan asesinado a 60 michoacanos, cuando en Durango, sin un plan federal, el homicidio doloso fue un delito inexistente el mes pasado.
2 mil 501 elementos enviados a Michoacán generaron la reducción en 41 homicidios. Si esa es la fórmula, ¡entonces que manden 5 mil o 6 mil más! En lugar de despilfarrar el dinero en obras faraónicas, suntuarias, caprichosas y no pedidas por los michoacanos.
Ante el hecho, aún impune, la indignación prevalece. Carlos no era un político convencional. Mientras hay quienes negocian en las sombras, él exigía mano dura. Mientras el discurso oficial clamaba “abrazos, no balazos”, Carlos entendía que a los sicarios se les combate con la fuerza del Estado mexicano. Alzó la voz una y otra vez, pidiendo apoyo federal, señalando a los grupos criminales, mientras el régimen morenista lo dejaba solo.
Ahora nos presentan el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el cuarto de su tipo en los últimos 19 años, el cual es propaganda política disfrazada de estrategia de seguridad. Ya lo desmenuzamos en la Tribuna del Pueblo: se trata de una extrapolación de programas federales ya existentes, sin diagnóstico serio, sin objetivos claros y sin presupuesto adicional. 100 acciones dispersan lo verdaderamente importante: combatir la corrupción narcopolítica, la impunidad y delitos como las extorsiones.
El gobierno federal presume resultados, pero sus cifras revelan negligencia. Destacan la captura de “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen, como si fuera un triunfo, cuando falta que aparezcan los verdaderos ideólogos del magnicidio: los beneficiarios de su ausencia en el medio político y en las boletas electorales.
Por si fuera poco, el Plan Michoacán también es una herramienta de control político. Los programas sociales anunciados no inhiben el reclutamiento criminal, son clientelismo electoral puro. La militarización que tanto criticaron en sexenios pasados ahora la implementan sin admitir que se equivocaron.
Mientras despliegan fuerzas en Morelia, Uruapan y Zamora, los cárteles se reagrupan en otros municipios. Es perverso emprender persecución selectiva contra algunos cárteles, no contra todos. En tanto, las extorsiones continúan.
Ante ello, el sacrificio de Carlos Manzo nos legó la indignación transformada en exigencia ciudadana. La demostración de que sí se puede alzar la voz, que sí se puede confrontar al crimen organizado, que sí se puede gobernar con dignidad y la ley en la mano, aunque el costo sea la vida misma, porque se hizo de enemigos mortales, quienes aún gozan de impunidad.
Un mes después reclamamos al gobierno federal que llegó tarde y respondió cuando el escándalo político lo obligó. Cuestionamos sus cifras insuficientes y tardías. Reclamamos al gobierno estatal que abandonó a Carlos, quien clamaba por seguridad y le enviaron teleféricos. Increpamos a un sistema de justicia que permite que los policías se corrompan y que malos funcionarios pacten con criminales.
El ícono de Carlos Manzo es fuego de dignidad y esperanza, encarnado en el pueblo vestido de blanco, portando sombreros en su honor y gritando su nombre en las calles. Hoy y siempre honraremos a un hombre que en catorce meses de gobierno hizo más por Uruapan que décadas de administraciones cómplices. Demostró que el valor existe, que la integridad es posible y que Michoacán merece más que simulación, gobernanza criminal y propaganda.
Esa semilla, regada con su sangre y nuestra indignación florecerá en justicia. Porque Carlos Manzo es la conciencia viva de un Michoacán que se niega al sometimiento.
Descansa en paz, Carlos. Continuaremos con tu lucha.
¡Michoacán merece una Revolución institucional y Social!
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*Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.
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