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Humberto Castillo Mercado / ACG

Morelia, Michoacán. — El magistrado de Disciplina Judicial Poder Judicial del Estado de Michoacan, Luis Felipe Quintero Valois, reconoció que las encuestas internas realizadas en juzgados de la entidad revelaron situaciones de acoso y hostigamiento laboral, así como un ambiente permisivo que debe ser corregido de inmediato. Pese a ello, no existe ninguna denuncia formal presentada ante los mecanismos institucionales.

Quintero explicó que las encuestas no personalizan los señalamientos hacia titulares o personal específico, pero sí reflejan prácticas normalizadas entre compañeros. “Son situaciones que deben ser inhibidas, no deben ser permitidas”, señaló. Añadió que, aunque se detectaron alrededor de 50 expresiones o quejas canalizadas informalmente, ninguna fue presentada por las vías oficiales.

El magistrado consideró preocupante que exista una falta de confianza en los sistemas de denuncia del Poder Judicial. “Nosotros no tenemos, en la entrada de recepción, ninguna denuncia por ese tema, de las 50 que nos fueron transmitidas”, precisó.

Posibles suspensiones
Quintero advirtió que, si los señalamientos se consolidan mediante denuncias firmes, se activaría el procedimiento institucional correspondiente. “Dentro de ese procedimiento puede venir la suspensión o el cambio temporal de juzgado mientras dura la investigación”, explicó.

Confirmó que los casos detectados corresponden tanto a acoso como a hostigamiento, con elementos de asimetría de poder. “Consideramos todo el tema como un asunto de acoso… aunque sean compañeros, existe la asimetría de roles”, afirmó.

Necesidad de mecanismos internos y externos de denuncia
El magistrado subrayó que resulta indispensable generar mecanismos internos de denuncia, así como reforzar los externos, para garantizar un ambiente laboral sano, especialmente tratándose de personal con formación en perspectiva de género.

“Sería recomendable establecer mecanismos de denuncia interna y también mecanismos de denuncia hacia afuera”, expuso. Añadió que, pese a las capacitaciones y obligaciones institucionales, persisten prácticas permisivas que deben corregirse.

Sobrecarga de trabajo y reducción de denuncias
En otro punto, el magistrado reconoció que existe sobrecarga de asuntos en los juzgados de Morelia, una situación que complica la operación cotidiana y puede influir en la dinámica laboral.

Recordó que, anteriormente, el Poder Judicial registraba alrededor de 10 denuncias por mes, pero actualmente apenas se ha presentado una. Esto, dijo, puede deberse a la desconfianza en los procesos o al temor de represalias.

Se recibieron 50 quejas de los últimos seis meses, que incluía asuntos de los anteriores juzgadores, y actualmente se han detectado 150 quejas de posibles actos de corrupción,  que involucran a jueces, secretarios de acuerdos, notificadores, y diversos funcionarios del Poder Judicial del Estado de Michoacan.

El juez señalado, ya tiene una medida cautelar, y es de los nuevos jueves recién elegidos en junio pasado y que apenas tomó protesta el 1 de septiembre pasado.

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Morelia, Michoacán, 02 de diciembre de 2025 . Con pasos firmes hacia la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Comisión Multidisciplinaria del Poder Judicial de Michoacán, encargada de lograr ese fin, se reunió con un grupo de personas juzgadoras que compartieron su experiencia ante la implementación del sistema de justicia penal, acusatorio y oral en la entidad, que inició de manera escalonada en marzo de 2015.

Se trata de la magistrada Martha Magaly Vega Alfaro, el magistrado Manuel Padilla Téllez, la coordinadora de gestión del sistema oral penal Selene Vázquez Garibay y el juez Wilfrido Tapia López, quienes en ese momento se desempeñaban como personas juzgadoras y parte del personal administrativo. Entre otras cosas, compartieron las necesidades que se fueron identificando conforme iba avanzando el proceso.

Señalaron que, durante la transición al sistema penal acusatorio, uno de los principales retos fueron las técnicas de aplicación del nuevo modelo, pues su dominio exigía ajustes graduales y constantes. Debido a la naturaleza de los asuntos penales y al impacto que representó el cambio, fue necesario establecer modelos de trabajo por región, fortalecer la coordinación administrativa y unificar los criterios de actuación entre las personas juzgadoras.

Destacaron además que la capacitación continua, tanto del personal jurisdiccional como administrativo, y el apoyo de las instituciones intervinientes fueron elementos clave; ahora, compartir esas experiencias permite anticipar retos y prevenir dificultades en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Por otro lado, durante la misma sesión, personal de la Escuela Estatal de Formación Judicial presentó un proyecto de actividades académicas, para su aprobación y eventual presentación ante el Órgano de Administración Judicial, con la oferta de capacitación para el personal que intervendrá en estos procesos.

Cabe recordar que los trabajos para la implementación efectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, antes del 1 de abril de 2027, representa una prioridad para el Nuevo Poder Judicial de Michoacán, ya que acercará la justicia a la ciudadanía con un modelo más humano, accesible y ágil, que permita resolver los conflictos familiares y civiles de manera más clara, oportuna y eficiente.