Por DAMIÁN ARÉVALO OROZCO*
Los derechos humanos constituyen esos principios y prerrogativas mínimas a las que tienen derecho las personas para vivir de una forma digna. Representa una obligación para el poder público el reconocerlos y aplicar todas las acciones disponibles para materializarlos y no queden en una simple declaración constitucional o capricho de ciertos actores políticos que se benefician de su inaplicabilidad.
Los derechos humanos no son una opción, sino una obligación impuesta al poder público para que con sus leyes, instituciones y acciones implementen los mecanismos necesarios en la consecución de estos fines.
En nuestro país desde el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se da a conocer la incorporación de este derecho mediante la reforma de nuestra Carta Magna; precisamente en el artículo 4o al establecer que: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”
Sin duda alguna y se aplaude que así haya sido, recientemente en el Estado de Michoacán su Congreso Local aprobó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y publicado en el Periódico Oficial del Estado por el Gobernador del Estado Alfredo Ramírez Bedolla, el día viernes 2 de junio de la presente anualidad.
Esto representa la oportunidad para que las personas usuarias del transporte público puedan tener acceso la movilidad digna, la cual no existe actualmente. La infraestructura y parque vehicular son obsoletos y descuidados; además, muchas de esas unidades no fueron diseñadas para prestar este servicio que ha sido concesionado a particulares; sin embargo, este servicio debe cumplir con las disposiciones legales y ahora más, ajustarse a los principios de los derechos humanos.
De la propia ley se puede apreciar que existen obligaciones pero también derechos para los trabajadores del transporte público concesionado, existentes e incorporados otros que permitirán el acceso a nuevas formas de movilidad bajo normas precisas y transparentes. Quizá se pongan un sinfín de obstáculos, de razonamientos bien o mal motivados, pero ninguno debe impedir el goce del derecho humano a la movilidad. Al contrario, todos los involucrados deben privilegiar que el actual y nuevo transporte, las diversas opciones de movilidad contengan las condiciones de seguridad vial. Que la accesibilidad no sólo sea en la ciudad, sino en todo el territorio michoacano, donde la eficiencia se vea reflejada y apreciada por el usuario y peatón, recibiendo un servicio de calidad.
Que decir de la sostenibilidad, en momentos que el cambio climático nos ha hecho reflexionar en la utilización de combustibles y trasportes más amigables con el medio ambiente que aminore la degradación de nuestro planeta
La inclusión e igualdad en la movilidad debe reflejarse de inmediato y el Estado está obligado con esta Ley a prever para las personas con discapacidad los mecanismos en vías, medios y transportes acorde con sus condiciones para desplazarse de forma segura de un lugar otro. Hay obligaciones para los transportistas concesionados; así también, existen otras acciones que de inmediato debe realizar el Estado y que no están ni deben estar a capricho de nadie.
Bien por esta nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, estaremos atentos a su aplicación y resultados. Como personas tenemos este derecho humano a la movilidad segura, aunado al desempeño de una buena administración pública.
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*Damián Arévalo Orozco. Es Licenciado en Derecho por la FDCS de la UMSNH; Maestro en Derecho y Gestión Ambiental por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán; Doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Fue director de la FDCS, donde actualmente es profesor e investigador de tiempo completo.
