• El diputado del PRD impulsa una reforma integral a seis leyes para garantizar espacios laborales públicos libres de discriminación, acoso y hostigamiento por razones de género.
La Página
Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa de reforma a seis leyes estatales con el propósito de obligar a todos los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos y entidades paraestatales a implementar protocolos de prevención y atención de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual por razones de género.
La propuesta modifica la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como las leyes orgánicas de la Administración Pública, los Ayuntamientos, el Congreso, el Poder Judicial y la de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, estableciendo la obligación legal de crear, aplicar y actualizar un Protocolo homologado en cada institución.
“No basta con tener leyes que reconozcan los derechos de las mujeres si en la práctica no existen mecanismos reales para protegerlas. Esta reforma busca que cada espacio público en Michoacán sea seguro, justo y con cero tolerancia a la violencia de género”, expresó Ocampo durante su intervención en el Pleno.
Y es que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de violencia familiar, abuso sexual, acoso y hostigamiento mantienen una tendencia al alza en el estado. Tan solo en 2024, Michoacán registró más de 14 mil carpetas de investigación por violencia familiar y casi 400 por acoso u hostigamiento sexual, lo que refleja la urgente necesidad de fortalecer la respuesta institucional.
La iniciativa subraya que, a pesar de los avances normativos, las dependencias gubernamentales y órganos del Estado aún carecen de protocolos claros, eficientes y con sanciones internas, lo que ha perpetuado la impunidad y la normalización de prácticas de violencia en los espacios laborales públicos.
De aprobarse, cada dependencia deberá contar con definiciones precisas, principios rectores de confidencialidad, no revictimización y debida diligencia, además de mecanismos confidenciales de denuncia, medidas cautelares inmediatas, sanciones administrativas, estrategias de difusión y capacitación permanente.
“Contar con un protocolo no es un trámite burocrático; es una garantía de justicia y dignidad para las mujeres que trabajan en el servicio público. Las instituciones deben predicar con el ejemplo: cero impunidad y cero silencio frente al acoso”, puntualizó el legislador perredista.
Es importante destacar que la reforma armoniza el marco jurídico michoacano con los principios de la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, comprometiendo al Estado a actuar con debida diligencia y perspectiva de género.
“Construir un Michoacán libre de violencia hacia las mujeres no es una meta lejana: es una obligación diaria de todas las autoridades. Este paso nos acerca a esa meta”, concluyó Ocampo.
