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  • Admite Morena que aliados metieron gol en Plan B; va por anulación en Senado

    El plan “B” de la Reforma Electoral, aprobado la madrugada de ayer por la bancada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, contiene un “error” que solicitarán al Senado de la República corregir, reconoció el coordinador morenista Ignacio Mier.

    Se trata de la fracción cuarta del artículo 15 del dictamen, que blinda a los partidos minoritarios para que no pierdan su registro en caso de que no alcancen el mínimo de tres por ciento del total de la votación, en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.

    En el proyecto aprobado se apunta que aquellos partidos que no cumplan con tal condición, les será cancelado el registro, salvo que hayan conservado el registro como partido local, obteniendo mínimo el tres por ciento de la votación en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas; es decir, en 17.

    “En este ejercicio, cometimos un yerro procedimental que nosotros admitimos porque es de reconocerlo… No quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y a la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciar que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones en el cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que sin embargo fueron votados”, declaró.

    En este ejercicio cometimos un yerro procedimental que nosotros admitimos porque es de reconocerlo…

    Ignacio Mier Velazco, Coordinador de los diputados de Morena

    Mier Velazco agregó que, al ser un tema controvertido en el pasado proceso electoral, sobre el que ya hay una resolución judicial, resulta un “tema inconstitucional y que por eso lo queremos señalar abiertamente”.

    Por ello, anunció que buscará que ahora, en la revisión que hará el Senado de la República, corrija los renglones referidos.

    “Le estamos solicitando al Senado; voy a buscar al presidente de la Mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra coalición en el Senado de la República, para que desde ahora adviertan… que eso, reconocemos que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido”, dijo.

    Horas antes, durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió ayer al tema, a pregunta expresa de La Razón.

    Señaló que este viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudiría a Palacio Nacional a aclarar el asunto y refirió que él “plantearía” que se quite.

    La modificación que ahora se pide suprimir ya no blindaría a los partidos en riesgo, como los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que serían los principales beneficiados con este cambio.

    El morenista Mier Velazco también afirmó que esta propuesta había sido discutida con ambos partidos, pero que se concluyó que no sería procedente, por lo cual responsabilizó al personal técnico de la Cámara baja de haber incluido el “error” en el dictamen presentado.

    Cuestionado sobre si la razón por la que no se permitió el tiempo necesario para que el dictamen fuera leído por el resto de legisladores era una “urgencia” que representaba la aprobación para el Presidente de la República, el morenista respondió que el análisis minucioso le corresponde al Senado.

    Gráfico
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    “Afortunadamente, y así es, tenemos dos cámaras: la de origen y la revisora. Le corresponde a la revisora hacer un análisis minucioso de cada una de las reformas que se hicieron, derogaciones a los artículos”, declaró.

    Además, argumentó que el debate en materia electoral se anunció desde el inicio de la actual legislatura.

    “En ese momento ya había 32 iniciativas, que yo lo comenté y lo repito; se lo dije a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que, si iban a hacer suyo, si habían leído las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral, porque íbamos a entrar en este periodo a su discusión.

    “Desde abril está la única reforma integral que fue presentada por parte del Ejecutivo y hay otras dos integrales, la del Partido Acción Nacional y había también una del Partido Verde Ecologista, integral, y del Partido del Trabajo”, sostuvo.

    En caso de que el Senado apruebe el cambio a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el dictamen deberá ser devuelto a ésta para su aprobación.

    El Congreso de la Unión solamente tendrá la próxima semana para concretar dicho cambio dentro de este periodo de sesiones y, en caso de no lograrlo, el límite máximo será abril del 2023, señaló previamente Ignacio Mier Velazco.

    El reconocimiento morenista del “yerro” se dio luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo alusión a la aprobación de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral.

    Durante la conferencia matutina, mencionó que “si es grave (los cambios), yo ofrezco enviar otra iniciativa para decir: eso yo no lo propuse, y se quita”.

    A pregunta expresa sobre si los diputados no lo “obedecieron”, el mandatario federal señaló que no se trata de que los legisladores atiendan sus indicaciones, ya que ellos “son representantes del pueblo y cada quien actúa con libertad”.

    “Entonces, se quita si fuese así, porque nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo de nuestra República una línea recta. Pues por eso no han podido los corruptos, por eso vamos a seguir con la transformación del país. Y estamos viviendo en momentos muy importantes”, insistió.

    El “error” aprobado por la mayoría no fue la única falta al proceso legislativo, pues el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel Miranda, anunció la presentación de acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición contra la dispensa de trámites.

    El fundamento para impugnar los cambios a las leyes en materia electoral tiene base en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se invalida un decreto por considerar que no se respetó el derecho parlamentario de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

    El panista llamó a la aprobación del proyecto como una “obra” titulada “solas no pueden, las corcholatas necesitan ayuda”, al insinuar que los cambios avalados buscarían favorecer a los aspirantes a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

    Comisiones en Cámara alta prevén aprobar dictamen de la Electoral

    A pesar de que el líder morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, había prometido que no se daría un “atropellamiento” ni se aplicaría “vía rápida” al trámite de la reforma legal en materia electoral, las comisiones dictaminadoras tienen previsto avalar el dictamen el próximo lunes.

    De acuerdo con el cronograma definido, primero se emitirán los dictámenes en las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, sobre las leyes General de Comunicación Social, General de Responsabilidades Administrativas, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, y para el martes o miércoles sesionará el pleno, para que lo avale la Cámara alta.

    Ayer todavía, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, declaró que el Senado actuará como un poder independiente, por lo que, aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenga su opinión, analizarán y deliberarán los 450 artículos del plan “B”.

    Afirmó que la presión que tenía el martes era para que de inmediato se avalaran los cambios legislativos a las cuatro leyes en materia electoral, como lo hicieron en la Cámara de Diputados.

    “Soy un poder independiente. Es el equilibrio de los poderes, es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Presidente tiene una opinión y la respetamos, pero nosotros tenemos una responsabilidad constitucional y es la que estamos ejerciendo.

    “Nada se pierde con que se delibere, se analice, se estudie. Son 450 artículos para aprobarlos en una hora; lo único que estamos haciendo es que se lea, para saber qué se aprueba, para saber qué apruebas, qué estás aprobando”, declaró.

    En conferencia de prensa, el legislador zacatecano dijo que, aunque no se va a meter con la actuación de la Cámara de Diputados, en el Senado de la República sí darán el debate.

    Sin embargo, el coordinador del PAN en la Cámara alta, Julen Rementería, acusó que se trata de la simulación del proceso, porque citan a comisiones para el lunes, para resolver el martes o el miércoles, sin siquiera hacer una verdadera revisión.

    “Se instala, platican cuatro cosas y ya, pero, ¿revisar un documento de ese tamaño, con las implicaciones que tiene en la vida política de nuestro país? No se puede hacer en una semana, es imposible, es simplemente fingir que cumple con un requisito. Hoy, quienes están por resolverlo —y estoy seguro que así van a llegar al lunes—, no lo habrán ni siquiera leído en la comisión, no lo han podido leer, mucho menos comprender”, aseveró.

    Por eso, el senador del blanquiazul Damián Zepeda Vidales indicó que existen las condiciones para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva al final las faltas al proceso y la inconstitucionalidad de los cambios, pero dijo que debe estar a la altura.

    El legislador del grupo parlamentario de Acción Nacional apuntó que las reformas a la legislación secundaria contemplan cuatro ejes, que son los más alarmantes: debilitan al INE, le dan vida artificial a los partidos que no ganan el voto, les quitan el poder a las autoridades para sancionar y permiten la intervención del Gobierno.

    Expertos consideran que plan “B” arriesga comicios

    Las elecciones para 2023 y 2024 se encuentran en “grave riesgo”, debido a que el Gobierno federal se empeña en “destruir” al INE y “controlar todos los procesos para su beneficio”, consideró la directora de Causa en Común, María Elena Morera.

    En entrevista con La Razón, narró que Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su vida ha buscado “tomar por la fuerza los caprichos” que no le son concedidos porque la pasada marcha en defensa del INE “causó su enojo y por ello tomó venganza”.

    “Sabía que no iba a pasar su Reforma Electoral; por ello, se empecinó en hacer cambios y afectar a quien sea con tal de tener su capricho. Ya lo hemos visto con otras reformas, como la de la Guardia Nacional, y ahora trata de hacer lo mismo, pues no logró su reforma constitucional”, explicó.

    Expuso que cualquier reforma debe buscar el consenso de todas las fuerzas políticas; sin embargo, no se hizo con el plan “B” del Ejecutivo y no se toma en cuenta a la oposición para ningún tema y por lo tanto, dejaron al INE debilitado y eso es un grave riesgo.

    El politólogo de la UNAM Francisco Javier Jiménez Ruíz advirtió que pueden afectarse las elecciones siguientes, sobre todo las presidenciales, porque se recortan grandes cantidades de recursos y no se van a sancionar delitos electorales, como actos anticipados de campaña.

    Además, estimó que se debilita la capacidad de credencialización y, por ende, de cobertura, al no contar con suficientes recursos.

    Otros expertos en ciencias políticas aseguraron que Ricardo Monreal será un factor decisivo en el debate por la reforma que se dará en el Senado, lo que también marcará el futuro político del coordinador de Morena.

    El politólogo de la UNAM Hugo García Marín señaló que Ricardo Monreal se debate entre ser un hombre autónomo, apegado a la Constitución y demócrata, o someterse a la voluntad del Ejecutivo. Dijo que Ricardo Monreal es una figura “totalmente” decisiva en este caso, ya que puede sacar adelante la reforma o puede “matarla”, pero depende de su capacidad política y las negociaciones que se hagan, ya que ha jugado para ambos bandos las últimas semanas.

    “Se juega su futuro político inmediato, pero si pasa la reforma es difícil que sea recibido en la oposición. Digamos que tiene mucho que ver su actuación en el debate, pues, por otra parte, si la detiene, ya tampoco tiene mucho que ver en las filas de Morena”, agregó.

    Ulises Corona, politólogo de la UNAM, coincidió en que el plan “B” de Morena puede resolver la situación de Ricardo Monreal en las filas de esa fuerza política, pues a pesar de lo que se puede presentar en el debate, es muy difícil que tenga cabida como aspirante presidencial.

  • Reforma electoral de AMLO recorta al INE, pero da regalos a partidos aliados

    La iniciativa alterna de reformas electorales vía leyes secundarias o ‘Plan B’ propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado la madrugada de este 7 de diciembre concluyó con reglas que aprietan al INE y favores para los partidos aliados de Morena.

    Entre lo avalado por los legisladores de la llamada “Cuarta Transformación” se plantea el recorte al gasto y estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), el despido de trabajadores especializados y la remoción anticipada del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

    A lo anterior, casi a la medianoche del martes, Morena agregó a petición de sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde (PVEM) un Plan C de enmiendas electorales que permitirán a minipartidos mayor facilidad para la subsistencia de sus registros, tener financiamiento estatal y les entrega la posibilidad de generar ahorros con los remanentes de su financiamiento.

    “Vida eterna” a favor del PT y Verde

    A solicitud de ambos partidos aliados de Morena se flexibilizaron las reglas que los ponían en riesgo de pérdida del registro como partidos –como le pasó al PT hace unos años– y les permite hacer “guardaditos” con los recursos que reciben del erario, como ha intentado el PVEM.

    Además, da a los legisladores de todos los partidos la posibilidad de buscar la reelección sin pedir licencia al cargo ni dejar de recibir dieta, subvenciones y apoyos.

    Aunque el umbral de 3% de votación para la conservación del registro se preservó, el monto de sufragios a considerar se redujo pues ahora el porcentaje se estimará con base en la Votación Válida Emitida (VVE).

    Esta –proponen los cambios al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (Legipe)– será la resultante de quitarle a los votos totales depositados en urnas, no sólo los sufragios nulos o de abanderados no registrados, como está hoy, sino los emitidos por candidatos independientes y de partidos que hayan perdido el registro.

    Esa interpretación fue alegada en tribunales por el PT en 2015, cuando estuvo a punto de quedarse sin registro y buscó criterios novedosos para alcanzar el porcentaje exigido.

    Además, el 3% podrá estimarse con base no sólo en la votación de diputados federales, sino que podrá ser con la de elección presidencial o bastará con alcanzar al menos el 3% en 17 entidades del país.

    Para completar la facilidad, en el artículo 12 de la Legipe quitaron la prohibición de transferir votos, lo que a la coaliciones les permite darle vida eterna a los mini partidos.

    En cuanto al tema del reparto y tener derecho a diputados plurinominales, ahora se estimará la Votación Nacional Emitida (VNE) de la que se restarán votos de candidatos independientes, y votos nulos. La propuesta deduce también candidatos no registrados, lo que hace menor el umbral a alcanzar.

    Las negociaciones de Morena y aliados llevaron a modificar la propuesta presidencial, el Plan B, que originalmente proponía que los diputados y senadores que buscaran la reelección debían solicitar licencia “hasta un día antes del inicio de las campañas”.

    La propuesta contenida en una fracción 2 del artículo 272 de la Legipe desapareció en la última versión de las propuestas de reformas, o Plan C.

    Algo que destacó es que en la sesión de madrugada, los partidos opositores abandonaron la discusión.

    Dan permiso para hacer ‘guardaditos’

    Adicionalmente, el ahora llamado ‘Plan C’ contempla reformas a los artículos 51 y 52 de la Legipe por los que los partidos podrán, “con cargo a su financiamiento público ordinario realizar ahorros en un ejercicio fiscal para poder ejercerlo en años posteriores”.

    Si una fuerza política tiene registro nacional, podrá recibir financiamiento en las 32 entidades ”con la sola conservación de su acreditación nacional”.

    “Los partidos políticos, en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente”.

    Ya casi a las 3 de la mañana se presentó un cambio más; vía reservas: el PT propuso que el registro de ingresos y gastos en tiempo real y para la fiscalización del INE no se realice máximo 3 días como es actualmente, sino “desde el momento que ocurren y hasta 20 días después”.

    Así, el Plan B propone modificar seis leyes secundarias y modifica el proceso de organización de elecciones para reducir costos y tiempos; según el mandatario generará ahorros por 3,605 millones 624,298 pesos.

    Pero el Plan C retribuye a los partidos financiamiento estatal y permitirá a los partidos que estén en riesgo de perder su registro seguir en el sistema político con todas las prerrogativas que implica, gracias a las facilidades para acreditar la votación, además de que les permitirá registrar ingresos y gastos casi tres semanas después de realizarlos.

    Las iniciativas, ya con el Plan C incluido, fueron puestas a discusión casi a la medianoche por el pleno de la Cámara de Diputados.

    En general consisten en enmiendas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Legipe y la Ley General de Partidos Políticos, además de que abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

    Se sumaron la iniciativas de Morena para enmendar la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

    Van contra autonomía presupuestal

    Dado que no fue posible realizar cambios a nivel constitucional, como se proponía en un Plan A, las iniciativas a leyes secundarias no piden sustituir al INE por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), ni cercenarle facultades para integrar el padrón electoral, así como tampoco achicar de 11 a 7 el número de sus consejeros electorales o elegirlos vía voto en urnas y a población abierta.

    Sin embargo, sí se plantea restar autonomía presupuestal del INE, que consisten en la posibilidad de establecer la forma de ejercer su presupuesto y determinar las percepciones de su personal.

    La 4T impulsa en el Plan B que todo servidor púbico de esa institución a someterse al tope del salario presidencial.

    Es decir, en los hechos, con la medida se aplicará un recorte presupuestal al INE mismo que se concretará tras la reorganización de estructuras y a más tardar el 1 de agosto de 2023.

    Sin embargo, desde el 1 de mayo próximo deberán emitirse los lineamientos para el redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica del Instituto.

    La reforma alcanzada por los diputados y que deberá ser aprobada por el Senado plantea modificar la estructura del INE, sobre todo la fusión de sus direcciones ejecutivas de organización y capacitación, y elevar a rango de dirección ejecutiva la que hoy es Unidad Técnica de Fiscalización.

    También incluye eliminar a la Junta General Ejecutiva (JGE), que es el órgano que emite directrices en materia de ejercicio de presupuesto del INE. En su lugar, se plantea crear una Comisión de Administración con 5 consejeros.

    El actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina –quien fue reelecto en 2020 por un periodo de seis años- sería removido pues se ordena la designación de un encargado de despacho para el periodo 2023 2029.

    Adicionalmente, se ordena la liquidación del Fideicomiso para de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto, cuyos fondos servirían, según se plantea, para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

    Este SPEN hoy integra las Juntas Locales Ejecutivas, que es el órgano del INE en las 32 entidades, así como a los consejos distritales donde hay personal especializado en Organización, capacitación y Registro Federal de Electores (RFE) .

    Los remanentes, se establece en el régimen transitorio de la reforma, deberán devolverse a la Tesorería de la Federación (Tesofe)

    También se plantea que en vez de 300 consejos distritales sólo funcionen 260 de forma permanente y 40 más –para un total de 300- se instalen sólo en elecciones.

    Todos los cambios en la estructura del INE deberán hacerse con cargo al presupuesto ya aprobado y no habrá recursos adicionales.

    Pese a esos cambios, la propuesta no plantea –como proponía el Plan A de reformas constitucionales- quitar a los Organismos Públicos Electorales locales (OPLs), ni reducir a los diputados y senadores o modificar la forma de elección de quienes integran el Congreso de la Unión.

    El paquete de enmiendas propone cambiar las fechas de inicio del proceso electoral federal, por lo que, de aprobarse, la elección de 2024 comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023.

    También se busca modificar el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares. (PREP), mismo que desaparecería.

    La conclusión de cómputos de las elecciones se establece a más tardar el viernes siguiente a las elecciones. Hoy esos cómputos inician el miércoles siguiente a los comicios y terminan el jueves.

    Sin embargo, las elecciones locales de 2023 en Coahuila y Estado de México, según los transitorios de las reformas, no se verán impactadas por las reformas.

    Reforma pone a Morena como ejemplo

    En el documento se establece un blindaje para que no se repitan experiencias vividas por Morena.

    Por ejemplo, ante irregularidades como la omisión a presentar informes de gastos de precampaña la sanción afectará al precandidato, que no podrá ser registrado como abanderado. Pero se garantizará el derecho del partido a registrar a otro abanderado.

    También se impide que vía sentencias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) designe directa o indirectamente a dirigentes partidistas. Eso igualmente le ocurrió a la corriente perredista que hoy está en Morena, pues avaló a Jesús Ortega como dirigente del sol azteca.

    Se establece que el TEPJ sólo tendrá atribuciones para ordenar la reposición de procedimientos en caso de que se confirmen irregularidades. Pero no podrá “nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas”.

    Entre las experiencias se adoptan las que impulsó el INE, como el voto de las personas en reclusión y el voto de las personas con discapacidad en estado de postración.

    También las facilidades pare el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet y al permitir su ejercicio con la presentación de pasaporte o matrícula consular.

    En tanto, sobre el Poder Judicial se planteaba eliminar a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, pero esa propuesta se eliminó de madrugada.

  • Todo lo que de debes saber sobre el PLAN B de López Obrador de reforma al INE

    La oposición en la Cámara de Diputados bloqueó este martes la reforma constitucional en materia electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer mismo envió a San Lázaro su llamado Plan B —una reforma a cuatro leyes secundarias— con la cual se busca retirar privilegios a la llamada “élite dorada” del INE, eliminar sus fideicomisos y crear una estructura más ligera con los cual “se espera generar un ahorro de alrededor de tres mil 605 millones 624 mil 298 pesos”.

    “La conformación de una élite burocrática es uno de los grandes lastres de nuestro sistema electoral. El personal del INE se integra por un total de 17 mil 569 personas trabajadoras. En el portal del propio INE se reporta que al menos 123 de sus funcionarios ganan salarios más altos que el del Presidente de la República”, se lee en la exposición de motivos del Plan B del Presidente, para el cual Morena cuenta junto con sus aliados con los votos necesarios para aprobarlo.

    Uno de los principales puntos de esta reforma a las leyes secundarias en materia electoral es precisamente establecer que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) “no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción II del artículo 127 de la Constitución”, es decir, el salario que perciban los integrantes del Consejero General del órgano electoral no podrá superar al del Presidente de la República.

    Con el Plan B los consejeros del INE no podrán ganar más que el Presidente. Foto: INE vía Cuartoscuro

    Además establece en el transitorio décimo séptimo que el actual Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Edmundo Jacobo Molina —un funcionario que ha estado en el órgano electoral desde junio de 2008, es decir desde que este organismo era el Instituto Federal Electoral (IFE)— cesará en sus funciones a partir de la publicación del decreto con el cual se reformarán las cuatro leyes que prevé modificar el Plan B electoral.

    “De inmediato, el Consejo General nombrará de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho. En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes”, se lee en la iniciativa.

    Edmundo Jacobo Molina es un personaje cercano al actual Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien propuso prolongar su encargo hasta 2026, con lo cual sumaría 18 años en el Instituto Electoral. De hecho, meses antes de que se prolongara su gestión, en enero de 2020, el Secretario Ejecutivo del INE fue uno de los integrantes que se amparó contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor en abril de 2019, para poder ganar más que el Presidente López Obrador, una situación que con la reforma legal ya no se permitirá.

    El Consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y el Secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Foto: Cuartoscuro.

    UN INE MÁS LIGERO

    La iniciativa de reforma destaca cómo “otro de los efectos negativos de la alta burocratización del INE es su pésima administración” y señala que su estructura “contiene duplicidad de funciones, posee áreas sin trabajo durante varios meses en el año, se despilfarran recursos mediante el pago de rentas, la compra permanente de material para urnas de mala calidad, se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera”.

    En ese sentido se propone la creación del Sistema Nacional Electoral (SNE) conformado por el Instituto Electoral, como su autoridad rectora, y los Organismos Públicos Locales, como autoridades electorales a nivel estatal. “Este nuevo sistema establece la integración de ambas estructuras para su mejor funcionamiento”, se lee en el documento.

    A nivel local la iniciativa plantea la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.

    “Bajo este nuevo SNE, se contará con órganos electorales permanentes y temporales. Esto permitirá la reducción del número de órganos distritales fuera del proceso electoral, al pasar de 300 a aproximadamente 260, distribuidos bajo criterios de regionalización. Durante el periodo electoral, la estructura de los órganos distritales se reintegrará en su totalidad para cumplir con las funciones del Instituto. Con este cambio se busca contar con estructuras eficientes que respondan a los distintos momentos de los procesos electorales en el país y eviten estructuras que no tengan función alguna durante largos periodos de tiempo”, expone la propuesta del Presidente.

    La estructura actual del INE. Foto: Especial
    La estructura orgánica del INE con la reforma. Foto: Especial

    Además suprime la prerrogativa de la franquicia telegráfica, la cual se encuentra en desuso desde 2008.

    La reforma plantea también nuevos tiempos de los procesos electorales con la finalidad de “eliminar acciones redundantes” a través de un nuevo calendario que reducirá el tiempo de insaculación, capacitación y selección de personas ciudadanas que integran las directivas de las casillas.

    Se señala que tan sólo en la primera etapa de capacitación podría hacerse en 26 días en vez de en 54, lo cual eliminaría “el proceso robusto e innecesario en la designación de personas ciudadanas para la integración de casillas”. Ahora, refiere, “en vez de seleccionar a la ciudadanía a partir de un número máximo de personas, se buscará una cantidad óptima de ciudadanos a visitar por parte del Instituto para su capacitación”.

    Asimismo, el documento busca agilizar y hacer más eficientes los procesos electorales al modificar la fecha de cómputo de votos al pasar del miércoles siguiente al día de la jornada electoral al mismo día de las elecciones a partir de las 18:00 horas.

    LE DICEN ADIÓS A FIDEICOMISOS

    Otro de los puntos clave de la iniciativa es la eliminación de los fideicomisos que el Gobierno federal ha calificado como “ilegales”. Se trata del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, que desde inicio de este año las secretarías de Hacienda y de la Función Pública propusieron eliminar de cara a la Consulta de Revocación de Mandato —para la cual el INE alegó no tener los recursos suficientes para su organización— para ahorrar dos mil 972 millones de pesos.

    La iniciativa señala que el Fondo para el Cumplimiento reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos. Una muestra de cómo son empleados estos fideicomisos se dio con la salida de los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif. Del Fondo para Atender el Pasivo Laboral se les pagó en 2020, en términos netos y con motivo de su baja, ​​un millón 721 mil 566.80 pesos y dos millones 027 mil 434.98 pesos, según reconoció el propio INE a pregunta expresa de SinEmbargo.

    De eliminarse con el Plan B, “los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”.

    Asimismo, la iniciativa busca limitar las facultades ”indebidamente discrecionales” que se ha dado el INE con “una extensa facultad normativa”: Propone en ese sentido que las autoridades “no podrán emitir ninguna normativa fuera de sus atribuciones establecidas en la Constitución. Con ello se garantiza mayor certeza jurídica para los actores políticos que contienden en los procesos electorales”.

    Además, se señala que los reglamentos, normas generales y procedimientos en materia de fiscalización no deben emitirse ni modificarse una vez iniciados los procesos electorales.

    “En síntesis, en cuanto a justicia electoral, la presente reforma busca hacer más eficiente, austera y expedita la justicia electoral, reformando la LGSMIME (Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral) y la LOPJF (​​Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) para ajustarlas a los actuales modelos tecnológicos incluyendo el juicio en línea y reduciendo los medios de impugnación de siete a cuatro, además crear la Sección Resolutora de la Sala Superior”, señala el documento.

    Por otra parte, busca “otorgar mayor certeza jurídica” respecto a las tareas de fiscalización y las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos, respetando en todo momento su derecho a la autorganización y autodeterminación.

    “En su conjunto, la reforma pretende abonar a garantizar una mejor democracia, con un INE capaz de garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas para resguardar el derecho de la ciudadanía a votar y ser votado, sin privilegiar a las altas burocracias y fomentar la duplicidad de funciones. Nuestro país no necesita una élite burocrática privilegiada en las instituciones electorales, sino una mejor democracia a menor costo para los contribuyentes”, refiere la iniciativa de reforma.

  • López Obrador asegura que la próxima semana enviará a Diputados su plan B en materia electoral

    El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que posiblemente el martes de la próxima semana enviará su plan B en materia electoral a la Cámara de Diputados, al asegurar que en el bloque conservador “ya están de acuerdo” en defender al Instituto Nacional Electoral (INE) en la discusión de la reforma constitucional.

    “Yo creo que la semana que viene, (el martes) yo creo que ese día puede ser. Sí, ya la están trabajando (la iniciativa), yo la reviso, aunque voy a estar afuera, siempre estoy viendo documentos y ya la enviamos, pero ya está avanzada“.

    “Completamente es una cuestión de trámite, porque ya los conservadores los del bloque conservador ya están de acuerdo: ‘el INE no se toca’”, señaló en su conferencia matutina de este jueves.

    Ayer, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la reforma electoral se votará la próxima semana —luego de que se pospuso el debate el martes pasado— y explicó que la iniciativa en la materia debe quedar lista antes de abril del próximo año.

    Tras pedir explicaciones a Morena por al aplazamiento del debate, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, advirtió que la reforma electoral será rechazada cualquiera que sea el día en que se vote en el pleno.

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    El diputado panista también afirmó que, si se aprueba el plan B del presidente López Obrador, lo llevarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

    “Si se atreven de aquí se van directito a la Suprema Corte, porque en materia electoral las dirigencias de los partidos tienen facultad de acción de inconstitucionalidad, ni un día nos tomará que se vaya a la Suprema Corte, ellos quieren usar un plan B, pero nosotros también tenemos un plan A, B y C”, sentenció.