Por MIRYAM CAMACHO SUÁREZ*
No soy especialista en Derecho Internacional. Soy ciudadana y soy abogada. Y desde ese lugar me permito una reflexión que podría incomodar o hacer reflexionar tanto a quienes celebran sin matices la caída de un tirano como a quienes condenan cualquier intervención externa como si todas fueran iguales.
Venezuela lleva años atrapada en una deriva autoritaria que empobreció a su población, deterioró sus instituciones y cerró las vías reales de alternancia democrática. Para quienes observamos desde fuera, el resultado es evidente: una vida cada vez más cara, derechos restringidos y millones de personas forzadas a migrar. En ese contexto, la noticia de que Estados Unidos afirma haber capturado a Nicolás Maduro genera una reacción inmediata en muchos: por fin.
Conviene aclarar algo desde el inicio. Lo ocurrido no fue una detención jurídicamente impecable ni un procedimiento elegante desde la lógica del derecho internacional clásico. No hubo un proceso de extradición, no se hizo público un mandato multilateral previo ni se siguió una ruta institucional reconocible para la captura de un jefe de Estado extranjero. Más allá del juicio político o moral que merezca el personaje, la forma fue acelerada y jurídicamente frágil.
Y ese matiz importa. Porque una cosa es celebrar la caída de un régimen autoritario, y otra muy distinta es normalizar métodos que, si se generalizan, debilitan las reglas que dicen proteger. Nombrar esta diferencia no es defender al acusado; es defender la idea —cada vez más erosionada— de que incluso frente a los peores gobernantes, el derecho debe ser algo más que una coartada del poder.
La justicia, cuando se hace mal, no solo fracasa. A veces produce el efecto contrario al deseado.
Desde una mirada humanitaria y antiautoritaria, la captura de Maduro parece un acto largamente esperado. Se sostiene que el sistema venezolano dejó de ofrecer condiciones mínimas para investigar o juzgar a quienes concentran el poder, y que el daño causado a la población justifica acciones extraordinarias. Bajo esta lógica, exigir pulcritud jurídica sería un lujo que solo beneficia a la impunidad.
Aquí hay una verdad que conviene reconocer: muchos venezolanos están de acuerdo con que alguien interviniera, aun sabiendo que no fue una intervención ideal ni jurídicamente elegante. Intentaron sacarlos por la vía del voto, no lo lograron, y la sensación de fraude y cierre institucional fue devastadora. En ese contexto, aceptar una intervención externa no es una postura ideológica; es una reacción desesperada frente a un sistema que no ofrecía salida.
Comprender ese hartazgo no significa legitimar cualquier método. Pero sí evita juzgar con ligereza a quienes viven dentro del colapso y no desde la comodidad del análisis externo.
El problema es otro: el castigo sin procedimiento sólido no es justicia, es narrativa. Si el proceso no logra demostrar con claridad hechos, responsabilidades y vínculos concretos, el autoritarismo no se desmantela; se recicla simbólicamente.
Para otros, el acto representa una violación grave a la soberanía de Venezuela. La captura unilateral de un jefe de Estado, sin un mandato multilateral claro, despierta un temor legítimo: que el derecho internacional sea sustituido por la lógica del poder, y que cualquier país incómodo pueda ser intervenido bajo argumentos amplios como seguridad o combate al narcotráfico.
Esta postura no necesariamente defiende a Maduro. Defiende el precedente. Porque cuando la soberanía se relativiza sin reglas claras, el mensaje no es justicia global, sino ley del más fuerte. Y ese mensaje tiene consecuencias que trascienden por completo el caso venezolano.
La historia latinoamericana hace que cualquier intervención externa se lea, incluso antes de analizarla, como interesada. Aunque esa intención no se pruebe en este caso, el antecedente histórico obliga a que el procedimiento sea doblemente impecable. De lo contrario, la sospecha suplanta a la prueba.
Existe también una visión menos moral y más pragmática: los Estados actúan cuando perciben amenazas a sus intereses, y el derecho suele acomodarse después. Desde esta lógica, la captura no sería un acto jurídico ejemplar, sino una operación de poder revestida de legalidad.
El problema con esta postura es simple: si el juicio no se sostiene, el costo estratégico es enorme. No solo se pierde el caso; se fortalece el relato del perseguido. Y en política, perder el relato suele ser más grave que perder el poder.
Un líder autoritario no se convierte en mártir porque sea inocente, sino porque el proceso en su contra es frágil. Las dudas procesales, la falta de pedagogía jurídica, la ausencia de consensos internacionales y el exceso de espectáculo son el terreno perfecto para que el acusado se victimice.
Aquí pesa la experiencia de quien ha visto expedientes morir por errores de forma. En países como México, una proporción alarmantemente baja de las denuncias penales llega a un cierre jurídico sólido. No por falta de hechos, sino por fallas en el procedimiento: pruebas mal integradas, prisas políticas, expedientes endebles. El resultado es devastador: o impunidad, o victimización del acusado.
Trasladar esa lógica a un caso de escala internacional es todavía más peligroso.
Precisamente por eso, en este momento, el papel de figuras como María Corina Machado resulta hoy crucial. No como símbolo mesiánico ni como concesión externa, sino como ancla de legitimidad interna. En un escenario tan delicado, la diferencia entre justicia y ocupación simbólica pasa por permitir que el poder regrese a manos venezolanas, a través de liderazgos reconocidos por su propia sociedad y por procesos electorales legítimos.
Una transición conducida por actores venezolanos —y no impuesta desde fuera— es la única vía para evitar que una intervención, aun cuando haya sido vista como necesaria por muchos, termine erosionando definitivamente la soberanía que dice proteger.
Aquí está la línea fina: ni Maduro, ni tutela extranjera permanente. La salida solo es sostenible si devuelve la conducción política a manos de los venezolanos.
Sin embargo, hoy, en la transición tras la caída de Maduro, la figura de María Corina Machado —referente central de la oposición venezolana— ha quedado fuera de las negociaciones clave impulsadas por Estados Unidos, que ha optado por dialogar con actores del propio aparato del régimen, como Delcy Rodríguez.
Este desplazamiento revela que los procesos de transición no dependen únicamente de quién cae, sino de quién controla el relato, los tiempos y los mecanismos reales de poder sobre el terreno.
Para no convertirlo en mártir, entonces, se requiere menos épica, menos declaraciones triunfalistas y más expediente. Un proceso largo, sobrio y técnicamente impecable. Pruebas comprensibles, jurisdicción explicada con claridad, debido proceso visible y una narrativa centrada en hechos y víctimas, no en trofeos políticos.
Respetar las garantías del acusado no lo protege: desactiva su relato de persecución.
No estoy diciendo que Maduro sea inocente. No estoy diciendo que deba volver al poder. No estoy diciendo que no existan indicios graves. Estoy diciendo que cuando el procedimiento falla, el poder no cae: se transforma en símbolo.
El verdadero castigo para un tirano no es la captura espectacular, sino la condena jurídicamente incontestable. La justicia bien hecha no necesita aplausos. La justicia mal hecha fabrica mártires. Y esos suelen salir muy caros a la historia.
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*Miryam Camacho Suárez. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Abogada por la Universidad Latina de América. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.
