Categoría: OPINIÓN

  • OPÍNIÓN. “Elecciones bartas”. Por Juan Adolfo Montiel Hernández

    OPÍNIÓN. “Elecciones bartas”. Por Juan Adolfo Montiel Hernández

    Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*

    Uno de los temas recurrentes en las discusiones para las reformas electorales es el costo que implica organizar de los procesos de elección, tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Con frecuencia se señala —de manera injusta, a mi parecer— que los montos son excesivos; sin embargo, esos recursos corresponden a las atribuciones y responsabilidades que los órganos electorales deben cumplir para garantizar procesos confiables y resultados con certeza.

    Los costos implican la contratación de personal, renta de oficinas, renta de vehículos de carga para el material, bodegas, traslados, sistemas y equipos de cómputo, entre otros elementos técnicos y logísticos indispensables para que cada persona pueda encontrar una casilla cercana y ejercer su derecho al voto con una boleta disponible el día de la elección.

    La pregunta inevitable es: ¿Se puede disminuir el costo de las elecciones? Mi respuesta es sí, revisando los procesos, procedimientos y prácticas implementadas en su momento, pero que hoy, con los avances tecnológicos, parecen haber quedado rebasadas.

    Por ejemplo, la impresión de boletas en papel de seguridad —casi infalsificable, similar al de los billetes— eleva considerablemente los costos, hoy la implementación del voto electrónico es viable. También se han implementado sistemas informáticos de protección que quizá podrían evolucionar hacia modelos más integrales y eficientes.

    Las campañas, por ejemplo, podrían optimizarse mediante el uso responsable de redes sociales, lo que permitiría disminuir erogaciones sin sacrificar equidad. En conclusión, reducir gastos es viable revisando procesos y aprovechando las herramientas digitales.

    Sin embargo, pretender abaratar las elecciones eliminando organismos, autoridades o reduciendo áreas operativas sería un error por las complicaciones para realizar todos los procesos de una elección; es decir, lo barato saldría caro, pues perderíamos experiencia institucional, así como certeza y confianza en los resultados.

    Abaratar las elecciones es posible, pero no a costa de debilitar la estructura electoral. El camino está en la revisión de procesos, la innovación tecnológica y la optimización de atribuciones, no en la desaparición de autoridades.

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    *Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

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  • OPINIÓN. “De pobres a millonarios”. Por José Cruz Delgado

    OPINIÓN. “De pobres a millonarios”. Por José Cruz Delgado

    Por JOSÉ CRUZ DELGADO*

    Nadie se explica, ni siquiera la feligresía de Morena como es que los López Obrador acumularon tanta riqueza en seis años, si antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia no tenían ni un petate en qué caerse muertos, pero en seis años pasaron de pobres a la riqueza si nunca trabajaron.

    De la pobreza a la opulencia, pues seis años bastaron para traficar influencias y acumular una riqueza incalculable, nunca viajaban porque era cosa de fifís, y de pronto realizan viajes al extranjero gastando miles de pesos en una comida, vivir en la justa medianía fue un mito, al menos para ellos, sin duda, el poder envuelve y más a quien nunca lo ha tenido, los López es la prueba más palpable.

    La presidenta cínicamente dijo que hay menos pobres, lo que no dijo es que hay más ricos.

    ¡Y son de Morena!

    DESATADAS…..Y hablando de Morena, las aspirantas a la candidatura al gobierno de Michoacán, Gabriela Molina, titular de educación, Gladys Butanda, de Movilidad y Fabiola Alanis, de la junta de coordinación política del congreso estatal andan desatadas realizando “Asambleas informativas” del segundo  piso de la 4T.

    Pero Raúl Morón no se queda atrás y hace lo mismo con la cosa esa de en defensa de la 4T.

    A todas luces es campaña electoral pero el IEM, bien gracias, ni ve ni oye.

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    *José Cruz Delgado. Es periodista con más de 45 años de ejercicio. Capacitado en el Seminario de Guadalajara. Trabajó en diversos medios de comunicación de Michoacán. Ha sido corresponsal en el estado de diversos medios de circulación y escucha nacional.

  • OPINIÓN. “Credencialización en el Extranjero”.  Por David Alejandro Delgado Arroyo

    OPINIÓN. “Credencialización en el Extranjero”.  Por David Alejandro Delgado Arroyo

    Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

    Está ya muy cerca de cumplirse 10 años de la credencialización desde el extranjero a cargo del Instituto Nacional Electoral, que comenzó un 8 de febrero de 2016, como consecuencia de la reforma electoral de 2014.

    Considerando que Michoacán cuenta con una muy significativa emigración hacia el extranjero, principalmente hacia los Estados Unidos, este aspecto del trabajo del Instituto Nacional Electoral es relevante que sea conocido para quienes requieran realizar este tipo de trámite; para lo cual, el INE dispone de un portal orientador en internet: votoextranjero.mx.

    El trámite esta focalizado a aquellas personas ciudadanas que residen en el extranjero, que deberán preparar sus documentos necesarios: Documento que acredite la nacionalidad, identificación con fotografía y comprobante de domicilio.

    Deben identificar el consulado más cercano, para lo cual, el portal antes descrito, les ayuda a realizarlo; una vez hecho esto, se tiene que acudir al consulado, donde una vez realizado el trámite, les entregarán un número de folio, con el cual puede verificar la persona solicitante el estatus de su trámite en el Sistema de Consulta, también disponible en el portal citado.

    Muy importante es, que cuando reciba por mensajería su credencial para votar desde el extranjero, confirme su recepción. Esta confirmación ha sido polémica por parte de diversos voceros de la comunidad emigrante; y el INE está abierto siempre a buscar una alternativa que equilibre entre la facilidad del trámite y la seguridad de la información personal.

    Sin embargo, es preciso recordar que siempre que recibimos un documento sensible, como una tarjeta de crédito, la institución bancaria nos solicita confirmar su recepción. Es lo mismo con una Credencial para Votar, por eso se solicita la confirmación, que ahora es muy sencillo a través también del portal que ha sido multicitado, donde solo se pide el número de folio que ya hemos descrito, así como la fecha de nacimiento.

    Desde el 8 de febrero de 2016 al 31 de Julio pasado, en las oficinas de captación, que son los consulados de México en el mundo, se han captado un total de 219,462 de personas ciudadanas con referencia a Michoacán. De las cuales, el 99.41% se han realizado en consulados de los Estados Unidos.

    Por lo que personas ciudadanas con referencia a Michoacán que han realizado su trámite en otros consulados de México en el mundo son marginales, siendo Canadá el segundo lugar de captación con 424; España el tercer lugar, con 140; Francia el cuarto lugar, con 94; y Guatemala el quinto lugar, con 45.

    En cuanto a los Consulados en los Estados Unidos, el que ha recibido más trámites de personas referidas a Michoacán es el de Los Ángeles con 30,177, seguido de Chicago con 22,599; siendo el tercer lugar, Fresno con 9,996; el cuarto lugar, Sacramento con 9,805; y San José el quinto Lugar, con 8,978. Hay por supuesto otras oficinas con importante captación, pero me quedaré solo refiriendo a los 5 primeros.

    Sin embargo, a pesar de los 219,462 trámites captados en los consulados, solamente ha procedido incluirlos en el Padrón Electoral de Mexicanos residentes en el extranjero a 158,457; mientras que solamente han activado su credencial para votar un total de 72,884.

    Es importante precisar que he identificado a las personas ciudadanas con referencia a Michoacán, porque existen varias posibilidades de tener el derecho a solicitar la Credencial para Votar desde el Extranjero: una se refiere aquellas personas que nacieron en alguna de las entidades federativas de la República Mexicana, en cuyo caso se les inscribirá refiriendo dicha entidad federativa; otra posibilidad se relaciona con aquella persona ciudadana que hace la solicitud y nunca ha residido en territorio nacional, entonces se asentará la entidad federativa de nacimiento de la progenitora o el progenitor mexicano.

    Inclusive para el último caso descrito antes, cuando ambos progenitores hayan nacido en territorio nacional, pero en diferentes entidades federativas, se precisará la entidad preferida por la o el ciudadano.

    Esta característica que proviene del derecho a la doble nacionalidad, tiene un efecto sobre las posibilidades de utilizar la credencial para votar en elecciones diferentes a los que la legislación establece: Presidencia de la República, Senadurías, Gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; ya que la goereferencia para efecto del cómputo de votos es por entidad federativa.

    Esta limitante se ha resuelto mediante dos posibilidades para otras elecciones, una con el listado de representación proporcional, obligando una posición a una persona emigrante; y otra es constituyendo por entidad federativa un distrito de mayoría relativa para población migrante.

    Por cierto, frente a la discusión de la representación proporcional, esta posibilidad de derecho a votar y ser votado, tendría efectos de limitación de derechos si desapareciera la representación proporcional. Digamos sería algo como efectos secundarios.

    Por otro lado, de conformidad con la legislación en la materia, la vigencia de la Credencial para Votar es de 10 años, por lo que en 2026 vencerían las tramitadas en 2016, por lo que este detalle cobra relevancia rumbo a las elecciones de 2027.

    Y es que precisamente en 2027, en el Estado de Michoacán, quienes cuenten con credencial para votar desde el extranjero, podrán votar por Gubernatura; a menos claro, que en una futura reforma electoral se amplíen sus derechos para votar por otros cargos, considerando las limitaciones ya descritas a entidad federativa de la Credencial para votar desde el extranjero.

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    *David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

  • OPINIÓN. “Reforma Electoral y los OPLES”. Por Juan Adolfo Montiel

    OPINIÓN. “Reforma Electoral y los OPLES”. Por Juan Adolfo Montiel

    Por JUAN ADOLFO MONTIEL*

    En la propuesta de temas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que se someterán a consultar, se menciona el de plantear  la permanencia o no de estructuras electorales administrativas.

    Lo anterior, en algún momento se han comentado en los medios de comunicación, que se refieren a: los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), presentes en cada una de las entidades, y las 300 juntas distritales que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE)  de manera permanente a lo largo y ancho del país.

    De los primeros, los OPLES, la justificación es que existe duplicidad de funciones con las que realiza el INE y que, además, eliminando esas estructuras se generaría un ahorro.

    Sin embargo, no se habla de las funciones distintas que se realizan, que no son iguales, que complementan unos y otros a nuestro Sistema Nacional Electoral. Eliminar a los OPLES sin no modificar las funciones y facultades generaría el crecimiento en personal las oficinas del Instituto Nacional Electoral.

    Por ejemplo, solo en Michoacán, en cuestión de registro de candidaturas para un proceso electoral, el INE Michoacán, para los cargos federales, estaría llevando a cabo el registro de 86 personas, tanto titulares como suplentes; en cambio, en Michoacán, para la elección local se llevaron a cabo 7,600 registros para los cargos de diputaciones y de ayuntamientos, los cuales son por planilla e implican a muchas más personas.

    También, en lo que respecta a boletas electorales y material, el IEM lleva a cabo la verificación, la impresión y la entrega de ese material al INE y, a su vez, a los funcionarios de casilla.

    En la instalación de oficinas municipales, el INE cubre sus funciones con oficinas distritales, que son 11 en Michoacán, pero el IEM instala 112 oficinas municipales para las elecciones en cada uno de esos municipios y también para las elecciones distritales, que son 24.

    Por último, hay funciones que el IEM realiza a nivel local y que el INE no tiene, como es la atención a comunidades indígenas, que implica llevar a cabo asambleas para diferentes motivos de sus comunidades.

    Desaparecer a los OPLES dejaría entonces esas funciones, ¿A cargo de quién? Del INE u otra instancia local, el cual tendría que incrementar su estructura y el ahorro no se estaría generando.

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    *Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

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  • OPINIÓN. “Lo que callamos los que cuidamos”. Por Boris González Ceja

    OPINIÓN. “Lo que callamos los que cuidamos”. Por Boris González Ceja

    Por BORIS GONZÁLEZ CEJA*


    En México el 80 % de los hogares tienen personas que requieren cuidados; de tantas personas, el 20 % no recibe los cuidados adecuados. 1.5 millones de personas reciben cuidados por algún integrante del hogar; en más de un 75 %, reciben atención por parte de mujeres, de acuerdo con información del INEGI.

    Como psicólogo he puesto el acento en que los seres humanos dependen, en distintos momentos de su ciclo vital, de recibir o brindar cuidados. Esta dependencia recíproca de cuidado constituye una expresión directa del respeto a la dignidad humana.

    Muchas personas han abandonado a sus padres, sus hijos o sus familias por distintos motivos, especialmente por ser indignos para apoyar y sostener la vida de los otros.

    El cuidado, en este sentido, se configura como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente.

    El cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad, ya que permite asegurar condiciones de atención mínimas para una existencia digna, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o limitación.

    El cuidado cumple una función individual y social fundamental: al procurar el bienestar frente a los límites impuestos por la existencia, la edad, la enfermedad o las condiciones físicas o mentales, se configura una condición necesaria para la realización de las actividades humanas y por lo tanto para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

    Esta protección se expresa tanto en la atención que requieren determinados grupos -como las mujeres embarazadas, la niñez, las personas mayores, las personas con discapacidad o con enfermedades-, como en la situación de quienes brindan cuidados, ya sea de forma remunerada o no remunerada.

    El derecho a ser cuidado implica que todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho de recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad.

    Es fundamental que el Estado garantice que los cuidados que reciben las personas se realicen con pleno respeto a sus derechos humanos, en particular de su dignidad e intimidad, así como del reconocimiento de sus decisiones.

    El gobierno debe adoptar medidas de desarrollo progresivo para garantizar el acceso efectivo a servicios de cuidado, conforme al principio de corresponsabilidad.

    Los cuidados deben brindarse sin discriminación, respetando el mayor grado posible de autonomía de las personas cuidadas y asegurando su participación activa en las decisiones que les afectan.  

    El derecho a cuidar consiste en el derecho de brindar cuidados en condiciones dignas. Este derecho implica que las personas cuidadoras, -tanto en el ámbito familiar, como fuera de él- puedan ejercer su labor sin discriminación.

    De esta forma, conlleva la obligación de las autoridades, de adoptar medidas progresivas para avanzar en la conciliación de la vida laboral con las responsabilidades familiares, la educación y la existencia de medios adecuados para llevar a cabo las labores de cuidado de manera segura y digna.

    En el caso de las personas que realizan labores de cuidado no remuneradas, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce del derecho a la salud, al trabajo y la seguridad social.

    El derecho al autocuidado implica que tanto quien cuida como quien recibe los cuidados, procuren su propio bienestar y atiendan sus necesidades físicas, mentales, económicas, espirituales y culturales.

    Esta dimensión reconoce la importancia de que las personas dispongan de tiempo, espacios y recursos para cuidar de sí mismas, ejercer su autonomía y llevar una vida digna.

    Se requiere que el Estado adopte, conforme a su obligación de desarrollo progresivo, medidas que permitan contar con las condiciones para poder realizar acciones de autoasistencia de manera autónoma en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

    Estas acciones deben tomar en consideración los obstáculos que han enfrentado las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados en la realización y la recepción de cuidados.

    Causas y azares…

    • Poner como héroe nacional a un presidente municipal gritón, que tiene a su municipio entre los más inseguros del mundo, habla de la medianía de la gente para elegir a quien aplaudir.
    • 11 meses de violencia en Sinaloa, ciudades con toques de queda, Ayuntamientos intervenidos por la delincuencia organizada hasta en servicios públicos. Allí se sabe quién gobierna en el país.
    • Que risa que los políticos solo apelan a la psicología en sus mejores chismes, digno de países tercermundistas. 

    Hasta la próxima, que hay que ser cuidadosos al involucrarnos en conflictos, ya que la energía invertida puede transformar nuestra propia naturaleza.

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    • Boris González Ceja. Es licenciado en Psicología y Maestro Educación y Docencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Experto en proyectos de salud mental para resultados y fortalecimiento de equipos de especialistas en psicología en temas de violaciones graves de derechos humanos. Consultor de organismos nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Notoriedad por excelentes estudios de psicología, investigaciones para leyes y por resolver problemas acuciantes a nivel internacional desde la ciencia.

    Conoce más en: https://linktr.ee/psicologiaparati

  • OPINIÓN. “Identidad”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    OPINIÓN. “Identidad”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

    El pasado 16 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley general de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas”.

    En ese sensible contexto de atención al problema de personas desaparecidas se reformó la Ley General de Población para establecer que la Clave Única de Registro de Población que contenga Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, Sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía, será el documento de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital.

    Asimismo, establece en sus transitorios que la secretaria de Gobernación, con el apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital y telecomunicaciones, desarrollará la Plataforma Única de identidad en un plazo no mayor a 90 días naturales siguientes al 17 de julio pasado.

    De igual forma, establece que en un plazo no mayor a 120 días naturales siguientes al mismo 17 de julio la Secretaria de Gobernación establecerá el programa de Integración del Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes.

    Este documento de identidad no tiene ningún efecto sobre las elecciones, puesto que no contiene domicilio ni georeferenciación, es decir, un número de sección, que es la forma como el INE organiza la distribución de boletas para garantizar que cerca del domicilio de cada persona ciudadana se encuentren disponibles las boletas para el ejercicio del sufragio.

    Estas importantes diferencias entre ambos instrumentos de identidad, provienen desde 1990, por lo que, si me permite y me tiene paciencia mi apreciable lector, le contaré una historia al respecto.

    Cuando se publica la Constitución el 5 de febrero de 1917, el artículo 36 establecía lo siguiente en su primera fracción: “Son obligaciones del ciudadano de la República: …Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en los padrones electorales, en los términos que determinen las leyes”.

    Es decir, el espíritu original del Constituyente del 17 en materia de población, radicaba en dos registros: el catastro en términos de propiedad y forma de ocupación, además del Padrón Electoral.

    Dicho artículo 36 subsistió sin reformas 73 años, hasta que llegó la reforma del 6 de abril de 1990, que por cierto, fue la reforma que detonó el nacimiento del IFE, cuando dicha fracción se modificó para especificar la obligación de la ciudadanía en los términos siguientes: “Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley”.

    Dicha fracción no ha vuelto a ser tocada por el Poder Reformador de la Constitución, subsiste tal cual desde 1990. Lo relevante es que mantiene dos registros, el Catastro y transforma el Padrón Electoral en Registro Nacional de Ciudadanos.

    Por cierto, en aquella reforma del 6 de abril de 1990, se estableció un Transitorio Segundo para decir: “En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”.

    También en ese mismo Decreto del 6 de abril de 1990, se estableció en el artículo 41 que el organismo público encargado de la organización de las elecciones federales tendría entre sus atribuciones las actividades relativas al padrón electoral.

    Ahora bien, cuando la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó su iniciativa de ley secundaria a dicha reforma del 6 de abril de 1990, encontramos detalles muy interesantes sobre lo que estaban pensando en ese momento en la arquitectura institucional de la identidad.

    El Consejo General del Instituto Federal Electoral tendría entre sus atribuciones la de “Dictar los lineamientos del servicio del Registro Nacional de Ciudadanos”; inclusive en la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional se establecía que el Consejo Federal del Sufragio tendría entre sus atribuciones: “Coordinar la eficaz organización y el buen funcionamiento del Registro Nacional de Ciudadanos, así como la oportunidad y exactitud de los trabajos de formulación, depuración, actualización y expedición de las listas nominales de electores”

    Inclusive en la entonces iniciativa de 1990 del Partido Revolucionario Institucional se preveía que la Junta General Ejecutiva estuviera conformada por 6 Direcciones Ejecutivas, entre ellas, la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Ciudadanos que tendría entre sus atribuciones la de organizar el servicio del Registro Nacional del Ciudadanos, Formar el Padrón Electoral, Formar el Directorio Nacional de Ciudadanos, Expedir la Credencial para Votar y Expedir la Cartilla del Ciudadano.

    De hecho, se proponía en la iniciativa antes citada que “El Servicio del Registro Nacional de Ciudadanos está compuesto por las secciones siguientes: a) Del Catálogo General de Electores; b) Del Padrón Electoral; y c) Del Directorio Nacional del Ciudadanos”

    ¿Qué fue lo que pasó para que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado el 15 de agosto de 1990 no contuviera la atribución del Registro Nacional de Ciudadanos?

    La historia la cuenta Diego Fernández de Cevallos en el Libro conmemorativo de los 15 años del Instituto Federal Electoral “Viviendo la Democracia”

    “Desde el principio de las negociaciones de la reforma electoral, en 1989, PAN y PRD pusimos sobre la mesa la exigencia de hacer un nuevo padrón electoral. Los vicios y trampas que contenía el padrón vigente hasta 1988 eran producto de décadas de adulteración, así como de fallas técnicas que al gobierno no le importaba corregir. El PRI propuso transitar del padrón electoral al registro nacional de ciudadanos, pero a mediano plazo. Lo que no aceptaba era nuestra propuesta de hacer un nuevo padrón con base 0, es decir, tirar a la basura el anterior y levantar un nuevo listado ciudadano. En esa postura la Secretaría de Gobernación, aduciendo razones técnicas y de plazos, apoyaba al PRI”

    “El PAN y el PRD consultábamos a los especialistas en la materia. La opinión técnica fue unánime: era posible tener un nuevo padrón electoral para las elecciones de 1991. Los especialistas aceptaron asistir a una reunión con el Director del Registro de Electores y ahí manifestaron su conclusión; el director amenazó con renunciar a su cargo si la propuesta era aprobada. Renunció”.

    “Ése fue el último tema candente que hubo que negociar. De nueva cuenta, PAN y PRD anunciamos a Gutiérrez Barrios que sin nuevo padrón los acuerdos ya alcanzados quedaban en el aire, que ambos partidos opositores estábamos dispuestos a romper las negociaciones y regresar a la posición de retirarse de las elecciones estatales y federales. Como era su costumbre el secretario de Gobernación pidió unas horas para consultar”

    “Yo, personalmente, traté ese asunto con el entonces presidente Salinas, quien aceptó con la condición de que los partidos de oposición apoyáramos los trabajos para asegurar que todo el proceso electoral que se avecinaba concluyera con certeza y legalidad”.

    “El gobierno aceptó la propuesta de un padrón electoral totalmente nuevo, que debería quedar terminado para las elecciones federales de 1991, con una nueva credencial para votar, a la que posteriormente se le añadiría la fotografía del ciudadano. Sin embargo, como ya se había aprobado la reforma constitucional, hasta la fecha está vigente la norma que instituye al Registro Nacional de Ciudadanos, lo cual implica una tarea más rigurosa que la simple credencialización para efectos electorales”.

    Y más de 3 no lustros, sino décadas ha permanecido sin cambios dicha reforma al 36 Constitucional, que fue pensada en origen para que el naciente IFE se encargara del Registro Nacional de Ciudadanos, pero la urgencia política del momento, separó los destinos en dos instrumentos de identificación, que este año concretan su camino de vidas paralelas.

    El INE hoy en día ha adquirido una experiencia de 35 años en construir el Padrón Electoral de alta calidad, los Listados Nominales y expedir la credencial para votar, sus más de 800 módulos podrían inclusive expedir identificaciones a los menores de edad. Pero los caminos siguen separados.

    El reto para la SecretarÍa de Gobernación es enorme, sobre todo por las inconsistencias que aún hoy en día existen en los registros civiles, cuya municipalización de origen ha generado un caos de información que no pudo resolverse hace 35 años y hoy en día ese es el reto.

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    *David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

  • OPINIÓN. “Identidad”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    OPINIÓN. “Identidad”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

    El pasado 16 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley general de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas”.

    En ese sensible contexto de atención al problema de personas desaparecidas se reformó la Ley General de Población para establecer que la Clave Única de Registro de Población que contenga Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, Sexo o género, lugar de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía, será el documento de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital.

    Asimismo, establece en sus transitorios que la secretaria de Gobernación, con el apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital y telecomunicaciones, desarrollará la Plataforma Única de identidad en un plazo no mayor a 90 días naturales siguientes al 17 de julio pasado.

    De igual forma, establece que en un plazo no mayor a 120 días naturales siguientes al mismo 17 de julio la Secretaria de Gobernación establecerá el programa de Integración del Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes.

    Este documento de identidad no tiene ningún efecto sobre las elecciones, puesto que no contiene domicilio ni georeferenciación, es decir, un número de sección, que es la forma como el INE organiza la distribución de boletas para garantizar que cerca del domicilio de cada persona ciudadana se encuentren disponibles las boletas para el ejercicio del sufragio.

    Estas importantes diferencias entre ambos instrumentos de identidad, provienen desde 1990, por lo que, si me permite y me tiene paciencia mi apreciable lector, le contaré una historia al respecto.

    Cuando se publica la Constitución el 5 de febrero de 1917, el artículo 36 establecía lo siguiente en su primera fracción: “Son obligaciones del ciudadano de la República: …Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en los padrones electorales, en los términos que determinen las leyes”.

    Es decir, el espíritu original del Constituyente del 17 en materia de población, radicaba en dos registros: el catastro en términos de propiedad y forma de ocupación, además del Padrón Electoral.

    Dicho artículo 36 subsistió sin reformas 73 años, hasta que llegó la reforma del 6 de abril de 1990, que por cierto, fue la reforma que detonó el nacimiento del IFE, cuando dicha fracción se modificó para especificar la obligación de la ciudadanía en los términos siguientes: “Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley”.

    Dicha fracción no ha vuelto a ser tocada por el Poder Reformador de la Constitución, subsiste tal cual desde 1990. Lo relevante es que mantiene dos registros, el Catastro y transforma el Padrón Electoral en Registro Nacional de Ciudadanos.

    Por cierto, en aquella reforma del 6 de abril de 1990, se estableció un Transitorio Segundo para decir: “En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”.

    También en ese mismo Decreto del 6 de abril de 1990, se estableció en el artículo 41 que el organismo público encargado de la organización de las elecciones federales tendría entre sus atribuciones las actividades relativas al padrón electoral.

    Ahora bien, cuando la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó su iniciativa de ley secundaria a dicha reforma del 6 de abril de 1990, encontramos detalles muy interesantes sobre lo que estaban pensando en ese momento en la arquitectura institucional de la identidad.

    El Consejo General del Instituto Federal Electoral tendría entre sus atribuciones la de “Dictar los lineamientos del servicio del Registro Nacional de Ciudadanos”; inclusive en la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional se establecía que el Consejo Federal del Sufragio tendría entre sus atribuciones: “Coordinar la eficaz organización y el buen funcionamiento del Registro Nacional de Ciudadanos, así como la oportunidad y exactitud de los trabajos de formulación, depuración, actualización y expedición de las listas nominales de electores”

    Inclusive en la entonces iniciativa de 1990 del Partido Revolucionario Institucional se preveía que la Junta General Ejecutiva estuviera conformada por 6 Direcciones Ejecutivas, entre ellas, la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Ciudadanos que tendría entre sus atribuciones la de organizar el servicio del Registro Nacional del Ciudadanos, Formar el Padrón Electoral, Formar el Directorio Nacional de Ciudadanos, Expedir la Credencial para Votar y Expedir la Cartilla del Ciudadano.

    De hecho, se proponía en la iniciativa antes citada que “El Servicio del Registro Nacional de Ciudadanos está compuesto por las secciones siguientes: a) Del Catálogo General de Electores; b) Del Padrón Electoral; y c) Del Directorio Nacional del Ciudadanos”

    ¿Qué fue lo que pasó para que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado el 15 de agosto de 1990 no contuviera la atribución del Registro Nacional de Ciudadanos?

    La historia la cuenta Diego Fernández de Cevallos en el Libro conmemorativo de los 15 años del Instituto Federal Electoral “Viviendo la Democracia”

    “Desde el principio de las negociaciones de la reforma electoral, en 1989, PAN y PRD pusimos sobre la mesa la exigencia de hacer un nuevo padrón electoral. Los vicios y trampas que contenía el padrón vigente hasta 1988 eran producto de décadas de adulteración, así como de fallas técnicas que al gobierno no le importaba corregir. El PRI propuso transitar del padrón electoral al registro nacional de ciudadanos, pero a mediano plazo. Lo que no aceptaba era nuestra propuesta de hacer un nuevo padrón con base 0, es decir, tirar a la basura el anterior y levantar un nuevo listado ciudadano. En esa postura la Secretaría de Gobernación, aduciendo razones técnicas y de plazos, apoyaba al PRI”

    “El PAN y el PRD consultábamos a los especialistas en la materia. La opinión técnica fue unánime: era posible tener un nuevo padrón electoral para las elecciones de 1991. Los especialistas aceptaron asistir a una reunión con el Director del Registro de Electores y ahí manifestaron su conclusión; el director amenazó con renunciar a su cargo si la propuesta era aprobada. Renunció”.

    “Ése fue el último tema candente que hubo que negociar. De nueva cuenta, PAN y PRD anunciamos a Gutiérrez Barrios que sin nuevo padrón los acuerdos ya alcanzados quedaban en el aire, que ambos partidos opositores estábamos dispuestos a romper las negociaciones y regresar a la posición de retirarse de las elecciones estatales y federales. Como era su costumbre el secretario de Gobernación pidió unas horas para consultar”

    “Yo, personalmente, traté ese asunto con el entonces presidente Salinas, quien aceptó con la condición de que los partidos de oposición apoyáramos los trabajos para asegurar que todo el proceso electoral que se avecinaba concluyera con certeza y legalidad”.

    “El gobierno aceptó la propuesta de un padrón electoral totalmente nuevo, que debería quedar terminado para las elecciones federales de 1991, con una nueva credencial para votar, a la que posteriormente se le añadiría la fotografía del ciudadano. Sin embargo, como ya se había aprobado la reforma constitucional, hasta la fecha está vigente la norma que instituye al Registro Nacional de Ciudadanos, lo cual implica una tarea más rigurosa que la simple credencialización para efectos electorales”.

    Y más de 3 no lustros, sino décadas ha permanecido sin cambios dicha reforma al 36 Constitucional, que fue pensada en origen para que el naciente IFE se encargara del Registro Nacional de Ciudadanos, pero la urgencia política del momento, separó los destinos en dos instrumentos de identificación, que este año concretan su camino de vidas paralelas.

    El INE hoy en día ha adquirido una experiencia de 35 años en construir el Padrón Electoral de alta calidad, los Listados Nominales y expedir la credencial para votar, sus más de 800 módulos podrían inclusive expedir identificaciones a los menores de edad. Pero los caminos siguen separados.

    El reto para la SecretarÍa de Gobernación es enorme, sobre todo por las inconsistencias que aún hoy en día existen en los registros civiles, cuya municipalización de origen ha generado un caos de información que no pudo resolverse hace 35 años y hoy en día ese es el reto.

    ———————————-

    *David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

  • OPINIÓN. “El PRI: Ave Fénix en Morelia”. Por Guillermo Valencia Reyes

    OPINIÓN. “El PRI: Ave Fénix en Morelia”. Por Guillermo Valencia Reyes

    Por GUILLERMO VALENCIA REYES*

    Las señales de un renacer profundo y duradero del priismo en Morelia son inequívocas. En tiempos donde muchos daban por descontada la presencia competitiva del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la política municipal de Michoacán y de Morelia en particular, los datos más recientes nos entregan una grata sorpresa: la candidatura priista a la presidencia municipal logró un crecimiento sostenido y notable durante el proceso electoral de 2024, el cual se vio reflejado en las urnas.

    La fotografía de marzo, tomada por la casa encuestadora INDES, arrojaba un modesto 6.90% en intención de voto, la cual fue levantada cuando aún el PRI no contaba aún con candidato. Era, en aquel momento, una cifra que para algunos representaba un techo y para otros, un piso endeble. Sin embargo, para quienes conocemos la resiliencia de nuestras estructuras, la disciplina militante y el potencial de nuestras redes, era claro que quedaba mucho partido por jugar.

    El escenario era propicio para quienes le apostaban al conformismo de una alianza, para ganar a costa de socavar nuestra identidad partidista.  Los resultados refrendarían que la decisión  tomada fue la correcta.

    Dos meses después, en mayo, ya contando con candidato, nuevamente INDES documentó un salto significativo: ya era un 12% de intención de voto. Este aumento de más de cinco puntos porcentuales no se dio por accidente.

    Fue producto del contacto directo con la gente, de la recuperación del discurso cercano y del reposicionamiento de nuestra marca política en los barrios, colonias, tenencias y comunidades de Morelia.

    Mientras otros partidos se entretenían en disputas internas o se confiaban, nosotros salimos a tocar puertas, a escuchar, a proponer y a refrendar nuestra conocida vocación de servicio, la cual se redobló con la potencia e historia de nuestro candidato en Morelia, René Valencia Reyes, quien es el líder de Revolución Social, una organización social que no necesita presentación.

    Pero lo mejor estaba por venir. En junio, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) confirmó en las urnas lo que se sabía en la calle: 14.10% de los votos fueron para la candidatura priista, lo cual fue una declaración de vida política, una demostración de que el PRI en Morelia está en reconstrucción con resultados.

    Este crecimiento, del 6.90% en marzo al 14.10% en junio, representa un incremento de más del 104%. Es decir, duplicamos nuestro respaldo ciudadano en apenas tres meses. No es poca cosa en un contexto donde la narrativa dominante insiste en que el PRI vive sus últimos capítulos. Demostramos que la fuerza priista sigue presente, con capacidad de reacción y con un electorado que, cuando se le convence, responde.

    Es importante recordar la historia del desastre que causaron en Michoacán personajes de triste memoria, como Enrique Ochoa Reza y Alfredo Castillo Cervantes, por lo que ahora estamos en proceso de reconstrucción, comenzando desde la capital con un partido político renovado, sin tribus y en donde solo existe un equipo: el del PRI de los priistas.

    Antes de estos personajes, el PRI gobernó mucho tiempo Morelia, hasta que, después de 1988 llegó la alternancia. La última ocasión que gobernó el tricolor Morelia, en el periodo 2012-2015, lo hizo ganando con 133 mil 950 votos en elección extraordinaria, después de una decisión tribunalicia de anular un proceso ganador.

    A pesar de que se contaba con el respaldo presidencial, se perdieron las elecciones de 2015, con apenas 54 mil 565 votos exclusivos para el PRI y de 2018, con 55 mil 981 votos-PRI. 

    La explicación de este par de resultados estriba en la arrogancia, soberbia y ambición del entonces presidente del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza, quien ignoró y persiguió a los principales activos políticos con los que contábamos en la entidad, orillándolos a salir, hecho que prácticamente demolió al priismo estatal de aquel entonces.

    Muy particularmente, su encono y persecución se dirigió contra Fausto Vallejo y Figueroa, quien a pesar de su trayectoria prácticamente fue corrido del PRI, junto con toda su estructura. Por si fuera poco, la estela de fechorías del Virrey Castillo contaminó aún más el escenario político local.

    Su efecto fue más notorio en 2015, donde a pesar de que la presidencia de México, la gubernatura y la presidencia municipal eran gobernadas por el PRI, aún así se obtuvo ese resultado. Las derrotas se cocinaron desde las más altas esferas hace una década, atrás. Paralelamente, muchas vacas sagradas, convenencieros y supuestos indispensables se fueron trasegando a otros partidos.

    La elección de 2021 para el PRI se truncó a balazos cuatro semanas antes de la elección, cuando se atentó a balazos en contra de un servidor, entonces candidato a la presidencia municipal. Aun así, obtuvimos 64 mil 501 votantes, que representaron el 22% de la votación. Esto significó subir 8 mil 520 votos al resultado del 2018, con todo y que hacía 3 años que el PRI ya no tenía el poder federal, estatal, ni municipal.

    El caso de 2024 hay que recordar que fue a finales de marzo, después de la encuesta comentada cuando se determinó de último momento que René Valencia Reyes sería el candidato a la presidencia municipal, lo cual redobla la valía del resultado obtenido, ya que no contaba con un equipo de campaña estructurado, ni un trabajo partidista previo, mientras que el ganador de la elección llevaba varios años cobrando del erario y haciendo proselitismo con recursos públicos. Su trabajo en el activismo social fue su tarjeta de presentación ciudadana; por lo que, con trabajo político redoblado logró obtener un porcentaje de votos muy superior al que nacionalmente logró el tricolor.

    El contexto nacional brinda más detalles al paisaje: en 2024, en la elección presidencial, el PRI obtuvo el 9.5 por ciento de los votos a nivel nacional, mientras que hoy ocupa 35 curules de 500 en el Congreso Federal, apenas el 7.5 por ciento en total. Mientras que, en Morelia se obtuvo el 14.1% de la votación. Mucho más que la tendencia nacional, seis años después de que el PRI dejó la presidencia de México y nueve sin gobernar Michoacán ni Morelia. Por ello cobra más importancia lo logrado y tiene basamento la afirmación de que estamos resurgiendo cual ave fénix en Morelia.

    La explicación está en la esencia de nuestra identidad. Somos un partido que conoce la administración pública, que ha formado cuadros con experiencia y que sabe cómo transformar proyectos en realidades, al grado de construir las bases de nuestra soberanía, de nuestra democracia y de nuestras instituciones nacionales.

    El PRI, incluso en sus momentos más difíciles, conserva un voto duro que se mantiene firme, pero además puede reconquistar a votantes que alguna vez se alejaron, así como convencer al electorado más escéptico de que somos la única opción real de oposición constructiva en la nación, en el estado y en el municipio. Lo que atestiguamos en Morelia en 2024 es un caso de reconexión política y emocional con sectores que estaban huérfanos de liderazgo confiable y de manifestación del refrendo del capital político confiable que representa el tricolor.

    Los retos son consolidar esta tendencia, mantener la presencia territorial y fortalecer la identidad priista en las nuevas generaciones. Porque si algo nos enseñó el 2024 es que cuando el PRI se toma en serio la calle, el barrio y la comunidad, los resultados llegan.

    Morelia ha sido testigo de un repunte que es también un mensaje al resto del país: el priismo, cuando se organiza, cuando se reconcilia con sus principios y se abre a la ciudadanía, es capaz de renacer. Y en un escenario político cada vez más fragmentado, ese renacer puede convertirse en la llave de la victoria futura.

    Hoy, los datos de tendencia manifiesta al alza nos respaldan, la historia nos inspira y la militancia nos empuja. Que esta inercia no se detenga: es momento de recuperar, juntos, el lugar que el PRI merece en la vida pública de Morelia.

    Y este fénix tricolor alcanzará a toda la geografía michoacana. Hubo municipios como Tangancícuaro, Queréndaro y Purépero en donde se incrementó sustancialmente la votación. En el primer caso, en 2021 se obtuvieron 852 votos, mientras que en 2024 se quintuplicaron, al lograrse 4 mil 376 sufragios; en el segundo, en el 2021 fueron apenas 212 votos para el PRI, pero para 2024 subieron a mil 830; mientras que, en el tercer caso, en 2021 se obtuvieron 732 votos; que subieron a mil 867. Con esto y muchos casos más, podemos afirmar que, de cara al proceso electoral de 2027 es importante decir que contamos con condiciones para que el resurgimiento del PRI sea una gran realidad, para beneficio de los ciudadanos.

    ¡Ya viene la revolución institucional!

    Facebook: https://www.facebook.com/MemoValenciaRy

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    *Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.

  • OPINIÓN. “Juventud 2025: romper muros, abrir caminos”. Por Octavio Ocampo Córdova

    OPINIÓN. “Juventud 2025: romper muros, abrir caminos”. Por Octavio Ocampo Córdova

    Por OCTAVIO OCAMPO CÓRDOVA*

    La juventud no solo es una edad o un dato demográfico, es ante todo una esperanza de cambio, formas de cuestionar el status quo. Es mirar el mundo y atreverse a decir que las cosas pueden —y deben— ser distintas. Es inconformarse con la injusticia aunque parezca “normal”, incomodarse con lo que todos aceptan y señalar lo que nadie quiere ver. Ser joven es no dar por sentado que las reglas son inamovibles, es preguntarse por qué las cosas se hacen como se hacen… y, sobre todo, imaginar otras maneras de hacerlas.

    En 2025, ser joven en México significa enfrentar una realidad donde las oportunidades no siempre alcanzan para todos, donde la violencia, la desigualdad y la crisis climática marcan la vida cotidiana. Pero también significa vivir en un tiempo donde la tecnología conecta, donde las luchas por la diversidad y la equidad ganan espacios, y donde las voces jóvenes tienen el potencial de convertirse en la fuerza transformadora que el país necesita. Cuestionar no es destruir: es abrir la puerta a lo nuevo.

    Por ello, el Día Internacional de la Juventud no es una fecha para la retórica vacía, sino para una reflexión profunda: ¿qué significa ser joven en México en 2025 y cómo se construye un futuro digno en un país con profundas desigualdades, pero también con un potencial enorme? En el marco de la nueva izquierda, el compromiso con las juventudes debe ir más allá de los discursos y convertirse en una estrategia integral que coloque a las y los jóvenes en el centro del proyecto de nación.

    Hoy, más de 30.4 millones de personas en México tienen entre 15 y 29 años, según el INEGI, lo que representa cerca de una cuarta parte de la población. En Michoacán, este grupo etario constituye aproximadamente el 26% de sus habitantes, un bono demográfico que no durará para siempre.

    El PRD Michoacán ha apostado de manera decidida por las juventudes: de nuestros 19 alcaldes, 10 son menores de 35 años, y en nuestras estructuras municipales contamos con jóvenes que hoy toman decisiones y ejercen liderazgos reales. Esto demuestra que cuando se abren espacios y se confía en su capacidad, las y los jóvenes no solo participan, sino que transforman la realidad desde sus comunidades.

    La oportunidad es clara. Si se les brinda educación de calidad, empleo digno, acceso a la salud, vivienda y participación política real, pueden convertirse en el motor del desarrollo social y económico del estado y del país.

    Sin embargo, los retos son tan evidentes como urgentes. En el plano nacional, el 42% de las y los jóvenes trabajan en condiciones de informalidad. En Michoacán, la migración juvenil hacia otros estados o al extranjero es una señal de que el talento se está yendo. El acceso desigual a la educación superior, la inseguridad, la violencia de género y las adicciones son problemas que no pueden seguirse postergando.

    La nueva izquierda entiende que la justicia social para la juventud no es caridad, sino un derecho. Esto implica políticas públicas con tres ejes centrales:

    Garantizar derechos universales: educación gratuita y de calidad en todos los niveles, salud mental y física, acceso a vivienda y transporte digno.

    Redistribuir oportunidades: empleo formal, salarios justos y programas de emprendimiento que incluyan a quienes viven en zonas rurales, indígenas o con rezagos históricos.

    Ampliar la participación política y social: consejos juveniles vinculantes, representación efectiva en el Congreso y en los cabildos, y apoyo a movimientos culturales y comunitarios liderados por jóvenes.

    Frente a las narrativas que reducen a los jóvenes a un “futuro” indefinido, es fundamental reconocer que la juventud es presente y que sus problemas y sueños deben formar parte de la agenda inmediata. No hay democracia sólida ni desarrollo sostenible sin el protagonismo de quienes hoy estudian, trabajan, crean, luchan y defienden causas en todos los rincones del país.

    Michoacán tiene retos particulares, pero también aspectos demográficos, educativos, tecnológicos, sociales y culturales que pueden potenciar el papel de los jóvenes. Aprovechar este potencial implica conectar el talento local con los grandes proyectos de infraestructura, innovación y desarrollo regional.

    La izquierda actual debe asumir que apostar por la juventud no es una mera estrategia electoral, sino un deber histórico; implica tejer un pacto intergeneracional en el que la experiencia de las generaciones mayores se combine con la energía y creatividad de las nuevas, en un marco de respeto, equidad y solidaridad. Porque, como bien señala la Declaración Universal sobre la Juventud, “el desarrollo de la humanidad exige el despliegue pleno del potencial de todos los jóvenes”.

    La juventud no espera concesiones, exige derechos, justicia y futuro. El llamado es claro: que cada política pública, cada presupuesto y cada acción de gobierno sean evaluados por su impacto en la vida de las y los jóvenes. Solo así, el Día Internacional de la Juventud será más que una efeméride, será la reafirmación de un compromiso con el presente, con Michoacán y con el país que queremos construir.

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    *Octavio Ocampo Córdova. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha tenidos diversos cargos en el PRD, hasta llegar a la dirigencia estatal. Fue presidente municipal de Tuzantla. Diputado local en dos ocasiones. Actualmente dirige al Partido de la Revolución Democrática Michoacán y es diputado en la 76 Legislatura del Congreso del Estado.

  • OPINIÓN. “Juventud 2025: romper muros, abrir caminos”. Por Octavio Ocampo Córdova

    OPINIÓN. “Juventud 2025: romper muros, abrir caminos”. Por Octavio Ocampo Córdova

    Por OCTAVIO OCAMPO CÓRDOVA*

    La juventud no solo es una edad o un dato demográfico, es ante todo una esperanza de cambio, formas de cuestionar el status quo. Es mirar el mundo y atreverse a decir que las cosas pueden —y deben— ser distintas. Es inconformarse con la injusticia aunque parezca “normal”, incomodarse con lo que todos aceptan y señalar lo que nadie quiere ver. Ser joven es no dar por sentado que las reglas son inamovibles, es preguntarse por qué las cosas se hacen como se hacen… y, sobre todo, imaginar otras maneras de hacerlas.

    En 2025, ser joven en México significa enfrentar una realidad donde las oportunidades no siempre alcanzan para todos, donde la violencia, la desigualdad y la crisis climática marcan la vida cotidiana. Pero también significa vivir en un tiempo donde la tecnología conecta, donde las luchas por la diversidad y la equidad ganan espacios, y donde las voces jóvenes tienen el potencial de convertirse en la fuerza transformadora que el país necesita. Cuestionar no es destruir: es abrir la puerta a lo nuevo.

    Por ello, el Día Internacional de la Juventud no es una fecha para la retórica vacía, sino para una reflexión profunda: ¿qué significa ser joven en México en 2025 y cómo se construye un futuro digno en un país con profundas desigualdades, pero también con un potencial enorme? En el marco de la nueva izquierda, el compromiso con las juventudes debe ir más allá de los discursos y convertirse en una estrategia integral que coloque a las y los jóvenes en el centro del proyecto de nación.

    Hoy, más de 30.4 millones de personas en México tienen entre 15 y 29 años, según el INEGI, lo que representa cerca de una cuarta parte de la población. En Michoacán, este grupo etario constituye aproximadamente el 26% de sus habitantes, un bono demográfico que no durará para siempre.

    El PRD Michoacán ha apostado de manera decidida por las juventudes: de nuestros 19 alcaldes, 10 son menores de 35 años, y en nuestras estructuras municipales contamos con jóvenes que hoy toman decisiones y ejercen liderazgos reales. Esto demuestra que cuando se abren espacios y se confía en su capacidad, las y los jóvenes no solo participan, sino que transforman la realidad desde sus comunidades.

    La oportunidad es clara. Si se les brinda educación de calidad, empleo digno, acceso a la salud, vivienda y participación política real, pueden convertirse en el motor del desarrollo social y económico del estado y del país.

    Sin embargo, los retos son tan evidentes como urgentes. En el plano nacional, el 42% de las y los jóvenes trabajan en condiciones de informalidad. En Michoacán, la migración juvenil hacia otros estados o al extranjero es una señal de que el talento se está yendo. El acceso desigual a la educación superior, la inseguridad, la violencia de género y las adicciones son problemas que no pueden seguirse postergando.

    La nueva izquierda entiende que la justicia social para la juventud no es caridad, sino un derecho. Esto implica políticas públicas con tres ejes centrales:

    Garantizar derechos universales: educación gratuita y de calidad en todos los niveles, salud mental y física, acceso a vivienda y transporte digno.

    Redistribuir oportunidades: empleo formal, salarios justos y programas de emprendimiento que incluyan a quienes viven en zonas rurales, indígenas o con rezagos históricos.

    Ampliar la participación política y social: consejos juveniles vinculantes, representación efectiva en el Congreso y en los cabildos, y apoyo a movimientos culturales y comunitarios liderados por jóvenes.

    Frente a las narrativas que reducen a los jóvenes a un “futuro” indefinido, es fundamental reconocer que la juventud es presente y que sus problemas y sueños deben formar parte de la agenda inmediata. No hay democracia sólida ni desarrollo sostenible sin el protagonismo de quienes hoy estudian, trabajan, crean, luchan y defienden causas en todos los rincones del país.

    Michoacán tiene retos particulares, pero también aspectos demográficos, educativos, tecnológicos, sociales y culturales que pueden potenciar el papel de los jóvenes. Aprovechar este potencial implica conectar el talento local con los grandes proyectos de infraestructura, innovación y desarrollo regional.

    La izquierda actual debe asumir que apostar por la juventud no es una mera estrategia electoral, sino un deber histórico; implica tejer un pacto intergeneracional en el que la experiencia de las generaciones mayores se combine con la energía y creatividad de las nuevas, en un marco de respeto, equidad y solidaridad. Porque, como bien señala la Declaración Universal sobre la Juventud, “el desarrollo de la humanidad exige el despliegue pleno del potencial de todos los jóvenes”.

    La juventud no espera concesiones, exige derechos, justicia y futuro. El llamado es claro: que cada política pública, cada presupuesto y cada acción de gobierno sean evaluados por su impacto en la vida de las y los jóvenes. Solo así, el Día Internacional de la Juventud será más que una efeméride, será la reafirmación de un compromiso con el presente, con Michoacán y con el país que queremos construir.

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    *Octavio Ocampo Córdova. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha tenidos diversos cargos en el PRD, hasta llegar a la dirigencia estatal. Fue presidente municipal de Tuzantla. Diputado local en dos ocasiones. Actualmente dirige al Partido de la Revolución Democrática Michoacán y es diputado en la 76 Legislatura del Congreso del Estado.