Categoría: OPINIÓN

Por BORIS GONZÁLEZ CEJA*

Algunas personas tienen la duda de si es mejor ir con un psicólogo o con una psicóloga, y generalmente nos encontramos en que las mujeres prefieren terapeutas de su mismo sexo, lo mismo que los hombres; por lo que las reflexiones sobre género y terapia psicológica son bienvenidas y necesarias, sobre todo en un momento donde cualquiera la hace de psicólogo.

¿Cómo influyen las percepciones de género en la decisión entre consultar a una psicóloga o a un psicólogo?

El tema del género es muy importante, y aunque en realidad una elección debería basarse en las capacidades profesionales de la o el psicólogo, regularmente esta decisión tiene muchas veces un trasfondo sexista, con base en estereotipos y estigmas: una mujer cuida, protege, es amable y cariñosa ¿y los hombres psicólogos no tienen esas cualidades?

Al igual que una psicóloga que puede ser directa, confrontativa y sin rodeos, hay psicólogos hombres que pueden ser débiles, hasta mediocres en su forma de entender los problemas mentales.

Algunos datos pueden ayudar a comprender otra forma de las elecciones: el 80 % de los usuarios de www.psicologiaydesarrollocomunitario.com prefieren psicólogas, el 70 % de los usuarios masculinos prefieren psicólogas y el 82 % de los usuarios que buscan terapia psicológica en temas familiares o de pareja prefieren una psicóloga mujer.

Los pacientes que quieren atender una adicción tienen una preferencia mayor por los psicólogos hombres. Claro está: una mujer que viene de procesos violentos con un hombre, no va a querer para nada a un psicólogo hombre.

Como puede observarse, las elecciones para tomar terapia es relevante, sobre todo por la historia del paciente, y también del psicólogo, que cuando lleva experiencia, preparación y dominio del tema, sus resultados son increíbles.

¿Hasta qué punto esta distinción entre hombre y mujer es realmente relevante en el proceso terapéutico? Yo considero que es una decisión importante que se da desde la primera sesión, desde la formalidad profesional de la o el psicólogo, de que la persona que paga por una terapia tenga un resultado benéfico en su vida.

¿Psicóloga o Psicólogo? Estas reflexiones sobre la influencia del género en la terapia son fundamentales; ya que si vas con el odontólogo, siempre va a haber una preferencia por si es mujer u hombre, inconsciente, pero existe siempre una elección que tenemos que tomar, por comodidad, hasta por suposiciones, pero aparece.

Otra de las realidades sobre elegir a una psicóloga en la mayoría de los casos es que las mujeres representan al 90 % del total del gremio.

Y la modernidad tiene sus variaciones que no debemos de pasar desapercibidas: la preferencia por psicólogas disminuye entre la Generación Z (nacidos aproximadamente entre 1997 y 2012, nativos digitales) y los usuarios más jóvenes, quienes tienen más probabilidades de mostrar una preferencia sin discriminación por psicólogos LGBTQ+ o POC (persona orientadora comunitaria).

Como quiera que sea, invitamos a las personas a que busquen ayuda profesional con psicólogos o psicólogas de su confianza, que les genere un deseo que les permita preguntarse sobre su porvenir, pensando en el pasado de manera responsable y saludable.

Al final de todo es una inversión de vida, como pocas a las que actualmente tenemos acceso.

Cada paciente tiene todo el derecho a decidir a quién le brinda la confianza de su tratamiento y seguimiento, la recomendación siempre es que al buscar apoyo psicológico, verifiquen que se trate de profesionales de la salud mental debidamente acreditados con título y cédula.

Causas y azares…

• Las comunidades no necesitan proyectos perfectos, sino posibles. Con el anuncio de improvisados que hablan de salud mental, ya sería un gran avance el que se hiciera lo básico en el tema: basificar al personal eventual de la Secretaría de Salud, por ejemplo.
• Crece 20 % el consumo del fentanilo en la frontera de México, especialmente en ciudades como Mexicali, sin una estrategia local clara para abordar esa lacra social que afecta la salud y después, pero casi siempre, la seguridad de las personas y sus familias.
• Alarmante el número de nuevos casos de VIH en México -más de 12 mil en lo que va del año-, lo que habla del fracaso histórico en las políticas de prevención de enfermedades, y la mediocre y pobre estrategia de Educación Integral en Sexualidad, con la irresponsabilidad de autoridades y personas.
• Los hospitales y centros de salud de Michoacán se encuentran en condiciones deplorables: no hay medicamentos, no hay insumos para la atención, incluso los inmuebles están en condiciones insalubres y a punto del colapso, lo que representa un alto riesgo tanto para la población usuaria, como para el personal; entonces se viene la pregunta obligada ¿Dónde está el IMSS Bienestar?

Hasta la próxima, que el amor, a pesar de sus pesares, ofrece una felicidad que bien vale la pena.

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• Boris González Ceja. Es licenciado en Psicología y Maestro Educación y Docencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Experto en proyectos de salud mental para resultados y fortalecimiento de equipos de especialistas en psicología en temas de violaciones graves de derechos humanos. Consultor de organismos nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Notoriedad por excelentes estudios de psicología, investigaciones para leyes y por resolver problemas acuciantes a nivel internacional desde la ciencia.

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Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

Uno de los aspectos que más se ha enriquecido en el derecho electoral mexicano, ya sea por la vía de reformas electorales, o bien, por la vía jurisdiccional, es la ampliación de los derechos político electorales.

En esta línea se encuentra, por efectos de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el voto de las personas en prisión preventiva, cuya implementación en los últimos procesos electorales ha visibilizado la necesidad de la credencialización a este grupo de personas, misma que ha sido también ordenada por la vía jurisdiccional, en el expediente SUP-REC-342/2023.

En dicha resolución, la Sala Superior del máximo Tribunal Electoral en el país reconoció que la Credencial para Votar, aunque surgió como instrumento para el ejercicio del sufragio, ha sido ampliamente aceptada como medio oficial de identificación, al contener datos que permiten acreditar a la persona ante terceros, tales como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, huella, firma y fotografía. Por ello, la autoridad electoral también se ha constituido en garante del derecho a la identificación, a través de la expedición de la credencial para votar.

Asimismo, en dicha sentencia, se resaltó que la falta de un documento de identificación agrava la condición de vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad, colocándolas en una situación de “limbo jurídico” que obstaculiza el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En congruencia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de implementar mecanismos de identificación que permitan a toda persona obtener documentos de identificación, asegurando que éstos sean accesibles jurídica y geográficamente, como garantía sustancial del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.

Por lo anterior, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral probó el pasado 28 de agosto los Lineamientos para la credencialización de las Personas Privadas de la Libertad.

En dichos lineamientos se dispone que las solicitudes de trámites registrales que presentan las Personas privadas de la Libertad ante las oficinas del INE, trátese de Personas en Prisión preventiva o Personas con sentencia condenatoria, únicamente podrán ser gestionadas para personas localizadas en Centros Penitenciarios que cuenten con un Convenio de Colaboración vigente formalizado con el Instituto Nacional Electoral.

De manera que este será otro de los retos que tendrán los órganos desconcentrados del INE, una vez que se formalicen los convenios correspondientes.

Las personas privadas de su libertad que soliciten voluntariamente su inscripción o actualización en el Padrón Electoral deberán presentar los mismos 3 documentos que se solicitan a toda persona ciudadana que realiza dichos trámites: Comprobante de nacionalidad mexicana (acta de nacimiento o carta de naturalización), comprobante de domicilio e identificación con fotografía.

Pero de manera especial para este grupo se le requerirá un formato de solicitud de expedición de credencial y manifestación de Enlace, o escrito libre en el que conste su manifestación libre de obtener su Credencial para Votar y el nombre de la persona Enlace, firmado por la persona privada de la libertad.

La persona Enlace es aquella que podrá apoyar a las personas privadas de su libertad en la solicitud y gestión de trámite de la Credencial para Votar con fotografía.

Ahora bien, sensibles de que una persona privada de la libertad podría tener serias dificultades para reunir los comprobantes requeridos, los Lineamientos establecen una serie de facilidades, como las que se establecen en seguida.

Con el fin de contar con el Acta de Nacimiento como uno de los documentos requeridos para obtener la Credencial para Votar, el Instituto celebrará con el Registro Nacional de Población e Identidad el o los Convenios de apoyo y Colaboración con el objeto de facilitar la obtención de ese documento de identidad para realizar el proceso de credencialización de las personas privadas de la libertad.

En el caso de que la Persona privada de la Libertad no cuente con un comprobante de domicilio podrá optar por que se registre la dirección del Centro Penitenciario o la entidad federativa y municipio de nacimiento. En caso de contar con un registro previo, podrá solicitar que se mantenga el domicilio registrado.

Las personas privadas de la libertad que no cuenten con una identificación con fotografía podrán identificarse con alguna de sus huellas dactilares o mediante la identificación por su fotografía, producto de la búsqueda e identificación en la base de datos nacional del Padrón Electoral.

Por otro lado, recibida la solicitud de trámite o un escrito libre en el mismo sentido, mediante la persona Enlace, la Vocalía del registro Federal de Electores correspondiente efectuará la validación de la documentación recibida, para que en caso de acreditar los requisitos se coordine con las autoridades del centro penitenciario, en términos del Convenio suscrito, programar la fecha y horario para la realización del trámite al interior del centro de reclusión, a donde se constituirá un Módulo de Atención Ciudadana itinerante.

Ahora bien, la Credencial expedida para las personas privadas de la libertad tendrá dos modalidades, una para las personas en prisión preventiva, podrá ser utilizada para el ejercicio de sus derechos político electorales y como identificación; pero para las personas con sentencia condenatoria se generará la Credencial para Votar que solo podrá ser utilizada como identificación, los registros se mantendrán en la base de datos del Padrón Electoral, con el estatus: “suspendido de sus derechos político electorales y credencial válida sólo para efectos de identificación”.

La entrega de la credencial deberá efectuarse de manera directa y personal al titular, sin embargo, dadas las condiciones particulares de esta población privada de su libertad, se prevé que una vez entregada, la persona titular pueda solicitar al INE su resguardo por hasta 10 años, esto es, por el tiempo de la vigencia de la propia credencial.

En suma, los lineamientos representan un paso importante que da el Instituto para que las personas privadas de la libertad participen en la vida pública del país y cuenten con un elemento útil para su identificación y su reinserción una vez que salgan en libertad.

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*David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

Por JUAN ADOLFO MONTIEL*

En días pasados, la Comisión Presidencial para una Reforma Electoral convocó, a través de su página de internet, a audiencias públicas, esto es que toda aquella persona interesada se podía inscribir para presentarse por cinco minutos ante la Comisión y exponer su propuesta sobre lo que debiera contener una reforma electoral.

La verdad es que en estos días hemos visto de todo y sin ningún sentido, es decir, propuestas sobre el sistema jurisdiccional, sobre la conformación política de los órganos de representación, sobre la pertinencia de mantener o modificar a los órganos administrativos electorales.

En las exposiciones por cinco minutos, cada persona que ha acudido expresa su propuesta, o lo que quiera manifestar, y la Comisión le responde “muy bien, gracias, la siguiente persona”. Ahora anuncian que se realizarán debates sobre propuestas que son distintas, para que argumenten cuál sería la mejor.

Sin embargo, me parece que realizar estos ejercicios sin una postura clara sobre la que hay que analizar y discutir, es simplemente una lluvia de ideas o una tormenta de propuestas sin ningún sentido.

Es importante que se presente una propuesta sobre la cual se analicen las ventajas y cuáles las desventajas. Modelos democráticos hay diversos y muchos, como países en el mundo, modelos para aplicar mayor democracia existen en cada uno de los países. Pero el que requiere el Estado mexicano, nuestro país, tiene que ser específico y particular, con una transición hacia mayor democracia, mayor participación. Por eso urge una iniciativa, una propuesta sobre la que hay que llevar a cabo el análisis.

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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

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Por JOSÉ CRUZ DELGADO*

Al partido en el poder (Morena) lo persiguen los escándalos de la corrupción, ya no la ve llegar, cada día más políticos y políticas inmiscuidos en actividades ilícitas. El último fue protagonizado por la exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaboradora directa con el crimen organizado.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), durante su gestión municipal, Brown habría servido de puente político entre la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y el gobierno local, protegiendo operaciones de los hermanos Arzate —jefes de plaza en la región— y facilitando nombramientos estratégicos en la administración pública.

El informe de sanciones la describe como parte de una red que incluía a empresarios y operadores políticos, a través de los cuales el cártel lavó dinero, recaudó extorsiones y aseguró protección institucional en Rosarito, un corredor clave para el tráfico de drogas hacia California.

El documento sostiene que a través de empresarios locales y el operador político Candelario Arcega, la entonces presidenta municipal permitió la colocación de aliados del cártel en puestos estratégicos del gobierno municipal y facilitó acuerdos con la Secretaría de Seguridad Pública local.

El gobierno estadounidense incluyó a Brown en su lista negra bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten congelar activos, bloquear transacciones y sancionar a quienes colaboren con organizaciones criminales o terroristas.

El último de los escándalos fue el nombramiento de Carlos Lomelí Bolaños, como presidente de la Comisión de Marina, a pesar de a pesar de su turbio historial de corrupción, negocios con el gobierno y vínculos confesos con el narcotráfico, quien ha gozado de la protección del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sehimbaum.

Pese a que la Secretaría de la Función Pública abrió varias investigaciones en su contra por corrupción y conflicto de interés, sus presuntos actos de corrupción fue premiado con dicho nombramiento que, según
especialistas, es un contrasentido que erosiona la credibilidad del Senado.
Sin duda, fue un duro fregadazo político para Alito, dirigente nacional del PRI quien era el titular de dicha comisión y para Morena fue muy oportuna su remoción tras los escándalos de corrupción de altos mandos de la Secretaría de Marina. Efectivamente, la designación fue presentada como un simple relevo institucional, pero en los hechos significa que la institución responsable de supervisar la Armada de México queda en manos de un político señalado por Estados Unidos de haber vendido químicos al Cártel de Sinaloa.

Desde la oposición, el nombramiento fue tachado de “albazo” y “revanchismo político” pero palo dado ni Dios lo quita.

El priista Manuel Añorve acusó que Sheinbaum solo administra problemas heredados de López Obrador al tener que salir todos los días a justificar los escándalos de corrupción, la expansión del crimen organizado y los conflictos con el gobierno de Estados Unidos. El problema de la presidenta es que no gobierna, administra la maldita herencia de López Obrador: La Barredora, el huachicol fiscal, los hijos del expresidente, Segalmex, los medicamentos de Birmex, el fracaso de las caravanas de salud. Ella carga con problemas que no generó, pero que todos los días la rebasan, afirmó.

El senador Alito Moreno dijo que la medida responde a un acto de autoritarismo y revancha política por parte de López Hernández. Sostuvo que su postura crítica hacia el gobierno de Morena, al que acusa de corrupción y complicidad con el narcotráfico, motivó su destitución.

Por lo pronto anunció que emprenderá una gira internacional para denunciar lo que calificó como la existencia de un “narco gobierno terrorista” en México.

Tiene razón la presidenta Claudia Sehimbaum, Andrés Manuel López Obrador está en el corazón de la gente, pues se le recuerda como el peor mandatario de todos los tiempos, el que más endeudó al país, el que dió abrazos a los delincuentes y el que fomentó la corrupción y tráfico de influencias, así que ni como olvidarlo.

Sehimbaum, su administradora continúa su legado y no solo eso sino que se ha convertido en su defensora de oficio.}

Dijo la presidenta que a casi un año de que concluyó el gobierno de López Obrador, persiste una campaña de calumnias contra él por parte de quienes no aceptan haber perdido privilegios, sí, se los quitó para dárselos a sus secuaces.

A pesar de las críticas, Sheinbaum aseguró que López Obrador sigue presente en el corazón de la población.
El presidente López Obrador está en el corazón del pueblo de México y de ahí nunca se lo van a arrebatar, claro que no presidenta, seguirá siendo el presidente más ratero de la historia.

Por BORIS GONZÁLEZ CEJA*

Como psicólogo, platico cotidianamente con muchos tipos de personas, sanas y enfermas, buenos ciudadanos y delincuentes, y uno de estos últimos me dejó muy impactado con uno de sus dichos.

Siendo niño, su padre lo hincaba como enseñanza todo el día hasta la tortura, como método de crianza. Ya adulto, se convirtió en sicario y veía a sus víctimas como él se veía a los ojos de los tratos crueles de su padre.

¿Cómo podemos salir de esta espiral de ignorancia nacional, brutal cotidianeidad que nos ha dejado encerrados a los buenos y a los malos gobernando ciudades enteras? Todo pasa por acompañar y transformar con niños y adolescentes.

He insistido en que la clave de un mejor país es la psicoeducación, donde podemos sacar excelentes experiencias de contextos de cuidados, como la que proponemos con el Instituto Poblano de Readaptación (IPODERAC), una asociación sin fines de lucro, que atiende a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, sin lazos parentales sólidos, desde 1966.

Por contextos de cuidado nos referimos a diversos escenarios donde se realizan acciones de apoyo a personas, pudiendo ser cuidados domésticos, familiares, profesionales o comunitarios.

En especial quiero referirme a instituciones que brindan cuidado y alojamiento a niñas, niños y jóvenes que han perdido a sus padres o han sido abandonados por sus familias. Estos lugares buscan ofrecer un entorno seguro para que esos niños puedan desarrollarse de manera sana, y que las huellas de la violencia se conviertan en pistas para vidas positivas.

Se les conoce de distintos modos, de acuerdo con los métodos de crianza que utilizan, pudiendo ser orfanatos tradicionales, aldeas infantiles, hogares de acogida o programas de adopción, entre otros.

Son distintos los problemas que se encuentran en esos espacios de acogida, tales como las historias de vida desgarradoras no atendidas con las que llegan niñas y niños de sus familias de origen, o la negligencia por parte de cuidadores, abuso de adultos o entre pares, así como violencia en cualquiera de sus formas, hasta la inestabilidad por traslados constantes, falta de recursos económicos para la subsistencia y apoyo psicológico de baja calidad.

La Prevención de la Violencia Sexual en Contextos de Cuidado implica acciones focalizadas e intencionales para educar en límites, autocuidado y comunicación.

La base de la psicoeducación y concientización parte de enseñar el valor del cuerpo, fortalecer la autoestima y el autocuidado, además de desarrollar habilidades de comunicación, enseñando sobre “secretos buenos” y “malos” desde niños.

Las Medidas de Autoprotección que se tienen que enseñar a niñas, niños y adolescentes en esta época de abandono de la Educación Integral en Sexualidad por parte del Gobierno, deben incluir la confianza en las “corazonadas”, conocer los límites personales y buscar elegir lugares públicos, aunque nos queden pocos.

Si el problema de la violencia sexual ya está dado y no lo pudimos prevenir, hay que atenderlo. La atención debe considerar un proceso de detección profesional, ser integral, respetuosa y multidisciplinaria, coordinando servicios de salud, legales y sociales para garantizar el apoyo psicosocial a las víctimas. La atención de emergencia incluye no tocar ni lavar objetos, además de acompañamiento y respeto por las víctimas.

La coordinación de los servicios en contextos de cuidado requiere el trabajo profesional de un equipo multidisciplinario (psicólogos, educadores, directivos, entre otros), donde siempre es importante informar sobre sus derechos a las víctimas y la canalización para que las personas reciban apoyo psicológico y jurídico.

El último paso de una buena atención aplicada es la canalización, y se implementa para lograr la continuidad asistencial, lograr la racionalización de recursos y conseguir el acceso universal a servicios de salud mental, jurídicos y el restablecimiento de la dignidad humana.

Causas y azares…

• Que muchos municipios no puedan celebrar el 15 de septiembre por amenazas de narcoterrorismo habla del dominio de los narcotraficantes en esos municipios, con el visto bueno de autoridades coludidas e inútiles para la población.
• Tenemos información de municipios donde los narcotraficantes cobran los impuestos, por ejemplo de agua, con pistolas en los escritorios. ¿Alguien de la Secretaría de Gobernación lee esto? ¿O somos los únicos que se enteran de tan aberrantes situaciones cotidianas?
• La SEMAR se encuentra en un momento de descrédito del que no hay vuelta atrás, por la avaricia de unos cuantos. La militarización del país empieza a cobrar cuotas en todos los niveles, donde la corrupción ha alcanzado y desviado nuestros mejores recursos. Tenemos pruebas y no tenemos dudas.   

Hasta la próxima, que la felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí.

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• Boris González Ceja. Es licenciado en Psicología y Maestro Educación y Docencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Experto en proyectos de salud mental para resultados y fortalecimiento de equipos de especialistas en psicología en temas de violaciones graves de derechos humanos. Consultor de organismos nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Notoriedad por excelentes estudios de psicología, investigaciones para leyes y por resolver problemas acuciantes a nivel internacional desde la ciencia.

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Por ARACELI GUTIÉRREZ CORTÉS*

Tuvieron que pasar 215 años de la independencia de México y más de sesenta Presidentes, para poder ver a una Presidenta dar el grito de independencia, izar la bandera frente al zócalo y tocar la campana que representa el llamado original de Miguel Hidalgo a levantarse contra el gobierno virreinal. 

Más allá de las ideologías políticas, la presencia de una mujer en ese balcón es simbólicamente importante tras una historia de siglos de discriminación, no olvidemos que “la democracia” nació como una forma de organización que fue excluyente; en las ágoras griegas donde los hombres se reunían para tomar las decisiones importantes, no podían participar los hombres de color, ni los esclavos, ni las mujeres.

Cuando se abolió la esclavitud en la República Mexicana con el decreto presidencial de Vicente Guerrero del 15 de septiembre de 1829, todos los hombres sin importante su color de piel estuvieron en condiciones de ejercer sus derechos políticos, votar y ser votados, así como asociarse libremente en organizaciones políticas, pero las mujeres no, independiente de su estrato social, ninguna mujer podía ejercer esos derechos.

Sería pues, hasta 1953 (más de un siglo después de la independencia), cuando se reconoció la calidad de ciudadanas a las mujeres, con facultad para ejercer sus derechos. En el debate legislativo de ese año, a muchos legisladores les preocupaba que, de darse el voto a las mujeres, éstas votarían igual que sus esposos, o peor aún, serían influidas por el clero; en otras palabras, les preocupaba que las mujeres no fueran capaces de decidir por si mismas.

Finalmente las mujeres, pudieron votar por primera vez, apenas hace 70 años, en 1955. La primera ministra de la Suprema Corte y la primera Magistrada de un Tribunal llegaron apenas en los años setenta. La primera mujer que pudo inscribirse en la facultad de derecho de la Universidad Michoacana tuvo que promover un amparo en los años cuarenta para obligar a las autoridades universitarias a permitirle el ingreso.

Cuando pensemos que es exagerado festejar el primer grito de independencia de una mujer, pensemos en la historia. Si bien, hoy la Constitución política y las leyes mexicanas no distinguen entre los géneros y ante las leyes, todas, todos y todes somos iguales, los sesgos culturales de prácticas de subordinación hacia las mujeres siguen marcando una diferencia en la realidad social, muchas mujeres no han alcanzado su independencia económica ni su libertad, siguen bajo el mando de sus padres o esposos y esta situación se acentúa más en las zonas rurales o alejadas de la capital.

No se diga si son madres solteras o cuidadoras del hogar o de personas que no pueden valerse por sí mismas. La mayoría de las mujeres, aunque tengan empleos, siguen asumiendo por entero la carga del hogar y de los hijos, las condiciones para dedicarle tiempo a la política entre hombres y mujeres son distintas, por eso seguimos hablando de igualdad sustantiva, porque la igualdad formal, aun no logra emparejar el piso.

Por eso fue relevante el grito de Claudia, porque más allá de las ideologías políticas, su presencia en ese lugar es una muestra de los grandes avances en los derechos de las mujeres mexicanas.

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*Areceli Gutiérrez Cortes. Es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con dos maestrías: En Gobierno y Asuntos Públicos; y, Derecho Procesal Constitucional. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral. Integrante de Abogadas de Michoacán A.C. Ha sido asesora en el Senado de la República. Funcionaria, consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Por OCTAVIO OCAMPO CÓRDOVA*

Este 15 de septiembre, México conmemoró el 215 aniversario del inicio de la Independencia. Pero más allá de la evocación histórica que cada año nos convoca, en 2025 vivimos un momento inédito: por primera vez en la vida independiente del país, una mujer salió al balcón del Palacio Nacional para dar el Grito de Independencia.

El hecho no solo quedará inscrito en los anales de la historia política mexicana, sino que también marca un punto de inflexión en la lucha feminista y en la construcción de la democracia nacional. La imagen de una presidenta encabezando la ceremonia representa un triunfo de décadas de exigencias por igualdad, pero también un acto de unidad, cordialidad y concordia que inspira la mejor versión de cada mexicana y cada mexicano.

La perfectibilidad de la democracia exige dar pasos firmes hacia la plena representación de las mujeres en la toma de decisiones. La paridad política debe traducirse en políticas públicas y en legislaciones con perspectiva de género que impacten directamente a las familias, muchas de las cuales – conviene recordarlo – están encabezadas por mujeres. No basta con discursos: la representación debe reflejarse en resultados tangibles, en condiciones de igualdad en lo laboral, lo económico y lo social.

Hoy, a propósito del Día de la Igualdad Salarial, es necesario subrayar que aún existen grandes pendientes. La brecha salarial de género en México, de acuerdo con el IMCO, es de alrededor del 15%, lo que significa que por cada 100 pesos que un hombre recibe, una mujer gana 85 pesos. Además, esa brecha se agrava cuando una mujer tiene hijas e hijos: el ingreso relativo desciende mucho más, comparado con parejas u hombres en igual situación.

En el mundo corporativo también hay datos preocupantes: las mujeres representan el 43% de la plantilla laboral, pero solo 3% de las empresas tienen a una mujer en la dirección general. En áreas específicas, solo el 11% ocupan direcciones financieras y alrededor del 23‑25% direcciones jurídicas. En los consejos de administración de las empresas que cotizan en Bolsa, apenas un 13% de los puestos son ocupados por mujeres.

Estos datos muestran que, aunque hemos avanzado, persisten brechas estructurales profundas en liderazgo, autonomía económica, remuneración y acceso real a espacios de decisión.

Los hombres, por nuestra parte, tenemos la obligación de entender y asumir la perspectiva de género no como una consigna, sino como una acción cotidiana. Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, garantizar su derecho a decidir y abrirles las puertas de la participación política y social es una tarea que fortalecerá la economía nacional y el desarrollo del país en su conjunto.

El Grito que escuchamos la noche del 15 de septiembre de 2025 nos convoca a unirnos. México es plural, diverso en ideas y visiones, y ese pluralismo es la riqueza que da sentido a nuestra democracia. El “¡Viva México!” que resonó en cada rincón de la nación simboliza la concordia, la unidad y la esperanza compartida.

En el PRD Michoacán, estos valores se enlazan con nuestra identidad: la pluralidad de ideas y la lucha por la democracia, banderas que abrieron paso a la alternancia en el poder. A lo largo de su historia, el PRD fue pionero en impulsar la participación política de las mujeres, primero con las cuotas de género, que más tarde se transformaron en paridad, y hoy, con una mujer al frente del país, se constata que aquellas luchas rindieron frutos. Este esfuerzo cristaliza con orgullo en el hecho de que una presidenta represente el Grito de Independencia. Es un triunfo de la historia democrática de México y un legado que inspira a continuar construyendo un país más igualitario.

Y con la fuerza de las voces que se alzaron en el balcón aquella noche histórica, hago mías las arengas de la Presidenta de México:

“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva Josefa Ortiz Téllez‑Girón!
¡Viva José María Morelos y Pavón!
¡Viva Leona Vicario!
¡Viva Ignacio Allende!
¡Viva Gertrudis Bocanegra!
¡Viva Vicente Guerrero!
¡Viva Manuela Molina ‘La Capitana’!

¡Vivan las heroínas anónimas!
¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!
¡Vivan las mujeres indígenas!
¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!
¡Viva la dignidad del pueblo de México!
¡Viva la libertad!
¡Viva la igualdad!
¡Viva la democracia!
¡Viva la justicia!
¡Viva México libre, independiente y soberano!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”

Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

El pasado 4 de agosto, el INE a nivel nacional presentó la plataforma de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024, a la cual se tiene acceso desde un micrositio particular en el portal público del INE en internet, o de manera directa en:https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion

La base de datos que se construyó fue gracias al trabajo de las 300 Juntas Distritales Ejecutivas del país (11 en Michoacán) que capturaron la información de las listas nominales de electores utilizadas en cada elección federal desde 2009 a 2024, con la supervisión de las Juntas Locales Ejecutivas.

Se trata de una plataforma amigable que dispone de diversos filtros que permite focalizar  información a través de “Año”, “Estado”, “Municipio”, “Distrito Federal”, “Distrito Local”, “Sección”, “Edad”, “Etapa de vida”, “Grupo quinquenal”, “Sexo”, “Tipo de Sección”, “Población indígena y afromexicana”.

La plataforma también permite generar datos comparativos como por ejemplo “La participación por estado un año contra otro año” o generar tablas de participación por tipo de sección, “participación por cuartiles”, “diferencia de participación entre procesos electorales federales”, “votación por estado entre hombres y mujeres”.

También cuenta con información de la participación en relación al voto anticipado y al voto en prisión preventiva en las elecciones federales de 2024.

Por ejemplo, utilizando los diversos filtros, podemos localizar que en las elecciones de 2024 se tuvo un porcentaje nacional de participación ciudadana del 59.7%, mientras que, en Michoacán, la participación se ubicó por debajo con un 54%.

Ahora bien, si filtramos la información de 2024 por municipio, lo bajamos a una tabla de tabulación cruzada y ordenamos los municipios de mayor a menor participación ciudadana, nos encontramos que el municipio que tuvo mayor participación fue Charapan con el 75.9%, por cierto, fue en 2024 un municipio que estuvo a punto de no permitir la ubicación de casillas.

Con la misma tabla generada, encontramos que el municipio con menor participación fue Aguililla con el 37.5%, lo cual responde a un proceso muy fuerte de emigración.

Pero además hay datos muy interesantes, la plataforma puede generar información sobre grupos de edad quinquenales, y me permití filtrar a las personas ciudadanas con 100 años o más, y me encontré con sorpresas interesantes.

A nivel nacional hay 19,765 personas ciudadanas en lista nominal con 100 años y más, de las cuales 1,085 se encuentran en Michoacán. Pues bien, la participación de este grupo de edad a nivel nacional fue del 18.5%, mientras que en Michoacán fue del 15.4%, es decir, en las elecciones presidenciales del 2024 votaron 148 personas ciudadanas de Michoacán con 100 años y más. Por cierto, el mayor porcentaje de participación de este grupo de edad fue en Yucatán con el 22.4%.

Aunque podría ser una obviedad, numéricamente los de 100 años y más se localizan en Morelia, con 142 en la Lista Nominal, de los cuales votaron 19.

En fin, hay una multiplicidad de posibilidades de análisis, que depende de las temáticas de interés de quién guste de procesar información estadística, por lo que les invito a navegar en la plataforma y aplicar diversos filtros.

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*David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

Por BORIS GONZÁLEZ CEJA*

A través de la pluma de Mauricio Olivares-Méndez y un servidor, nos acercamos a usted, amable lector, para reflexionar en torno a la fortuna de ofrecer acogida a las y los migrantes.

La salud mental es una apuesta por el bienestar colectivo y la interconectividad. Por eso, con el decidido trabajo de cientos de psicólogas y psicólogos que hacemos la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, formamos parte de la Red Intersectorial para la Integración de Personas en Movilidad de Querétaro (RIIPMQ), donde buscamos visibilizar la necesidad de la inclusión, de la riqueza en la diversidad y de la necesidad de hacer conciencia de lo que cada uno de nosotros debemos hacer, para conformar una mejor sociedad.

Del 12 al 21 de septiembre, comunidades de todo el mundo nos unimos en la Semana de Bienvenida, una iniciativa que desde 2012 invita a reflexionar sobre algo fundamental: las sociedades más prósperas y resilientes son aquellas que abrazan la diversidad como una fortaleza, no como una amenaza.

En muchas ciudades del planeta somos testigos a diario de los flujos humanos que caracterizan nuestro tiempo. Personas que llegan buscando oportunidades, familias que reconstruyen sus vidas, jóvenes que persiguen sueños académicos, profesionales que aportan su experiencia.

Cada historia de movilidad humana representa una oportunidad de crecimiento mutuo, un intercambio que puede transformar tanto a quienes llegan como a quienes reciben.

Sin embargo, sabemos que la simple proximidad física no garantiza la integración. La verdadera acogida requiere de un trabajo consciente e intencional. Cuando construimos espacios donde las personas se sienten seguras de compartir sus experiencias, donde pueden expresar su identidad sin temor al rechazo, donde encuentran oportunidades reales de participación, estamos creando algo mucho más valioso que la mera coexistencia: estamos tejiendo comunidades de acogida.

Estos espacios de bienvenida genuina tienen efectos profundos en la salud mental y el bienestar de toda la comunidad.

La investigación en psicología social nos muestra que la convivencia positiva reduce significativamente los estresores sociales que afectan tanto a personas recién llegadas como a poblaciones de acogida.

Cuando eliminamos la incertidumbre sobre la aceptación, cuando generamos confianza a través del diálogo intercultural, cuando construimos redes de apoyo mutuo, estamos creando las condiciones para que todas las personas puedan desarrollar su potencial plenamente.

La acogida no es solo una cuestión de solidaridad; es una inversión inteligente en el desarrollo comunitario.

Las comunidades que logran integrar exitosamente la diversidad se benefician de una mayor creatividad, innovación y dinamismo económico. Cuando las personas se sienten parte de un lugar, y pueden contribuir desde sus fortalezas y experiencias únicas, cuando encuentran canales para participar en la vida social y económica, toda la comunidad se enriquece.

Vimos cómo la llegada de personas de diferentes orígenes ha revitalizado barrios, ha traído nuevas perspectivas a nuestras empresas, ha enriquecido nuestra oferta gastronómica y cultural, ha fortalecido nuestras instituciones educativas.

Pero también hemos aprendido que estos beneficios no surgen automáticamente: requieren de políticas públicas intencionales e inclusivas, de espacios de encuentro intercultural, de programas que faciliten la integración, de actitudes individuales y colectivas que privilegien la empatía sobre el prejuicio.

La sensibilidad intercultural no se desarrolla en el vacío. Necesita de oportunidades concretas para el encuentro, de espacios donde las diferencias puedan ser celebradas en lugar de temidas.

Cuando creamos festivales que incluyen tradiciones de múltiples culturas, cuando diseñamos programas educativos que valoran la diversidad lingüística, cuando establecemos servicios públicos que reconocen las necesidades específicas de diferentes poblaciones, estamos construyendo la infraestructura social que hace posible la convivencia armónica.

Como Red, hacemos un llamado a sumarse a esta celebración global de la acogida. No solo durante estos días, sino como una práctica cotidiana de construcción comunitaria. Porque cuando apostamos por comunidades inclusivas, estamos apostando por el bienestar de todas las personas que las habitamos.

Causas y azares…

• El capitán de la intachable Secretaría de Marina, señalado en el caso de huachicol fiscal, murió y reportan suicidio. Si quieren que haya transparencia tienen que entrar peritos independientes que no trabajen para esa institución, de lo contrario, será otra de las viejas del Prian en Morena.
• Es el mes de la prevención del suicidio, y el gobierno aún no puede con ese sensible problema social.  

Hasta la próxima, que todos los destinos tienen un momento en el que se configuran, como si la vida entera se pudiera cifrar en una escena.

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• Boris González Ceja. Es licenciado en Psicología y Maestro Educación y Docencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Experto en proyectos de salud mental para resultados y fortalecimiento de equipos de especialistas en psicología en temas de violaciones graves de derechos humanos. Consultor de organismos nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Notoriedad por excelentes estudios de psicología, investigaciones para leyes y por resolver problemas acuciantes a nivel internacional desde la ciencia.

Conoce más en: https://linktr.ee/psicologiaparati

Por Guillermo Valencia Reyes*

En Michoacán, hemos sido testigos de una gran contradicción gubernamental: vetar sistemáticamente a Los Hermanos Jiménez, a pesar de haber sido recipiendarios años atrás de una significativa presea, justamente por sus méritos musicales acumulados en 51 años de trayectoria. Esto muestra una curva de aprendizaje del gobierno estatal, que va desde la persecución a la apología del delito hasta defender nuestra identidad cultural.

La reciente cacería contra Los Hermanos Jiménez durante 2025 siguió un patrón que habla por sí solo: El 21 de julio pasado, el gobierno estatal ordenó cancelar el concierto del 27 de julio en Taretan, bajo argumentos de apología del delito. El ayuntamiento no cuestionó la medida, simplemente acató.  El 3 de septiembre pasado, bajo la misma tónica, el titular del ejecutivo estatal pidió cancelar el concierto de Los Hermanos Jiménez del 15 de septiembre en Apatzingán.

En ambos casos, el patrón fue idéntico: decisiones de último momento, ausencia de criterios jurídicos claros y, sobre todo, la negativa a establecer un diálogo previo con los artistas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo Sexto protege la libertad de expresión y solo limita aquellas manifestaciones que constituyan “apología directa del delito” con intención evidente de incitar a la comisión de ilícitos. Los corridos de Los Hermanos Jiménez narran historias, retratan personajes y describen contextos sociales. Son crónica popular, no propaganda criminal. Sin embargo, en ausencia de criterios claros, cada autoridad municipal interpretó a conveniencia qué constituía “apología” y qué era “expresión cultural”.

Esta ambigüedad normativa se volvió arma de censura selectiva. Mientras se prohibían corridos tradicionales, se permitían otros géneros con contenido controversial, incluso, pagados con recursos públicos. Hubo ejemplos graves, porque grupos como los Farmerz brindaron conciertos en varios municipios michoacanos, recordando que ellos se hicieron famosos por glorificar en sus líricas al cártel del vecino estado de Jalisco. No hubo piso parejo.  La diferencia no estaba en el mensaje, sino en quién lo interpretaba y qué tan incómodo resultaba para el discurso oficial de “pacificación”.

Los Hermanos Jiménez no son advenedizos en la escena cultural michoacana. Surgieron hace más de medio siglo como un proyecto familiar que rescató la tradición del corrido revolucionario y lo adaptó a las realidades contemporáneas del campo michoacano. Su propuesta musical ha evolucionado durante el paso de las décadas, incorporando elementos del son, el huapango y la música ranchera tradicional.

Entre sus logros destacan 26 producciones discográficas, varias de ellas reconocidas por la industria musical mexicana; más de 500 presentaciones en ferias patronales, festivales culturales y eventos comunitarios; la representación de Michoacán en festivales internacionales de cultura popular en Estados Unidos; el reconocimiento de la comunidad migrante michoacana en California, Texas e Illinois como “embajadores de la música tradicional”, haber sido colaboraciones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para documentar corridos históricos de la región y, el punto culminante de esta trayectoria llegó cuando el Congreso del Estado les otorgó la Presea “Melchor Ocampo” en 2016, reconociendo con ello su contribución a la preservación del folklore regional.

Hay que reconocer que las autoridades estatales rectificaron. Los conciertos del 15 de septiembre no solo se autorizaron, sino que contaron con el respaldo explícito del Gobierno del Estado. Esta rectificación no fue espontánea: fue resultado de una presión sostenida de colectivos culturales, académicos, periodistas y ciudadanos que defendimos el derecho a la cultura.

La ruta hacia esta rectificación incluyó el diálogo directo de Los Hermanos Jiménez con el Gobernador del Estado, pronunciamientos públicos de intelectuales y artistas michoacanos, cobertura mediática que evidenció las contradicciones del gobierno, presión de la comunidad migrante que amenazó con retirar su apoyo a eventos oficiales, intervención de legisladores locales, quienes cuestionamos la coherencia de las políticas culturales, acompañada de una discusión constante y significativa en redes sociales.

El cambio de postura gubernamental debe reconocerse, pero también debe analizarse: evidencia que las decisiones anteriores respondían más a presiones; lo cual se ilustra por el hecho de que el gobierno primero los premió, después los censuró y finalmente rectificó.

Esto también demuestra que la sociedad civil organizada puede revertir decisiones autoritarias cuando se moviliza en defensa de principios fundamentales. La rectificación gubernamental fue consecuencia de la presión ciudadana. Y esa es una lección valiosa para futuras batallas culturales.

En justa balanza, es importante reconocer también la capacidad de escucha y la sensibilidad que, en este caso demostró el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ante las circunstancias manifiestas determinó revertir su decisión y dar paso a la conciliación y a la mediación.

El debate de fondo persiste: la cultura debe garantizarse como derecho humano y procurarse como un poderoso bálsamo de cohesión social. Así también, el folklore es repositorio de la memoria colectiva, vehículo de transmisión generacional de valores, tradiciones e historias que definen nuestra identidad como pueblo y, finalmente, las tradiciones michoacanas son patrimonio que nos distingue y nos conecta con nuestras raíces, más allá de intereses políticos.

Por extensión, este caso evidencia la necesidad de políticas públicas coherentes en educación, cultura y desarrollo social. Una sociedad próspera y pacífica no censura a quienes narran nuestras realidades: educa para que esas realidades se transformen desde la cultura, la conciencia crítica y el orgullo por nuestra identidad.

La defensa de Los Hermanos Jiménez fue, en el fondo, la defensa del derecho de los michoacanos a ser michoacanos. Y esa batalla, aunque ganada en este episodio, requiere vigilancia permanente.

¡Michoacán necesita una revolución institucional!

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*Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.

Para una comunicación directa: Facebook: https://www.facebook.com/MemoValenciaRy

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