Categoría: OPINIÓN

  • OPINIÓN. “La Congruencia como Bandera de Dignidad”. Por Octavio Ocampo

    OPINIÓN. “La Congruencia como Bandera de Dignidad”. Por Octavio Ocampo

    Por OCTAVIO OCAMPO*

    Hay palabras que con el tiempo se desgastan, pero hay otras que se fortalecen porque se prueban en los hechos. Una de ellas es congruencia. En la vida pública, la congruencia no se predica: se ejerce. Es la línea invisible que une nuestras convicciones con nuestras acciones, la coherencia entre lo que decimos defender y lo que realmente hacemos cuando nadie nos observa.

    En el PRD Michoacán hemos aprendido, a lo largo de más de tres décadas, que la congruencia no es cómoda ni popular, pero sí profundamente necesaria. Venimos de las luchas cardenistas que sembraron en nuestra tierra los ideales de justicia social y soberanía; del espíritu revolucionario que proclamó que la tierra debía ser para quien la trabaja. Somos herederos de esas causas y de las que vinieron después: las de las mujeres que alzaron la voz, las de los pueblos originarios que exigieron respeto, las de los obreros y campesinos que reclamaron trato justo y digno.

    Hoy quiero dedicar estas líneas a las productoras y productores de maíz que hoy están sufriendo muchas dificultades en cuanto al precio que está en la vía comercial, el precio de la tonelada de maíz. Este año fue un año muy bueno, muy positivo, muy próspero para los productores. Prácticamente en todas las regiones del estado de Michoacán llegamos a tener muy buenos cultivos, muy buena producción y eso refleja, por supuesto, que hay preocupación de los productores de maíz para colocar en el mercado el maíz que produce Michoacán.

    De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, Michoacán cuenta con 228 mil unidades de producción agropecuaria y más de 1.5 millones de hectáreas destinadas al uso agrícola. En total, 1.3 millones de personas trabajan directamente en el sector rural, de las cuales casi el 87% son hombres y el 13% mujeres. El maíz representa el cultivo anual más importante, con una producción cercana a 2 millones de toneladas que colocan a Michoacán como el tercer estado con mayor producción de granos del país.

    Las principales zonas maiceras del estado se concentran en el Bajío —Puruándiro, Pastor Ortiz, Angamacutiro, Penjamillo, Numarán y La Piedad—; en la región Centro —Morelia, Queréndaro, Indaparapeo y Maravatío—; y en la Ciénaga Chaparra, entre Vista Hermosa, Yurécuaro y Briseñas. Zonas que históricamente han sido el corazón agrícola del estado, donde la tierra y el esfuerzo humano siguen siendo sinónimo de vida.

    Sin embargo, hoy esos mismos productores sufren porque la institución que antes era Segalmex -y que ahora ha cambiado de nombre- les está ofreciendo 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, lo que resulta insuficiente para cubrir los costos reales de producción. Además, solo se prevé cubrir con el precio de garantía unas 250 mil hectáreas, cuando Michoacán produce más de 2 millones de toneladas de maíz al año. Es decir, ni siquiera la cuarta parte estaría protegida con el esquema actual.

    Por eso, urge que el gobierno federal mejore el precio de garantía y amplíe la cobertura. No se trata solo de un tema económico, sino de justicia social. Porque cada hectárea de maíz representa el trabajo de una familia y de toda una cadena productiva, desde quien vende el diésel, la refacción o los implementos agrícolas, hasta quienes viven del comercio local que genera la cosecha.

    México importa hoy el 60% del maíz que consume, proveniente en su mayoría de Estados Unidos, y en gran parte se trata de maíz amarillo transgénico de baja calidad. Mientras tanto, nuestros productores nacionales, quienes cultivan con esfuerzo el maíz blanco que alimenta nuestras mesas, enfrentan precios injustos y desprotección.

    En el PRD Michoacán, herederos de los principios cardenistas y de la Revolución Mexicana, creemos que el campo debe volver a ser el centro de la economía del estado. Visibilizar a nuestros productores campesinos es reconocer su esfuerzo, darles precios de garantía, cuidar su producción y recuperar programas exitosos que hoy ya no existen, como los seguros catastróficos, que protegían al productor ante heladas, inundaciones o pérdidas por fenómenos naturales.

    El general Lázaro Cárdenas del Río lo dijo con claridad: “Gobernar es servir, y solo se puede servir con honestidad y con justicia.” Esa frase, más que una cita, es una brújula ética. Gobernar implica mirar al campo con sensibilidad y con compromiso, no con indiferencia.

    Defender la dignidad del campo es también defender la progresividad de los derechos humanos, porque se trata del derecho al trabajo justo, a la alimentación, al bienestar y a la participación. Y es que nuestro partido está convencido que la dignidad no es un privilegio, es el principio de toda democracia verdadera.

    En el PRD Michoacán creemos que el camino para reformar Michoacán pasa por el diálogo, la reflexión y la unidad, que lo más importante siempre será la persona. Por eso, estas líneas son para las y los productores que siguen levantándose cada mañana con la esperanza puesta en la tierra.

    A ustedes les debemos congruencia.

    A ustedes, el compromiso de no renunciar jamás a los valores que nos dieron origen: libertad, igualdad, fraternidad y sororidad.

    Porque si algo hemos aprendido en esta lucha, es que la dignidad no se mendiga, se defiende.

    ————————————————————————

    *Octavio Ocampo Córdova. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha tenidos diversos cargos en el PRD, hasta llegar a la dirigencia estatal. Fue presidente municipal de Tuzantla. Diputado local en dos ocasiones. Actualmente dirige al Partido de la Revolución Democrática Michoacán y es diputado en la 76 Legislatura del Congreso del Estado.

    * Las opiniones vertidas en este texto son exclusivamente del autor y no necesariamente reflejan la posición de este medio.

  • OPINIÓN. Propuestas para una Reforma Electoral. Por Juan Adolfo Montiel

    OPINIÓN. Propuestas para una Reforma Electoral. Por Juan Adolfo Montiel

    Por JUAN ADOLFO MONTIEL*

    En esta semana, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevará a cabo audiencias en diferentes entidades de la República Mexicana, y es el caso que realizará Audiencia en el estado de Michoacán, concretamente en Morelia.

    Por ello, me parece importante realizar propuestas, mencionando cuáles deben ser los puntos por considerar en una reforma electoral, lo malo es que sería lo único que se pudiera decir en una audiencia de cinco minutos para exponer, faltando desarrollar el cómo podrían implementarse esas propuestas.

    Por lo pronto, quiero darles mis propuestas que considero deberían incluirse en la reforma electoral, desde un punto de vista personal y académico.

    Primero, debe enfocarse en una representación política “proporcional pura” en las cámaras legislativas, es decir, que se traduzca la votación en representación política en la Cámara de Diputados Federales, en la Cámara de Senadores y también en las cámaras locales, incluso en los cabildos de los ayuntamientos.

    Dos, revisarse el financiamiento a los partidos políticos, en relación con la fórmula para el financiamiento ordinario, así como el que reciben a nivel federal y a nivel local, porque pudiera haber una duplicidad de financiamiento. Además de limitar el financiamiento privado, y excluirlo de las campañas para que solo se permita financiamiento público que es más fácil de fiscalizar.

    Tres, reducción del costo en las campañas electorales, disminuyendo tiempos de las mismas, también en espacios de radio y televisión, lo que evitaría la saturación, limitar la contratación en redes sociales, así como dar acceso a medios electrónicos solamente veinte días antes de la jornada electoral, insisto, para abaratar costos y evitar saturar al electorado.

    Cuatro, avanzar en la utilización del voto electrónico, así como la implementación de mecanismos electrónicos para emitir el sufragio o también para llevar a cabo los cómputos y escrutinios, y con ello tener resultados a la brevedad.

    Quinta propuesta, poder ampliar el voto pasivo y activo para las personas desde el extranjero. La comunidad migrante desea tener mayor participación en la vida política de su país de origen, ya sea votando para más cargos, no solamente para algunos, incluso a nivel local o de ayuntamientos; pero también poder participar como candidatas y candidatos bajo el régimen de una doble nacionalidad o una residencia binacional, es decir, que puedan, aunque no estén presentes en el territorio, tener participación activa en la vida política.

    Las anteriores, son propuestas, obviamente falta el cómo implementarlas, lo que dejaré para otra ocasión.

    —————————

    *Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

    Síganme en mis redes sociales:

    @Juanadolfomonti en Twitter

    Juanadolfomontiel en Facebook

  • OPINIÓN. “Servicios de Auto Georreferencia”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    OPINIÓN. “Servicios de Auto Georreferencia”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

    Una de las características valiosas de la Credencial para Votar es la Georreferencia, es decir, los 4 dígitos que aparecen al frente de toda credencial para votar referidos a sección, permiten agrupar a el domicilio de cada persona ciudadana en una unidad geográfica, con el propósito de organizar a la población en torno a una casilla electoral que se encuentre a un fácil acceso de cada persona ciudadana.

    Esa Georreferencia implica un intenso trabajo de actualización cartográfica debido a que cuando se presente una persona ciudadana a un Módulo de Atención del INE, la persona operadora del equipo tecnológico debe ubicar el domicilio que se le está presentando; de manera que, si hay nuevos asentamientos, el INE tiene la responsabilidad de mantenerlos actualizados para poder ubicar a la población solicitante.

    Considerando que una de las innovaciones tecnológicas que ya aplica el INE desde hace algunos años, es que se puede realizar un trámite de actualización de la credencial en prácticamente cualquier módulo del país; pero ello implica que los operadores de los módulos enfrenten dificultades para la identificación del domicilio de la ciudadanía en la cartografía electoral y la asignación de la clave geo electoral correspondiente, que es el número de sección.

    Esta problemática es otro frente de innovación que está actualmente en desarrollo en el INE, y cuya meta es culminar su implementación en diciembre del año entrante, que consiste en ofrecer a la persona ciudadana solicitante un servicio de Auto Georreferencia.

    Esto es, que mediante una aplicación que permita la visualización interactiva de los mapas cartográficos y con el apoyo de la Inteligencia Artificial, la persona ciudadana solicitante, ubique su domicilio en la cartografía electoral.

    Con ello se busca reducir los errores en la identificación del domicilio de la ciudadanía, con una visualización más precisa y rápida del domicilio, con lo cual se reduciría el tiempo de atención presencial por trámites que involucren el alta o actualización e domicilio.

    Logrando el funcionamiento pleno de este servicio, se podría alcanzar una mejor satisfacción por parte de la ciudadanía con la identificación correcta de su domicilio y la asignación correcta de su número de sección.

    En términos técnicos el desarrollo se está realizando con tecnología Open Source de última generación, lo que permite mantener un bajo costo de mantenimiento y escalabilidad.

    Con ello, el INE continúa en la ruta de la mejora continua, ofreciendo alternativas que mejoren el servicio registral con los más altos estándares de precisión, amigabilidad y satisfacción ciudadana.

    —————————————————

    *David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

  • OPINIÓN. “La paquetería electoral”. Por Juan Adolfo Montiel Hernández

    OPINIÓN. “La paquetería electoral”. Por Juan Adolfo Montiel Hernández

    Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*

    Como parte de todo el proceso electoral, el Instituto Electoral de Michoacán establece en sus lineamientos que la paquetería electoral, es decir, aquellas boletas electorales que sirvieron para recibir la votación de la ciudadanía del pasado domingo primero de junio, por lo que ahora son votos del proceso electoral, las cuales se encontraban en las 26 oficinas distritales, todo ese material debe ser concentrada y resguardada en una bodega.

    Por lo anterior, se dispuso de una bodega con las suficientes dimensiones para albergar 6,445 paquetes electorales de la pasada elección extraordinaria del Poder Judicial. Adicionalmente, también se tienen en resguardo en esta bodega las carpetas que contienen las actas, lineamientos y acuerdos de las diferentes sesiones que se fueron aprobando en las 26 oficinas distritales. Con esto, el Instituto Electoral tiene esta documentación y la paquetería resguardada para atender los requerimientos que soliciten el Tribunal Electoral Local o, en su caso, el Federal.

    Y una vez concluido todo el proceso electoral, tendrá que destruirse aquel material que ya no se volverá a utilizar; sin embargo, es importante señalar que existe material que se le va a rescatar para darle uso nuevamente en el siguiente proceso electivo, se va a reutilizar como ha venido ocurriendo en los tres últimos procesos electorales.

    Lo anterior se poder realizar porque personal del IEM se encarga de irlo limpiando, arreglando y buscando la manera de tenerlo listo para poder utilizarlo en el siguiente proceso electoral. En este proceso de limpieza y reutilización del material, principalmente las cajas de plástico, ha representado ahorro de 50 millones de pesos para cada proceso electoral.

    Por último, esta bodega cuenta con las dimensiones suficientes y necesarias para albergar el material y la paquetería electoral del próximo proceso electoral 2026-2027, donde, en este momento se estima que podrían recibirse tres veces más el número de paquetes electorales, es decir, casi 18 mil paquetes en total, porque representa una elección del titular del Poder Ejecutivo, 40 del Poder Legislativo, los 112 ayuntamientos, pero también la elección del Poder Judicial, que son 75 jueces y juezas que quedaron pendientes para su elección en el 2027.

    —————————

    *Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

    Síganme en mis redes sociales:

    @Juanadolfomonti en Twitter

    Juanadolfomontiel en Facebook

  • OPINIÓN. “Apenas 50 años del primer Colegio de Abogadas (con A)”. Por Araceli Gutiérrez Cortés

    OPINIÓN. “Apenas 50 años del primer Colegio de Abogadas (con A)”. Por Araceli Gutiérrez Cortés

    Por ARACELI GUTIÉRREZ CORTÉS*

    La primera universidad fundada en nuestro país fue la Real y Pontificia Universidad de México, creada por Carlos V en septiembre de 1551. Un espacio donde solo podían estudiar hombres. Después, la primera asociación gremial de abogados (hombres) organizados fue el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fundado oficialmente en 1760, donde tampoco había mujeres, pues para para ese momento todavía no tenían derecho a inscribirse en la universidad.

    Contextualicemos. En la antigua sociedad del Imperio Romano, a algunas mujeres de clase alta se les permitió ejercer como abogadas, y la historia ha conservado los nombres de tres destacadas representantes: Amasia, Hortensia y Afrania. Esta última, descrita como una mujer enérgica y de espíritu vivaz, fue protagonista de un famoso caso en el que se excedió en el uso del lenguaje, pues resultó considerado “casi grotesco” según los registros históricos.

    Sus maneras y palabras llevaron a la promulgación de una ley que le prohibía ejercer la abogacía y extendía esa prohibición a todas las mujeres. Esta restricción se mantuvo durante casi veinte siglos, hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Fue en 1887 cuando Sarmiza Bilcescu se convirtió en la primera mujer europea en obtener un título en derecho por la Universidad de París.

    Unos años más tarde, en 1898, egresaría de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la primera abogada mexicana María Asunción Sandoval Oláis. Y seria hasta 1941 cuando Ana María Vera González, pasaría a la historia como la primera mujer abogada egresada y titulada de esta Universidad Michoacana.

    En 1975 se fundó la entonces asociación de Abogadas de Michoacán, hoy Colegio de Abogadas. Habían pasado apenas 20 años de que, por primera vez en la historia de nuestro país, las mujeres habían ido a las urnas, apenas 20 años de ser consideradas ciudadanas y de tener literalmente derecho a opinar.

    Habían pasado apenas 14 años de que se nombró a la Primera mujer Ministra de la Suprema Corte. Había pasado apenas un año de que se nombró a la primera mujer Magistrada en el Estado de Michoacán (1974).

    Hablar del contexto es importante, en ese tiempo, el entorno de discriminación y de subordinación de las mujeres estaba muy arraigado no solo en la práctica social, política y económica sino también en el derecho mismo, todavía en ese año, el Código Civil establecía en su artículo 170, que el marido podía oponerse a que la mujer trabajara si no garantizaba que estuvieran atendidas las obligaciones del hogar.

    En ese contexto, nuestras Abogadas Fundadoras, Guadalupe Morales Ledesma, Elia Maldonado Calderón, Hilda Navarro Skinfield, Martha González Huerta, Cecilia Chávez Cervantes y Galdina Ortíz Zamora, como integrantes del primer Consejo Directivo, se reunieron el 07 de octubre de 1975 y firmaron esos estatutos que le darían vida a la primera asociación de mujeres abogadas en el país, el Colegio de Abogadas de Michoacán A.C.

    Durante estos 50 años, han construido un gran prestigio. Dieron impulso a la creación de los juzgados familiares en el Estado. Desde el Colegio, también se redactó la iniciativa que cambiaría la forma adopción simple por la adopción plena en beneficio de las y los menores. Nuestras asociadas impulsaron la perspectiva de género en las agencias del Ministerio Público y en muchas otras instituciones. Nuestra casa sede está al servicio de la ciudadanía, donde por muchos años se han brindado asesorías gratuitas y se han llevado asuntos sin costo para personas que difícilmente pueden acceder a los servicios jurídicos especializados.

    Larga vida a ese Colegio que surgió y se mantuvo en un entorno no creado para mujeres, ese Colegio que más de una vez fue desacreditado porque decían que “las mujeres juntas, ni difuntas”. Larga vida a ese Colegio fundado por Abogadas que debían pedir permiso a sus esposos para poder ejercer el derecho y hoy son ejemplo de lucha, larga vida Colegio de Abogadas de Michoacán A.C.

    ————————————————

    *Araceli Gutiérrez Cortes. Es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con dos maestrías: En Gobierno y Asuntos Públicos; y, Derecho Procesal Constitucional. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral. Integrante de Abogadas de Michoacán A.C. Ha sido asesora en el Senado de la República. Funcionaria, consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

  • OPINIÓN. “Reforma al Amparo: el pueblo en desamparo”. Por Guillermo Valencia Reyes

    OPINIÓN. “Reforma al Amparo: el pueblo en desamparo”. Por Guillermo Valencia Reyes

    Por GUILLERMO VALENCIA REYES*

    El contenido de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo es retrógrado y de verdadero escándalo; por lo que se han generado muchas reacciones llamando a la cordura por parte de propios y extraños.

    El juicio de amparo ha sido durante más de un siglo la joya de la corona de nuestro poder legislativo; la herramienta clave que permite a cualquier mexicano defenderse de los abusos del poder.

    Sin embargo, la reforma que MORENA impulsa representa, como acertadamente lo ha señalado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, “un retroceso histórico” y “un golpe directo a los derechos y libertades de los mexicanos frente a los abusos del poder”. Y tiene razón: limitarlo es una medida propia de dictaduras que buscan silenciar la crítica y concentrar el poder.

    Esta reforma se está tramitando, como ya es costumbre del oficialismo, al vapor, sin debate genuino, pretendiendo engañar con un par de audiencias públicas mientras ignoran las voces de especialistas, organizaciones civiles, barras de abogados y constitucionalistas. La mayoría legislativa actúa como rodillo, no como espacio de deliberación democrática. Eso por sí mismo es un problema de calidad institucional grave.

    Existen riesgos inadmisibles al respecto, como el cierre de puertas a los vulnerables. La redefinición restrictiva del “interés legítimo” es devastadora. Al exigir un “daño directo, concreto y personal”, comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas y colectivos de víctimas quedarán sin posibilidad de defensa colectiva. Como advierte Alejandro Moreno: “sin amparos colectivos, comunidades enteras podrían quedar indefensas ante obras del gobierno que invadan sus tierras o destruyan su medio ambiente”. Una comunidad maya no podrá impugnar megaproyectos en su territorio a menos que demuestre afectación individual específica. Es cerrar el amparo a quienes más lo necesitan.

    También, se avizora con el fin de las suspensiones generales, el triunfo del abuso. Cuando un juez federal determina hoy que una ley es probablemente inconstitucional, puede suspender su aplicación mientras se resuelve el fondo. Mañana, esa suspensión solo beneficiará a quien promovió el amparo. Una ley violatoria de derechos humanos seguirá aplicándose a millones mientras los tribunales resuelven. Solo quienes tengan recursos para litigar podrán protegerse. Es la privatización de la justicia constitucional.

    Absurdamente, esto devendrá en la multiplicación viral y repetitiva de litigios. Si cada persona afectada debe promover su propio amparo, tendremos miles de juicios idénticos. El Poder Judicial colapsará, la justicia llegará tarde o nunca, y muchos desistirán por cansancio o imposibilidad económica. Es sobrecarga judicial programada.

    La retroactividad inconstitucional está en jaque. El artículo transitorio que aplica la nueva ley a juicios en trámite viola flagrantemente el artículo 14 constitucional que prohíbe la aplicación retroactiva en perjuicio. Personas que iniciaron amparos bajo ciertas reglas verían modificadas las condiciones a mitad del partido. Es literal y técnicamente inconstitucional.

    Perversamente, bajo esta reforma se esconde una gran trampa: el permiso para desobedecer sentencias. Permitir que autoridades aleguen “imposibilidad jurídica o material” para incumplir sentencias de amparo es cínico. Un juez ordena cesar una violación de derechos y la autoridad simplemente responde “no puedo cumplir” sin consecuencias. Como señala Alejandro Moreno: “si una autoridad actúa de manera injusta y abusiva en tu contra, vas a quedar completamente expuesto y vulnerable, pues el gobierno tendrá la ventaja en los juicios”.

    Bajo la reforma, también subyace un inminente golpe al medio ambiente. México enfrenta crisis ambiental severa. El amparo había sido freno parcial contra proyectos devastadores. Con la reforma, esos proyectos podrán ejecutarse completamente antes de sentencia definitiva. Cuando el juez determine ilegalidad, los árboles estarán talados, el manglar destruido y las especies extintas.

    Por si fuera poco, existen gravísimos riesgos económicos y de inversión. El riesgo es claro: si el gobierno puede tomar decisiones sin que un juez pueda frenarlas, las empresas no sabrán si sus inversiones están seguras. Y evitarán radicar recursos. Y si no hay inversión, no hay empleos ni crecimiento. Créditos fiscales inconstitucionales podrán ejecutarse, embargarse cuentas y llevar a la quiebra a empresas enteras mientras se espera sentencia que tarde años.

    La caída de la ley de amparo, per se, generará un profundo desbalance de poderes. El Poder Judicial ha funcionado como contrapeso necesario ante excesos del Ejecutivo y Legislativo. Eliminar esos contrapesos no fortalece la democracia, la debilita. Nos acerca al modelo de democracia delegativa donde el ganador concentra poder sin límites efectivos. Lo que antes era herramienta para defender al pueblo del poder, ahora será para que el régimen en el poder se parapete frente al pueblo.

    Esta reforma también aúna un retroceso frente a estándares internacionales.  La alerta que ha emitido el PRI ha cundido entre organismos internacionales y de derechos humanos sobre el incumplimiento de obligaciones en tratados internacionales. México es parte de convenios que la Corte Interamericana ha interpretado sobre acceso a la justicia, protección judicial efectiva, derechos colectivos. Esta reforma nos coloca en violación de esas obligaciones. Regresamos décadas en protección de derechos.

    Finalmente, la imagen nacional se menoscaba. De por sí, la reputación internacional de México ante el mundo está en su mínimo histórico, francamente por los suelos, y ninguna nación confiará en un gobierno que pisotea los derechos humanos. Inversionistas, organismos internacionales y aliados democráticos observan con preocupación. Se refuerza la narrativa de gobierno que avanza hacia autoritarismo competitivo.

    Esta reforma no surge aislada. Llega después de la controvertida reforma judicial, después de intentos por limitar autonomía de órganos reguladores, en medio de narrativa que presenta a jueces como “obstáculos”. El patrón es claro: concentrar el poder eliminando frenos institucionales que caracterizan democracias constitucionales.

    Desde la oposición responsable y la sociedad civil, nuestra respuesta debe ser contundente:

    En lo jurídico, debemos de promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Documentar casos concretos de personas afectadas. Preparar litigios estratégicos que, dentro de las nuevas limitaciones, sigan peleando cada caso.

    En lo legislativo, el PRI va a dar esta batalla en el Congreso, señalando y denunciando el inmenso atropello que está cometiendo Morena. Debemos hacer visible la oposición, proponer iniciativas alternativas, exigir reversión de aspectos más lesivos y sumarse todos los partidos y legisladores con conciencia en contra de esta destrucción institucional.

    En lo político, se debe de convertir la autonomía y división de poderes en tema de campaña permanente. Se debe informar a la ciudadanía, con ejemplos concretos cómo les afecta, traduciendo el lenguaje jurídico a consecuencias a la vida diaria.

    En lo social, el llamado es a cerrar filas con la ciudadanía, la sociedad civil, cámaras empresariales, universidades y actores democráticos para defender el derecho de cada mexicano a exigir justicia. Articular con organizaciones civiles, barras de abogados, academia, colectivos afectados.

    En lo internacional, es necesario seguir alertando a organismos de derechos humanos, así como buscar pronunciamientos de relatores especiales, comisiones y cortes internacionales.

    La historia enseña que los autoritarismos no llegan de golpe sino paso a paso, desmantelando cada contrapeso con justificaciones abusivas que suenan razonables. El amparo mexicano ha resistido dictaduras, revoluciones y crisis de toda índole. Es inaceptable dejarlo caer.

    Como afirma nuestro presidente del CEN del PRI: “aquí estamos para defender a México”. Y esa debe ser la postura de toda la oposición democrática y la sociedad civil. El juicio de amparo es nuestro. Es herencia jurídica que debemos defender y transmitir, por necesidad de supervivencia democrática. Porque sin contrapesos reales, sin instituciones que contengan al poder, sin derechos que puedan hacerse efectivos ante jueces, no hay democracia que valga. Hay solo elecciones que legitiman concentración de poder.

    Este es nuestro llamado, nuestra línea en la arena. Defenderemos el amparo, defenderemos el Estado de Derecho, defenderemos la Constitución. Porque en ello nos va el futuro de México como nación democrática; y el PRI está al servicio de México.

    ¡ A México le urge una revolución institucional!

    ——————————————————

    *Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.

    Para una comunicación directa: Facebook: https://www.facebook.com/MemoValenciaRy

    * Las opiniones vertidas en este texto son exclusivamente del autor y no necesariamente reflejan la posición de este medio.

  • OPINION. “La Tremenda Corte y la salud mental”. Por Boris González Ceja

    OPINION. “La Tremenda Corte y la salud mental”. Por Boris González Ceja

    Por BORIS GONZÁLEZ CEJA*

    Asi como Tres Patines, el personaje cómico de La Tremenda Corte, conocido por sus estafas y explicaciones de sus actos en ese programa radial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación viene a dar al traste con la temperatura de la salud mental en México.

    Según la Red Orgullo Loco México (organización de pacientes de salud mental), el pasado 11 de septiembre de 2025, la Suprema Corte en sesión plenaria, analizó la Acción de Inconstitucionalidad 186/2023 sobre el derecho de las personas con discapacidad psicosocial a ser consultadas previamente en procesos legislativos que las afectan.

    Durante esta discusión, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf realizó una intervención con comentarios altamente estigmatizantes, ignorantes y discriminatorios, algunos con carga ofensiva: “…enfermos mentales, los que son suicidas… no son discapacitados. Yo creo que aquí deberíamos de tener una opinión experta, porque hay varios expertos que sostienen que todos los fenómenos de suicidio infantil y demás son personas que tienen discapacidad, incluso están sometidas a medicamentos. Si no toman los medicamentos son un peligro para la sociedad. Y he tenido casos… porque no se distingue, ¿un esquizofrénico es discapacitado o no?, ¿un bipolar, si tiene medicamentos, o no? Es decir, se ha tomado una decisión de que necesariamente los enfermos mentales no tienen discapacidad, y no creo que sea el caso. Solo para la futura sesión en la que se discuta este tema, que tengamos a un experto que nos diga quiénes del sector de enfermos mentales tienen discapacidad o no, y si pueden actuar con su consentimiento…”

    Ante estas declaraciones, las personas calificadas como “suicidas”, “enfermas mentales”, “bipolares”, “esquizofrénicas”, expresan lo siguiente:

    El prejuicio de que las personas con diagnóstico psiquiátrico son “peligrosas” ha servido históricamente para justificar múltiples violaciones a los derechos.

    Es profundamente preocupante que en un espacio como la Suprema Corte —máxima instancia de justicia en el país— se reproduzcan discursos desinformados que deshumanizan y reducen a “objetos” de control, en lugar de reconocerles como personas sujetas de derechos, con dignidad y voluntad propia.

    No se trata únicamente de si se certifica como personas con discapacidad o si así se identifican. Lo cierto es que, quienes han sido usuarias de servicios de salud mental, reciben diagnósticos psiquiátricos arbitrarios, o incluso quienes han sido percibidas como tales, estan protegidas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por México desde 2007 y, por tanto, jurídicamente obligatoria en el país.

    La discapacidad psicosocial no es una categoría médica, sino una forma de entender, desde los derechos humanos, cómo ciertas condiciones o experiencias psíquicas —como el sufrimiento mental— pueden interactuar con un entorno que no ofrece apoyos adecuados ni respeta la diversidad.

    Por ello, deben reconocerse sus derechos en igualdad de condiciones, incluyendo:

    ● La capacidad jurídica.

    ● El consentimiento libre e informado.

    ● Las directivas anticipadas.

    Además, es urgente que existan alternativas de apoyo más allá del entorno hospitalario, que no depositen toda la responsabilidad en las familias y que se sustenten en políticas públicas que garanticen el acceso a vivienda, salud y autonomía comunitaria.

    Para garantizar el respeto a sus derechos conforme a la Convención, el Estado mexicano —en especial sus autoridades sanitarias y judiciales— deben:

    1. Capacitarse adecuadamente sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, más allá de nociones médicas o clínicas.

    2. Escuchar las necesidades, no solo las certificaciones médicas, muchas veces impersonales, rimbombantes y no reflejan las vidas reales.

    En este contexto de transición del Poder Judicial, se exige que la nueva Suprema Corte incorpore una perspectiva de derechos humanos y discapacidad que:

    – Reconozca la capacidad jurídica de todas las personas.

    – Prohíba tratamientos involuntarios.

    – Desvincule la discapacidad psicosocial de la supuesta “peligrosidad”.

    – Incluya voces expertas por experiencia en las decisiones que afectan. Desde la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario (AMDPC) estamos listos para colaborar con las instancias gubernamentales y privadas, ya que contamos con especialistas en temas de salud mental.

    Además, si formas parte de la población con problemas de salud mental, debes saber que no estás solo, desde la Asociación podemos ayudarte.

    Causas y azares…

    • La comedia que se vive con los recursos malhabidos de Adan Augusto en el Senado es una fiel imagen de la corrupción rampante que se vive por parte de todas las camarillas del país, así que a aplaudir se ha dicho, porque justicia no habrá.

    Hasta la próxima, que cualquier texto, incluyendo las leyes, es susceptible de interpretación.

    —————————————–

    • Boris González Ceja. Es licenciado en Psicología y Maestro Educación y Docencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Experto en proyectos de salud mental para resultados y fortalecimiento de equipos de especialistas en psicología en temas de violaciones graves de derechos humanos. Consultor de organismos nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Notoriedad por excelentes estudios de psicología, investigaciones para leyes y por resolver problemas acuciantes a nivel internacional desde la ciencia.

    Conoce más en: https://linktr.ee/psicologiaparati

  • OPINIÓN. “Poncho tiende puentes de colaboración institucional con los diferentes Poderes”. Por José Cruz Delgado

    OPINIÓN. “Poncho tiende puentes de colaboración institucional con los diferentes Poderes”. Por José Cruz Delgado

    Por JOSÉ CRUZ DELGADO*

    Como buen político el presidente municipal de Morelia Poncho Martínez busca acercamientos con el gobierno federal, sabe que la confrontación en nada beneficia a Morelia, por ello insiste en que la mandataria venga a la capital y encabece un evento municipal, claro que sería benéfica su presencia porque posiblemente destine más recursos para obras.

    Y es que Poncho no deja de lado la gestión con el gobierno federal para ver qué obras, qué recursos y más coordinación, se puede lograr en favor de los morelianos y la ciudad.

    Prueba de ello es la visita que hizo al Senado para gestionar recursos que permitan multiplicar las obras y programas sociales en la capital.

    Durante una reunión con con legisladores del Partido Acción Nacional intercambió puntos de vista sobre diversos temas sociales que inciden en el contexto nacional y estatal.

    Lo cortés no quita lo valiente, por eso tiende puentes de colaboración institucional con los diferentes Poderes, ya que en esta sinergia es en donde se establecer acciones concretas que se traducen en beneficios directos para la población.

    QUITAR EL FUERO PROPONE LA PRESIDENTA…….De todos es sabido que el fuero constitucional ha servido para que algunos actores políticos comentan toda clase de tropelías, por eso es buena la propuesta de la presidenta Claudia Sehimbaum

    para que en la nueva reforma electoral se incluya la eliminación del fuero para diputados y senadores.

    ¿Por qué tiene que haber fuero? La presidenta no debe tener fuero, también los diputados y senadores no deben tener fuero, dijo, sin duda, es buena la propuesta, pero de nada sirve que dejen de tenerlo si los jueces y magistrados, pese a sus delitos no los lleven a proceso brindándoles impunidad por el hecho de pertenecer a la 4T. Digo.

    El nuevo Poder Judicial ya empezó hacer de las suyas, ahí está el caso del periodista asesinado Armando Linares, su homicida fue liberado bajo argumentos no muy claros, esa decisión ocasionó la inconformidad del gremio periodístico que exige se revoque la decisión y el asesino de Armando regrese a prisión, no es una demanda, es una exigencia.

    —————————————

    *José Cruz Delgado. Es periodista con más de 45 años de ejercicio. Capacitado en el Seminario de Guadalajara. Trabajó en diversos medios de comunicación de Michoacán. Ha sido corresponsal en el estado de diversos medios de circulación y escucha nacional.

    * Las opiniones vertidas en este texto son exclusivamente del autor y no necesariamente reflejan la posición de este medio.

  • OPINIÓN. “El futuro del trámite de la Credencial para Votar”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    OPINIÓN. “El futuro del trámite de la Credencial para Votar”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

    La Credencial para Votar fue reconocida en 2018 por la UNESCO como Patrimonio Moderno de México, ya que destaca su relevante contribución cultural y social como documento de identificación para la vida ciudadana y para el ejercicio democrático de la población.

    Durante 35 años, la Credencial para Votar ha evolucionado a través de la mejora continua, adoptando medidas que la experiencia ha mostrado y buscando siempre ofrecer el mejor servicio profesional de calidad a la ciudadanía.

    Una fortaleza indiscutible lo representan las estrategias de proximidad a la ciudadanía solicitante, a través de la estructura desconcentrada del INE, mediante sus Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

    El trámite de la Credencial para Votar seguirá evolucionando a futuro, y ya está acercándose una nueva modalidad para mejorar la experiencia de las personas usuarias con el Sistema de Pre-Registro en línea, que luego de las pruebas piloto que próximamente se realizarán se liberará el sistema para ser ofrecido a la ciudadanía en el siguiente proceso electoral concurrente 2026-2027; de conformidad con la Estrategia de Transformación Digital.

    Se desarrolla una aplicación web institucional que permita a la ciudadanía iniciar en línea el trámite de inscripción o actualización al padrón electoral; la cual facilitará la captura de información personal, permitirá cargar documentos digitalizados con validaciones automáticas, georreferenciar el domicilio, seleccionar un Módulo de Atención Ciudadana y agendar una cita.

    Todo lo que el usuario capture permitirá reducir tiempos de atención, errores y visitas innecesarias a los Módulos de Atención Ciudadana.

    Con ello se busca aumentar la productividad de los módulos del INE, mejorar el aprovechamiento de recursos humanos, construir una mayor satisfacción ciudadana, buscar la disminución de traslados físicos y fortalecer el expediente digital de la persona ciudadana.

    Las y los ciudadanos podrán iniciar su trámite registral desde cualquier lugar, a cualquier hora, sin necesidad de acudir al módulo hasta que el expediente esté listo. Tendrán mayor claridad sobre los documentos requeridos, menos probabilidades de errores, una cita agendada con antelación y un proceso más rápido y seguro. Esto reducirá frustraciones, traslados innecesarios y pérdidas de tiempo.

    Con ello el INE suma valor de mejora al proceso del trámite de la credencial para votar, si todo resulta conforme a lo proyectado, dentro de un año, estará ya en plena disposición.

    —————————————————

    *David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

  • OPINIÓN. “Retos de las elecciones del Poder Judicial”. Por Araceli Gutiérrez Cortés

    OPINIÓN. “Retos de las elecciones del Poder Judicial”. Por Araceli Gutiérrez Cortés

    Por ARACELI GUTIÉRREZ CORTÉS*

    El pasado 1 de junio, el país vivió las inéditas elecciones del Poder Judicial. A nivel nacional se eligieron 881 cargos, en Michoacán 112 cargos.   

    Los aprendizajes fueron muchos, y tenerlo presente de cara a las discusiones que están corriendo sobre la reforma electoral será muy valioso para mejorar la organización de los próximos procesos electorales. Algunas áreas de oportunidad que encuentro:

    1. Los comités de evaluación deben funcionar bajo reglas claras y con base en ello transparentar la toma decisiones, con sesiones públicas y también haciendo públicos los expedientes de los aspirantes cuidando los datos personales, pero dando certeza de los perfiles que aspiran. Lo anterior, a fin de no permitir la discrecionalidad.
    • Regular con claridad los medios de impugnación aplicables a este proceso, ya que resultó complejo identificar competencias de acuerdo con el acto que se pretendía impugnar. Incluso las propias autoridades no tenían claro si podían entrar o no al estudio de diversos temas.
    • En cuanto a las candidaturas, es fundamental garantizar todos los derechos procesales que tienen las candidaturas de partidos o independientes, como: tener representación en las casillas si así lo desean, y en los respectivos comités, poder solicitar aclaraciones o recuentos de votos. Si bien, esto se antoja complicado por el número de personas y a su vez hace más difícil el trabajo de las autoridades, lo cierto es que, no se deben quitar derechos para que un proceso sea más fácil. Garantizar en igualdad de condiciones los derechos de quienes aspiran debe ser la prioridad.
    • Permitir la contratación de propaganda, impresa y en redes sociales. Ya que darse a conocer a la ciudadanía sin dinero y sin autorización de contratar difusión en redes sociales, primero: es un contrasentido para alguien que está haciendo campaña para darse a conocer; y, segundo: es un trato absolutamente desigual en relación con las candidaturas partidistas o independientes.
    • Implementar sistemas electrónicos de votación. Es una realidad que el proceso de conteo de boletas rebasa las capacidades de los órganos electorales, máxime si se busca disminuir costos. Existen ya, muchas opciones que brindan certeza en relación con el voto electrónico.

    Es un hecho que para el 2027 tendremos elecciones ordinarias de partidos políticos y candidaturas independientes. Y a la par, tendremos elecciones para elegir a la otra mitad del Poder Judicial. Los diálogos sobre lo que debemos cambiar y mejorar no se deben escatimar.

    ————————————————

    *Araceli Gutiérrez Cortes. Es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con dos maestrías: En Gobierno y Asuntos Públicos; y, Derecho Procesal Constitucional. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral. Integrante de Abogadas de Michoacán A.C. Ha sido asesora en el Senado de la República. Funcionaria, consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).