Categoría: OPINIÓN

Por MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ*

En México, las recientes marchas juveniles por la paz han dejado al descubierto un trasfondo social profundo: no se trata solo de una protesta, sino de la expresión de un descontento que algunos sectores políticos y mediáticos buscan interpretar, manipular y, en ocasiones, capitalizar.

Presenciar manifestaciones que claman por paz y justicia mientras se ven envueltas en episodios de violencia es doloroso, no solo por la contradicción moral que esto representa, sino por la maquinaria simbólica que se activa para transformar un reclamo legítimo en espectáculo o recurso político.

 En el escenario contemporáneo, donde lo mediático no solo registra la realidad sino que la fábrica, el conflicto social se convierte en materia prima para la lucha ideológica.

En esta intersección, diversos actores —especialmente aquellos identificados con posturas conservadoras— suelen disputar con intensidad la interpretación de los hechos, convirtiendo el descontento juvenil en un recurso discursivo disponible.

Pierre Bourdieu recordaba que la lucha política es, ante todo, una lucha por definir lo que está ocurriendo. En el caso mexicano, numerosos observadores han señalado que ciertos discursos tienden a descontextualizar las protestas juveniles reduciéndolas a desorden o ingenuidad manipulada; a re-simbolizarlas como evidencia de crisis moral o fracaso generacional; o a apropiarse moralmente del conflicto presentándose como defensores del orden. Estas lecturas circulan con facilidad en plataformas mediáticas de alto alcance, donde la emotividad y el escándalo suelen imponerse sobre el análisis sociopolítico.

Jean Baudrillard advertía que, en la era de la hiperrealidad, las imágenes sustituyen a los hechos. Las marchas por la paz no escapan a ese fenómeno: fragmentos de confrontaciones, consignas aisladas o la presencia de pequeños grupos radicalizados terminan eclipsando las motivaciones profundas de quienes marchan. Al apoyarse en estas imágenes, algunos comentaristas construyen narrativas alarmistas que refuerzan la idea de un país al borde del colapso y que atribuyen al malestar juvenil un papel desestabilizador más que un reclamo legítimo.

Susan Sontag también alertó sobre la estetización del sufrimiento. Cuando la cobertura se concentra en el dramatismo visual, los jóvenes dejan de aparecer como sujetos políticos con demandas complejas y pasan a ser figuras simbólicas: víctimas absolutas, amenazas latentes o piezas dentro de una batalla ideológica.

Antonio Gramsci sostenía que quien controla el sentido común controla la política. De ahí que estas protestas se conviertan en territorio de disputa simbólica. La narrativa dominante puede presentar el reclamo juvenil como decadencia antes que como exigencia de justicia.

En esa distorsión mediática y política se encuentra, quizá, la herida más profunda: que la esperanza juvenil sea usada como insumo narrativo antes que como llamada urgente a transformar la realidad.

Lo más preocupante, al final, no es solo ver una protesta violenta que clama por paz.

Lo verdaderamente preocupante, es observar cómo la derecha y el conservadurismo —como corrientes históricas— convierten esa contradicción en un recurso de poder simbólico, aprovechando el conflicto para fortalecer sus agendas y relegando las verdaderas causas sociales al silencio.

La violencia se vuelve espectáculo.

Los jóvenes, utilería.

La causa social, combustible para la politiquería.

Y lo mediático, que debería iluminar, se convierte en la maquinaria más eficaz para oscurecer.

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* María Isabel Rodríguez Martínez. Es licenciada en Historia por la UMSNH, cursó el posgrado de maestría en el instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la misma institución.  Su línea de investigación se desarrolla en torno a la historia Intelectual y cultural de América Latina del siglo XX; y Pensamiento Hispanoamericano. Ha desarrollado diversas estancias de Investigación entre las que destacan la Institución cultural Casa de las Américas la Habana, Cuba, junto al escritor cubano Roberto Fernández Retamar; La Universidad Complutense de Madrid y La Universidad Autónoma de Barcelona, esta vez junto al profesor Manuel Aznar Soler (especialista en literatura española del exilio). Ha publicado diversos artículos en revistas de filosofía de la UMSNH Y UNAM.

Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

Permítaseme aportar algunos elementos técnicos a la discusión sobre el cambio de fecha del ejercicio del derecho a la revocación de mandato, para hacerla coincidente con las elecciones concurrentes del primer domingo de junio de 2027.

1. Parte de la Reforma Electoral. La Presidencia de la República anunció su interés de presentar una iniciativa de reforma electoral, para este efecto conformó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que ha anunciado que luego de las consultas que se llevan a cabo de septiembre a diciembre de 2025, se presentará una iniciativa de reforma electoral en el mes de enero de 2026. Una de las temáticas de las consultas es “Democracia participativa” que se relaciona directamente con el derecho a la Revocación de Mandato.

Sin lugar a dudas, el Congreso de la Unión tiene en todo momento el derecho de presentar iniciativas, hacer dictámenes y aprobar reformas en cualquier materia, en cualquier momento, salvo la restricción del 105 Constitucional, que señala la prohibición de publicar leyes electorales fundamentales durante los tres meses previos al inicio de un proceso electoral y durante el mismo.

Pero si se quiere tener cuidado para no tener una reforma que aparezca como un agregado sin considerar el sistema de manera integral, bien convendría esperar a discutir todo el paquete electoral en su conjunto.

Independientemente de opinadores que consideran que el ejercicio de revocación de mandato no es tema electoral, de quienes difiero, porque al final, la ciudadanía acude a las urnas a elegir entre opciones, para lo cual debe organizarse todo un proceso con padrón electoral, ubicación de casilla, integración de las mismas, capacitación, difusión, sistemas de información, resultados, en fin.

• Concurrencia Electoral no genera ahorros presupuestales. He coincidido con el enunciado de que la concurrencia electoral genera ahorros presupuestales, porque optimiza actividades que de cualquier manera se realizarían con infraestructura prevista por organismos electorales diferentes, que al sumar esfuerzos y distribuir competencias, optimiza los recursos presupuestales con la concurrencia.

Pero la posibilidad de que la ciudadanía ejerza el derecho a la revocación de mandato no es un proceso previsto ordinariamente, sino excepcional, que además, tiene una lógica diferente a las elecciones ordinarias; por lo que la concurrencia no genera ahorros presupuestales, sino los complica, al agregar un procedimiento no previsto, que genera una carga adicional a la ciudadanía funcionaria de casillas. Tan solo, dos elementos que pueden ser problemáticos, entre muchos otros, requiere un mayor espacio de almacenamiento de la documentación electoral; además de complicar la labor de impresión y distribución de las papeletas de votación.

Ello además de que la Ciudadanía funcionaria de casilla va incrementando el peso de la documentación y material con cada elección que se sume.

• La Revocación de mandato complica la Megaconcurrencia. No ver el sistema de manera integral lleva a generar actos de complicación. Parece que se olvida que no solamente tenemos Elecciones ordinarias federales y locales, sino también tendremos el primer domingo de junio de 2027, elecciones judiciales federales y locales.

Tan solo en Michoacán se tendrán 9 elecciones diferentes; tan solo entre las elecciones Ordinarias donde participan partidos políticos y las judiciales donde no participan, ya tenemos una complicación inicial, al hacer convivir dos tipos de procesos electorales diferentes; si le agregan la Revocación de Mandato, como una décima elección, tendremos otra elección más con características diferentes.

¿Cómo podrías hacer cumplir las reglas de no intervención de servidores públicos en las elecciones, cuando tienes un ejercicio de revocación de mandato?, ¿Cómo podrías hacer cumplir reglas de no intervención de los partidos políticos en las elecciones judiciales si estarán en campañas para las elecciones ordinarias?

Les dejo entonces, solo estas tres consideraciones, para enriquecer la discusión pública sobre el tema.

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*David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

Por ARACELI GUTIÉRREZ CORTÉS*

La revocación de mandato es un ejercicio ciudadano que busca llevar a las urnas a la titular del ejecutivo a fin de que la ciudadanía a través del voto decida si continúa en su cargo como Presidenta o si se le revoca su mandato.

El pasado 18 de septiembre, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa con el objetivo de modificar la Constitución Federal para ajustar como fecha del ejercicio ciudadano de revocación de mandato la misma en que se realicen las elecciones constitucionales, en las que se eligen diputaciones, senadurías, gubernaturas, presidencias municipales y regidurías.

Esto generó un interesante debate político y mediático pues, la actual regulación de la revocación de mandato impulsada por Lopez Obrador en diciembre de 2019, plantea que, el proceso de revocación debe realizarse en una fecha que no sea coincidente con las jornadas electorales federal o locales.

Con este contexto dejaré dos reflexiones que me parecen importantes:

1. La no coincidencia del ejercicio ciudadano de revocación de mandato con las elecciones ordinarias ayuda a evitar que el procedimiento de revocación se convierta en un proceso político-partidista o electoralizado en exceso, y permite que la ciudadanía se enfoque adecuadamente en ambos ejercicios, sin solapamiento que podría afectar la legitimidad, participación y transparencia de la consulta.

Además, la revocación busca ser un mecanismo de democracia directa complementario al sistema representativo, por lo que su diseño debe asegurar que se ejerza con plena conciencia ciudadana y sin interferencias de otras elecciones que puedan distorsionar su finalidad o resultados. Decidir sobre la revocación del mandato de la Presidencia de la República no es cosa menor, pues cuando se revoca, se debe convocar a nuevas elecciones en un proceso tan delicado y relevante en una democracia que debe ser lo más limpio y cuidado posible.

Esa es la lógica de que no sean coincidentes. Procurar y garantizar siempre la gobernabilidad sin contaminar la ordenada elección de las otras autoridades que garantice siempre el funcionamiento del sistema.

• Hablamos de la revocación de mandato como si ya fuera un hecho que se llevará a cabo el procedimiento, no olvidemos que esta consulta ciudadana sólo se puede realizar bajo las siguientes condiciones:

1. Debe solicitarse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Es decir, si Sheinbaum tomó protesta el 1º de octubre del 2024; es a partir de octubre del 2027 y hasta diciembre de ese año que podría ser solicitada la revocación de mandato. (Ojo, si la reforma prospera, podrá ser solicitada seis meses antes de que cumpla los tres años de mandato, es decir, entre abril y mayo del 2027).
2. Debe ser convocado por el INE a petición del tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal (es decir, poco más de 3 millones de personas), y siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.
3. Corroborado y cumplido lo anterior, entonces se podrá emitir convocatoria para la revocación de mandato. Y esa votación se realizará el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la emisión de esa convocatoria.
4. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores (poco más de 40 millones de personas).

Pero, además, la solicitud de revocación debe fundarse en razones graves que justifiquen el poner en tela de juicio la permanencia de la Presidenta, no debe tratarse de un procedimiento de rutina, obligado, de desgaste innecesario tanto de las instituciones como de los votantes.

La discusión de la referida iniciativa se aplazó por petición de las diversas fuerzas políticas y por el nivel de debate que ha representado. Estaremos atentos a la determinación final.

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*Araceli Gutiérrez Cortes. Es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con dos maestrías: En Gobierno y Asuntos Públicos; y, Derecho Procesal Constitucional. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral. Integrante de Abogadas de Michoacán A.C. Ha sido asesora en el Senado de la República. Funcionaria, consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Por Miryam Camacho*

A veces el Wi-Fi se va justo cuando más lo necesitamos. Y ahí estamos, mirando la pantalla como si fuera una ventana clausurada. El silencio digital incomoda, no tanto por la falta de conexión, sino por el vacío que deja: el espacio donde antes estaba el ruido.

Sin red, uno descubre que hay un tipo de dependencia más silenciosa que la tecnológica: la de nuestra atención. Durante unos segundos, el cerebro no sabe qué hacer con tanto silencio. Pero en realidad, ese pequeño apagón no es una tragedia tecnológica; es una oportunidad biológica. Cuando el mundo se desconecta, el cerebro se enciende.

El cerebro no es una máquina que se apaga cuando descansamos. En los momentos de desconexión, activa lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto, un sistema que entra en funcionamiento cuando dejamos aparentemente no estamos haciendo nada. Esa red, descubierta por el investigador Marcus Raichle, se encarga de organizar la información, consolidar recuerdos y asociar ideas dispersas. En otras palabras, el cerebro trabaja mientras fingimos que descansamos.

Lo que para nosotros parece pausa, para el cerebro es mantenimiento. Durante ese tiempo, limpia lo que sobra, reordena lo que importa y traza caminos nuevos entre neuronas. Esa capacidad de reconfiguración se llama neuroplasticidad: el mecanismo que nos permite aprender, adaptarnos y, si hace falta, reinventarnos. No se trata de romantizar el silencio, sino de entenderlo como una herramienta de eficiencia mental. Sin pausa no hay integración; sin integración, no hay pensamiento. Y aunque la tecnología acelere el acceso a la información, solo la pausa permite que esa información se convierta en conocimiento.

Durante años creímos que el valor estaba en saber acceder a la información. Hoy, la verdadera competencia está en saber cuándo desconectarse de ella. Pensar sin Wi-Fi no significa renunciar a la tecnología, sino usar la conexión con criterio, del mismo modo que un buen músico sabe cuándo dejar sonar una nota y cuándo detenerse. En un entorno donde todos opinan, la diferencia la marca quien sabe escuchar. Y esa habilidad requiere un tipo distinto de inteligencia: una que no mide bits, sino atención.

En realidad, no es que el cerebro rechace los estímulos, sino que necesita pausas para integrarlos. El silencio no compite con la información: la metaboliza. Igual que el cuerpo no digiere comiendo sin parar, la mente no asimila pensando sin descanso. La pausa no es un lujo, es un ritmo biológico. La neurocientífica Mary Helen Immordino-Yang, de la Universidad del Sur de California, ha demostrado que cuando la mente divaga —cuando “no hacemos nada”— se activan las áreas cerebrales vinculadas con la empatía, la creatividad y la autorreflexión. Es decir, pensar sin Wi-Fi no solo repara el cerebro: también lo humaniza.

El filósofo y neuropsicólogo Francisco Mora lo resume bien: el cerebro aprende solo si algo le emociona o le importa. Por eso, cuanto más estímulo recibimos, más selectivos necesitamos ser. No se trata de consumir menos información, sino de procesarla mejor. Dejar espacios vacíos no es pereza mental; es darle aire al pensamiento.

El silencio, lejos de ser un vacío, es una forma avanzada de procesamiento. En un mundo que confunde hablar con comunicar, pensar se ha vuelto un acto subversivo. No necesitamos apagar el mundo, sino aprender a ajustar el volumen interno. Las investigaciones en neurociencia confirman que los momentos de silencio activan la regeneración neuronal en el hipocampo, el área relacionada con la memoria y la orientación. En términos simples: cada vez que dejamos de consumir estímulos, el cerebro se repara. Por eso muchas de nuestras mejores ideas surgen en la ducha, al manejar o al caminar: cuando la mente no está ocupada respondiendo, está conectando.

Incluso el lenguaje se beneficia de esa pausa. Cuando estamos hiperconectados, hablamos mucho, pero comunicamos poco. Las palabras se vuelven automáticas, impersonales, casi con “autocorrector emocional”. Sin embargo, el silencio entre frases, ese respiro breve donde pensamos lo que decimos, da profundidad, intención y verdad a la comunicación. En tiempos de ruido, pensar antes de hablar es casi un acto de sofisticación.

El llamado lujo del silencio se ha convertido en una expresión recurrente, pero tiene una base real. El bienestar cognitivo se parece mucho al descanso emocional. Desconectarse por momentos no es renunciar al mundo, sino pertenecer a él sin agotarse. No se trata de aislarse del flujo digital, sino de administrarlo con inteligencia. La pausa nos devuelve el criterio. Permite decidir con mayor claridad, comunicar con intención y conectar con autenticidad. Y en tiempos donde todo compite por segundos de atención, esa capacidad de pausa es una forma moderna de liderazgo.

La productividad del futuro no dependerá de quién responde más rápido, sino de quién piensa mejor antes de hacerlo. Y para eso, el descanso mental será más estratégico que el multitasking. El cerebro humano está diseñado para adaptarse, no para rendirse al ruido. Por eso la desconexión no es nostalgia: es evolución. Pensar sin Wi-Fi no significa negar el avance digital, sino reclamar un espacio de autonomía mental. La tecnología puede facilitar muchas cosas, pero hay una que sigue siendo exclusivamente humana: dar sentido.

Cuando la conexión falla, no se apaga el mundo; se abre un espacio que nos recuerda que la mente no necesita supervisión constante. Ahí, en ese intervalo donde nadie espera una respuesta inmediata, florece algo que ninguna red puede replicar: la conciencia de estar presentes. Pensar sin Wi-Fi no es un gesto de rebeldía ni una renuncia al progreso. Es una nueva forma de equilibrio. Porque en un mundo hiperconectado, la pausa no es lo opuesto al progreso: es su condición.

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* Miryam Camacho Suárez. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Abogada por la Universidad Latina de América. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.

Por MIRYAM CAMACHO*

Google sabe que los domingos tardo en despertar. Sabe que abro el celular antes que las cortinas y que mi playlist matutina dura exactamente diecisiete minutos —lo suficiente para convencerme de que levantarme es un acto heroico—. Sabe también que busco recetas con nombres imposibles (“pancakes de avena esponjosos”) y que, aunque nunca las preparo, me gusta imaginar que sí. En resumen, Google registra mis rutinas con una precisión que yo misma no tengo.

No sabría decir qué hice hace dos domingos, pero mi historial sí. Podría reconstruir la jornada como si fuera un expediente: 10:04, abrí Google Maps para ver si había tráfico. 12:23, busqué “significado emocional del color azul”. 15:40, tomé tres fotos que no recordaba haber tomado. Google no solo me conoce: me recuerda. Y lo hace mejor que yo. Mientras mi memoria se difumina, sus servidores procesan más de 20 petabytes de datos al día, y responden alrededor de 99 mil búsquedas por segundo. Yo apenas logro recordar qué desayuné.

Delegamos la memoria sin darnos cuenta. Antes, recordar era un ejercicio íntimo, casi artesanal. Requería atención, conversación, escritura. Hoy, recordar se volvió un trámite: una búsqueda, un scroll, un respaldo en la nube. Google no olvida, y por eso lo usamos como extensión de la mente.

Pero la mente humana no fue diseñada para almacenar tanto. Recordar, para el cerebro, es un acto selectivo, creativo: olvida lo que no necesita para conservar la coherencia del relato personal. El algoritmo, en cambio, no tiene ese pudor. Guarda todo, incluso lo irrelevante. Lo que para nosotros es olvido terapéutico, para él es dato útil. Y eso transforma el sentido mismo de la memoria: ya no es experiencia, sino registro.

En sus 25 años de existencia, Google ha aprendido a conocernos a partir de lo que buscamos, lo que callamos y hasta lo que corregimos. Su sistema RankBrain —basado en aprendizaje automático— interpreta incluso las preguntas mal escritas o las frases ambiguas. No se confunde. Entiende la intención mejor que muchos humanos. Y en ese sentido, lo asombroso no es lo que sabe, sino lo que deduce.

Google sabe qué canción necesito un domingo gris, pero no por qué la necesito. Sabe con quién suelo hablar, pero no cómo me siento cuando dejo de hacerlo. Sabe qué me gusta leer, pero no cuándo algo me conmueve. Puede anticipar mis hábitos, pero no puede acompañarme.

La paradoja de la era digital es que nunca hemos estado tan conectados ni tan solos. Los algoritmos nos hablan sin escucharnos, nos predicen sin comprendernos. Cada recomendación es una caricia estadística: una fórmula que adivina nuestras preferencias, pero ignora nuestros vacíos. Nos ofrecen una versión domesticada de nosotros mismos: sin contradicciones, sin silencios, sin misterio.

A veces pienso que la soledad moderna no nace de la falta de compañía, sino del exceso de espejo. Todo nos refleja. Todo nos devuelve una imagen optimizada, una identidad ajustada al gusto del mercado. Y, en el fondo, el reflejo no abraza.

Si Google decidiera escribir mis memorias, comenzarían en 2005, el año en que abrí mi primera cuenta de correo. Todo lo anterior —mi infancia, las cartas, las conversaciones sin registro— quedaría fuera de la cronología oficial. Mi vida anterior a Gmail sería territorio fantasma.

Cada domingo, Google Photos me recuerda dónde estaba hace uno, tres o cinco años. A veces me conmueve, a veces me invade. Hay recuerdos que uno elige dejar ir. Google no lo entiende: su política es la permanencia. El “derecho al olvido” se ha vuelto un lujo humano frente a la obstinación digital.

Un recuerdo sin interpretación no es memoria: es archivo. Y los archivos no perdonan. Guardan incluso lo que uno preferiría reinventar. En la mente, el pasado se vuelve relato; en el algoritmo, evidencia.

Nos gusta pensar que controlamos lo que compartimos, pero cada clic es un contrato silencioso. Google sabe dónde estamos, qué compramos, cuánto tardamos en llegar a casa y qué ruta elegimos evitar. Sus mapas acumulan más información sobre la movilidad humana que cualquier gobierno en la historia. Y cada actualización de su algoritmo —decenas cada año— redefine qué es visible y qué no, qué existe y qué desaparece de la conversación pública.

No es espionaje: es eficiencia. Y la eficiencia tiene un costo invisible. Cuando alguien (o algo) nos conoce demasiado, perdemos el misterio. Y sin misterio, no hay libertad.

Hace apenas dos décadas, la sorpresa era cotidiana: no sabíamos qué canción sonaría en la radio, quién llamaría, qué carta llegaría. Hoy, hasta el azar está programado. Las recomendaciones automáticas sustituyeron el descubrimiento. El algoritmo de YouTube, por ejemplo, ajusta millones de microdecisiones por minuto para mantenernos mirando. Y lo logra. Las plataformas están diseñadas para anticipar cada impulso y traducirlo en tiempo de atención. La emoción espontánea se convirtió en una métrica.

Incluso el ocio ha sido optimizado. Los algoritmos nos “liberan” de decidir qué ver, qué leer, qué escuchar. Pero con cada elección automatizada, perdemos un poco la posibilidad de asombro. La mente humana, que necesita pausa para procesar y creatividad para conectar ideas, vive ahora en un loop de estímulos rápidos. Y sin pausa, pensar deja de ser una experiencia: se vuelve un reflejo condicionado.

Tal vez el nuevo acto de privacidad sea olvidar a propósito. Borrar el historial no por miedo, sino por descanso. Apagar la ubicación no como paranoia, sino como gesto de autonomía. Permitir que el olvido vuelva a ser humano, que el domingo recupere su misterio.

Olvidar también es libertad. Porque si todo queda registrado, nada vuelve a ser nuevo. Y si nada es nuevo, la vida se convierte en archivo.

Google sabe cuántos pasos di ayer, cuántas fotos tomé, cuántas pestañas abrí. Pero todavía no sabe —y espero que nunca sepa— lo que pienso cuando cierro los ojos, ni cómo se siente un domingo sin Wi-Fi.

Quizás ese sea el último reducto del alma: el espacio que ningún algoritmo puede indexar. Ese rincón de silencio donde seguimos siendo dueños de lo que pensamos, aunque el resto del mundo lo haya delegado al buscador.

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* Miryam Camacho Suárez. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Abogada por la Universidad Latina de América. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.

Por ARACELI GUTIÉRREZ CORTES*

Por obvias y terribles noticias, hoy todo el país conoce al “Movimiento del Sombrero”. Por ello creo importante tomar este espacio para hablar de lo que jurídicamente ha representado ese movimiento en el entorno electoral.

Carlos Manzo llegó a la Presidencia Municipal de Uruapan a través de una candidatura independiente, esto significa que no participó con ningún Partido Político. Creó una asociación llamada “La Sombreriza Michoacana A.C.”, con lo que logró su registro como aspirante independiente junto con su planilla.

Hay que decir que, en el Proceso Electoral del 2024 donde él participó, también se registraron otras 5 planillas de ayuntamiento independientes en los municipios de Charo, Chinicuila, Zitácuaro y dos planillas en Paracho, sin embargo, Carlos Manzo encabezó la única planilla independiente que ganó en las urnas. Pero, además, con resultados históricamente altos pues obtuvo 95,381 votos, mientras que la coalición MORENA-PT-PVEM obtuvo 28,072 votos y la coalición PRI-PAN-PRD 11,506 votos.

Lo relevante de esos números radica en que las candidaturas independientes participan en ciertas condiciones de desventaja, pues no cuentan con las mismas prerrogativas económicas que los partidos políticos y tampoco con la misma estructura, lo que limita mucho más su alcance y desempeño en territorio.

Por su parte, se registraron también como candidatos a diputados dos aspirantes que desde la vía independiente unieron fuerzas con la Sombreriza, Carlos Alejandro Bautista con la asociación “La fuerza del Sombrero A.C.” y Conrado Paz, con la asociación “Humanismo de Cupatitzio A.C”, este último, había usado antes el nombre de la “La Sombreriza Uruapan Norte A.C.” pero la autoridad electoral le pidió cambiarlo pues se parecía mucho al de la planilla de ayuntamiento.

Dichos candidatos también ganaron los dos distritos de Uruapan, convirtiéndose en los únicos diputados que ocuparon curules por la vía independiente y formando parte de ese llamado “movimiento del sombrero”.

Las candidaturas independientes se han convertido en una alternativa distinta para la ciudadanía. Hay que recordar que en el año 2015 cuando por primera vez se permitieron las candidaturas independientes en Michoacán, hubo apenas 12 postulaciones, una a la diputación y 11 de ayuntamientos, y ganó solo una planilla. En el 2018 fueron 35 postulaciones de independientes, 2 a diputaciones y 33 planillas de ayuntamiento, finalmente ganaron sólo 3. Y en el 2021, se postularon 12, 2 de diputaciones y 10 planillas de ayuntamiento, y de igual forma ganaron sólo 3.

No es fácil conseguir esas candidaturas pues deben comenzar con recursos propios y bien fiscalizados y mucho menos fácil es ganar. Si bien es cierto, algunos candidatos de partidos políticos se han disfrazado de independientes y han usado esta figura para mantenerse en el poder, también lo es, que por esa vía han surgido liderazgos reales que contrarrestan prácticas que en muchos casos los partidos políticos no han podido cambiar.

Las candidaturas independientes no se pueden coaligar con partidos políticos y tampoco se pueden coaligar entre ellas, pero si se pueden reelegir, cambiar de nombre y reestructurar a sus equipos. También se pueden convertir en partidos políticos. Será importante conocer el destino jurídico y político que se le dé a la Sombreriza Michoacana.

El movimiento del sombrero es un ejemplo del alcance que puede tener la sociedad organizada y el voto en las urnas.

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*Araceli Gutiérrez Cortes. Es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con dos maestrías: En Gobierno y Asuntos Públicos; y, Derecho Procesal Constitucional. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral. Integrante de Abogadas de Michoacán A.C. Ha sido asesora en el Senado de la República. Funcionaria, consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Por MARIO ENSÁSTIGA SANTIAGO*

Conocer la percepción que la ciudadanía tiene de los gobiernos municipales y alcaldías de la CDMX, en relación a su capacidad de solución de problemas de las poblaciones, territorios y de los mismos equipos de gobierno, sin duda es de importancia, en razón de ser un indicador y variable del diagnóstico situacional general del país. Como se sabe sobradamente son la primera línea de combate de los rezagos y desigualdades sociales, económicas, culturales, ambientales y políticas de nuestro país.

Desde hace buen rato sabemos quienes nos dedicamos a los temas de la “cuestión municipal” que los municipios y ahora alcaldías de la CDMX presentan más que otros ordenes de gobierno las contradiciones y crisis de nuestro sistema político, inseguridad y violencia en todas sus formas, limitaciones económica, financieras y fiscales, deuda pública y falta de experiencia y capacidad tecnopolítica (administración y gobernanza), concretándose en los grandes rezagos de los servicios públicos básicos contemplados en el artículo 115 constitucional, en se concluye que el diseño institucional del municipio mexicano está obsoleto para enfrentar los viejos y nuevos problemas cada vez más y más complejo d ela sociedad moderna de la décad del siglo XXI.

Quienes reivindicamos el municipalismo a diferencia de sólo hablar de la cuestión de los municipios, nos referimos desde luego a la realidad concreta e institucional de los gobiernos municipales, pero vamos más allá, el municipalismo es una visión, doctrina y enfoque teórico conceptual, ideológico y político del humanismo y la transformación de la realidad concreta, sobre el papel del municipio no sólo consideramos el estudio de la administración y asuntos jurídicos desde el empirismo, sino en función epistemológica de las distintas formas de estudiar de cómo mejorar la organización y ejercicio del poder político desde lo local, articulando valores humanistas, culturales, espirituales, psíquicos, éticos y ambientales entre otras cuestiones; el municipalismo debe generar teoría y nuevos paradigmas de la función pública, mientras que lo municipal se acota a producir información administrativa y técnica. Por otra parte para redondear la idea de municipalismo, el sufijo “-ismo” proviene del griego ismos y del latín -ismus que indica doctrina o corriente de pensamiento como lo es el socialismo, liberalismo, federalismo, ambientalismo, etcétera.          

El periodista Pedro Mellado del prestigiado espacio informativo y analítico “Los periodistas” de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, da a conocer que el pasado jueves 23 de octubre el INEGI emitió los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025, dentro del reporte de la sección “Puntos y comas” de Mellado señala que contiene la valoración ciudadana de los municipios de 91 zonas metropolitanas y de las 16 alcaldías de la CDMX, sobre la capacidad de los presidentes y presidentas municipales y alcaldes y alcaldesas para resolver los problemas sobres los servicios públicos municipales contemplados en el artículo 115 constitucional. 

El trabajo de consulta a la ciudadanía el presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez de de Morena es el que tiene el más alto grado de reconocimiento de sus gobernados de un 71.6%; el menos reconocimiento es del municipio de Cuatitlán Izcalli del Estado de México, Luis Daniel Serrano Palacios de Morena con apenas  el 8.6%, paradógicamente Morena tiene a los presidentes municipales, el mejor y peor evaluados; el presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza (PAN) ocupo el segundo lugar con el 69.9% (autoridad municipal recientemente fallecida por enfermedad); Apodaca, Nuevo León, César Garza Arredondo (PAN) y Pablo Gutierrez Lazarus del municipio de y de Ciudad del Carmen Campeche (Morena), respectivamente cuentan con el favorable 60.7% de aceptación de sus habitantes que los ubica en el tercer lugar.  

El resto de la lista de los 10 municipios mejor evaluados se ubican los de Uruapan Michoacán (ciudadano independiente); San Nicolás de los Garza, Nuevo León (PAN), Saltillo, Coahuila (PRI); Nuevo Laredo, Tamaulipas (Morena); la alcaldía Benito Juárez (PAN), alcaldía de la Ciudad de México y Aguascalientes, Aguascalientes (PAN).

El segundo lugar menos evaluado es el presidente municipal morenista de Coatzacoalcos, Veracruz con el 11.1% Pedro Miguel Rosal García; la tercera posición menos evaluada es la presidenta municipal de Chimalhuacán, Estado de México (Morena); Xóchitl Flores Jiménez con el  12.3% (Morena), le sigue de abajo a arriba en la tabla Zacatecas, Zacatecas (Verde);  Acapulco, Guerrero ( Morena); Pachuca, Hidalgo (Morena); Ecatepec, Edomex (Morena) , alcaldía Xochimilco (Morena); Ciudad de los Cabos en Baja California (Morena); Monterrey, Nuevo León (PRI); alcaldía  Cuauhtémoc, CDMX (PAN); Guadalajara, Jalisco (MC) y Zapopan, Jalisco (MC).

En resumen de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI de las presidencias municipales y alcaldía de octubre pasado, información levantada ren el 2023, en 27 mil viviendas en relación a la capacidad de los y las gobernantas de su capacidad para resolver problemas de los temas de la estructura organizacional y recursos; servicios públicos, participación ciudadana, seguridad pública, justicia cívica, agua potable y saneamiento y residuos sólidos,  de las 10 presidencias municipales y alcaldías de la CDMX mejor evaluadas; el PAN tiene 5, Morena 2, el PRI 1 y el presidente municipal independiente de Uruapan, Michoacán. De los 10 peor evaluados, 7 son de Morena, 1 del PAN, 1 del PRI y 1 del Verde. Es evidente que de golpe y porrazo se vea que Morena tiene la bipolaridad de menos mejor evaluados y mas de los peor evaluados, desde luego que Morena es el partido que más gobiernos municipales tiene a nivel nacional, y ello es una variable a considerar.

Por otra parte, la empresa encuestadora Mitosky se caracteriza por dar a conocer periódicamente más que otras, la medición del desempeño que la ciudadanía hace de las administraciones municipales de México, por ejemplo en el 2024 de los 150 presidentes y presidentas municipales y de las 16 alcaldías de la CDMX sometidas a la evaluación ciudadana, poco más de la mitad fueron reprobadas y las mejor calificadas fueron por debajo del 60 por ciento, en promedio las aprobaciones fue del 46.5 por ciento y desaprobadas el 51.9 por ciento; de los 10 mejor calificados 6 fueron de Morena, 3 del PAN y 1 del PRI.

La medición de Mitosky dada a conocer en octubre de 2025, nos dice que el 50.7 por ciento de los gobiernos locales (municipios y alcaldías) fueron aprobados, y el 47,7 por ciento reprobados, esto significa pequeños pero importantes avances frente a los duros escenarios a los que buena parte de los 2478 gobiernos locales del país enfrentan problemas de inseguridad y violencia; limitaciones fiscales; endeudamiento; déficits de la dotación de los servicios públicos municipales básicos, principalmente del agua, drenaje y saneamiento; limitada capacidad administrativa y falta de mejor coordinación intergubernamental.

Los 10 gobiernos municipales mejor evaluados fueron, el municipio de Benito Juarez de Quintana Roo (Morena); Hermosillo, Sonora (PRI); Nuevo Laredo, Tamaulipas  (PAN); Alacaldía de Tláhuac (Morena); Veracruz, Veracruz (PAN); Ciudad del Carmen, Campeche (Morena); Cuauhtémoc, Chihuahua (PAN); Xalapa, Veracruz (Morena); Saltillo, Coahuila (PRI) y Puebla, Puebla (Morena; Los 5 municipios peor evaluados, Chiautempan, Tlaxcala (Morena); Córdova, Veracruz (Morena); Comondú, BCS (Morena); Zitácuaro, Michoacán (Morena); Ramos Arizpe, Coahuila (PRI). Recapitulación de los 10 gobiernos mejor calificados 5 son de Morena, 3 del PAN y 2 del PRI; de los 5 peor calificados 4 son de Morena y 1 del PRI.

Resumen general a nivel nacional, la aprobación por partido político es la siguiente: Morena (81 gobiernos) tiene el 46.3 %; PAN (34 gobiernos) 48 %; PRI (13 gobiernos) 46.9 %; MC (7 gobiernos) 49.7 %; Verde (4 gobiernos) 51.1 %; PT (4 gobiernos) 46.6 % y PRD (1 gobierno) 40.6 %.

Conclusiones: 1. Más menos los gobiernos locales de México la mitad son aprobados poco más por del 50 y menos del 60%, la otra mitad es reprobada entre el 20 y 30%.

2. Los datos anteriores son una clara manifestación de la falta de mayor resultados positivos de los gobiernos locales de México y por consecuencia la justificada insatisfacción de la ciudadanía.

3. El imperativo ético político y y condición de hacer la gran reforma municipal integral acorde a las nuevas circunstancias sociales, económicas y políticas del país, en virtud de que los gobiernos locales son las instancias y espacios locales estratégicos para las grandes y profundas transformaciones del nuevo sistema político del humanismo mexicano.

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* Mario Ensástiga Santiago. Es ingeniero por el IPN, además de realizar estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y una maestría en Desarrollo Urbano. Ha militado en la izquierda durante 45 años. Fue secretario ejecutivo del Centro de Desarrollo Municipal (Cedemun) y asesor de diversos gobiernos municipales.

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Por JUAN ADOLFO MONTIEL*

La democracia se considera como una buena forma o manera de poder resolver los conflictos de una manera civilizada. Y la paz es un pilar dentro de la democracia. Es decir, si no encontramos paz, tendríamos, a lo mejor, una democracia frágil y no una democracia fuerte para poder resolver las diferencias sin el uso de la violencia.

La democracia es garante para mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad. Sin embargo, la paz es un pilar dentro de la democracia, porque una democracia sin paz, sería democracia frágil.

Por ello, tenemos que aquilatar estos dos conceptos o figuras dentro de una sociedad. Han sido varios los autores en la historia de la humanidad que han realizado esa reflexión y han establecido la necesidad de una sociedad en paz -hacia el exterior pero también hacia el interior-, como una arena fértil donde se puede desarrollar una democracia fuerte, robusta, con bases sólidas donde se puedan plantear los problemas y atenderlos de manera civilizada, y donde las diferencias puedan encontrar la manera de lograr coincidencias.

Es por ello que hoy, como sociedad, tenemos que pedir y exigir, desde la trinchera en la que nos encontremos, que todas y todos abonemos por una sociedad en paz, una sociedad en paz como pilar de una democracia.

Como advirtió Jorge Orlando Melo “No se llegará a la paz desvalorizando a la democracia”.

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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

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Por BORIS GONZÁLEZ CEJA*

Actualmente me encuentro visitando diversas escuelas en el país, para realizar una verdadera evaluación a los y las niñas en salud mental, y los hallazgos son estremecedores: viven realidades dolorosas, como Melissa, una niña de 10 años que con valentía y ante todos sus compañeros, me soltó que ella sabía bien lo que es la depresión, cuando su madre murió hace 4 años y ella aún no sabe cómo salir adelante.

O Hector de 12 años, que llegó a la secundaria sin saber leer ni escribir, con manchas en la cara por desnutrición, con el semblante de la tristeza del abandono por sus figuras de autoridad que lo atacan.

Saúl lamentablemente se quedó huérfano cuando cursaba la secundaria, el crimen organizado desapareció a su papá, a partir de entonces, él prometió venganza, sin saber que tal promesa lo llevaría a él también a la tumba.

La niñez y la juventud son presa no únicamente de la delincuencia organizada, que a través del consumo de drogas están enganchando a ese sector poblacional por miles, sino que se encuentran atravesando una seria crisis de salud mental que no tiene atención en las ciudades y en los pueblos.

Cada vez es más común que niños pequeños experimenten abusos psicológicos y violencia intrafamiliar, que irremediablemente deja en ellos sintomas que se aprecian como ansiedad y depresión, y que no se confunden con otros procesos de abandono parental, como el uso de celulares y demás.

Algunas de las enseñanzas que he obtenido al visitar a las escuelas son las siguientes:

1.-El gobierno federal y de los estados, especialmente la SEP, viene simulando programas de atención psicológica en las escuelas, cuando no han hecho nada, y a lo más que han llegado es a delegar esa función a los maestros, que desconocen qué hacer, y en caso de hacer una detección, no saben qué sigue, dejando la herida abierta.

2.-Las y los niños son seres humanos pensantes y saben bien lo que quieren y lo que no quieren, y tienen claro que los abusos de sus padres no se quedan en el abandono, sino que tienen una huella que puede durar decenas de años, guardada en un espacio de su corazón y de su mente.

3.-Mientras los políticos sigan robándose el presupuesto, no va a haber atención posible para esos niños; ni hablar de los que no van a la escuela, que tienen menos posibilidades de ser detectados en sus problemas.

4.-Sí se puede lograr detectar los problemas de salud mental en las escuelas, sólo requerimos un gobierno que sepa leer y nos contacte: los resultados son tangibles, reales e inmediatos, por experiencia les decimos. 

De acuerdo con el Inegi, en el 36 % de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años, se presenta la ausencia de al menos una figura parental, principalmente debido a la separación de los padres, seguido del fallecimiento de al menos uno de ellos.

Miles de padres son una aberración al desconocer el daño que le hacen a sus hijos al ponerlos en medio de sus bastardas peleas maritales o “amorosas”, la llamada violencia vicaria. Bien valdría la pena que las autoridades de justicia les hicieran ver que una condición, la primera de sus divorcios malhechos, es salvaguardar el interés superior de la niñez.

La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), muestra una realidad aún más dolorosa y directa de este problema: el 13 % de los jóvenes han experimentado algún tipo de violencia física o psicológica al ser reprendidos por sus padres. Se estima que 71 % de los jóvenes de 12 a 29 años cuenta con amigos involucrados en al menos un factor de riesgo individual (los que aumentan o disminuyen la probabilidad de que la misma sea víctima de violencia, explotación o abuso).

¿Qué nos queda, cuando instituciones como el DIF se han convertido en brazos políticos del gobierno para comprar votantes, y no se tienen los cuidados urgentes para la niñez, como antes se pensó?

Miles de padres se encuentran violentando impunemente a niñas y niños, con notarias afectaciones en su proyecto de vida (económicas, psicológicas, físicas) y se requiere detener esa barbarie.

Causas y azares…

– Las recientes develaciones de abusos de políticos con joyas, viajes o bienes muebles e inmuebles, para la oposición debería de ser encauzado en procesos penales, de lo contrario, van a seguir quedando como unos payasos resentidos.

– Que la titular de la secretaria de Educación de Michoacán diga que tiene maestría y doctorado, y no sea verdad, viene a impactar duramente el discurso de “no mentir” del gobernador, donde queda como hipocresía, y otro delito más a la cuenta de nuestra podrida clase política.

– Si la derecha quiere presentar a un delincuente fiscal y usurero como su nuevo estandarte de lucha política, estamos en una guerra ya no del gato y el ratón, sino entre ratas que se atacan entre ellas (de todos los colores). 

Hasta la próxima, que la niñez es un estado de liviano presente.

Conoce más en: https://www.facebook.com/psicologiaparatiii/

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• Boris González Ceja. Es licenciado en Psicología y Maestro Educación y Docencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Experto en proyectos de salud mental para resultados y fortalecimiento de equipos de especialistas en psicología en temas de violaciones graves de derechos humanos. Consultor de organismos nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Notoriedad por excelentes estudios de psicología, investigaciones para leyes y por resolver problemas acuciantes a nivel internacional desde la ciencia.

Por MIRYAM CAMACHO*

En México, la extorsión se volvió un hábito cotidiano con rostro cambiante.

Ya no se limita a la llamada del “licenciado” que amenaza con una supuesta orden de aprehensión; ahora también se disfraza de mensaje de WhatsApp, enlace bancario o aplicación milagrosa que presta dinero y cobra con amenazas.

La delincuencia se modernizó, y el sistema jurídico empieza —por fin— a intentar alcanzarla.

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un paso clave para homologar la definición y el castigo de este delito en todo el país.

El texto, que ahora pasará al Senado, busca llenar un vacío que durante años dejó a las víctimas navegando entre códigos penales dispares, burocracia y desamparo.

El dictamen define la extorsión como el acto de quien, “sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico.”

En palabras simples: cuando alguien te exige algo que no estás obligado a dar —ya sea dinero, silencio o una acción—, usando la coacción, el miedo o el engaño.

La novedad no es solo la claridad jurídica, sino el reconocimiento explícito de su modalidad digital.

La iniciativa menciona el uso de tecnologías de comunicación, medios electrónicos o telecomunicaciones para cometer el delito.

Es decir, incluye desde llamadas automatizadas hasta extorsión en línea, montadeudas, sextorsión o manipulación emocional con fines de lucro.

Según la Policía Cibernética de la Ciudad de México, entre octubre de 2024 y julio de 2025 se registraron más de 28 000 reportes en línea, y el 31.5 % correspondió a extorsión digital.

Esto equivale a un promedio de 32 casos diarios solo en la capital. Y aunque parezcan cifras alarmantes, son apenas la superficie del problema: la mayoría de las víctimas nunca denuncia.

A nivel nacional, el 66 % de los casos de extorsión se concentra en ocho estados: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Sí, Michoacán también figura en esa lista, y no por coincidencia.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, durante 2024 se detuvo a 57 personas relacionadas con el delito de extorsión, pero el propio Semáforo Delictivo colocó a la entidad 98 % por encima de la media nacional.

En los primeros siete meses de 2025 se registraron 108 casos, aunque se estima que solo 1 de cada 10 delitos se denuncia.

El resto se calla por miedo, resignación o costumbre.

Municipios como Uruapan y Morelia son señalados de forma recurrente como puntos de alta incidencia y percepción de inseguridad.

En el fondo, el silencio también es parte del delito: la extorsión no solo roba dinero, roba voz.

El dictamen aprobado plantea tres cambios de fondo:

1. Homologar el tipo penal en los 32 estados.
2. Permitir que la extorsión se investigue de oficio, sin depender de que la víctima denuncie.
3. Establecer sanciones uniformes y más severas cuando el delito se comete usando medios tecnológicos.

En otras palabras, el Estado pretende que ninguna llamada, mensaje o amenaza digital quede fuera del marco penal. Y eso, aunque suene burocrático, es un acto de modernización legal necesario.

El problema no es solo castigar, sino entender la estructura emocional y económica detrás del delito.
La extorsión no necesita pistolas; basta un número de teléfono y una buena dosis de miedo.
Y mientras la delincuencia evoluciona con tecnología, las víctimas siguen enfrentando el dilema de siempre: ¿denunciar o sobrevivir?

Porque en México, el miedo sigue siendo una economía estable. Y si la ley logra cambiar eso, aunque sea un poco, ya habrá valido la pena.

El dictamen aún no es ley, pero marca una dirección necesaria: entender que el delito evolucionó y que la justicia debe hacerlo también.
La extorsión ya no vive solo en las esquinas oscuras, sino en los chats, las apps y los bancos digitales.
Reconocerlo es el primer paso para desmantelarla.

Quizá la verdadera modernización de la justicia mexicana no esté en los algoritmos ni en las plataformas, sino en algo más humano: que la ley empiece a hablar el mismo idioma que el miedo.

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Miryam Camacho Suárez. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Abogada por la Universidad Latina de América. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.