Categoría: OPINIÓN

Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*

En estos días que ha estado en la discusión pública los temas de la reforma al Poder Judicial, la ciudadanía a través de las redes sociales se ha interesado e informado de como es la conformación de los órganos colegiados, en este caso del Poder Legislativo a nivel federal.

Por ello, debemos de retomar el tema sobre la importancia de la  “representación política” que es aquella que se otorga a la persona postulada por un partido político o una coalición y que asume a través del voto popular para actuar a nombre del electorado en la toma de decisiones sobre asuntos de carácter público y del poder político.

Existe diversa normatividad a nivel internacional, indicando que es un derecho de la ciudadanía el poder participar en la discusión de asuntos públicos, a través de la representación política, la cual debe hacerse mediante elecciones de manera permanente, periódica y en libertad lo relacionado a la emisión del voto.

Después del pasado 2 de junio, fecha de nuestra pasada jornada comicial donde la ciudadanía pudo dar su voto, los resultados fueron que existían diferentes fuerzas políticas con votación y que deberían estar incorporadas en ambas cámaras legislativas, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Lamentablemente nuestra normativa actual no establece que deba trasladarse de forma pura y genuina esa votación, sino por medio de ciertas fórmulas de sobre y subrepresentación, es decir, más escaños para unos y menos escaños para otros de acuerdo con su votación y triunfos obtenidos. Resultado de ello, se fortalecieron los grupos mayoritarios en detrimento de los grupos minoritarios.

Por otro lado, también se ha puesto a la discusión de la representación política, la posibilidad de postularse por un partido político, del cual se aprueba una plataforma política y promesas de campaña de ese partido o coalición; pero cuando asume el cargo se cambia a un partido diferente, lo cual tampoco refleja esa representación obtenida conforme al electorado.

Esto último afecta a la confianza de la ciudadanía al sistema político y democrático, se siente traicionado el electorado porque la persona actúa de mutuo propio. Es necesario hacer una revisión legal de la representación y de la emisión del voto.

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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

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Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

El pasado 29 de agosto, el Consejo General del INE conoció el Informe final de actividades y evaluación del Voto de las Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero de los Procesos Electorales Federal y Locales Concurrentes 2023-2024.

El informe no solo es un compendio de datos duros y actividades realizadas, sino también, contiene reflexiones muy interesantes sobre lecciones aprendidas y áreas de oportunidad.

Se considera que la difusión sobre la credencialización debe ser permanente, intensificándose en junio del año previo a la elección.

De igual forma la difusión sobre las 3 modalidades del voto (postal, electrónica y presencial) debe ser antes del inicio del proceso electoral y reforzarla a partir del mes de enero del año de la elección.

En términos de difusión se considera explicar el manejo de la urna y dispositivos electrónicos, para ejercer el voto presencial y adecuarlo al contexto del electorado mexicano en el extranjero.

Además de focalizar la difusión en los grupos etarios, como la población migrante de la tercera edad, ajena al uso cotidiano de la tecnología.

Un tema muy sensible para la comunidad migrante es todo el trámite para poder votar, por ello, se recomienda en el informe, hacer una revisión jurídica, técnica y operativa para simplificar y facilitar el procedimiento de credencialización y registro.

Respecto a la inconformidad ciudadana derivada de las notificaciones de no incorporación a su registro, es vital revisar que todas las comunicaciones y notificaciones dirigidas a la ciudadanía sobre el estatus o dictaminación jurídica de su solicitud de inscripción sean oportunas y claras en sus razones, fundamentos, motivos y, en su caso, consecuencias.

Para el caso de direcciones en Estados unidos de América sería conveniente solicitar a la ciudadanía que proporcione el condado y este dato pueda ser validado, para focalizar acciones.

En términos de voto postal es necesario seguir explorando mecanismos eficaces para que la ciudadanía pueda dar seguimiento puntual al envío del Paquete Electoral Postal y el retorno del Sobre Postal de Votación.

El voto electrónico se ha consolidado como la opción que elige la mayoría de las personas votantes, inclusive es el que menos problemas genera, aún así, es necesario analizar mecanismos que faciliten el acceso al sistema, además de continuar fortaleciendo la divulgación de los elementos que garantizan la seguridad y secrecía de esta forma de participación electoral, a fin de que la ciudadanía tenga mayor confianza en su uso.

Respecto al voto presencial es necesario valorar la pertinencia, implicaciones, ventajas y desventajas, de contar con un solo universo de personas votantes para la modalidad presencial (ya sea registrados, o bien, no registrados), ya que su confluencia generó algunas inconformidades.

Inclusive revisar la posibilidad de ampliar el horario de la votación o incluso la posibilidad de implementar el voto presencial anticipado, con un periodo de votación de más de un día.

Revisar, de forma conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la posibilidad e ampliar el número de sedes consulares para instalar las mesas receptoras de votación.

Estas entre otras muy diversas y variadas consideraciones, servirán para mejorar la organización del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

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*David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

Por SIMÓN*

Son una vergüenza los partidos políticos en México, ya no representan a nadie, dejan sola y abandonada a la ciudadanía. Sus intereses ya sólo son individuales y no de la sociedad.

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*Simón. Es un gato rescatado de las garras del abandono. Hoy se siente empoderado. Obtiene cultura general en cada viaje por diversas azoteas, donde las discusiones son muy maulladoras. Admirador de “El Gato Culto”, gusta de la canción: “Cucho está cantando ya, Cucho ya cantando está y viene a dar su amor”. Desde su gatuna y enriquecedora visión compartirá su parecer.

Por LEOPOLDO GONZÁLEZ*

Se ha presentado a la Reforma Judicial en el país, por parte de distintos medios y analistas, como el alma de la visión obradorista del Estado, la madre de todas las batallas o la última cruzada del astuto de Palacio antes de dejar el poder, para consolidar el galimatías de la 4T y dejarle un sexenio totalmente “planchado” al nuevo gobierno.

Debido a que los ruidos del debate distraen y empañan el fondo de lo que verdaderamente quiere López Obrador, algunos transformaron los eslógans de partido en argumentos de banqueta y pusieron los conceptos a retozar, creyendo que el filling de sus escritos y disertaciones los haría visibles ante el señor del gran poder.

Fue la suma de los estudiantes de nueve facultades de derecho al paro judicial, y luego la de trece universidades públicas y privadas en el país, lo que le metió miedo a la señora Sheinbaum y ella a Ricardo Monreal, para declarar que no, que de ningún modo “se aprobaría la Reforma Judicial con precipitación”, pues había que darle tiempo al tiempo.

Parecía obvio que ninguno de los dos leyó ni interpretó bien las urgentísimas urgencias del inquilino de Palacio, quien -cuenta una fuente- habló con los dos de forma ruda y airada, instigándolos a no meter freno a la reforma y a aprobarla ipso facto, es decir: más rápido que inmediatamente.

Esto explica la actitud posterior de un Ricardo Monreal descompuesto y el video que el miércoles por la tarde subió a redes sociales la señora Sheinbaum, casi para decir que alguien le había ordenado despejar dudas y acelerar la aprobación de dicha iniciativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores.

De aquí se desprenden varias lecturas sobre la necedad beligerante, la urgencia imperiosa y el temple autoritario con que Claudia Sheinbaum, Monreal, Alcalde, Mier y Fernández Noroña impulsan la discusión y aprobación fax track de la Reforma Judicial, para que el Poder Judicial en su conjunto se subordine a los intereses políticos torcidos de la 4T y no al pueblo mexicano.

El afán de tener una Reforma Judicial según el capricho de la 4T, con abogados sin carrera judicial, sin estudios suficientes ni experiencia, es un recurso que figura en los protocolos tramposos del Foro de Sao Paulo, porque sólo así se puede inundar de incondicionales y aduladores a un poder tan estratégico, para que dicte sentencias favorables a quienes gobiernan y haga añicos el derecho a la justicia del resto de la población.

Aunque este propósito es importante para el populismo autoritario, como muestra la situación lastimosa que viven Venezuela y Nicaragüa, hay otros objetivos, igualmente oscuros y malvados, detrás de la prisa y el ciego frenesí con que se busca arrodillar al Poder Judicial.

Por un lado, hay bases para suponer que la sobrerrepresentación y la Reforma Judicial, en un gobierno quebrado que arrastra el peor déficit en cuatro sexenios, mismo que se sitúa en 5.9 por ciento del PIB, podrían facilitarle el camino para meter mano a los 230 mil millones de dólares que atesora el Banco de México, debido a que López Obrador saqueó todos los fondos y ahorros presupuestales para mantener a sus redes clientelares. Esa, es una posibilidad.

     Otra que podría explicar la prisa por aprobar una Reforma Judicial sobre las rodillas, es el miedo a la querella interpuesta por Norma Piña contra AMLO y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, antes de las elecciones, donde los señala como sujetos de investigación por delitos contra la función y el erario público, ocultamiento de información financiera, peculado, uso indebido del servicio público, coalición de funcionarios públicos y los que resulten, todo ello en agravio del derecho a la información y a la transparencia de los mexicanos.

No obstante, el presidente que corrió a la DEA al inicio de su gestión y ha establecido un trato poco cordial y diplomático con EU, tiene prisa en arrodillar al Poder Judicial y someter a la Corte, básicamente por tres razones.

La primera razón es que, al ser despojado de la investidura presidencial, pierde el poder y pierde el fuero de inmunidad constitucional que lo protege. Lo que sigue para él y sus hijos es una incógnita, pero es probable que la ruina en que deja al país lo persiga durante algunos años.

La segunda razón es peor aún, pues luego de que Ovidio Guzmán pasó a la condición de “testigo protegido” de la DEA y tras ser desahogadas las primeras audiencias ministeriales de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, de aquí al mes de octubre, el actual inquilino de Palacio podría darse un camino y fabricarle otro a su sombra.

Por último, lo que en el cenáculo oficial podría estar apresurando la aprobación de la Reforma Judicial, es la hipotética posibilidad de que la DEA tenga el recuerdo fresco de lo que ocurrió al expresidente de Panamá Manuel Antonio Noriega, en diciembre de 1989, y lo que sucedió al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, y quiera desempolvar el manual operativo que condujo a la captura de estos dos narcopolíticos.

No sabemos lo que pueda pasar, porque son tiempos de oscuridad. Sabemos, sí, sobre todo por el misterioso traslado de “El Mayo” a EU, que los caminos de la DEA son inescrutables, cuando no asunto del más hermético de los esoterismos.

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Pisapapeles

La Reforma Judicial le conviene a la oligarquía gobernante, no a la sociedad mexicana.

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*Leopoldo González. Es abogado. Consultor jurídico y político. Asesor Parlamentario y de Gobierno. Ensayista, narrador y poeta. Autor, coordinador y compilador de nueve libros de ensayo y poesía. Profesor de Ciencia Política comparada en el Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán (IAPMI). Analista político y en temas de economía y finanzas públicas. Director de la revista Letra Franca 2012-2019.

Correo para una comunicación directa: leglezquin@yahoo.com

Por JESÚS SIERRA ARIAS*

Apoyo las causas sociales razonables y la defensa de un modelo constitucional correcto y equilibrado, en el que las mayorías electorales no abusen de las mayorías reales, ni se atribuyan poderes que no les fueron otorgados.

Apoyo un modelo de constitución que no se finque en el populismo ni en la falacia.

No puede ser buena ninguna propuesta que genere caos, división y reclamo, que solo sirva para afianzar el poder arbitrario que ejercen resentidos históricos u oportunistas mezquinos.

México, despierta. Escucha los avisos. Aún es tiempo de que veas la realidad.

No te dejes engañar ni por encantadores de serpientes que te adormecen con dádivas y promesas de que tu, como parte del pueblo, mandas y eliges, ni tampoco le creas a los piratas de la democracia que te arrancaron tu voto con engaño y ahora lo pusieron al servicio de tu adversario.

México, eso es falso. No eliges nada. Tú no votas, ni eliges, ni tienes más democracia.

Solo legitimarás propuestas definidas por la izquierda manipuladora, que ya ha demostrado que no permite que gobiernen, legislen o resuelvan los que deben, sino que designa a los sumisos, a los obedientes o a impostores que no saben, que no conocen, que no tienen idea de lo que hacen. Solo sirven para destruir y echar a perder lo que hay.

Apoyemos, respaldemos y cuidemos a los 43 senadores de oposición, para que representen y hagan valer a los 84 millones de mexicanos que no votamos por este cambio sin sentido y sin sustento.

México, aún es tiempo.

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*Jesús Sierra Arias. Es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido secretario ejecutivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal; secretario de Educación en Michoacán; integrante del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. Ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.

Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

La Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026 aprobada por el Consejo General del INE tiene como Objetivo General “Contribuir al incremento de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes, a través de la implementación de procesos formativos y del impulso a la participación para la consolidación de una ciudadanía integral”.

De manera que se busca dotar de herramientas para contribuir a consolidar una ciudadanía integral, lo cual implica personas que le dan vida a una comunidad política, que se asumen como titulares de derechos, prerrogativas y potestades políticas, cuya satisfacción resulta vinculante al Estado y, por lo tanto, deben ser garantizados y exigibles.

Del Objetivo General se desprenden dos objetivos específicos, el primero tiene que ver con “Implementar procesos formativos de educación cívica”, “este objetivo busca incrementar los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes, esencial para una ciudadanía integral”. En otras palabras, no solo teoría, sino práctica.

El segundo objetivo particular es “Incentivar la participación electoral y no electoral”, “Este objetivo busca fomentar una ciudadanía activa y comprometida con su comunidad y los asuntos públicos en su país”.

Lo anterior implica que la formación en educación cívica no solo es fomentar una participación electoral, fin e interés propio de las autoridades electorales; sino que dicha participación tenga un sentido integral, en sentido figurado, de 360 grados.

Conlleva involucrarse en el proceso político en su vida diaria y no solamente durante las elecciones, es decir, una participación ciudadana que trasciende lo electoral, constituyendo una ciudadanía activa, crítica e involucrada en la vida pública.

La propia Estrategia Nacional de Educación Cívica visibiliza mediante datos que entre mayor es el nivel educativo (maestría o doctorado – 99.2%; nivel primaria – 51.9%) mayor es el conocimiento sobre la democracia.

Además, el 29% de la población considera no tener conocimientos ni las habilidades que les permitan participar en actividades políticas (en términos de género las mujeres expresan en mayor proporción esta carencia que en comparación con los hombres).

Pero además, la participación comunitaria es escasa en México, el 23% participan principalmente en asociaciones de padres de familia, el 19% en organizaciones religiosas, el 19% en deportivas, el 16% en grupos estudiantiles, el 11% el organizaciones culturales, el 11% en organizaciones vecinales; el 10% en sindicatos y asociaciones de beneficencia.

En términos de membresía activa de sindicatos es el 3.4%, en partidos políticos en es 2.3%, realiza peticiones el 27:4%, participa en manifestaciones o protestas el 9.3% y tomas y bloqueos el 4%.

La importancia que debe tener la democracia y la consolidación de una ciudadanía integral es mayor en el contexto actual, cuando diferentes encuestas de medición de la democracia señalan una erosión que merman su calidad; por ejemplo Economist Index Unit señala que América latina ha registrado la mayor erosión democrática de cualquier región al caer en el índice de 6.43 registrado en 2021 a 5.79 puntos en 2022.

Puntualizo lo preocupante que es cuando Economist Index Unit califica a México con un 1.88 en Cultura Política. Algo tenemos que hacer…

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*David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

Por JAVIER MORA*

La Sala Superior del TEPJF dictó sentencia declarando inelegible a la “Presidenta” electa de Charapan, porque siendo hombre se auto adscribió como mujer para burlar la paridad de género

Lagunillas contaba con los mismos argumentos, pero una firma mal presentada del representante impidió que se declarara inelegible a la “Presidenta” municipal electa.

Lo destacable y grave de ésto, es que ejercerán como funcionarios populares “Presidentas y Regidoras” que les robaron un lugar legítimo a las mujeres.

Con conocimiento de causa me atrevo a decir lo siguiente:

De las personas que se encuentran en esta situación, hay 2 grupos:

1.-A quienes las autoridades partidistas, les falsificaron la firma para autoadscribirlos como mujer, informándoles que sólo sería que los acreditarían como parte de una acción afirmativa. Lo cual es un delito.

2.-Los que con todo el cinismo se autoadscribieron con conocimiento de que usurparían el lugar de una mujer para poder competir en el proceso electoral.

Pero más allá de los candidat@s y autoridades electorales. La responsabilidad directa es de los responsables estatutarios de los distintos Partidos Políticos (hasta eso que más de la mitad de los partidos, no hicieron de manera general esa práctica) que ante la INCAPACIDAD de poder cumplir con los requisitos de ley en materia de paridad de género y de cumplimiento de acciones afirmativas, “se les hizo fácil” autoadscribir hombres a mujeres, todo ello por no tomar en serio el tema jurídico y denostarlo.

Y se llevaron “entre las patas” a varios buenos perfiles, que tienen una carrera política y social consolidada, por sus “ocurrencias” e ignorancia de las normas respectivas. Hoy los que tomaron esas decisiones para cumplir con las obligaciones partidistas, deben ser sancionados.

Por eso en procesos anteriores se integraban distintas alianzas entre partidos, quizá en algunos municipios no gustaban las decisiones de ir el “Partido X” con el “Partido Y”, o se tomaba la decisión de no registrar en ciertos municipios candidat@s, para que las tablas de rentabilidad y paridad de género cuadraran y no tener que cometer este tipo de fraudes.

Lamentablemente se asesoraron de gente que se vende como experta en el tema (pagándoles más que a los que realmente saben), y que puntualizaban: “NO PASA NADA”, Y pues ahora ¡YA VIERON QUE SÍ PASA!

Esa irresponsabilidad en sus consejos e ignorancia del tema es muy grave, para que todavía salgan con su “batea de babas” presumiendo:  “Con la satisfacción del deber cumplido”.  ¡No ma…!

Como conclusión a los que engañaron, denuncien

Los que lo hicieron consciente asuman su responsabilidad y en la conciencia llevarán que están usurpando un lugar reservado para una mujer o una acción afirmativa, espacios frutos de años de lucha, en la cual se ha derramado sangre y costado vidas de muchas damas.

Muchos durante años han denostado la actividad jurídica electoral, y ahora que tuvieron que tomar decisiones, no sabían ni por dónde empezar. Y todo concluyó en uno de los episodios más bochornosos en la historia electoral.

No hubo más declaraciones de inelegibilidad porque no se atrevieron o no quisieron presentar impugnaciones.

Al tiempo…

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Javier Mora. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Abogado Electoral. Aficionado al Basquetbol (cuando se puede, hacemos como que jugamos). Rockero de convicción. Perruno de corazón, conector y positivo. Actualmente es titular de la Notaría Pública Número 80 con sede en Sahuayo, Michoacán.

Por JESÚS SIERR ARIAS*

Basta con consultar cualquier diccionario para saberlo, pero más allá de cualquiera de los significados que se le asigne a este vocablo, en mi concepto se aplica a aquella forma de conducirse respecto de cosas que se ven venir, que se sabe que va a suceder y que aún así no se hace nada por prevenirla, por detenerla, por dar el aviso oportuno para poner a salvo cualquier afectación o daño que se pueda provocar ante la inminencia del suceso o acontecimiento.

También aplica a cosas que aún no sabiendo que pasarían y suceden se es omiso en investigar las causas o poner un remedio eficaz.

Los indolentes no solo son flojos o insensibles o apáticos, también llegan al extremo de ser dolosos y criminales y, por tanto, responsables de daños o perjuicios causados por su indolencia.

¿Qué opinan, conocen a alguien así?

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*Jesús Sierra Arias. Es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido secretario ejecutivo del Nuevo Sistema de Justicia Penal; secretario de Educación en Michoacán; integrante del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. Ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán.

Por JUAN ADOLFO MONTIEL HERNÁNDEZ*

En este pasado proceso electoral ordinario local 2023-2024, los organismos electorales implementaron -por segunda ocasión en el caso de Michoacán-, las llamadas Acciones Afirmativas a grupos históricamente discriminados o vulnerables.

Después de una larga consulta a los diferentes grupos, se establecieron los requisitos para acreditar la posibilidad de representar políticamente a estos grupos con la exigencia a los partidos políticos de postular un número mínimo.

El Instituto Electoral de Michoacán siempre señaló que esta actuación debería de ser de buena fe, ya que existen en algunos casos o circunstancias que no permiten una fácil comprobación de pertenencia a los grupos, sin embargo, la declaratoria de la persona firmando una hoja que pertenece a estos grupos se consideraba también como válido.

Después de todo el largo proceso de registro de candidaturas, además de que en esta ocasión fue público dicho registro y consultable vía internet en el sistema denominado “Conóceles”, pero una vez que concluyó la jornada comicial, surgieron las versiones que unas personas habían usurpado las candidaturas en acciones afirmativas, generó el cuestionamiento de la manera en que se había realizado el procedimiento del registro.

Las instancias jurisdiccionales consideraron que se había actuado bajo los lineamientos emitidos en el pasado proceso electoral, los cuales se pueden ir mejorando para los siguientes procesos electorales hasta que no se determine en la ley como debe ser esta inclusión.

Sin embargo, el pasado viernes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió una importante resolución en uno de los casos, que fue para la planilla ganadora del municipio de Charapan, el pleno de esta Sala estableció que la persona que se postuló como mujer e integrante de la comunidad de diversidad sexual, se consideró que fue inelegible porque a pesar de que había declarado su género como femenino, actúo con el sexo masculino.

Esto sienta un gran precedente para las acciones afirmativas, porque en un momento dado si su actuar no va acorde con el registro, se puede considerar que este fue fraudulento y por lo tanto es una persona inelegible por no cumplir con los requisitos establecidos para el registro.

El precedente es relevante para que, en los siguientes procesos electorales, los partidos políticos y las personas candidatas cumplan con todos los requisitos, de lo contrario existe la posibilidad de perder el triunfo por un fraude a la ley.

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*Juan Adolfo Montiel Hernández. Es licenciado en Derecho por la UNAM; Maestro en Ciencia Política por la UVAQ. Doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Profesor en diversas universidades de Michoacán. Su experiencia laboral la ha desarrollado en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Actualmente en consejero en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

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