Categoría: OPINIÓN

  • OPINIÓN. “El que a dos amos sirve…” Por José Cruz Delgado

    OPINIÓN. “El que a dos amos sirve…” Por José Cruz Delgado

    Por JOSÉ CRUZ DELGADO*

    Está mal el diputado por el Movimiento del Sombrero Carlos Alejandro Bautista Tafolla, como legislador tiene una responsabilidad en el congreso del estado, responsabilidad que le otorgaron sus electores y no puede evadirla diciendo que se debe a los ciudadanos, es loable que piense así, pero fue electo para representarlos en el Poder Legislativo, y si el creé que lo necesita más la ciudadanía pues entonces que solicite licencia y le dedique todo el tiempo que quiera ¿no cree usted?

    Dice el refrán que el que a dos amos sirve con ninguno queda bien, y el tener responsabilidades con sus electores no lo exime de su responsabilidad en la cámara y no le da derecho a faltar cuando le pegue la gana. Parece que se ha fanatizado tanto que siente que el mundo es suyo y que nadie lo merece, y no es así diputado, nadie es indispensable en la vida.

    «Yo me debo nada más a los ciudadanos, no me debo a un diputado, ni me debo al Congreso», dijo en una entrevista, claro que se debe al Congreso por eso lo eligieron los electores y si no le gusta legislar pues que se vaya y que llegue su suplente mientras él dedica todo el tiempo al pueblo.

    Usted no era tan arrogante diputado, cambió con el homicidio de su amigo Carlos Manzo, era más sencillo y agradable, hoy en cambio se ha vuelto soberbio y arrogante, cree que se come la lumbre a puños, no se equivoque, la soberbia en política es muy mala consejera y aún está a tiempo de recapacitar.

    Legisle por el bien de Michoacán y de quien lo eligió y claro, siga dándose baños de pueblo, faltaba más.

    La frase dicha por el diputado de «me debo a la gente y no dependo de un diputado o de un congreso», si bien es cierto resalta un principio de autonomía y servicio público, indica que su lealtad principal es con sus electores y no con otros legisladores o intereses partidistas, enfocándose en la responsabilidad ciudadana por encima de la disciplina o favores políticos internos, un mensaje fuerte de independencia y rendición de cuentas directa a la ciudadanía, pero ¿dónde queda la responsabilidad legislativa?

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    *José Cruz Delgado. Es periodista con más de 45 años de ejercicio. Capacitado en el Seminario de Guadalajara. Trabajó en diversos medios de comunicación de Michoacán. Ha sido corresponsal en el estado de diversos medios de circulación y escucha nacional.

    * Las opiniones vertidas en este texto son exclusivamente del autor y no necesariamente reflejan la posición de este medio.

  • OPINIÓN. “Transparencia en transición: cuando la eficiencia prometida reemplaza a los contrapesos”. Por Miryam Camacho Suárez

    OPINIÓN. “Transparencia en transición: cuando la eficiencia prometida reemplaza a los contrapesos”. Por Miryam Camacho Suárez

    Por MIRYAM CAMACHO SUÁREZ*

    México atraviesa una reconfiguración institucional silenciosa, pero profunda, en materia de transparencia y protección de datos personales. No se trata de un ajuste menor ni de una discusión técnica reservada a especialistas: es un cambio que redefine la relación entre el Estado, la información pública y la ciudadanía.

    En diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como órgano autónomo. Meses después, en marzo de 2025, entraron en vigor las leyes secundarias que formalizaron su desaparición y trasladaron sus funciones a un nuevo esquema dependiente del Ejecutivo federal. Con ello, México cerró un ciclo iniciado hace más de dos décadas: el de los órganos autónomos como contrapesos especializados en materia de acceso a la información y resguardo de datos personales.

    Más allá de las valoraciones políticas que esta decisión genera, el hecho es claro: el modelo institucional cambió. Y ese cambio no se limita al ámbito federal. Los estados de la República han comenzado, a ritmos muy distintos, a armonizar sus marcos legales para replicar el nuevo diseño.

    La narrativa oficial que ha acompañado este proceso se apoya en dos conceptos recurrentes: simplificación administrativa y eficiencia. Sin embargo, al observar la implementación real, el panorama es mucho más fragmentado. Hoy el país opera en velocidades distintas en materia de transparencia a nivel local, con entidades que ya extinguieron formalmente sus órganos garantes, otras que aprobaron reformas sin ponerlas aún en marcha, algunas que apenas discuten iniciativas y otras que no han iniciado ningún proceso.

    Este mosaico normativo no es menor. Si la eficiencia fuera el eje central de la reforma, cabría esperar una transición homogénea, ordenada y rápida. Lo que se observa, en cambio, es un proceso desigual, con vacíos temporales, incertidumbre institucional y ausencia de claridad sobre quién protege los datos personales y garantiza el derecho de acceso a la información durante la transición.

    El reciente episodio de tensión legislativa en la Ciudad de México, a propósito de la aprobación de reformas mediante las cuales el INFO CDMX cedió atribuciones sustantivas a un órgano descentralizado dependiente del gobierno local, sirve como recordatorio de que este debate no está cerrado. Más allá del ruido político, el fondo del asunto es la redefinición de los mecanismos de control y rendición de cuentas a nivel local, en una tendencia que se replica en distintas entidades del país.

    Este proceso institucional ocurre, además, en un contexto social particular. En la práctica cotidiana, muchos ciudadanos han normalizado entregar información personal a cambio de la promesa de trámites más ágiles y servicios más eficientes. El problema es que esa eficiencia prometida no siempre se materializa, mientras que la exigencia social por la protección de datos y la rendición de cuentas permanece débil.

    La experiencia comparada muestra que la transparencia no depende únicamente de la existencia de órganos autónomos, sino de mecanismos efectivos de control, supervisión y sanción, respaldados por una cultura cívica que los exija. Cuando estos elementos se debilitan, la opacidad tiende a crecer, incluso bajo discursos de modernización y eficiencia.

    La transición que vive México en materia de transparencia no es solo administrativa. Es política, institucional y cultural. Redefine quién controla la información, quién vigila al poder y qué tan dispuesta está la sociedad a defender derechos que no siempre generan beneficios inmediatos. Comprender este proceso no implica tomar postura automática, sino reconocer que los contrapesos, una vez debilitados, rara vez se reconstruyen con facilidad.

    Colofón

    Tras la desaparición del órgano nacional de transparencia, las entidades federativas han avanzado de manera desigual en la redefinición de sus sistemas locales. Al cierre del primer semestre de 2025, una decena de estados había extinguido formalmente sus órganos locales de transparencia, entre ellos Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Michoacán, aunque solo algunos reportan operación efectiva del nuevo esquema.

    En un segundo grupo se encuentran entidades que aprobaron reformas constitucionales o legales, pero que aún mantienen en funciones a sus órganos durante el periodo transitorio, como Baja California, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

    Otros estados, como Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos, cuentan con iniciativas presentadas, aunque todavía sin aprobación legislativa. El caso de la Ciudad de México representa una variante distinta del proceso nacional: sin extinguir formalmente al INFO CDMX, el Congreso local aprobó la transferencia de atribuciones sustantivas a un órgano descentralizado dependiente del gobierno local, en una sesión marcada por alta tensión política. Campeche, Chihuahua y Sinaloa, por su parte, no han iniciado formalmente el proceso de armonización.

    Este panorama confirma que la transición hacia el nuevo modelo de transparencia en México es fragmentada y desigual. Más que un problema técnico, se trata de un desafío político e institucional que pone a prueba la capacidad del Estado y de la ciudadanía para sostener la transparencia como un valor público en un contexto de reconfiguración de los contrapesos.

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    *Miryam Camacho Suárez. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Abogada por la Universidad Latina de América. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.

  • OPINIÓN. “Sistema Nacional Electoral”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    OPINIÓN. “Sistema Nacional Electoral”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

    Previo a la reforma de 2014 había quienes planteaban la desaparición de los Institutos Electorales Locales, para que el Instituto Federal Electoral llevara a cabo todas las elecciones.

    La principal razón fue que, al darse la alternancia en el poder en el año 2000, el partido desplazado fue recobrando fuerza a partir de las elecciones locales, hasta recuperar el poder en el 2012; por ello había un cálculo político de desaparición de dichos institutos electorales, cuyos integrantes eran nombrados por los Congresos de los Estados.

    Sin embargo, diversos gobiernos de los Estados no estuvieron de acuerdo en que desaparecieran los institutos electorales de las entidades federativas; pero la razón técnica fue y es mucho más importante ayer y hoy: responsabilidades como las candidaturas locales (gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos), los cómputos locales (que corresponden a circunscripciones diferentes a las federales y que requieren instancias locales directas que las lleven a cabo), la complejidad de la documentación electoral local por un número mucho más grande de candidaturas y de combinaciones de coaliciones. Además, de todo un cúmulo de responsabilidades en materia de participación ciudadana y de asuntos de pueblos originarios. Todo ello hizo que se pensara mejor su desaparición.

    Lo que surgió de esa interesante reflexión de 2014 fue la creación de un sistema nacional electoral, en donde los organismos públicos locales electorales (OPLES), así denominados genéricamente por la Constitución; participaran en un sistema de distribución de competencias; en el cual, todo aquello que fuera necesario, por su esencia genérica y con el afán de no duplicar atribuciones se hiciera por el INE: Padrón Electoral, geografía electoral, ubicación de casillas, integración de casillas, capacitación electoral, fiscalización, además de atribuciones para homogeneizar otros procedimientos se realizara por el INE.

    Pero todo aquello que tuviera una relación directa con lo local y con los efectos de la cantidad de candidaturas, así como lo relacionado con las diferentes formas de participación en cada entidad federativa, se llevara a cabo desde los denominados OPLES.

    Lo cierto es que se construyó un virtuoso sistema nacional electoral, que ha permitido garantizar que los OPLES atiendan, resuelvan o administren los problemas político electorales locales, resultando un filtro de gran relevancia, que de no existir saturarían al Instituto Nacional Electoral.

    Lo anterior se multiplica con la concurrencia de las elecciones judiciales federales y locales.

    Si bien es cierto, el INE puede asumir competencias de los OPLES, y lo ha hecho en situaciones muy aisladas; dicha posibilidad es solamente excepcional; permitiendo que el federalismo siga funcionando en este aspecto fundamental, como lo es el tema político electoral.

    Sin duda existen áreas de oportunidad que pueden ser revisadas, a la luz de un criterio de austeridad, pero debe hacerse con sumo cuidado, para que la receta no se convierta en una grave enfermedad del sistema.

    Frente al cercano solsticio de invierno, que nos hace participes de un interesante fenómeno astronómico en el hemisferio norte del planeta, en el que la noche dura mucho más que el día, revirtiéndose esta tendencia a partir del 21 de diciembre; lo que se traduce en deseos de esperanza y de ver lo bueno en toda construcción humana; espero que se valoren las virtudes del sistema nacional electoral que en México se ha creado.

    Me tomaré unos días de descanso y nos vemos el año entrante, les deseo a mi par de personas lectoras, una feliz navidad y un prospero 2026.

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    *David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

  • OPINIÓN. “Apostar por las juventudes: Bedolla y la beca Gertrudis Bocanegra”. Por María Isabel Rodríguez Martínez

    OPINIÓN. “Apostar por las juventudes: Bedolla y la beca Gertrudis Bocanegra”. Por María Isabel Rodríguez Martínez

    Por MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ*

    En Michoacán, hablar de juventudes no es un asunto retórico: es una urgencia social. En un estado donde miles de estudiantes abandonan las aulas por falta de recursos, invertir en educación es, también, una estrategia de seguridad, justicia y futuro. Bajo esa lógica, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha colocado a las y los jóvenes en el centro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con una apuesta clara: evitar que la pobreza siga expulsando talento de las universidades.

    La Beca Gertrudis Bocanegra surge como uno de los pilares de esta política. No es un apoyo asistencial menor ni una concesión simbólica; es una respuesta directa a una realidad cotidiana: jóvenes que eligen entre pagar el pasaje o continuar sus estudios. Con un apoyo de 1 900 pesos bimestrales, el gobierno estatal busca garantizar que el trayecto a la universidad no sea el primer eslabón de la deserción escolar.

    El nombre no es casual. Gertrudis Bocanegra, heroína insurgente y figura de convicción, da identidad a un programa que reconoce a las juventudes como sujeto de derechos y no como problema social. El mensaje político es contundente: en lugar de criminalizar o abandonar a los jóvenes, se les respalda para que permanezcan en las aulas y construyan su propio proyecto de vida.

    Este enfoque revela una visión distinta de gobierno. Mientras otros modelos apuestan únicamente por la contención y el castigo, el Plan Michoacán propone atacar las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, la falta de oportunidades y el abandono institucional. Apostar por la educación superior pública es, en este sentido, una forma de pacificación silenciosa, pero profunda.

    La implementación de la beca, con registro abierto y requisitos accesibles, amplía su impacto social. No se exige excelencia académica ni promedios inalcanzables; se reconoce una verdad incómoda: la mayoría de los estudiantes no desertan por falta de capacidad, sino por falta de recursos.

    El reto, por supuesto, será la continuidad, la transparencia y la cobertura real del programa. Pero el rumbo es claro. En un estado golpeado por décadas de rezago, apostar por las juventudes es una decisión política que trasciende el corto plazo.

    Porque cuando un gobierno decide invertir en quienes estudian, sueñan y resisten, no solo financia transporte: financia esperanza, futuro y paz.

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    * María Isabel Rodríguez Martínez. Es licenciada en Historia por la UMSNH, cursó el posgrado de maestría en el instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la misma institución.  Su línea de investigación se desarrolla en torno a la historia Intelectual y cultural de América Latina del siglo XX; y Pensamiento Hispanoamericano. Ha desarrollado diversas estancias de Investigación entre las que destacan la Institución cultural Casa de las Américas la Habana, Cuba, junto al escritor cubano Roberto Fernández Retamar; La Universidad Complutense de Madrid y La Universidad Autónoma de Barcelona, esta vez junto al profesor Manuel Aznar Soler (especialista en literatura española del exilio). Ha publicado diversos artículos en revistas de filosofía de la UMSNH Y UNAM.

  • OPINIÓN. “Abandonar el modelo biomédico en salud mental, legisladores ¡pónganse a trabajar! Por Boris González Ceja

    OPINIÓN. “Abandonar el modelo biomédico en salud mental, legisladores ¡pónganse a trabajar! Por Boris González Ceja

    Por BORIS GONZÁLEZ CEJA*

    Recientemente los parlamentarios británicos solicitaron abandonar el modelo biomédico en salud mental, idea comunicada también por el Consejo General de la Psicología de España. En Latinoamérica ni siquiera se lo han preguntado los psicólogos. 

    En México, es urgente una reforma profunda en el ámbito de la salud mental que atienda la corrupción, abandonando definitivamente el modelo biomédico imperante y su mania en la prescripción de fármacos psiquiátricos, que es una mina de oro para farmacéuticas y médicos abusivos que lucran con el dolor humano.

    El actual modelo biomédico no aborda los determinantes sociales, económicos y psicológicos que subyacen en el sufrimiento mental y contribuye a empeorar los resultados.

    El dolor humano hoy es fuente de lucro de la industria farmacéutica de la mano de diputados ignorantes, en el peor de los casos incautos y desinformados. El grupo del Parlamento Británico Beyond Pills All-Party Parliamentary Group (APPG Beyond Pills) es formado por miembros de diferentes partidos que buscan ir más allá de la dependencia excesiva en el uso de fármacos psiquiátricos para el tratamiento de los problemas de salud mental en el sistema sanitario.

    La propuesta que tenemos es firme e integral, que incluye la integración de la prescripción de medidas sociales, la mejora de los estilos de vida y los tratamientos psicológicos y sociales como alternativas a la costosa medicación en salud mental.

    APPG Beyond Pills establece seis principios para la reforma en salud mental, como el reconocimiento de la naturaleza social y relacional de los problemas psicológicos, el abordaje de los determinantes sociales del sufrimiento, priorizar la investigación sobre las intervenciones psicológicas y sociales, y el uso prudente de los fármacos psiquiátricos, entre otros aspectos.

    Las líneas de acción prioritarias, sobre las que recomendamos trabajar y establecidas a diferentes niveles, son la prestación de servicios, regulación, educación y formación de los profesionales sanitarios y concienciación pública y profesional sobre desmedicalizar el lenguaje.

    El fracaso en obtener mejoras significativas se debe, según nuestros expertos, a la adopción de un enfoque equivocado: la excesiva dependencia del modelo biomédico en el sistema sanitario público. Este modelo, lo investigamos con otros expertos, y encontramos que falsifica la naturaleza y las causas de la mayor parte del sufrimiento mental y de forma sistemática minimiza la importancia de las causas y las soluciones psicosociales y económicas.

    Por lo anterior es necesario moverse desde un sistema que medicaliza en exceso y ha maltratado de forma significativa el sufrimiento mental real (centrándose esencialmente en minimizar y gestionar síntomas) a otro que identifique y encare las causas psicosociales, ante las que el malestar es una respuesta racional y comprensible.

    Los principios clave basados en la evidencia que demuestran que el malestar mental está vinculado a los contextos en los que las personas viven, trabajan y se desarrollan son:

    1. El impacto de las circunstancias y las relaciones en la salud mental.

    2. Los contextos sociales generan malestar.

    3. Los mensajes sociales agravan los problemas.

    4. Uso de narrativas y lenguaje en positivo.

    Hacemos una llamada urgente a revisar el sistema de salud mental y la forma de abordar los problemas psicológicos, argumentando que el enfoque tradicional, centrado en lo biomédico y farmacológico, ha fallado al abordar una crisis creciente que afecta a millones de personas.

    Las y los psicólogos exigimos un cambio de paradigma para atender a la población, orientándose hacia un enfoque más holístico y centrado en la persona, que aborde los factores sociales, económicos y psicológicos que explican el sufrimiento.

    Causas y azares…

    • Aeroméxico es la única compañía que acepta el certificado de mascota de apoyo emocional sólo de psiquiatría, siendo una arbitrariedad que limita las opciones de los consumidores para que cuenten con ese certificado de psicología. 
    • Es increíble como los piperos se roban el agua a plena luz de día, pusieron sus ductos en las narices de las autoridades municipales y nadie hace nada ¿o será que son los mismos delincuentes?
    • El robo de los escalafones en la Secretaría de Salud de varias entidades es un problema que todo mundo conoce por su corrupción y que sólo el gobernador no quiere ver, o del que tiene algún interés por no hacer nada. Hoy las protestas suben de tono y la población sabe que no robar es sólo un eslogan. La repartición de plazas cumple únicamente un criterio: el beneficio de las autoridades de salud, y de los líderes sindicales charros, sigue siendo negocio de unos cuantos. Continúan las prácticas corruptas.

    Hasta la próxima, que la depresión excesiva le sucede siempre, como es natural, a una desaforada esperanza.

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    • Boris González Ceja. Es licenciado en Psicología y Maestro Educación y Docencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Experto en proyectos de salud mental para resultados y fortalecimiento de equipos de especialistas en psicología en temas de violaciones graves de derechos humanos. Consultor de organismos nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Notoriedad por excelentes estudios de psicología, investigaciones para leyes y por resolver problemas acuciantes a nivel internacional desde la ciencia.

    Conoce más en este enlace: https://www.facebook.com/psicologiaparatiii/

  • OPINIÓN. “Presupuesto del INE”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    OPINIÓN. “Presupuesto del INE”. Por David Alejandro Delgado Arroyo

    Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

    A lo largo de su existencia, el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral ha sido criticado por su presupuesto, convirtiéndose esta crítica en un lugar común para parecer políticamente correctos.

    Sin embargo, son diversos los factores que apuntan a este lugar común de reducir su presupuesto.

    El primero tiene que ver con que, a diferencia del resto de las instituciones públicas del Estado Mexicano, el anteproyecto de presupuesto a solicitar se discute públicamente en un órgano colegiado y a la luz de la opinión pública, es decir, aún antes de ser integrado el Presupuesto solicitado por el INE dentro del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, es discutido públicamente en el Consejo General, lo que no sucede con la mayor parte de las instituciones del Estado Mexicano.

    El segundo factor, tiene que ver con que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aparece como Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, no solo el gasto operativo sino también el financiamiento público a los partidos políticos. De manera que la animadversión sobre dicha inversión pública en el sistema político mexicano contamina el gasto operativo del INE.

    Un tercer factor, se deriva de disposiciones constitucionales, que además se concretan legislativamente, que generan una eventualidad de consulta popular o consulta de revocación de mandato, lo que implica que cuando el INE tiene que solicitar el presupuesto, aún no se tienen certeza si en el siguiente ejercicio se tendrá ese proceso; todo porque quienes legislaron no calcularon los tiempos suficientes para hacer las previsiones presupuestales; por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha orientado al INE para solicitar un presupuesto precautorio, que tampoco se ve que hayan entendido quienes aprueban el presupuesto. Con un transitorio que indique que, si no hay el ejercicio, dicho recurso se reintegre a la Tesorería para algún propósito especifico, como podría ser educación.

    Un cuarto factor, es que muchos de los gastos del INE tienen que ver son el universo poblacional, es decir, si hay más población, se infiere que habrá más solicitantes de credencial para votar, luego se sigue que se requerirán más casillas y con ello, más funcionariado de casillas, de lo que también se derivan más capacitadores asistentes electorales; más documentación y material electoral, en fin, todo significa gastos incrementales.

    Un quinto factor, es que como una institución que ofrece un servicio electoral, su gasto es fundamentalmente humano, es decir, de sueldos y salarios; de lo que se sigue que, si hay un aumento en el salario mínimo, automáticamente todos los gastos tienen que incrementarse en dicha proporción.

    Un sexto factor, implica que una institución que debe hacer valer principios rectores como la imparcialidad, la legalidad, la certeza, la objetividad, la máxima publicidad, entre otros, debe tener una estructura profesional permanente que no se encuentre sujeta al cambio político en las urnas, lo cual implica el ejercicio de un gasto permanente.

    Si el INE como otras instituciones del Estado Mexicano se encuentran sujetas al universo poblacional, y a la inflación o a los incrementos en los salarios mínimos, luego entonces la mejor manera de calcular es observar la proporción del presupuesto del INE con respecto a la totalidad del gasto neto total del presupuesto de egresos de la federación; es decir, identificar el pedazo de pastel que le corresponde al INE dentro del total del presupuesto.

    En este sentido, para el ejercicio 2026, el INE representará el 0.14% de todo lo que se gasta en la federación; es el porcentaje más bajo en este siglo, la cifra más cercana fue la de 2023, año similar en términos de ser el previo al proceso electoral siguiente, que fue en aquella ocasión del 0.17%.

    Muy lejos han quedado años similares, como el 2020 con el 0.19%, el 2017 con el 0.22%, el 2014 con el 0.18%, el 2011 con el 0.21%, el 2008 con el 0.21%, el 2005 con el 0.24%, el 2002 con el 0.23%, o el 1999 del siglo pasado con el 0.20%.

    El IFE INE ha terminado siempre ejerciendo más atribuciones con un menor presupuesto, ya se encuentra en el límite de las posibilidades.

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    *David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

  • OPINIÓN. “Menos horas no significan más descanso: significan más tecnología (Un escenario realista para México)”. Por Miryam Camacho Suárez

    OPINIÓN. “Menos horas no significan más descanso: significan más tecnología (Un escenario realista para México)”. Por Miryam Camacho Suárez

    Por MIRYAN CAMACHO SUÁREZ*

    La promesa de una jornada laboral de 40 horas en México todavía no es una realidad, pero tampoco es una idea suelta. Es una iniciativa presentada por el gobierno federal y actualmente en discusión dentro del Congreso, con un horizonte que —si supera las negociaciones políticas y empresariales— podría implementarse de manera gradual hacia 2030. No hay ley vigente, no hay fechas definitivas y no hay certeza institucional. Lo único claro es que el tema avanzó lo suficiente como para revelar algo incómodo: México no está hablando de una reforma laboral; está hablando sin darse cuenta de una transición tecnológica.

    Desde la narrativa pública, la reducción de jornada suena a modernización, a justicia social, a una deuda atrasada con la población trabajadora. En un análisis realista, ocurre dentro de una contradicción profunda: México es uno de los países que más horas trabaja en el mundo y, sin embargo, genera niveles de productividad comparativamente bajos. El país supera las 2,100 horas laborales anuales por trabajador y aun así se sitúa en los últimos lugares de competitividad internacional. No es un problema de esfuerzo: es un problema de diseño.

    México no produce poco porque sus trabajadores no se esfuercen. Produce poco porque se sostiene sobre una economía del agotamiento, donde el valor laboral se mide por cansancio acumulado y no por resultados. El trabajador “comprometido” es el que permanece más tiempo, el que renuncia a la vida personal, el que está disponible cuando no debería. Se confunde sacrificio con profesionalismo. Se confunde desgaste con eficiencia. Y esa cultura del esfuerzo, convertida en métrica moral, es exactamente lo que la jornada de 40 horas viene a interpelar.

    Cuando se observan los países que han logrado trabajar menos horas sin colapsar su economía, no se encuentra una epifanía ética. Se encuentra tecnología. Islandia, Bélgica, Reino Unido, Francia: ninguno redujo su jornada porque descubrió una nueva filosofía del descanso. Lo hicieron porque podían sostener o incluso aumentar su productividad gracias a procesos automatizados, herramientas digitales, reorganización técnica del trabajo y sistemas que absorben tareas antes realizadas a mano. El descanso fue posible porque el trabajo se volvió más inteligente, no porque se volvió más amable.

    Y aquí es donde México enfrenta su brecha más difícil. El país quiere reducir horas, pero sigue operando como si la automatización fuera un lujo y no una necesidad. La adopción tecnológica ha sido lenta, desigual y, en amplias zonas productivas, prácticamente inexistente. Muchas empresas aún dependen de controles manuales, flujos redundantes, aprobaciones presenciales, duplicación de tareas y procedimientos que consumen tiempo sin generar valor. La cultura de automatización de procesos todavía no existe de forma masiva. México quiere el beneficio del descanso sin haber invertido en la infraestructura que lo hace posible.

    Sin embargo, el mundo ya tomó una decisión por nosotros: la automatización avanza. Más del 50% de los empleos en México contiene tareas susceptibles de ser absorbidas por sistemas automáticos, y una parte significativa de los trabajos incluye funciones que pueden transferirse total o parcialmente a algoritmos, plataformas o tecnología generativa. En ese contexto, la reducción de la jornada no es un acto de generosidad laboral; es una consecuencia técnica del rediseño global del trabajo.

    Y ese rediseño trae consigo un riesgo silencioso. La automatización no solo desplaza empleo por despido; también desplaza empleo por omisión. No siempre se manifiesta como un golpe visible, sino como una contracción en la contratación. Vacantes que antes existían ya no se abren. Posiciones intermedias dejan de ser necesarias. Equipos que antes requerían diez personas ahora requieren cinco. El mercado no solo expulsa: deja de absorber. La estabilidad deja de depender de cuánto trabaja alguien y empieza a depender de cuán integrable es dentro de un ecosistema tecnológico.

    De ahí que la reducción de la jornada pueda ser una oportunidad o un espejismo. Podría mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal, combatir el desgaste crónico y obligar a las empresas a abandonar el presentismo improductivo. Pero también podría intensificar la competencia laboral, profundizar la desigualdad entre trabajos tecnificados y no tecnificados, y reforzar un mercado donde cada año haya menos espacios para quienes no desarrollen habilidades digitales, analíticas o de automatización.

    Por eso, la discusión de fondo no es si México está listo para trabajar menos horas. La pregunta real es si está listo para abandonar el culto al sacrificio como métrica de valor y reemplazarlo por una cultura de eficiencia, herramientas, procesos inteligentes y reconversión laboral. Trabajar menos no será una concesión del Estado; será un efecto de la tecnología. Y en ese modelo, lo que determinará el futuro no será cuántas horas se trabaja, sino qué se hace dentro de esas horas y con qué capacidad para colaborar con sistemas cada vez más complejos.

    Reducir la jornada laboral puede ser un parteaguas histórico para México o un salto al vacío. Todo dependerá de si el país decide modernizar su manera de producir o si seguirá defendiendo una ética laboral donde la resistencia importa más que el rendimiento.

    Porque en el futuro inmediato, menos horas no significan más descanso.
    Significan más tecnología.

    Y México tendrá que decidir si camina hacia adelante… o si espera a que la automatización lo rebase por desgaste.

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    *Miryam Camacho Suárez. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Abogada por la Universidad Latina de América. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.

  • OPINIÓN. “Para reflexionar sobre el día contra la Corrupción”. Por Araceli Gutiérrez Cortes

    OPINIÓN. “Para reflexionar sobre el día contra la Corrupción”. Por Araceli Gutiérrez Cortes

    Por ARACELI GUTIÉRREZ CORTÉS

    Hace 22 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción. Esto tuvo razones jurídicas y políticas, y se vinculó con la aprobación de un instrumento internacional clave, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar sobre la corrupción y sobre el papel de la Convención en combatirla.

    México firmó la Convención en 2003 y posteriormente la ratificó, convirtiéndose en Estado Parte. La Convención entró en vigor en 2005 al alcanzar las 30 ratificaciones necesarias, entre ellas la de nuestro país. Los compromisos nacionales derivados de la Convención obligan a los Estados Parte a adoptar medidas de prevención, criminalización, cooperación internacional y recuperación de activos.

    En ese contexto, la Reforma Constitucional en materia anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, creó formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema entró en operación jurídica plena con la publicación de sus leyes secundarias en julio de 2016, entre ellas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

    La reforma constitucional del 2015 reformó el artículo 116, fracción V, obligando a todas las entidades federativas a modificar sus constituciones y leyes y a instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

    Dichos Tribunales tienen a su cargo, dirimir los conflictos entre el Estado y los particulares e imponer sanciones a las y los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves; así como fincar responsabilidades a quienes afecten a la Hacienda Pública o el patrimonio Estatal o Municipal.

    En otras palabras, tenemos las instituciones y el bagaje jurídico para sancionar los actos de corrupción, lo que no tenemos es la voluntad política. Y esto no es exclusivo de un gobierno, una fuerza política o una corriente de pensamiento, es un tipo de cáncer que atraviesa nuestra cultura desde el momento mismo en que fue creado el Estado moderno que hoy conocemos.

    Las instituciones no son corruptas, son las personas. Desde los pagos de comisión para otorgamiento de contratos millonarios para cualquier servicio a los gobiernos, el desvío de recursos, venta de plazas no solo de sindicatos en la administración pública, también en la educación y hasta en las instituciones de salud; el cobro se servicios indebidos en instituciones, nepotismo, conflictos de interés, etcétera, etcétera.

    Una vez escuche a una persona decir que, “le bastaba con llegar una vez a la presidencia municipal para no tener que volver a trabajar”. ¿Cómo cambiamos esas mentes? Los Códigos de Ética que hoy están en todas las instituciones no cambian esa mentalidad, el aumento en las sanciones de responsabilidad no sirven de mucho cuando los intereses políticos son superiores; tampoco tener un Dia Internacional de Combate a la Corrupción. Tal vez reflexionar al respecto, sensibilizarnos desde donde nos toca estar y crear conciencia en nuestro entorno, aunque se trate de un proceso paulatino, porque no habrá ley ni diseño institucional que pueda contra intereses políticos y ambiciones personales.

    Si no cambian las personas no cambiarán las realidades.

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    *Araceli Gutiérrez Cortes. Es abogada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; cuenta con dos maestrías: En Gobierno y Asuntos Públicos; y, Derecho Procesal Constitucional. Actualmente cursa el Doctorado en Derecho Electoral. Integrante de Abogadas de Michoacán A.C. Ha sido asesora en el Senado de la República. Funcionaria, consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

  • OPINIÓN. “El Día en que la Democracia Volvió a Latir. A siete años de transformación. México Despierta”. Por María Isabel Rodríguez Martínez

    OPINIÓN. “El Día en que la Democracia Volvió a Latir. A siete años de transformación. México Despierta”. Por María Isabel Rodríguez Martínez

    Por MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ*

    A lo largo de su historia, México ha atravesado un camino complejo en la búsqueda de libertad, soberanía y justicia. Desde los primeros levantamientos insurgentes, pasando por la Independencia, la Reforma y la Revolución, las y los mexicanos han luchado incansablemente por construir un país donde la voluntad del pueblo sea la guía fundamental.

    Durante décadas, la nación enfrentó retos profundos: desigualdades, tensiones políticas, gobiernos autoritarios y crisis sociales que pusieron a prueba la fuerza cívica del país. Sin embargo, a pesar de cada obstáculo, el espíritu democrático nunca desapareció; se mantuvo vivo en las comunidades, en las familias, en los movimientos sociales y en la convicción de que México merece un futuro digno.

    Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador el clamor ciudadano por una democracia real se fortaleció. La participación electoral creció, la exigencia de transparencia se hizo más fuerte y nuevas generaciones se sumaron con energía renovada a la vida pública. Cada elección, cada manifestación pacífica y cada esfuerzo por mejorar las instituciones fue construyendo, poco a poco, un país más consciente de su poder como sociedad.

    Por eso, el sábado 6 de diciembre, México vivió algo más que una fecha marcada en el calendario: vivió un momento histórico. Junto a la primera presidenta que ha tenido el País, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Fue un día en el que millones de personas sintieron que su voz tenía un peso real, que su voto y su participación eran parte de un cambio profundo. Se respiró un aire de democracia auténtica y un sentido de independencia ciudadana que durante años pareció inalcanzable.

    El sábado 6 de diciembre, México no solo ejerció un derecho: reafirmó un ideal por el que generaciones enteras han luchado. Y en ese instante, el país recordó que la libertad y la democracia no son regalos, sino conquistas colectivas que se renuevan con cada acto de participación, con cada elección y con cada decisión tomada por el pueblo.

    Hay fechas que no solo se registran: se sienten. México tiene muchas de ellas en su memoria colectiva, pero pocas logran tocar tan profundo como lo vivido el sábado 6 de diciembre. Ese día, el país pareció detenerse un instante para mirarse a sí mismo y recordar cuánto ha luchado por llegar hasta aquí.

    Porque nuestra historia no comenzó en las urnas de este tiempo. Viene de mucho antes.
    Viene de los pueblos que se negaron a renunciar a su identidad; de las mujeres y los hombres que, con más esperanza que certezas, se lanzaron a pelear por una libertad aún intangible. Viene de quienes soñaron con un México donde la dignidad no fuera privilegio, sino principio.

    A lo largo de generaciones, hemos cargado con batallas que no siempre se ven: la batalla contra el silencio, contra la resignación, contra ese cansancio que por momentos parece vencer. Pero no lo hizo. Nunca lo hizo. Porque en el fondo, el espíritu mexicano siempre ha guardado una llama: la idea de que la democracia es un derecho que se conquista todos los días, incluso en los días más duros.

    A siete años de transformación, el pueblo de México, respiró algo que no siempre podemos nombrar: independencia interior, la convicción íntima de que el futuro no está escrito por unos cuantos, sino por todas y todos. Fue un recordatorio de que la democracia no es un edificio terminado, sino un latido colectivo que requiere cuidado, participación y memoria.

    Quizá eso sea lo más valioso de lo ocurrido: nos devolvió la certeza de que, incluso después de tanto, seguimos teniendo la capacidad de sorprendernos a nosotros mismos. De unirnos. De creer. Y de volver a empezar.

    Porque México, cuando quiere, cuando se reconoce, cuando se escucha… puede hacer historia.
    Y este sábado 6 de diciembre, lo hizo.

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    * María Isabel Rodríguez Martínez. Es licenciada en Historia por la UMSNH, cursó el posgrado de maestría en el instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la misma institución.  Su línea de investigación se desarrolla en torno a la historia Intelectual y cultural de América Latina del siglo XX; y Pensamiento Hispanoamericano. Ha desarrollado diversas estancias de Investigación entre las que destacan la Institución cultural Casa de las Américas la Habana, Cuba, junto al escritor cubano Roberto Fernández Retamar; La Universidad Complutense de Madrid y La Universidad Autónoma de Barcelona, esta vez junto al profesor Manuel Aznar Soler (especialista en literatura española del exilio). Ha publicado diversos artículos en revistas de filosofía de la UMSNH Y UNAM.

  • OPINIÓN. Entre el corrido y el coro: Michoacán ante la narcocultura. Por Edén Ensástiga

    OPINIÓN. Entre el corrido y el coro: Michoacán ante la narcocultura. Por Edén Ensástiga

    Por EDÉN ENSÁSTIGA*

    En Michoacán no solo se disputan territorios: se disputan imaginarios. Mientras en las pantallas desfilan camionetas blindadas, fajos de billetes y rifles cromados, en los barrios y las comunidades muchos niños juegan a ser “jefe” antes que médico, campesino, maestra o artista. La narcocultura no es solo música o serie de televisión: es un modo de ver la vida donde el delincuente es héroe, el dinero —aunque sea ilícito— la medida del éxito, las armas símbolo de poder, el lujo meta final y las mujeres mercancía.

    El sociólogo Luis Astorga lo ha dicho con claridad: los narcocorridos ayudan a construir una mitología del narcotraficante, una pedagogía informal de la violencia que enseña qué desear y a quién admirar. Esa mitología ya no se escucha solo en cantinas: suena en la calle, en los camiones y en los celulares de miles de adolescentes.

    El contexto en el que crece esa narrativa es duro. México arrastra, desde hace años, decenas de miles de homicidios anuales y buena parte de ellos se concentran en estados como Michoacán. Aunque las cifras oficiales hablan de una reducción reciente en los homicidios dolosos, la sensación de violencia no cede: barrios sitiados por el miedo, caminos controlados, comunidades atrapadas entre grupos armados. Muchas familias sienten que la ley llega tarde o no llega.

    En esa realidad, la promesa narco se vuelve seductora:
    “Yo sí te saco de la pobreza, aunque mueras en el intento”.

    Para muchos jóvenes el horizonte es estrecho: empleos precarios, escuelas sin talleres artísticos, colonias sin espacios públicos dignos. Donde no hay canchas, casas de cultura ni foros para la música local, aparecen las otras ofertas: ser “halcón”, ser chofer, ser pistolero. La precariedad se vuelve antesala del crimen organizado.

    Frente a esto, el nuevo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia abre una puerta importante: reconoce que la paz no se construye solo con patrullas y cuarteles, sino también con cultura, educación y comunidad. En estos días se han abierto mesas con el gremio artístico y cultural para alimentar esa estrategia: se habla de infancias, juventudes, patrimonio, memoria, culturas comunitarias.

    Las autoridades culturales han planteado algunos ejes: ampliar los coros y orquestas infantiles, apoyar circuitos locales para creadoras y creadores, llevar música, danza y teatro a plazas y barrios, abrir talleres para niñas, niños y jóvenes. Es un inicio: un trazo en el mapa para que el arte salga del escenario oficial y se instale en las colonias donde hoy domina el corrido bélico.

    Pero la discusión de fondo es más profunda: El problema no es solo la violencia, sino la narrativa que la sostiene.

    La narcocultura ofrece una épica: el muchacho pobre que “se levanta” entre balas y traiciones, que viste de marca, maneja camionetas lujosas y manda, aunque su reinado dure poco. Nuestra apuesta cultural debe ofrecer otra épica: la del joven que se organiza con su banda de teatro comunitario; la de la rapera que nombra la violencia y la desarma con palabras; la de la fotógrafa que registra la dignidad de su pueblo; la del coro infantil que ocupa la plaza donde antes solo se escuchaban disparos.

    Organismos como la UNESCO han insistido en que la paz no es solo ausencia de guerra, sino un proceso que se construye con educación, cultura y participación comunitaria. Si el derecho al arte y la cultura se queda en el papel, si las casas de cultura son edificios vacíos y las bibliotecas almacenes de libros polvosos, la narrativa del crimen organizado seguirá ganando la batalla simbólica.

    Michoacán tiene, sin embargo, un capital enorme: Sus culturas tradicionales y comunitarias.

    Las comunidades purépechas, los pueblos campesinos, las tradiciones festivas, el teatro popular, las bandas y orquestas de viento, los oficios artesanales, las fiestas patronales: todo eso es también “cultura”. Y es una cultura que enseña otra ética: la del trabajo colectivo, el respeto al territorio, la centralidad de la vida y de la comunidad por encima del dinero rápido.

    El reto es dejar de tratar ese legado como postal turística para ferias y discursos, y convertirlo en política cultural de paz. Eso implica decisiones concretas:

    • Que el presupuesto cultural deje de ser lo primero que se recorta.
    • Que los programas no solo “lleven eventos”, sino que construyan procesos de largo plazo: talleres permanentes, escuelas de formación artística, redes de promotoras culturales de barrio.
    • Que se reconozca a las y los artistas como aliados estratégicos del Estado y de las comunidades, no solo como proveedores de escenarios y festivales.
    • Que la cultura digital se entienda como otro campo de batalla: ahí también hay que disputar el glamour narco con historias de dignidad, memoria y resistencia.

    Hoy, mientras se multiplican las reuniones entre gobierno y sector cultural en el marco del Plan Michoacán, vale la pena decirlo sin rodeos: Si el Estado no ocupa el territorio simbólico, lo ocupará la narcocultura.

    No basta con decomisar armas; hay que desactivar la seducción de la violencia. No basta con anunciar programas sociales; hay que encender, en cada colonia y en cada comunidad, al menos una luz cultural: un taller de danza, un estudio de grabación comunitario, un cineclub, un círculo de lectura, un semillero de muralistas.

    La pregunta de fondo es qué historias queremos que cuenten las próximas generaciones de michoacanas y michoacanos. ¿Las del narco que “se hizo grande” rodeado de cadáveres, o las de quienes, desde el arte y la cultura, le torcieron el brazo al miedo?

    El Plan Michoacán abre un umbral. La tarea de quienes creemos en la cultura como herramienta de justicia social es empujar esa puerta hasta que se quede de par en par.

    Porque, al final, en esta batalla de relatos, todo puede reducirse a algo sencillo: Que el corrido de la muerte deje de sonar más fuerte que el coro de la vida.

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    * Edén Ensástiga. Es músico y cantautor. Militante de izquierda, promotor cultural, impulsa procesos comunitarios desde el arte y la organización social. Colabora en medios digitales con análisis sobre arte, cultura y política desde una mirada de izquierda y comunitaria.