Categoría: LEGISLATIVO

La Página

Morelia, Michoacán, a 3 de julio del 2025.-La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado para que en la legislación estatal se establezca de manera explícita la obligación de juzgar con perspectiva de infancia en todos los procesos judiciales donde se vean involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante su intervención en el Congreso de Michoacán, la legisladora señaló que la Ley Estatal ya contempla la transversalidad de la perspectiva de infancia en programas y políticas públicas, pero enfatizó la importancia de que las autoridades judiciales apliquen esta visión en juicios y controversias, conforme a los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Cuando hacemos alusión a la perspectiva de infancia, nos referimos a que los derechos humanos de este grupo considerado vulnerable y protegidos por la Constitución deben resguardarse tomando en cuenta las desigualdades que enfrentan”, expresó Isauro Hernández.

La diputada explicó que esta perspectiva no solo aplicaría en materia penal, sino también en procedimientos agrarios, civiles, familiares, electorales y cualquier otro donde se involucren derechos de menores. “No se trata de que las autoridades no juzguen con perspectiva de infancia, sino de que esta obligación quede claramente establecida en la legislación estatal, como sucede con la perspectiva de género en la legislación federal”, agregó.

La propuesta contempla agregar un artículo 54 bis a la Ley Estatal, para garantizar un debido proceso que proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a la Convención de los Derechos del Niño.

Isauro Hernández hizo un llamado a la sensibilidad y responsabilidad de los legisladores para atender con prioridad y compromiso los casos que afectan la integridad física y psicológica de la infancia, y concluyó: “Esperamos que esta iniciativa se estudie, analice y dictamine en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes, que son los verdaderos protagonistas y merecen justicia con perspectiva”.

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Morelia, Michoacán, a 3 de julio del 2025.-La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado para que en la legislación estatal se establezca de manera explícita la obligación de juzgar con perspectiva de infancia en todos los procesos judiciales donde se vean involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante su intervención en el Congreso de Michoacán, la legisladora señaló que la Ley Estatal ya contempla la transversalidad de la perspectiva de infancia en programas y políticas públicas, pero enfatizó la importancia de que las autoridades judiciales apliquen esta visión en juicios y controversias, conforme a los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Cuando hacemos alusión a la perspectiva de infancia, nos referimos a que los derechos humanos de este grupo considerado vulnerable y protegidos por la Constitución deben resguardarse tomando en cuenta las desigualdades que enfrentan”, expresó Isauro Hernández.

La diputada explicó que esta perspectiva no solo aplicaría en materia penal, sino también en procedimientos agrarios, civiles, familiares, electorales y cualquier otro donde se involucren derechos de menores. “No se trata de que las autoridades no juzguen con perspectiva de infancia, sino de que esta obligación quede claramente establecida en la legislación estatal, como sucede con la perspectiva de género en la legislación federal”, agregó.

La propuesta contempla agregar un artículo 54 bis a la Ley Estatal, para garantizar un debido proceso que proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a la Convención de los Derechos del Niño.

Isauro Hernández hizo un llamado a la sensibilidad y responsabilidad de los legisladores para atender con prioridad y compromiso los casos que afectan la integridad física y psicológica de la infancia, y concluyó: “Esperamos que esta iniciativa se estudie, analice y dictamine en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes, que son los verdaderos protagonistas y merecen justicia con perspectiva”.

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• La reforma al Código Penal del Estado incluye la obligación de investigar los asesinatos de mujeres con perspectiva de género
• ”En Michoacán apenas 1 de cada 10 muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio”, señaló

Morelia, Michoacán, 03 de julio de 2025.- El feminicidio se mantiene como uno de los retos más desafiantes y es urgente garantizar que se prevenga, se atienda y se sancione para erradicar todo tipo de impunidad en estos delitos, apuntó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al presentar la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán en materia de feminicidio, que incluye el aumento de las penas para feminicidas.

Este jueves, ante el pleno del Congreso estatal, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó la necesidad de que las fiscalías especializadas para investigar delitos de género funcionen de manera adecuada y con la capacitación suficiente para que realmente contribuyan al acceso a la justicia de las víctimas indirectas.

“Necesitamos trabajar para que no queden impunes estos delitos porque (…) una sentencia bien dada (…) conforme a derecho, más que una medida punitiva es un mensaje altamente pedagógico para decirles no pueden seguir asesinando a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes”, puntualizó la diputada Fabiola Alanís.

Al argumentar la problemática, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal refirió que en los primeros cinco meses del año ya se acumularon 276 casos de feminicidio en todo el país y en 70 de ellos, las víctimas fueron niñas y adolescentes. Respecto a Michoacán, dijo, la problemática se enfoca a la falta de investigación de los asesinatos de mujeres con el protocolo de feminicidio, pues apenas uno de cada 10 casos se investiga como feminicidio.

Cabe destacar que la iniciativa presentada por la diputada Fabiola Alanís para reformar el Código Penal michoacano consiste en tres puntos fundamentales: primero, tipificar al feminicidio como un delito autónomo y establecer que toda investigación de este delito se realice con perspectiva de género; segundo, implementar un esquema de protección inmediata para las víctimas indirectas; y, tercero, aumentar las penas mínimas para feminicidas a 40 años, a diferencia de los 25 años que actualmente se establecen como el mínimo; y se mantendría el máximo en 60 años, con agravantes que pueden aumentar hasta en una tercera parte la pena.

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• La reforma al Código Penal del Estado incluye la obligación de investigar los asesinatos de mujeres con perspectiva de género
• ”En Michoacán apenas 1 de cada 10 muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio”, señaló

Morelia, Michoacán, 03 de julio de 2025.- El feminicidio se mantiene como uno de los retos más desafiantes y es urgente garantizar que se prevenga, se atienda y se sancione para erradicar todo tipo de impunidad en estos delitos, apuntó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al presentar la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán en materia de feminicidio, que incluye el aumento de las penas para feminicidas.

Este jueves, ante el pleno del Congreso estatal, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó la necesidad de que las fiscalías especializadas para investigar delitos de género funcionen de manera adecuada y con la capacitación suficiente para que realmente contribuyan al acceso a la justicia de las víctimas indirectas.

“Necesitamos trabajar para que no queden impunes estos delitos porque (…) una sentencia bien dada (…) conforme a derecho, más que una medida punitiva es un mensaje altamente pedagógico para decirles no pueden seguir asesinando a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes”, puntualizó la diputada Fabiola Alanís.

Al argumentar la problemática, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal refirió que en los primeros cinco meses del año ya se acumularon 276 casos de feminicidio en todo el país y en 70 de ellos, las víctimas fueron niñas y adolescentes. Respecto a Michoacán, dijo, la problemática se enfoca a la falta de investigación de los asesinatos de mujeres con el protocolo de feminicidio, pues apenas uno de cada 10 casos se investiga como feminicidio.

Cabe destacar que la iniciativa presentada por la diputada Fabiola Alanís para reformar el Código Penal michoacano consiste en tres puntos fundamentales: primero, tipificar al feminicidio como un delito autónomo y establecer que toda investigación de este delito se realice con perspectiva de género; segundo, implementar un esquema de protección inmediata para las víctimas indirectas; y, tercero, aumentar las penas mínimas para feminicidas a 40 años, a diferencia de los 25 años que actualmente se establecen como el mínimo; y se mantendría el máximo en 60 años, con agravantes que pueden aumentar hasta en una tercera parte la pena.

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• La reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal “marca un antes y un después en la protección de los derechos de las personas mayores”, remarca el legislador.

Morelia, Michoacán, 03 de julio de 2025. — “Es un paso decisivo hacia la justicia social, la aprobación por unanimidad de la reforma legal que convierte en delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar”, remarcó el diputado Hugo Rangel Vargas, impulsor de la reforma.

Esta reforma que avaló el pleno del Congreso del Estado también fue respaldada por la diputada Anabet Franco Carrizales (MORENA), y establece penas de cárcel para quienes, aprovechando una relación de confianza, dispongan de los recursos de personas adultas mayores o con discapacidad sin su consentimiento.

Las sanciones incluyen entre 6 y 11 años de prisión, multas de hasta 100 UMAs y la obligación de reparar el daño. La reforma también obliga a los municipios a proporcionar asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a las víctimas de este tipo de violencia económica, mediante una modificación a la Ley Orgánica Municipal.

“La vejez no puede seguir siendo un terreno fértil para el abuso. Lo que hoy aprobamos es una línea clara entre el derecho y la impunidad”, declaró Hugo Rangel, quien además recordó que durante su paso por la Secretaría del Bienestar, documentó múltiples casos en los que familiares o personas cercanas retiraban el dinero de adultos mayores con engaños o bajo presión.

“El aumento en los casos de abuso económico está respaldado por datos oficiales. Solo en Morelia, las denuncias por este delito se han triplicado en dos años. Muchas de ellas involucran el uso fraudulento de las tarjetas del Bienestar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de maltrato tiene consecuencias graves en la salud física y emocional de las víctimas”, explicó el legislador.

Con esta aprobación, detalló, “Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de protección legal a las personas mayores. Más de 588 mil adultos mayores reciben la pensión del Bienestar en el estado, lo que representa una inversión pública de más de 3 mil 650 millones de pesos cada bimestre”.

“Este apoyo no es un favor ni una dádiva: es un derecho constitucional. Y hoy, ese derecho se defiende con todo el peso de la ley”, subrayó el legislador petista.

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• La reforma garantizaría que los tres poderes y los gobiernos municipales cuenten con personal capacitado en atención a personas con discapacidad auditiva.

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2025.- La diputada local Vanhe Caratachea presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán una iniciativa de reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, con el objetivo de garantizar la presencia permanente de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) o personal capacitado en todas las oficinas públicas que atienden a la ciudadanía.

La propuesta consiste en establecer la obligación para los tres poderes del Estado, órganos autónomos y gobiernos municipales de asegurar la atención accesible a personas con discapacidad auditiva en los trámites a realizar ante las instancias, como pago del agua, tramitar un acta de nacimiento, licencias, registros catastrales, entre otros.

“La lengua de señas no es una cortesía ni un favor. Es una lengua con la misma legitimidad que cualquier otra, y es el derecho de miles de michoacanas y michoacanos que hasta hoy siguen enfrentando el silencio de un Estado que no sabe cómo hablarles”, expresó la diputada desde tribuna.

La legisladora aseguró que la iniciativa no representa una carga económica desproporcionada, ya que puede implementarse de forma gradual, mediante convenios, capacitación y ajustes institucionales razonables. “No hablamos de ocurrencias ni de excesos, hablamos de justicia social”, subrayó.

Durante la presentación, la legisladora reconoció la participación de Yareni Karla Pérez, presidenta de la Asociación Michoacana de Intérpretes de LSM, y de Alexa Yarabi Paniagua, hija de padres con discapacidad auditiva que participó en el Parlamento Infantil 2025 y cuya vivencia inspiró directamente esta propuesta legislativa.

“La inclusión real no puede esperar. Con esta reforma, Michoacán daría un paso firme hacia un trato digno, equitativo y accesible para todas las personas con discapacidad auditiva. Es tiempo de que su voz, aunque no sea verbal, sea plenamente escuchada por el Estado”, finalizó.

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• El diputado de Movimiento Ciudadano, lamentó se haya normalizado e invisibilizado en el sistema de salud

Morelia, Michoacán, 03 de julio 2025.- “La violencia obstétrica lamentablemente ha sido normalizada e invisibilizada en el sistema de salud, por ello, debe ser erradicada en su totalidad”, advirtió el diputado Toño Carreño Sosa.

En ese sentido, el legislador de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa de reforma a la ley de salud, al considerar la violencia obstétrica como una forma de violencia en contra de las mujeres.

Las cifras son claras y dolorosas, sentenció en tribuna; en Michoacán, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, el 32 por ciento de las mujeres, reportaron haber sido víctimas de violencia obstétrica, es decir, casi una de cada tres mujeres ha enfrentado maltrato o humillaciones.

Incluso, agregó Toño Carreño, procedimientos sin consentimiento o negación de atención médica durante el embarazo, el parto o el puerperio. “Y lo peor estas cifras superan el promedio nacional”, dijo.

Esta realidad, dijo, no es un hecho aislado, es parte de un sistema institucional que ha permitido prácticas deshumanizantes dentro de los servicios de salud, particularmente contra las mujeres, en su etapa más vulnerable: cuando están por dar vida.

Lo anterior, agregó el diputado de la bancada naranja, se agrava en zonas rurales o indígenas, así que se debe erradicar; “no podemos seguir tolerando que se les grite, que se les niegue información, que se les someta a cesáreas innecesarias o se les practiquen intervenciones sin su consentimiento”.

De esta manera, dijo, la iniciativa presentada tiene dos objetivos fundamentales; reconocer de forma expresa la violencia obstétrica como una modalidad específica de violencia de género dentro de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

Además, reformar la Ley de Salud para que se garantice un protocolo de atención con enfoque de parto humanizado, basado en los derechos humanos, la autonomía, el consentimiento informado y el trato digno.

Lo anterior, finalizó, a través del diseño de políticas públicas específicas, que supervise los centros de reproducción asistida, que emita reglamentaciones con perspectiva de género y que promueva investigaciones sobre las causas y consecuencias de esta violencia.

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Morelia, Michoacán, a 3 de julio del 2025.- Las y los diputados locales aprobaron reformar el Código Penal y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal, ambas del estado de Michoacán, esto con la finalidad de proteger y apoyar a las personas de la tercera edad y con alguna discapacidad para que nadie cometa abuso de confianza en contra ellas.

En ese sentido se reformó el artículo 215 del Código Penal, para proteger los derechos de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad, con el objeto de tipificar como conducta delictiva al abuso de confianza especifico por disposición de fondos de beneficios sociales, y conminar la misma con pena de prisión y multa.

De la misma forma se propone crear un mandato a las autoridades municipales para que brinden especial atención a las víctimas de este delito y les otorguen acompañamiento legal para denunciar y activar a las autoridades investigadoras y judiciales para no dejar esos hechos en impunidad porque las víctimas carezcan de recursos para costear un abogado.

En ese mismo sentido, se agrega el delito de abuso de confianza especifico por disposición de fondos de beneficios sociales, con lo que se busca proteger el patrimonio de personas adultas mayores y con discapacidad, que han sido víctimas de conductas antijurídicas, en que las personas que se encargan del uso de sus tarjetas disponen para sí, del dinero de la persona que les entrega las tarjetas en confianza.

Aunado a ello se propone agregar entre las facultades de los ayuntamientos, la de auxiliar a una persona mayor o con discapacidad cuando acuda e informe que ha sido víctima del referido delito, para que pueda presentar la denuncia correspondiente.