Categoría: LEGISLATIVO

La Página Noticias

• La reforma al Código Penal del Estado incluye la obligación de investigar los asesinatos de mujeres con perspectiva de género
• En Michoacán apenas 1 de cada 10 muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio, señaló

Morelia, Mich., 03 de julio de 2025.- El feminicidio se mantiene como uno de los retos más desafiantes y es urgente garantizar que se prevenga, se atienda y se sancione para erradicar todo tipo de impunidad en estos delitos, apuntó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al presentar la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán en materia de feminicidio, que incluye el aumento de las penas para feminicidas.

Este jueves, ante el pleno del Congreso estatal, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó la necesidad de que las fiscalías especializadas para investigar delitos de género funcionen de manera adecuada y con la capacitación suficiente para que realmente contribuyan al acceso a la justicia de las víctimas indirectas.

“Necesitamos trabajar para que no queden impunes estos delitos porque (…) una sentencia bien dada (…) conforme a derecho, más que una medida punitiva es un mensaje altamente pedagógico para decirles no pueden seguir asesinando a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes”, puntualizó la diputada Fabiola Alanís.

Al argumentar la problemática, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal refirió que en los primeros cinco meses del año ya se acumularon 276 casos de feminicidio en todo el país y en 70 de ellos, las víctimas fueron niñas y adolescentes. Respecto a Michoacán, dijo, la problemática se enfoca a la falta de investigación de los asesinatos de mujeres con el protocolo de feminicidio, pues apenas uno de cada 10 casos se investiga como feminicidio.

Cabe destacar que la iniciativa presentada por la diputada Fabiola Alanís para reformar el Código Penal michoacano consiste en tres puntos fundamentales: primero, tipificar al feminicidio como un delito autónomo y establecer que toda investigación de este delito se realice con perspectiva de género; segundo, implementar un esquema de protección inmediata para las víctimas indirectas; y, tercero, aumentar las penas mínimas para feminicidas a 40 años, a diferencia de los 25 años que actualmente se establecen como el mínimo; y se mantendría el máximo en 60 años, con agravantes que pueden aumentar hasta en una tercera parte la pena.

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• Impulsada por el diputado Hugo Rangel, la reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal marca un antes y un después en la protección de los derechos de las personas mayores.

Morelia, Michoacán (03 de junio de 2025). — En un paso decisivo hacia la justicia social, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma legal que convierte en delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar. La iniciativa, encabezada por el diputado Hugo Rangel Vargas (PT) y respaldada por la diputada Anabet Franco Carrizales (MORENA), establece penas de cárcel para quienes, aprovechando una relación de confianza, dispongan de los recursos de personas adultas mayores o con discapacidad sin su consentimiento.

Las sanciones incluyen entre 6 y 11 años de prisión, multas de hasta 100 UMAs y la obligación de reparar el daño. La reforma también obliga a los municipios a proporcionar asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a las víctimas de este tipo de violencia económica, mediante una modificación a la Ley Orgánica Municipal.

“La vejez no puede seguir siendo un terreno fértil para el abuso. Lo que hoy aprobamos es una línea clara entre el derecho y la impunidad”, declaró Hugo Rangel, quien además recordó que durante su paso por la Secretaría del Bienestar, documentó múltiples casos en los que familiares o personas cercanas retiraban el dinero de adultos mayores con engaños o bajo presión.

El aumento en los casos de abuso económico está respaldado por datos oficiales. Solo en Morelia, las denuncias por este delito se han triplicado en dos años. Muchas de ellas involucran el uso fraudulento de las tarjetas del Bienestar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de maltrato tiene consecuencias graves en la salud física y emocional de las víctimas.

Con esta aprobación, Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de protección legal a las personas mayores. Más de 588 mil adultos mayores reciben la pensión del Bienestar en el estado, lo que representa una inversión pública de más de 3 mil 650 millones de pesos cada bimestre. “Este apoyo no es un favor ni una dádiva: es un derecho constitucional. Y hoy, ese derecho se defiende con todo el peso de la ley”, subrayó el legislador petista.

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• Impulsada por el diputado Hugo Rangel, la reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal marca un antes y un después en la protección de los derechos de las personas mayores.

Morelia, Michoacán (03 de junio de 2025). — En un paso decisivo hacia la justicia social, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma legal que convierte en delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar. La iniciativa, encabezada por el diputado Hugo Rangel Vargas (PT) y respaldada por la diputada Anabet Franco Carrizales (MORENA), establece penas de cárcel para quienes, aprovechando una relación de confianza, dispongan de los recursos de personas adultas mayores o con discapacidad sin su consentimiento.

Las sanciones incluyen entre 6 y 11 años de prisión, multas de hasta 100 UMAs y la obligación de reparar el daño. La reforma también obliga a los municipios a proporcionar asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a las víctimas de este tipo de violencia económica, mediante una modificación a la Ley Orgánica Municipal.

“La vejez no puede seguir siendo un terreno fértil para el abuso. Lo que hoy aprobamos es una línea clara entre el derecho y la impunidad”, declaró Hugo Rangel, quien además recordó que durante su paso por la Secretaría del Bienestar, documentó múltiples casos en los que familiares o personas cercanas retiraban el dinero de adultos mayores con engaños o bajo presión.

El aumento en los casos de abuso económico está respaldado por datos oficiales. Solo en Morelia, las denuncias por este delito se han triplicado en dos años. Muchas de ellas involucran el uso fraudulento de las tarjetas del Bienestar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de maltrato tiene consecuencias graves en la salud física y emocional de las víctimas.

Con esta aprobación, Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de protección legal a las personas mayores. Más de 588 mil adultos mayores reciben la pensión del Bienestar en el estado, lo que representa una inversión pública de más de 3 mil 650 millones de pesos cada bimestre. “Este apoyo no es un favor ni una dádiva: es un derecho constitucional. Y hoy, ese derecho se defiende con todo el peso de la ley”, subrayó el legislador petista.

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• ⁠También se estableció como requisito el no encontrarse inscrito o inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

Morelia, Michoacán, a 3 de julio del 2025.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, reformar el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, a fin de evitar el nepotismo en el cargo de secretario o secretaria de los ayuntamientos.

De esta forma, la reforma va encaminada a adicionar una fracción al artículo 71, para agregar como requisito que, para ocupar este cargo en el ayuntamiento “no deberán de ser cónyuge o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado o colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad dentro del segundo grado, del presidente o la presidenta municipal, regidoras o regidores, síndica o síndico correspondientes”.

Es importante señalar que, este requisito que se tiene para evitar el nepotismo, ya se encuentra establecido en la Ley para ocupar otros cargos, tales como son la Tesorería, la Contraloría y las Comisarías.

Además, también se adicionó un párrafo más, para establecer como requisito el no encontrarse inscrito o inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

Con esta adición, según lo estipulado en el dictamen se busca “avanzar en el fortalecimiento institucional de los municipios con criterios razonables, equitativos y técnicamente consistentes.

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• Propone reforestación obligatoria del 10% de áreas productivas con especies nativas para mitigar cambio climático y proteger recursos hídricos.

Morelia, Michoacán a 03 de julio de 2025.- En el marco del Parlamento Abierto de Liderazgo Ambiental, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz presentó una iniciativa histórica para equilibrar la producción agrícola con la protección de nuestros ecosistemas.

“Como sociedad capitalista, nos enseñaron que la producción económica justifica el daño ambiental. Hemos sacrificado bosques, agua y biodiversidad en nombre del progreso, perdiendo empatía por lo más valioso: nuestro único hogar”, señaló la diputada Arreola.

Precisó que, según datos de la ONU, el cambio de uso de suelo libera dióxido de carbono acumulado, acelerando el cambio climático, por lo que Michoacán, al ser el principal productor mundial de aguacate, tiene más 158 mil hectáreas dedicadas a este cultivo, que son un generador de esta problemática.

“Un árbol de aguacate capta 14 veces menos agua que un pino y consume 5 veces más agua diariamente, según datos de la UMSNH. Por ello sabemos que la expansión desordenada ha provocado deforestación, estrés hídrico y pérdida de biodiversidad”, expuso la legisladora.

En este sentido, Arreola Ruíz, presentó la iniciativa de Reforma para un Aguacate Sostenible en la que se propone adicionar el Artículo 90 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado con cuatro objetivos:
1.⁠ ⁠Recuperar captura de carbono
2.⁠ ⁠Regular el ciclo hídrico
3.⁠ ⁠Proteger biodiversidad
4.⁠ ⁠Frenar la erosión del suelo

Se proponen además acciones concretas como la reforestación obligatoria que precise que todo productor deberá reforestar 10% de su área cultivada con especies nativas, con apoyo institucional de la Comisión Forestal y la SEMACCDET proveerán árboles nativos gratuitamente y supervisarán la siembra en temporada de lluvias.

“¿Ponderaremos lo económico sobre la vida? Esta iniciativa demuestra que sí es posible producir con conciencia. No heredaremos un Michoacán devastado”, afirmó Arreola Ruiz.

Esta medida alinea a Michoacán con las metas de la ONU contra el cambio climático, que exigen “tasa cero de deforestación” y restauración de ecosistemas.

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Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2025.- Ante el incremento de delitos cometidos contra personas adultas mayores en Michoacán, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de aumentar las penas en casos de robo, lesiones y abuso de confianza cuando las víctimas pertenezcan a este grupo poblacional.

Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que entre enero y abril de 2025 se presentaron 642 denuncias por parte de personas mayores de 60 años, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. “Esta cifra nos obliga a actuar con responsabilidad y urgencia desde el Congreso”, señaló. Agregó que la población adulta mayor representa ya más del 11% de los habitantes en Michoacán, lo que refleja un cambio demográfico que debe atenderse con políticas públicas y reformas legales.

La iniciativa propone adicionar los artículos 129 Bis, 216 Bis y la fracción X al artículo 204 del Código Penal del Estado. De aprobarse, las lesiones causadas a personas adultas mayores serán sancionadas como lesiones calificadas; el abuso de confianza y el robo cometido contra este sector conllevarán un aumento de hasta dos terceras partes en la pena. “No se tolerarán delitos contra quienes han contribuido tanto a nuestra sociedad”, afirmó Ocampo frente a las y los legisladores michoacanos.

Al Pleno, “hoy les pido que legislemos por la dignidad, la seguridad y la justicia para las personas adultas mayores. No podemos permitir que sean víctimas sin respuesta del Estado. Es momento de cerrar filas y actuar en su defensa”, demandó el diputado del PRD.

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• Esto permitiría garantizar la protección efectiva de las víctimas y establecer medidas efectivas de prevención de suicidios y feminicidios
• Exhorta diputada local atender de manera integral la violencia para que las mujeres puedan vivir sin miedo

Morelia, Michoacán, a 03 de Julio de 2025.-Como parte de la agenda legislativa, la diputada local Brissa Arroyo, planteó que se reconozca legalmente como un tipo de violencia, la feminicida.

En la máxima tribuna del estado, la Congresista argumentó que, la violencia feminicida no se limita al número de asesinatos de mujeres, sino que representa un conjunto de violaciones a sus Derechos Humanos, porque implica desapariciones, torturas, agresiones, así como otras prácticas que atentan contra la integridad y libertad.

Con afectaciones a la familia, a las víctimas indirectas, a tantas niñas y niños cuya madre fue víctima de estos delitos y se encuentran en la orfandad. La violencia feminicida es un tipo de violencia extrema que atenta contra la vida y la dignidad de las mujeres.

“Es un problema que requiere una atención especializada y una respuesta integral”, afirmó la diputada local.

Es la consecuencia de la violación reiterada y sistemática a los derechos humanos de todas, solo por el hecho de ser mujeres; además, esta forma de violencia extrema está legitimada y naturalizada por la percepción social que desvaloriza y degrada a las mujeres, que considera su cuerpo como objeto prescindible y que inhabilita el derecho a ejercer justicia desde los estereotipos.

La brutalidad en aumento que caracteriza cada uno de los asesinatos que hoy lamentamos y la impunidad que nos alienta a alzar la voz, ponen de manifiesto la falta de garantías para la protección del derecho a la vida, la integridad y la libertad de las mujeres.

Arroyo Martínez profundizó que, entender esta violencia radica en la interrelación de modalidades y tipos de ella que, si se abordan de manera aislada y sin perspectiva de género, pueden desencadenar efectos extremos y desembocar en la innecesaria y prevenible muerte de tantas niñas, adolescentes y mujeres.

Es decir, – agregó-, reconocerla como una serie progresiva de violencias y atacarla de forma integral puede evitar el feminicidio.

La diferenciación técnica de nuestra legislación actual establece como tipos de violencias: la psicológica, económica, patrimonial, física y sexual, destacando los diferentes efectos que la violencia tiene en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas; además, contempla en las modalidades de violencia los ámbitos familiar, laboral, docente, comunitario e institucional para su distinción, lo que es un gran avance.

Sin embargo, la legislación actual, únicamente contempla el termino de violencia feminicida en el artículo 6 como parte de las definiciones que maneja esta ley para su entendimiento, sin embargo, resulta necesario reconocerla y establecerla como un tipo de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, sin estar armonizada con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Esta inclusión permitirá establecer como un tipo la violencia feminicida, lo que permitiría una persecución más efectiva de los responsables; establecer medidas de prevención y protección específicas para las mujeres en situación de riesgo ”, argumentó la Legisladora.

Por lo anterior, se propone reformar la fracción XII, recorriendo al subsecuente su contenido original en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo.

Quedando como sigue: XII Violencia feminicida: Es aquella extrema y brutal violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, en cualquier ámbito, consistente en un proceso continuo de agresiones o manifestaciones de odio y discriminación, de diferente intensidad de tipo ascendente que, no necesariamente implica la muerte de la mujer, pero que la coloca en una situación de riesgo latente de afrontar una muerte violenta u otras formas de muerte evitables, producto de la violación a sus derechos humanos;

XIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad, la salud y la libertad de las mujeres.

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• ”Conciliar el trabajo con la familia debe ser un derecho, no un privilegio”, remarca
• Propone incorporar el derecho a la flexibilidad laboral en la ley de los trabajadores del Estado y Municipios

Morelia, Michoacán, a 03 de julio del 2025.- Consciente de que las leyes deben responder a los retos sociales actuales y no ser ajenas a la vida cotidiana de las personas, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa que busca garantizar, por ley, el derecho de las y los servidores públicos a conciliar su vida laboral con su vida familiar.

La propuesta plantea la adición del artículo 23 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, reconociendo como un derecho laboral la adopción de medidas que permitan una relación armónica entre el empleo y la crianza, siempre que el servicio público lo permita.

Durante su intervención ante el Pleno, la legisladora destacó que esta propuesta busca humanizar las leyes y responder a la realidad de miles de madres y padres michoacanos que enfrentan dificultades para participar activamente en la vida de sus hijas e hijos debido a la rigidez de sus jornadas laborales.

La iniciativa establece con claridad que, “las y los trabajadores tienen derecho a que los patrones, en caso de que el servicio público lo permita, adopten medidas para favorecer la compatibilización del trabajo con la vida familiar, tales como la flexibilidad laboral, el teletrabajo, horarios mixtos, entre otras, que les permitan desarrollar una carrera profesional plena sin renunciar al derecho al cuidado de su familia y a una crianza presente y activa de sus hijos e hijas.”

Grecia Aguilar explicó que no se trata de crear privilegios, sino de establecer condiciones justas para que hombres y mujeres puedan compartir las responsabilidades del hogar y del cuidado, sin miedo a perder sus empleos ni a ser sancionados por ello.

“Ser madre o padre presente no debe ser un privilegio, sino un derecho. Esta reforma también reconoce a los hombres como cuidadores y promueve una cultura de corresponsabilidad que fortalezca el tejido social desde su núcleo: la familia”, afirmó.

La diputada aclaró que la propuesta no implica gasto adicional ni afecta la eficiencia del servicio público, ya que su implementación dependerá de las posibilidades operativas de cada institución.

Finalmente, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta propuesta con visión de futuro, empatía y responsabilidad. “Legislar también es cuidar. Legislar también es proteger lo esencial. Les pido su respaldo, no por mí, sino por todas esas familias que necesitan tiempo, espacio y dignidad para convivir y crecer juntas.”