Categoría: LEGISLATIVO

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Morelia, Michoacán; a 15 de julio de 2025.- A través de una reforma al artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, el Pleno del Poder Legislativo, aprobó que el diputado que presida la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local, forme parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En sesión ordinaria, las y los legisladores michoacanos, avalaron el dictamen elaborada por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil que preside el diputado Vicente Gómez Núñez, e integran los diputados Juan Antonio Magaña de la Mora, Carlos Bautista Tafolla y Guillermo Valencia Reyes.

En la exposición de motivos, se señaló el Consejo Estatal de Seguridad Pública, es la instancia superior de coordinación interinstitucional cuyas atribuciones sustancialmente se refieren a los programas, políticas en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia y de prevención del delito.

Actualmente es integrado por: el Titular del Poder Ejecutivo, quien lo preside; el secretario de Seguridad Pública; el fiscal general del Estado; el secretario de Gobierno; un diputado electo por el Congreso; un Magistrado electo por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; los presidentes de los Consejos Intermunicipales; y, cuatro representantes del Consejo de Participación Ciudadana.

Al especificar, que el diputado que integrará el Consejo, será el presidente de la Comisión en cuestión, es algo positivo, consideraron las y los legisladores, ya que, dicha Comisión está completamente relacionada con el orden y la seguridad pública y quien la presida le compete atender los asuntos relacionados con la materia de seguridad pública.

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Morelia, Michoacán; a 15 de julio de 2025.- A través de una reforma al artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, el Pleno del Poder Legislativo, aprobó que el diputado que presida la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local, forme parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En sesión ordinaria, las y los legisladores michoacanos, avalaron el dictamen elaborada por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil que preside el diputado Vicente Gómez Núñez, e integran los diputados Juan Antonio Magaña de la Mora, Carlos Bautista Tafolla y Guillermo Valencia Reyes.

En la exposición de motivos, se señaló el Consejo Estatal de Seguridad Pública, es la instancia superior de coordinación interinstitucional cuyas atribuciones sustancialmente se refieren a los programas, políticas en materia de seguridad pública, procuración y administración de justicia y de prevención del delito.

Actualmente es integrado por: el Titular del Poder Ejecutivo, quien lo preside; el secretario de Seguridad Pública; el fiscal general del Estado; el secretario de Gobierno; un diputado electo por el Congreso; un Magistrado electo por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; los presidentes de los Consejos Intermunicipales; y, cuatro representantes del Consejo de Participación Ciudadana.

Al especificar, que el diputado que integrará el Consejo, será el presidente de la Comisión en cuestión, es algo positivo, consideraron las y los legisladores, ya que, dicha Comisión está completamente relacionada con el orden y la seguridad pública y quien la presida le compete atender los asuntos relacionados con la materia de seguridad pública.

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• El líder parlamentario del PT planteó que sea un requisito indispensable para poder nombrar a los encargados de las Oficialías en la entidad.

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2025.-El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa para que a quienes se nombren como titulares de las Oficialías del Registro Civil en esta entidad cuenten con experiencia en formación jurídica, ante el compromiso que asume el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con la profesionalización del servicio público para garantizar una atención eficaz y eficiente a los ciudadanos michoacanos.

Esto, a través de una modificación a la fracción III, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo que tiene el propósito de establecer la formación jurídica, o bien, la experiencia necesaria y comprobable como un requisito indispensable para el nombramiento de las titularidades de las Oficialías del Registro Civil del Estado de Michoacán.

“Las Oficialías del Registro Civil, en muchos casos son dirigidas por funcionarios sin formación profesional, ni experiencia en el ámbito jurídico. Si bien, en gran parte cuentan con la asistencia de personal experimentado y con los conocimientos técnicos necesarios, esto no exime a las y los titulares de las Oficialías del Registro Civil de las facultades y responsabilidades inherentes al cargo”, argumentó Reyes Galindo.

El coordinador del PT, destacó que al ser el registro civil una institución pública que se encarga de registrar de manera oficial los hechos y actos relativos al estado civil, es el único fedatario de la identidad de toda persona que brinda certeza jurídica en el marco de su calidad como ciudadanas y ciudadanos; por lo que el estado civil tiene una relevancia jurídica fundamental en el marco del derecho familiar, civil, administrativo y fiscal, al definir y regula el conjunto de relaciones personales y patrimoniales de una persona frente a terceras personas, ante sociedades y ante el propio Estado.

Refirió además, que desde la perspectiva jurídica, el estado civil constituye la base para la determinación de derechos inherentes a la persona, como los relativos a la herencia, la patria potestad, las obligaciones alimentarias y la capacidad legal para suscribir y revocar determinados actos jurídicos; por ello, las omisiones o los errores en las tareas de las Oficialías del Registro Civil pueden impedir el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, como es el derecho a la identidad, y con ello, generar consecuencias graves en asuntos relacionados con herencias, juicios y propiedad.

Ante ello, el legislador expuso que como garante de la identidad y el estado civil de toda persona, la institución aquí mencionada es de gran relevancia en el reconocimiento de los derechos individuales, por ello, la actividad que se desarrolla desde las Oficialías del Registro Civil requiere y demanda un amplio grado de sensibilidad, diligencia y compromiso por parte de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir la función registral, con una comprensión plena de las atribuciones administrativas y legales, así como de un alto grado de responsabilidad de las personas que ostenten la titularidad de esta institución.

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• El líder parlamentario del PT planteó que sea un requisito indispensable para poder nombrar a los encargados de las Oficialías en la entidad.

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2025.-El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa para que a quienes se nombren como titulares de las Oficialías del Registro Civil en esta entidad cuenten con experiencia en formación jurídica, ante el compromiso que asume el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con la profesionalización del servicio público para garantizar una atención eficaz y eficiente a los ciudadanos michoacanos.

Esto, a través de una modificación a la fracción III, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo que tiene el propósito de establecer la formación jurídica, o bien, la experiencia necesaria y comprobable como un requisito indispensable para el nombramiento de las titularidades de las Oficialías del Registro Civil del Estado de Michoacán.

“Las Oficialías del Registro Civil, en muchos casos son dirigidas por funcionarios sin formación profesional, ni experiencia en el ámbito jurídico. Si bien, en gran parte cuentan con la asistencia de personal experimentado y con los conocimientos técnicos necesarios, esto no exime a las y los titulares de las Oficialías del Registro Civil de las facultades y responsabilidades inherentes al cargo”, argumentó Reyes Galindo.

El coordinador del PT, destacó que al ser el registro civil una institución pública que se encarga de registrar de manera oficial los hechos y actos relativos al estado civil, es el único fedatario de la identidad de toda persona que brinda certeza jurídica en el marco de su calidad como ciudadanas y ciudadanos; por lo que el estado civil tiene una relevancia jurídica fundamental en el marco del derecho familiar, civil, administrativo y fiscal, al definir y regula el conjunto de relaciones personales y patrimoniales de una persona frente a terceras personas, ante sociedades y ante el propio Estado.

Refirió además, que desde la perspectiva jurídica, el estado civil constituye la base para la determinación de derechos inherentes a la persona, como los relativos a la herencia, la patria potestad, las obligaciones alimentarias y la capacidad legal para suscribir y revocar determinados actos jurídicos; por ello, las omisiones o los errores en las tareas de las Oficialías del Registro Civil pueden impedir el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, como es el derecho a la identidad, y con ello, generar consecuencias graves en asuntos relacionados con herencias, juicios y propiedad.

Ante ello, el legislador expuso que como garante de la identidad y el estado civil de toda persona, la institución aquí mencionada es de gran relevancia en el reconocimiento de los derechos individuales, por ello, la actividad que se desarrolla desde las Oficialías del Registro Civil requiere y demanda un amplio grado de sensibilidad, diligencia y compromiso por parte de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir la función registral, con una comprensión plena de las atribuciones administrativas y legales, así como de un alto grado de responsabilidad de las personas que ostenten la titularidad de esta institución.

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Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2025.- La Septuagésima Sexta Legislatura reformó el artículo 39 la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo con la finalidad de actualizar la norma jurídica y con ello agilizar el trámite legal, simplificando su procedimiento administrativo, para otorgar certeza jurídica al contribuyente.

Con la Iniciativa de Decreto presentada por la Comisión de Hacienda y Deuda Pública sobre la propuesta del diputado David Martínez Gowman, se tiene como finalidad la precisión legal oportuna a la actualización de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para satisfacer las necesidades, económicas, sociales, factor de aporte en las políticas públicas presentes.

Luego de la aprobación de la reforma, en el artículo 39, se precisa que las manifestaciones a que se refiere el Capítulo y la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto de contratos de compraventa o cualesquiera otros transmitidos de dominio, resoluciones administrativas o judiciales, deberán presentarse dentro de los quince días hábiles contados a partir de los siguientes supuestos:
I. La fecha de firma, autorización y conclusión de la escritura por los otorgantes o representantes legales, los testigos e intérpretes si los hubiere;
II. La fecha; en que hubiere causado ejecutoria o estado la resolución judicial y se expidan los oficios y copias certificadas de la misma o se hubiere notificado la resolución administrativa; y,
III. La fecha; de firma, autorización y conclusión de celebración del contrato privado o documento de que se trate.

En su iniciativa Martínez Gowman puntualizó la necesidad de simplificar y acelerar la celebración respecto de contratos de compra-venta o cualquier otro de transmitidos de dominio, facilitando transacciones en la regulación de contratos de compraventa y/o otros.

Agregó que se requería avanzar y coadyuvar con responsabilidad a fin de preservar el equilibrio de las finanzas públicas así como fortalecer la capacidad financiera, optimizar el ejercicio y control en la gestión en la adquisición de inmuebles.

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• En las bases se establece que los días 17 y18 de julio serán para el registro de aspirantes

Morelia, Michoacán; a 15 de julio de 2025.- Las y los integrantes de la 76 Legislatura invitan a las mujeres profesionales del derecho, para que participen en el proceso de designación de Magistrada Titular de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán.

Las aspirantes tendrán para registrarse y exhibir su documentación, durante los días 17 y 18 de julio del presente año, en las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, sito en Avenida Francisco I. Madero número 97, planta alta del centro, de Morelia, Michoacán, en un horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas.

Las mujeres interesadas a ocupar el cargo de magistrada, tendrán que reunir requisitos como: ser ciudadana mexicana por nacimiento, y michoacana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; no tener más de 65 años de edad, ni menos de 35, al día de la elección; entre otros.

Para acreditar los requisitos previstos en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, las aspirantes tendrán que presentar su solicitud por escrito en formato libre, con firma autógrafa; acta de nacimiento o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana; credencial para votar con fotografía vigente, expedida por el INE; título o cédula profesional en licenciatura en derecho, así como, constancia de calificaciones.

Asimismo, deberá presentar currículo con firma autógrafa, así como documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica, de cuando menos tres años en el ejercicio de la actividad jurídica; así como, un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación; entre otros.

Cabe señalar, que concluido el plazo para la inscripción y exhibición de documentos, la Comisión de Justicia llamará a comparecer a las personas aspirantes; y, en la comparecencia se les entrevistará, para que puedan ser evaluadas a través de su exposición de proyecto de trabajo, así como de todas aquellas habilidades y aptitudes que el cargo requiere.

Será mediante terna, emitida por la Comisión de Justicia, como se presente ante el Pleno de la 76 Legislatura que se elegirá a la mujer que ocupará la titularidad de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán, por un periodo de nueve años.

Para mayor información, se pueden consultar las páginas oficiales del Poder Legislativo.

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Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2025.- Representantes de diversas comunidades originarias de Michoacán presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para expedir la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual fue respaldada por la diputada local e indígena por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, y el diputado Conrado Paz Torres.

La propuesta, entregada por ciudadanas y ciudadanos procedentes de pueblos como Puácuaro, Santa Fe de la Laguna, Comachuén, Janitzio, Tacuro, Sicuicho, Pamatácuaro, Ahuirán, Urapicho, entre otros, busca garantizar el reconocimiento, uso y desarrollo de las lenguas indígenas en todos los ámbitos del servicio público en Michoacán.

“Esta iniciativa ciudadana nace del compromiso de las propias comunidades y recoge el anhelo de recuperar, preservar y fortalecer nuestras lenguas originarias”, señaló la diputada Eréndira Isauro Hernández, quien funge como presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos.

Entre los principales objetivos del proyecto está la creación del Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán, como órgano rector encargado de diseñar e implementar políticas públicas para la revitalización y promoción de los idiomas ancestrales.

Además, se establece la obligación de las instituciones públicas y privadas para ofrecer servicios en lenguas originarias, así como formar intérpretes y traductores que faciliten el acceso a derechos fundamentales como la salud, la justicia y la educación.

Durante la presentación, se informó que desde 2022, 394 comunidades indígenas en Michoacán han solicitado su registro ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), distribuidas en 59 municipios. También se reconoció formalmente a una comunidad afromexicana en El Ticuiz, municipio de Coahuayana.

“La diversidad lingüística es parte de la riqueza de nuestro estado. Esta iniciativa ciudadana representa un paso firme hacia una verdadera justicia cultural y lingüística”, enfatizó la legisladora indígena.

A un mes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el próximo 9 de agosto, la Comisión refrendó su compromiso con el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios y afromexicanos del estado.

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Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2025.- Representantes de diversas comunidades originarias de Michoacán presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para expedir la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual fue respaldada por la diputada local e indígena por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, y el diputado Conrado Paz Torres.

La propuesta, entregada por ciudadanas y ciudadanos procedentes de pueblos como Puácuaro, Santa Fe de la Laguna, Comachuén, Janitzio, Tacuro, Sicuicho, Pamatácuaro, Ahuirán, Urapicho, entre otros, busca garantizar el reconocimiento, uso y desarrollo de las lenguas indígenas en todos los ámbitos del servicio público en Michoacán.

“Esta iniciativa ciudadana nace del compromiso de las propias comunidades y recoge el anhelo de recuperar, preservar y fortalecer nuestras lenguas originarias”, señaló la diputada Eréndira Isauro Hernández, quien funge como presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos.

Entre los principales objetivos del proyecto está la creación del Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán, como órgano rector encargado de diseñar e implementar políticas públicas para la revitalización y promoción de los idiomas ancestrales.

Además, se establece la obligación de las instituciones públicas y privadas para ofrecer servicios en lenguas originarias, así como formar intérpretes y traductores que faciliten el acceso a derechos fundamentales como la salud, la justicia y la educación.

Durante la presentación, se informó que desde 2022, 394 comunidades indígenas en Michoacán han solicitado su registro ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), distribuidas en 59 municipios. También se reconoció formalmente a una comunidad afromexicana en El Ticuiz, municipio de Coahuayana.

“La diversidad lingüística es parte de la riqueza de nuestro estado. Esta iniciativa ciudadana representa un paso firme hacia una verdadera justicia cultural y lingüística”, enfatizó la legisladora indígena.

A un mes del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el próximo 9 de agosto, la Comisión refrendó su compromiso con el reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios y afromexicanos del estado.

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• La propuesta plantea que el monto exentado de las deudas que tengan las escuelas con los Organismos Operadores, sea invertido en rehabilitación de aulas, sanitarios, techos, lavamanos y equipamiento básico, bajo esquemas de control y comprobación

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2025.- Con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, el diputado local Juan Carlos Barragán, presentó una iniciativa que propone condonar de manera condicionada los adeudos por agua potable y saneamiento a instituciones públicas educativas, siempre y cuando esos recursos sean reinvertidos directamente en la infraestructura escolar.

Durante su intervención en tribuna, Barragán destacó el caso crítico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que arrastra un adeudo cercano a los 120 millones de pesos con el OOAPAS de Morelia, distribuido en más de 70 cuentas de facultades, oficinas e instalaciones universitarias. Esta situación, dijo, limita la capacidad de la Universidad para atender compromisos fundamentales como el pago a pensionados y la mejora de sus espacios.

“¿Tiene sentido que una escuela pública tenga que elegir entre pagar el agua o reparar sus baños? Esa disyuntiva es inaceptable en un país que reconoce a la educación y al agua como derechos humanos”, señaló el legislador.

La propuesta plantea que el monto exentado sea invertido en rehabilitación de aulas, sanitarios, techos, lavamanos y equipamiento básico, bajo esquemas de control y comprobación mediante informes técnicos y financieros auditables. En caso de incumplimiento, el beneficio se revierte, garantizando que cada peso se utilice en favor de la comunidad estudiantil.

Esta iniciativa responde también al sentir de maestras, maestros y familias que, a través del programa Échale una Mano a las Escuelas, han señalado que el pago de servicios impide atender necesidades urgentes de infraestructura. “No se trata de una condonación sin compromiso, sino de una forma de canalizar los recursos hacia donde más se necesitan las aulas, los baños y los espacios educativos”, remarcó Barragán.

Finalmente, el diputado puntualizó que la medida está jurídicamente sustentada en las facultades del Congreso, conforme a los artículos 115 y 116 de la Constitución, y que no afecta las finanzas municipales, ya que solo aplicará de forma focalizada para instituciones educativas públicas que acrediten el destino de los recursos en beneficio directo del estudiantado.

“Esta propuesta convierte un pasivo en una inversión. No perdonamos la deuda: la transformamos en infraestructura para más de 1.2 millones de estudiantes michoacanos”, concluyó.

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• La propuesta plantea que el monto exentado de las deudas que tengan las escuelas con los Organismos Operadores, sea invertido en rehabilitación de aulas, sanitarios, techos, lavamanos y equipamiento básico, bajo esquemas de control y comprobación

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2025.- Con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, el diputado local Juan Carlos Barragán, presentó una iniciativa que propone condonar de manera condicionada los adeudos por agua potable y saneamiento a instituciones públicas educativas, siempre y cuando esos recursos sean reinvertidos directamente en la infraestructura escolar.

Durante su intervención en tribuna, Barragán destacó el caso crítico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que arrastra un adeudo cercano a los 120 millones de pesos con el OOAPAS de Morelia, distribuido en más de 70 cuentas de facultades, oficinas e instalaciones universitarias. Esta situación, dijo, limita la capacidad de la Universidad para atender compromisos fundamentales como el pago a pensionados y la mejora de sus espacios.

“¿Tiene sentido que una escuela pública tenga que elegir entre pagar el agua o reparar sus baños? Esa disyuntiva es inaceptable en un país que reconoce a la educación y al agua como derechos humanos”, señaló el legislador.

La propuesta plantea que el monto exentado sea invertido en rehabilitación de aulas, sanitarios, techos, lavamanos y equipamiento básico, bajo esquemas de control y comprobación mediante informes técnicos y financieros auditables. En caso de incumplimiento, el beneficio se revierte, garantizando que cada peso se utilice en favor de la comunidad estudiantil.

Esta iniciativa responde también al sentir de maestras, maestros y familias que, a través del programa Échale una Mano a las Escuelas, han señalado que el pago de servicios impide atender necesidades urgentes de infraestructura. “No se trata de una condonación sin compromiso, sino de una forma de canalizar los recursos hacia donde más se necesitan las aulas, los baños y los espacios educativos”, remarcó Barragán.

Finalmente, el diputado puntualizó que la medida está jurídicamente sustentada en las facultades del Congreso, conforme a los artículos 115 y 116 de la Constitución, y que no afecta las finanzas municipales, ya que solo aplicará de forma focalizada para instituciones educativas públicas que acrediten el destino de los recursos en beneficio directo del estudiantado.

“Esta propuesta convierte un pasivo en una inversión. No perdonamos la deuda: la transformamos en infraestructura para más de 1.2 millones de estudiantes michoacanos”, concluyó.