Categoría: LEGISLATIVO

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• ⁠El planteamiento del diputado busca incrementar penas de manera significativa cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor o cuando el responsable sea un servidor público de salud.

Morelia, Michoacán a 20 de noviembre de 2025.- El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 155 del Código Penal del Estado, con el objetivo de actualizar y fortalecer la figura del delito de peligro de contagio, garantizando con ello una protección efectiva de la salud individual y colectiva.

El legislador ecologista subrayó que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política, es un bien jurídico fundamental que el Estado tiene el deber ineludible de tutelar. Sin embargo, la legislación penal actual requiere ser adecuada para sancionar conductas que, por su gravedad, merecen una respuesta proporcional y contundente.

“La iniciativa se centra en tres ejes fundamentales para brindar máxima protección a los más vulnerables. No podemos permitir que nuestra ley permanezca débil frente a agresiones graves a la salud”, afirmó el Diputado Espinoza Villa.

Los tres ejes centrales de la reforma son un Incremento de la Penalidad Base para el delito de peligro de contagio, reconociendo la gravedad de poner en riesgo la salud de otro con conocimiento de padecer una enfermedad grave e incurable en período infectante.

Agravante por Contagio Doloso, que incrementa la pena hasta en una mitad cuando el agente actúe con la intención expresa de transmitir la enfermedad y el contagio se produzca y la protección especial para Grupos Vulnerables, son parte de la propuesta de reforma.

“Es inaceptable que la ley no sancione con mayor severidad a quien se aprovecha de la debilidad o la incapacidad de defensa de otro. Cuando la víctima es una niña, un niño, una persona con discapacidad cognitiva o un adulto mayor cuya fragilidad los expone a consecuencias catastróficas, el Estado está obligado a defenderlos primero y con la máxima energía”, explicó el diputado del PVEM.

Espinoza Villa hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores para apoyar esta iniciativa, que busca, desde un enfoque de protección a los más vulnerables y de responsabilidad, dotar a Michoacán de un marco jurídico robusto que garantice que la vida y la salud sean verdaderamente protegidas.

“Esta reforma no criminaliza la enfermedad; protege. Protege a la infancia, protege a las personas mayores, protege a las personas con discapacidad y protege la confianza ciudadana en nuestro sistema de salud. Porque la salud no es negociable, la dignidad no es opcional y la protección de los más vulnerables no admite retrasos”, concluyó.

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La senadora Celeste Ascencio , presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, hizo un llamado a fortalecer el recién anunciado Plan Michoacán mediante la participación activa de todos los sectores sociales, durante una entrevista en el programa Poder Ciudadano , conducido por el Mtro. Juan Carlos Flores Aquino.

Ascencio recordó que, aunque en dos ocasiones fue diputada federal por la vía plurinominal, hoy representa a Michoacán como senadora de mayoría relativa, resultado del respaldo directo del pueblo michoacano. Destacó también su relación de amistad con el exdiputado Carlos Manzo, recientemente asesinado, y señaló que este hecho profundiza su compromiso político y personal con la transformación y la seguridad del estado.

Durante la conversación, la legisladora y el conductor revisaron los primeros episodios de violencia que marcaron a Michoacán en 2008 y 2009, incluida la agresión con granadas del 15 de septiembre en Morelia y los bloqueos simultáneos en distintas ciudades. La senadora afirmó que esos hechos, que vivió como estudiante de preparatoria, representan un parteaguas: “hay un Michoacán antes y uno después de esa fecha”, expresó.

La senadora destacó que el Plan Michoacán, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca evitar la improvisación. También subrayó que la presencia de Omar García Harfuch en Uruapan marca una diferencia importante, al basar su estrategia en inteligencia, supervisión territorial y coordinación real entre instituciones. Asimismo, destacó que la incorporación del nuevo secretario de Seguridad estatal, José Antonio Cruz Medina, fortalece la articulación entre federación, estado y municipios, evitando que cada corporación opere de manera aislada.

Finalmente, Ascencio reiteró que el éxito del Plan Michoacán dependerá de que sociedad y autoridades sumen esfuerzos: “Este nuevo esquema solo funcionará si se atienden simultáneamente las causas sociales, las oportunidades educativas y el desarrollo económico. Michoacán necesita confiar en un plan construido con la gente y para la gente”, afirmó.

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• Mejorar la distribución de los ingresos en el campo y el pago de cosechas a productores, son los principales retos, compartió la legisladora

Morelia, Mich., 20 de noviembre del 2025.- Tras coincidir con el lema “Sin maíz no hay país”, la diputada Fabiola Alanís anunció el establecimiento de una mesa de trabajo permanente entre el Congreso de Michoacán y los productores estatales de este grano fundamental para la alimentación nacional.

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la 76 Legislatura se reunieron con representantes de este sector agrícola, donde la presidenta de la Jucopo, Fabiola Alanís, propuso que este tipo de ejercicios no terminarán hasta avanzar en sus demandas, por lo que se estableció el 27 de noviembre próximo como la siguiente fecha de encuentro.

A decir de la legisladora: “Necesitamos una mesa permanente en la podamos ir avanzando con ustedes, en temas de presupuestos, en fungir como enlaces con las personas responsables de las instituciones a nivel federal que pudieran apoyarnos y en comentar con el gobernador el tema de que es insuficiente el precio de garantía que se les ha ofrecido y que todavía se les debe del año pasado”.

También, consideró importante aprovechar los recursos que están anunciados para el campo mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyos esfuerzos se suman a algunos programas ya existentes, como es Sembrando Vida, el cual ha funcionado de manera eficiente en algunas regiones de la entidad.

Fabiola Alanís citó a la Presidenta Claudia Sheinbaum para reconocer que “nos falta mucho por hacer en el campo y para avanzar es importante la autocrítica. Estamos con ustedes y sus causas, porque también son las nuestras, porque sin maíz no hay país, eso sí hay que tenerlo muy claro”.

Coincidió en que se tiene que mejorar la distribución de los ingresos del campo, ya que entre los intermediarios y los bajos precios se genera una escalada de prejuicios para las y los productores, pero también para las y los jornaleros agrícolas: “Aquí viene el tema de la desprotección social, porque de todas las personas afiliadas al Seguro Social apenas 5 de cada 100 son trabajadoras y trabajadores del campo, entonces, se va en cadena y se multiplica por generaciones la pobreza”.

Finalmente, Fabiola Alanís puntualizó que Michoacán es un estado que produce lo suficiente para que toda la gente viva en buenas condiciones, por lo que no es congruente con la cifra que indica que hay 300 mil personas que viven en pobreza extrema, de las cuales 200 mil son jornaleras y jornaleros agrícolas, por lo que invitó a actuar en consecuencia.

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• La legislación de Michoacán lleva años de retraso en materia de titularidad jurídica de personas con discapacidad, señaló la legisladora del PAN.

Morelia, Michoacán a 19 de noviembre de 2025.- Que se reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es la propuesta de reforma que presentó la diputada Vanessa Caratachea.

“La capacidad jurídica es el punto de partida para el goce real y efectivo de todos los derechos humanos. Negar la capacidad jurídica equivale a negar la vida civil de una persona”, manifestó en tribuna la legisladora.

Esto, porque el Código Civil del estado mantiene una mirada tutelar hacia las personas con discapacidad, cuando los tratados internacionales y la misma normativa general del país reconoce a las personas con discapacidad mayores de edad como personas con capacidad jurídica, es decir, que pueden realizar actos jurídicos y son sujetos de derechos y obligaciones.

“Una visión que etiquetó, que excluyó, que redujo a las personas con discapacidad a sujetos de protección, negándoles la posibilidad de decidir sobre su patrimonio y su propia vida. Esa visión ya no tiene cabida en el Michoacán del siglo XXI”, destacó la diputada del PAN.

La propuesta es reformar el artículo 22 de dicho código para establecer que “ninguna persona podrá ser privada de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad” lo que no quiere decir, aclaró Vanessa Caratachea, que se les esté dejando desamparados.

“Introduce un sistema de apoyos y salvaguardas judiciales, que permitirá acompañar a quienes lo requieran, sin sustituir su voluntad ni anular su autonomía”, explicó.

La diputada de La Piedad señaló que no se trata únicamente de una armonización de ley, sino de un cambio de paradigma, pues se reconocen los derechos civiles de las personas con discapacidad.

Es además, agregó Vanessa Caratachea, una obligación legal, puesto que en 2023 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la obligación de que los congresos locales reformaran su propia normativa antes de 2027.

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• La reforma propone también el tipo penal de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios.

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- A un mes de que asesinaran al líder de los citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, los diputados del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huarache y Memo Valencia, presentaron una iniciativa de Ley anticoyotaje.

“Sin duda, un crimen de esta magnitud y la problemática de inseguridad no se puede resolver con reformas legales, sin embargo, es importante tomar medidas al alcance de nuestras manos que puedan contribuir a mejorar la situación agrícola del estado. Bernardo Bravo, además de seguridad, clamaba por mayores controles que erradicaran un intermediarismo dañino, controlado por el crimen organizado”, indicaron.

Esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán de Ocampo, busca fortalecer y reiterar la obligación del Estado de brindar las condiciones de seguridad para los productores agrícolas, la cual no solo está dirigida a los limoneros o aguacateros, sino a todo el campo michoacano.

“Esto, a través de acciones y políticas públicas que eliminen el intermediarismo o ‘coyotaje’ colectivo y de gran escala, con fines de acaparamiento y especulación. No podemos permitir conductas monopólicas en la intermediación”, aseguraron.

La iniciativa priista no busca satanizar a los intermediarios que atienden a dinámicas propias del mercado y el libre comercio que, con los adecuados controles y sin fines perniciosos, aportan mucho al comercio y al desarrollo económico, al tender lazos entre productores y comercializadores de gran escala, nacional e internacional, abundaron.

Lo que sí incluye la iniciativa es “la creación de un tipo penal muy específico a la problemática de inseguridad y coyotaje en el sector agrícola de la entidad, en nuestro Código Penal, dentro de los Delitos Contra el Patrimonio, bajo el nombre de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios”, indicaron.

Reiteraron que como legisladores, “difícilmente podemos hacer justicia por las víctimas que han muerto en garras del crimen organizado en la región de Tierra Caliente, pero sin duda, podemos alzar la voz y también hacer caso a Bernardo Bravo en su llamado a evitar el intermediarismo dañino y pernicioso, vinculado al crimen. Le debemos eso al menos”, finalizaron.

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Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- La diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en Michoacán, en medio del debate público respecto a la posible implementación de la revocación de mandato para el Ejecutivo estatal.

Rivera Camacho subrayó que la participación directa de la ciudadanía en la evaluación de sus gobiernos es una prioridad que el movimiento de la Cuarta Transformación ha impulsado desde sus orígenes. Recordó que la revocación de mandato se consolidó como un ejercicio democrático durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y forma parte de las herramientas diseñadas para ampliar la voz de las y los ciudadanos en la toma de decisiones.

“La revocación de mandato es un mecanismo que fortalece el poder ciudadano. Como movimiento, siempre hemos promovido instrumentos que permitan a la sociedad evaluar el desempeño de sus autoridades y participar activamente en los asuntos públicos”, expresó.

La legisladora informó que en la Comisión de Puntos Constitucionales ya se encuentran dos iniciativas en análisis relacionadas con este mecanismo. Agregó que se han sostenido diversas reuniones para conocer las posturas de las fracciones parlamentarias, donde la mayoría coincide en que la participación ciudadana debe seguir siendo un eje del trabajo legislativo.

“Llegará el momento de discutir y dictaminar estas propuestas. Hemos tenido avances importantes en la mesa técnica y existe un reconocimiento general de que la participación ciudadana es parte de una agenda democrática que debemos seguir fortaleciendo”, afirmó.

Respecto a la temporalidad que establece la Constitución para la aplicación de este tipo de ejercicios, Rivera Camacho precisó que no sería posible implementarlo en la administración estatal actual, pues la ley solo permite realizarlo durante los primeros tres meses posteriores al tercer año de gobierno. Aclaró que este punto será parte del análisis que realice la Comisión.

Finalmente, Rivera Camacho reiteró que desde el Congreso del Estado continuará trabajando en reforzar y ampliar las herramientas de participación ciudadana, con el compromiso de que Michoacán avance hacia un modelo democrático más abierto, incluyente y cercano a la gente.

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Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Celis, del Grupo Parlamentario de Morena, para establecer en la legislación local la Indemnización Patrimonial por Viudez, una figura que reconoce jurídicamente el valor del trabajo doméstico y de cuidados realizado dentro del hogar.

La reforma permitirá que cónyuges y concubinos sobrevivientes que dedicaron su vida a las labores del hogar tengan derecho a recibir hasta el 50% de los bienes del patrimonio de familia y del haber hereditario, garantizando protección económica y seguridad jurídica a miles de michoacanas y michoacanos.

El legislador destacó que la medida busca corregir una injusticia histórica, ya que las tareas del hogar y el cuidado de personas dependientes han sido tradicionalmente invisibilizadas y no contaban con reconocimiento patrimonial en caso de viudez.

“El trabajo en casa sí vale, sostiene familias y merece ser protegido. Esta reforma es un principio elemental de justicia económica y dignidad para quienes cuidaron toda una vida”, declaró Juan Pablo Celis.

La nueva disposición coloca a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de derechos familiares, pues actualmente la ley solo contemplaba compensaciones por cuidados en casos de divorcio bajo régimen de separación de bienes, dejando sin protección a quienes quedaban en viudez tras años dedicados al hogar.

Celis señaló que la reforma está alineada con los principios del humanismo mexicano impulsado por la Cuarta Transformación, que plantea poner a las personas en el centro de las políticas públicas y construir un marco legal más justo y sensible a las realidades de las familias.

“No hay democracia plena sin igualdad dentro de los hogares. No hay justicia si quienes sostuvieron a sus familias quedan en el abandono. Hoy legislamos para que el cuidado deje de ser invisible”, afirmó.

El diputado aseguró que esta reforma representa un paso firme hacia la igualdad sustantiva, pues reconoce el cuidado como un trabajo con valor económico y social, y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan los derechos de las familias michoacanas.

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Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura votaron a favor del Dictamen mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con las que definieron distintos tipos de violencia contra las mujeres y garantizan la creación de refugios especializados.

En dicha ley, entre otras cosas, se definió que la violencia psicológica es aquella acción u omisión que conlleva a la víctima a la depresión, aislamiento, pérdida de su autoestima e incluso al suicidio; mientras que a la violencia sexual como aquella acción, que mediante violencia física o psicológica pone en riesgo, lesiona, degrada, daña o atenta contra el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, incluyendo las miradas o palabras lascivas, el acoso, el hostigamiento sexual, la violación, así como la explotación sexual y de su imagen.

A la violencia moral como todo acto u omisión encaminados a la vejación, escarnio y mofa, cuya finalidad sea afectar y dominar la calidad humana y moral de la persona, exponiéndola al desprecio de las y los demás, incentivando al odio para impedirle el buen desarrollo personal y profesional, así como su integración social.

Mientras que la violencia por acecho fue definida como cualquier conducta reiterada, sistemática o persistente, sin consentimiento y no deseada, que, implique vigilancia, seguimiento, envío de mensajes, objetos o cualquier forma de contacto, comunicación o intrusión en la vida de las mujeres, las adolescentes o las niñas; realizada en dos o más ocasiones, que le cause miedo, angustia, cualquier afectación emocional o alteración de su vida cotidiana.

En el Dictamen, las y los legisladores establecieron que tratándose de violencia digital o mediática, la autoridad deberá aplicar medidas cautelares para resguardar la identidad de las víctimas, evitar que sigan circulando las imágenes, videos o audios, conforme a la normatividad procesal nacional en la materia, los estándares internacionales, protocolos y demás manuales de buenas prácticas. De lo contrario, su omisión será considerada falta administrativa grave.

En la reforma a la ley, se mandató que las políticas que instrumenten el Estado y sus municipios considerarán garantizar la creación, fortalecimiento y mantenimiento, de espacios de refugios especializados con recursos etiquetados que garanticen servicios integrales y especializados en condiciones dignas a fin de brindar protección a las mujeres, las adolescentes y las niñas víctimas de violencia de género.

Sobre las órdenes de protección, el Pleno del Congreso del Estado mandató que tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima; y deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

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Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- El Congreso del Estado reformó el Código Familiar para el Estado de Michoacán a fin de asegurar que la paternidad en Michoacán sea responsable y que las obligaciones que nacen del matrimonio y concubinato o sociedad de convivencia, se cumplan en situaciones de igualdad sustantiva y estructural.

De esta forma, se fijó en el Código Familiar, como obligación del deudor alimentista la compensación de gastos médicos y hospitalarios para la cónyuge o concubina que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y que no haya tenido trabajo propio.

De la misma forma se estableció que, en relación al trabajo de cuidado y asistencia en favor de las infancias, deberá ser considerado como un aporte económico a quien lo realiza, lo cual deberá ser tomado en cuenta por el juez al momento de fijar la pensión alimenticia.

En el mismo sentido, se extiende la obligación de alimentos no solo hasta la conclusión de estudios si no hasta que el acreedor alimentista obtenga su título y cédula profesionales.

Con todo esto, se busca positivizar esas circunstancias y evitar que interpretaciones
judiciales que no se ajusten a la perspectiva de género, dejen a los acreedores alimentistas en cuadros de desprotección sistemática.

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• ⁠Destaca que es necesario implementar un Registro Estatal de Enfermedades Raras y Crónico-Degenerativas, y la conformación de un Consejo Estatal para su atención
• .⁠”Las y los michoacanos deben tener garantizado el acceso a tratamientos y diagnóstico oportuno”, remarca.

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- Las enfermedades raras son un desafío de salud pública que exige actuar de inmediato, porque en cada paciente diagnosticado hay una familia que ha aprendido a sobrevivir, afirmó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado, Tere Herrera detalló que en Michoacán la legislación no reconoce de manera específica la situación de las personas que viven con enfermedades raras o crónico-degenerativas, por lo que es urgente actualizarla conforme a las necesidades que se tienen.

“Cada enfermedad rara presenta retos clínicos distintos, pero comparten un común denominador, transforman de manera radical la vida familiar, económica, emocional y social de quienes la padecen. Las familias deben enfrentar una cadena de obstáculos que se repite de manera dolorosa”.

Al señalar que a nivel mundial se estima que existen más de siete mil enfermedades raras identificadas, que en conjunto afectan a más de 300 millones de personas, la diputada Tere Herrera indicó que los pacientes y sus familias se enfrentan a diagnóstico tardíos o incorrectos, falta de acceso a especialistas, tratamientos inaccesibles, costosos, además del miedo, incertidumbre, desgaste, discriminación y ausencia de políticas públicas.

“La salud es, sin duda, lo más preciado que tenemos. Es el punto de partida para todo lo que somos y todo lo que hacemos. Hoy vengo a esta tribuna con el corazón puesto en miles de familias que enfrentan, en silencio y con valentía, una realidad que sigue siendo invisibilizada: la de las enfermedades raras”.
 
Herrera Maldonado explicó que la iniciativa contempla construir un marco normativo con visión humanista, que coloque al centro a las personas, que garantice diagnóstico oportuno, tratamientos integrales, medicamentos, terapias y acompañamiento digno; así como la creación del Registro Estatal de Enfermedades Raras y Crónico-Degenerativas, y la conformación de un Consejo Estatal para su atención.

Son consideradas enfermedades raras cuando existen menos de 5 casos por cada 10 mil habitantes.