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Por DAVID ALEJANDRO DELGADO ARROYO*

A lo largo de su existencia, el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral ha sido criticado por su presupuesto, convirtiéndose esta crítica en un lugar común para parecer políticamente correctos.

Sin embargo, son diversos los factores que apuntan a este lugar común de reducir su presupuesto.

El primero tiene que ver con que, a diferencia del resto de las instituciones públicas del Estado Mexicano, el anteproyecto de presupuesto a solicitar se discute públicamente en un órgano colegiado y a la luz de la opinión pública, es decir, aún antes de ser integrado el Presupuesto solicitado por el INE dentro del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, es discutido públicamente en el Consejo General, lo que no sucede con la mayor parte de las instituciones del Estado Mexicano.

El segundo factor, tiene que ver con que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aparece como Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, no solo el gasto operativo sino también el financiamiento público a los partidos políticos. De manera que la animadversión sobre dicha inversión pública en el sistema político mexicano contamina el gasto operativo del INE.

Un tercer factor, se deriva de disposiciones constitucionales, que además se concretan legislativamente, que generan una eventualidad de consulta popular o consulta de revocación de mandato, lo que implica que cuando el INE tiene que solicitar el presupuesto, aún no se tienen certeza si en el siguiente ejercicio se tendrá ese proceso; todo porque quienes legislaron no calcularon los tiempos suficientes para hacer las previsiones presupuestales; por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha orientado al INE para solicitar un presupuesto precautorio, que tampoco se ve que hayan entendido quienes aprueban el presupuesto. Con un transitorio que indique que, si no hay el ejercicio, dicho recurso se reintegre a la Tesorería para algún propósito especifico, como podría ser educación.

Un cuarto factor, es que muchos de los gastos del INE tienen que ver son el universo poblacional, es decir, si hay más población, se infiere que habrá más solicitantes de credencial para votar, luego se sigue que se requerirán más casillas y con ello, más funcionariado de casillas, de lo que también se derivan más capacitadores asistentes electorales; más documentación y material electoral, en fin, todo significa gastos incrementales.

Un quinto factor, es que como una institución que ofrece un servicio electoral, su gasto es fundamentalmente humano, es decir, de sueldos y salarios; de lo que se sigue que, si hay un aumento en el salario mínimo, automáticamente todos los gastos tienen que incrementarse en dicha proporción.

Un sexto factor, implica que una institución que debe hacer valer principios rectores como la imparcialidad, la legalidad, la certeza, la objetividad, la máxima publicidad, entre otros, debe tener una estructura profesional permanente que no se encuentre sujeta al cambio político en las urnas, lo cual implica el ejercicio de un gasto permanente.

Si el INE como otras instituciones del Estado Mexicano se encuentran sujetas al universo poblacional, y a la inflación o a los incrementos en los salarios mínimos, luego entonces la mejor manera de calcular es observar la proporción del presupuesto del INE con respecto a la totalidad del gasto neto total del presupuesto de egresos de la federación; es decir, identificar el pedazo de pastel que le corresponde al INE dentro del total del presupuesto.

En este sentido, para el ejercicio 2026, el INE representará el 0.14% de todo lo que se gasta en la federación; es el porcentaje más bajo en este siglo, la cifra más cercana fue la de 2023, año similar en términos de ser el previo al proceso electoral siguiente, que fue en aquella ocasión del 0.17%.

Muy lejos han quedado años similares, como el 2020 con el 0.19%, el 2017 con el 0.22%, el 2014 con el 0.18%, el 2011 con el 0.21%, el 2008 con el 0.21%, el 2005 con el 0.24%, el 2002 con el 0.23%, o el 1999 del siglo pasado con el 0.20%.

El IFE INE ha terminado siempre ejerciendo más atribuciones con un menor presupuesto, ya se encuentra en el límite de las posibilidades.

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*David Alejandro Delgado Arroyo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM; con estudios de maestría en Administración Pública por el INAP y en Procesos e Instituciones Electorales por el IFE. Miembro fundador del Instituto Federal Electoral, en donde ingresó en 1991 desempeñando diversas funciones de Jefe de Departamento, Subdirector, Vocal Ejecutivo Distrital en Coatepec y en Minatitlán, Veracruz; a partir de 1999 se desempeña como Consejero Presidente de Consejo Local del IFE, cargo que ha representado en Querétaro; Aguascalientes; Durango; Guerrero y actualmente Michoacán ya como INE.

Por MIRYAN CAMACHO SUÁREZ*

La promesa de una jornada laboral de 40 horas en México todavía no es una realidad, pero tampoco es una idea suelta. Es una iniciativa presentada por el gobierno federal y actualmente en discusión dentro del Congreso, con un horizonte que —si supera las negociaciones políticas y empresariales— podría implementarse de manera gradual hacia 2030. No hay ley vigente, no hay fechas definitivas y no hay certeza institucional. Lo único claro es que el tema avanzó lo suficiente como para revelar algo incómodo: México no está hablando de una reforma laboral; está hablando sin darse cuenta de una transición tecnológica.

Desde la narrativa pública, la reducción de jornada suena a modernización, a justicia social, a una deuda atrasada con la población trabajadora. En un análisis realista, ocurre dentro de una contradicción profunda: México es uno de los países que más horas trabaja en el mundo y, sin embargo, genera niveles de productividad comparativamente bajos. El país supera las 2,100 horas laborales anuales por trabajador y aun así se sitúa en los últimos lugares de competitividad internacional. No es un problema de esfuerzo: es un problema de diseño.

México no produce poco porque sus trabajadores no se esfuercen. Produce poco porque se sostiene sobre una economía del agotamiento, donde el valor laboral se mide por cansancio acumulado y no por resultados. El trabajador “comprometido” es el que permanece más tiempo, el que renuncia a la vida personal, el que está disponible cuando no debería. Se confunde sacrificio con profesionalismo. Se confunde desgaste con eficiencia. Y esa cultura del esfuerzo, convertida en métrica moral, es exactamente lo que la jornada de 40 horas viene a interpelar.

Cuando se observan los países que han logrado trabajar menos horas sin colapsar su economía, no se encuentra una epifanía ética. Se encuentra tecnología. Islandia, Bélgica, Reino Unido, Francia: ninguno redujo su jornada porque descubrió una nueva filosofía del descanso. Lo hicieron porque podían sostener o incluso aumentar su productividad gracias a procesos automatizados, herramientas digitales, reorganización técnica del trabajo y sistemas que absorben tareas antes realizadas a mano. El descanso fue posible porque el trabajo se volvió más inteligente, no porque se volvió más amable.

Y aquí es donde México enfrenta su brecha más difícil. El país quiere reducir horas, pero sigue operando como si la automatización fuera un lujo y no una necesidad. La adopción tecnológica ha sido lenta, desigual y, en amplias zonas productivas, prácticamente inexistente. Muchas empresas aún dependen de controles manuales, flujos redundantes, aprobaciones presenciales, duplicación de tareas y procedimientos que consumen tiempo sin generar valor. La cultura de automatización de procesos todavía no existe de forma masiva. México quiere el beneficio del descanso sin haber invertido en la infraestructura que lo hace posible.

Sin embargo, el mundo ya tomó una decisión por nosotros: la automatización avanza. Más del 50% de los empleos en México contiene tareas susceptibles de ser absorbidas por sistemas automáticos, y una parte significativa de los trabajos incluye funciones que pueden transferirse total o parcialmente a algoritmos, plataformas o tecnología generativa. En ese contexto, la reducción de la jornada no es un acto de generosidad laboral; es una consecuencia técnica del rediseño global del trabajo.

Y ese rediseño trae consigo un riesgo silencioso. La automatización no solo desplaza empleo por despido; también desplaza empleo por omisión. No siempre se manifiesta como un golpe visible, sino como una contracción en la contratación. Vacantes que antes existían ya no se abren. Posiciones intermedias dejan de ser necesarias. Equipos que antes requerían diez personas ahora requieren cinco. El mercado no solo expulsa: deja de absorber. La estabilidad deja de depender de cuánto trabaja alguien y empieza a depender de cuán integrable es dentro de un ecosistema tecnológico.

De ahí que la reducción de la jornada pueda ser una oportunidad o un espejismo. Podría mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal, combatir el desgaste crónico y obligar a las empresas a abandonar el presentismo improductivo. Pero también podría intensificar la competencia laboral, profundizar la desigualdad entre trabajos tecnificados y no tecnificados, y reforzar un mercado donde cada año haya menos espacios para quienes no desarrollen habilidades digitales, analíticas o de automatización.

Por eso, la discusión de fondo no es si México está listo para trabajar menos horas. La pregunta real es si está listo para abandonar el culto al sacrificio como métrica de valor y reemplazarlo por una cultura de eficiencia, herramientas, procesos inteligentes y reconversión laboral. Trabajar menos no será una concesión del Estado; será un efecto de la tecnología. Y en ese modelo, lo que determinará el futuro no será cuántas horas se trabaja, sino qué se hace dentro de esas horas y con qué capacidad para colaborar con sistemas cada vez más complejos.

Reducir la jornada laboral puede ser un parteaguas histórico para México o un salto al vacío. Todo dependerá de si el país decide modernizar su manera de producir o si seguirá defendiendo una ética laboral donde la resistencia importa más que el rendimiento.

Porque en el futuro inmediato, menos horas no significan más descanso.
Significan más tecnología.

Y México tendrá que decidir si camina hacia adelante… o si espera a que la automatización lo rebase por desgaste.

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*Miryam Camacho Suárez. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Abogada por la Universidad Latina de América. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.