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• La reforma propone también el tipo penal de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios.

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- A un mes de que asesinaran al líder de los citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, los diputados del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huarache y Memo Valencia, presentaron una iniciativa de Ley anticoyotaje.

“Sin duda, un crimen de esta magnitud y la problemática de inseguridad no se puede resolver con reformas legales, sin embargo, es importante tomar medidas al alcance de nuestras manos que puedan contribuir a mejorar la situación agrícola del estado. Bernardo Bravo, además de seguridad, clamaba por mayores controles que erradicaran un intermediarismo dañino, controlado por el crimen organizado”, indicaron.

Esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán de Ocampo, busca fortalecer y reiterar la obligación del Estado de brindar las condiciones de seguridad para los productores agrícolas, la cual no solo está dirigida a los limoneros o aguacateros, sino a todo el campo michoacano.

“Esto, a través de acciones y políticas públicas que eliminen el intermediarismo o ‘coyotaje’ colectivo y de gran escala, con fines de acaparamiento y especulación. No podemos permitir conductas monopólicas en la intermediación”, aseguraron.

La iniciativa priista no busca satanizar a los intermediarios que atienden a dinámicas propias del mercado y el libre comercio que, con los adecuados controles y sin fines perniciosos, aportan mucho al comercio y al desarrollo económico, al tender lazos entre productores y comercializadores de gran escala, nacional e internacional, abundaron.

Lo que sí incluye la iniciativa es “la creación de un tipo penal muy específico a la problemática de inseguridad y coyotaje en el sector agrícola de la entidad, en nuestro Código Penal, dentro de los Delitos Contra el Patrimonio, bajo el nombre de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios”, indicaron.

Reiteraron que como legisladores, “difícilmente podemos hacer justicia por las víctimas que han muerto en garras del crimen organizado en la región de Tierra Caliente, pero sin duda, podemos alzar la voz y también hacer caso a Bernardo Bravo en su llamado a evitar el intermediarismo dañino y pernicioso, vinculado al crimen. Le debemos eso al menos”, finalizaron.

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Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- La diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en Michoacán, en medio del debate público respecto a la posible implementación de la revocación de mandato para el Ejecutivo estatal.

Rivera Camacho subrayó que la participación directa de la ciudadanía en la evaluación de sus gobiernos es una prioridad que el movimiento de la Cuarta Transformación ha impulsado desde sus orígenes. Recordó que la revocación de mandato se consolidó como un ejercicio democrático durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y forma parte de las herramientas diseñadas para ampliar la voz de las y los ciudadanos en la toma de decisiones.

“La revocación de mandato es un mecanismo que fortalece el poder ciudadano. Como movimiento, siempre hemos promovido instrumentos que permitan a la sociedad evaluar el desempeño de sus autoridades y participar activamente en los asuntos públicos”, expresó.

La legisladora informó que en la Comisión de Puntos Constitucionales ya se encuentran dos iniciativas en análisis relacionadas con este mecanismo. Agregó que se han sostenido diversas reuniones para conocer las posturas de las fracciones parlamentarias, donde la mayoría coincide en que la participación ciudadana debe seguir siendo un eje del trabajo legislativo.

“Llegará el momento de discutir y dictaminar estas propuestas. Hemos tenido avances importantes en la mesa técnica y existe un reconocimiento general de que la participación ciudadana es parte de una agenda democrática que debemos seguir fortaleciendo”, afirmó.

Respecto a la temporalidad que establece la Constitución para la aplicación de este tipo de ejercicios, Rivera Camacho precisó que no sería posible implementarlo en la administración estatal actual, pues la ley solo permite realizarlo durante los primeros tres meses posteriores al tercer año de gobierno. Aclaró que este punto será parte del análisis que realice la Comisión.

Finalmente, Rivera Camacho reiteró que desde el Congreso del Estado continuará trabajando en reforzar y ampliar las herramientas de participación ciudadana, con el compromiso de que Michoacán avance hacia un modelo democrático más abierto, incluyente y cercano a la gente.

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Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Celis, del Grupo Parlamentario de Morena, para establecer en la legislación local la Indemnización Patrimonial por Viudez, una figura que reconoce jurídicamente el valor del trabajo doméstico y de cuidados realizado dentro del hogar.

La reforma permitirá que cónyuges y concubinos sobrevivientes que dedicaron su vida a las labores del hogar tengan derecho a recibir hasta el 50% de los bienes del patrimonio de familia y del haber hereditario, garantizando protección económica y seguridad jurídica a miles de michoacanas y michoacanos.

El legislador destacó que la medida busca corregir una injusticia histórica, ya que las tareas del hogar y el cuidado de personas dependientes han sido tradicionalmente invisibilizadas y no contaban con reconocimiento patrimonial en caso de viudez.

“El trabajo en casa sí vale, sostiene familias y merece ser protegido. Esta reforma es un principio elemental de justicia económica y dignidad para quienes cuidaron toda una vida”, declaró Juan Pablo Celis.

La nueva disposición coloca a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de derechos familiares, pues actualmente la ley solo contemplaba compensaciones por cuidados en casos de divorcio bajo régimen de separación de bienes, dejando sin protección a quienes quedaban en viudez tras años dedicados al hogar.

Celis señaló que la reforma está alineada con los principios del humanismo mexicano impulsado por la Cuarta Transformación, que plantea poner a las personas en el centro de las políticas públicas y construir un marco legal más justo y sensible a las realidades de las familias.

“No hay democracia plena sin igualdad dentro de los hogares. No hay justicia si quienes sostuvieron a sus familias quedan en el abandono. Hoy legislamos para que el cuidado deje de ser invisible”, afirmó.

El diputado aseguró que esta reforma representa un paso firme hacia la igualdad sustantiva, pues reconoce el cuidado como un trabajo con valor económico y social, y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan los derechos de las familias michoacanas.

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Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.- En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura votaron a favor del Dictamen mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con las que definieron distintos tipos de violencia contra las mujeres y garantizan la creación de refugios especializados.

En dicha ley, entre otras cosas, se definió que la violencia psicológica es aquella acción u omisión que conlleva a la víctima a la depresión, aislamiento, pérdida de su autoestima e incluso al suicidio; mientras que a la violencia sexual como aquella acción, que mediante violencia física o psicológica pone en riesgo, lesiona, degrada, daña o atenta contra el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, incluyendo las miradas o palabras lascivas, el acoso, el hostigamiento sexual, la violación, así como la explotación sexual y de su imagen.

A la violencia moral como todo acto u omisión encaminados a la vejación, escarnio y mofa, cuya finalidad sea afectar y dominar la calidad humana y moral de la persona, exponiéndola al desprecio de las y los demás, incentivando al odio para impedirle el buen desarrollo personal y profesional, así como su integración social.

Mientras que la violencia por acecho fue definida como cualquier conducta reiterada, sistemática o persistente, sin consentimiento y no deseada, que, implique vigilancia, seguimiento, envío de mensajes, objetos o cualquier forma de contacto, comunicación o intrusión en la vida de las mujeres, las adolescentes o las niñas; realizada en dos o más ocasiones, que le cause miedo, angustia, cualquier afectación emocional o alteración de su vida cotidiana.

En el Dictamen, las y los legisladores establecieron que tratándose de violencia digital o mediática, la autoridad deberá aplicar medidas cautelares para resguardar la identidad de las víctimas, evitar que sigan circulando las imágenes, videos o audios, conforme a la normatividad procesal nacional en la materia, los estándares internacionales, protocolos y demás manuales de buenas prácticas. De lo contrario, su omisión será considerada falta administrativa grave.

En la reforma a la ley, se mandató que las políticas que instrumenten el Estado y sus municipios considerarán garantizar la creación, fortalecimiento y mantenimiento, de espacios de refugios especializados con recursos etiquetados que garanticen servicios integrales y especializados en condiciones dignas a fin de brindar protección a las mujeres, las adolescentes y las niñas víctimas de violencia de género.

Sobre las órdenes de protección, el Pleno del Congreso del Estado mandató que tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima; y deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

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Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- El Congreso del Estado reformó el Código Familiar para el Estado de Michoacán a fin de asegurar que la paternidad en Michoacán sea responsable y que las obligaciones que nacen del matrimonio y concubinato o sociedad de convivencia, se cumplan en situaciones de igualdad sustantiva y estructural.

De esta forma, se fijó en el Código Familiar, como obligación del deudor alimentista la compensación de gastos médicos y hospitalarios para la cónyuge o concubina que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar y que no haya tenido trabajo propio.

De la misma forma se estableció que, en relación al trabajo de cuidado y asistencia en favor de las infancias, deberá ser considerado como un aporte económico a quien lo realiza, lo cual deberá ser tomado en cuenta por el juez al momento de fijar la pensión alimenticia.

En el mismo sentido, se extiende la obligación de alimentos no solo hasta la conclusión de estudios si no hasta que el acreedor alimentista obtenga su título y cédula profesionales.

Con todo esto, se busca positivizar esas circunstancias y evitar que interpretaciones
judiciales que no se ajusten a la perspectiva de género, dejen a los acreedores alimentistas en cuadros de desprotección sistemática.