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Por GUILLERMO VALENCIA REYES*

El magnicidio de Carlos Manzo detonó una cadena de acontecimientos que ha reconfigurado el panorama político, social, institucional y de seguridad en Michoacán. A esto lo denomino el “Efecto Manzo; el cual es omnidireccional y hay que entender a fondo, para exigir con precisión, hasta que las promesas se conviertan en resultados permanentes.  Partiendo de ello, veamos las siguientes dimensiones y aspectos específicos del Efecto Manzo.

I. SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTRATEGIA ANTICRIMEN

1. Descenso histórico en homicidios dolosos. El magnicidio de Carlos Manzo generó una notable baja en asesinatos en el estado. Según informes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, del 1 al 23 de noviembre se acumulaban 50 homicidios dolosos, ubicándose nuestra entidad en undécimo lugar nacional. En amplio contraste, en 23 días de octubre pasado iban 86 asesinatos y Michoacán se ubicaba en cuarto lugar nacional. El Efecto Manzo representa 36 personas asesinadas menos.

2. Implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El magnicidio obligó al gobierno federal a reconocer lo que habíamos advertido durante meses: Michoacán requería atención prioritaria. El 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con 12 ejes, 100 acciones y 57 mil millones de pesos de inversión, dudosamente fresca.

Enfáticamente, el Plan Michoacán representa la corrección de una plana que evitó escribir debidamente el Gobernador de Michoacán, quien en cuatro años no tuvo una estrategia de seguridad pública ni de procuración de justicia. En este cuatrienio, el crimen organizado hizo lo que quiso en la entidad, por lo cual tuvo qué venir el Gobierno Federal a tomar control de la seguridad y de diversas dependencias.

3. Resultados operativos inmediatos. En los primeros 10 días del Plan Michoacán las fuerzas federales reportaron 87 personas detenidas, 43 armas de fuego aseguradas y más de 300 kilogramos de drogas decomisadas.

4. El Operativo “Paricutín”. Se activó el Plan de Operaciones “Paricutín” con despliegue regionalizado de fuerzas en zonas estratégicas: la costa del Pacífico, la región limonera y la zona aguacatera alrededor de Uruapan.

II. JUSTICIA Y PERSECUCIÓN DEL DELITO

5. Captura del autor intelectual. El 19 de noviembre fue detenido en Morelia Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como autor intelectual del asesinato. Según el secretario Omar García Harfuch.

6. Detención de escoltas por omisión. El 21 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con el Ejército y la Marina, detuvo a 7 escoltas de Carlos Manzo por su “probable participación”.

7. Identificación de redes criminales. Día tras día, las investigaciones policiales revelan más y más nombres, más vinculaciones y posibles entramados de intereses que permiten aproximarnos a comprender mejor las redes de la delincuencia organizada de Michoacán y, con ello, se avanza poco a poco rumbo a esclarecer el magnicidio de Carlos Manzo y muchos otros delitos más.

8. Estrategia contra 12 cárteles. El Plan Michoacán identifica y combate a 12 organizaciones criminales que operan en el estado: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos, Los Blancos de Troya y otras células regionales.

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

9. Protestas masivas. El magnicidio desató una ola de indignación ciudadana que movilizó, mínimamente, a doscientas mil personas, sumando todas las acciones colectivas que se realizaron en la geografía estatal. Seguramente, la cifra es al menos veinte veces mayor si contamos casi un centenar de protestas multitudinarias que sucedieron en todo México y en el extranjero.

IV. INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA

11. Sucesión de emergencia y continuidad del proyecto. El 5 de noviembre, apenas cuatro días después del magnicidio, el Congreso de Michoacán designó a Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde, como presidenta municipal de Uruapan.

12. Reforzamiento de la protección a alcaldes. Como parte del Plan Michoacán, se creó un “sistema de alarma para presidentes municipales”. Grecia Quiroz cuenta con seguridad del Ejército Mexicano.

13. Coordinación interinstitucional reforzada. El Plan Michoacán estableció mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno. La presidenta Sheinbaum anunció que ella dará seguimiento cada 15 días y que cada mes se informará en “La mañanera del pueblo”.

V. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

14. Inversión en infraestructura y bienestar. El Plan Michoacán contempla una inversión multisectorial sin precedentes, sujeta a comprobación de que sea recurso adicional al ya programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026.

15. Protección a sectores productivos. Uno de los componentes centrales del Plan es la protección de los productores de aguacate y limón, sectores constantemente extorsionados.

VI. IMPACTO POLÍTICO Y PERCEPCIÓN PÚBLICA

16. Cuestionamiento a la estrategia federal de seguridad. El magnicidio puso en entredicho el discurso oficial sobre la efectividad de la estrategia de seguridad. La presidenta Sheinbaum tuvo que salir a decir que ha logrado reducir los homicidios. La realidad es que se vio forzada a anunciar el Plan Michoacán con un despliegue militar considerable, lo cual contradice su retórica anti-militarización. El Efecto Manzo obligó a un giro pragmático en el discurso oficial.

17. Tensión con Estados Unidos. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, propuso una mayor cooperación en seguridad justo después del magnicidio. La presidenta respondió tajante: “México es un país libre y soberano. Aceptamos ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no”.

La Casa Blanca condenó “toda forma de violencia política” y el portavoz Karoline Leavitt añadió que “Estados Unidos continúa presionando a México para que haga más en el combate al narcotráfico y los cárteles”. El magnicidio trasciende fronteras y genera presión internacional.

18. Efecto en la carrera política de actores clave. Antes de su asesinato, Carlos Manzo se perfilaba como un fuerte contendiente para la gubernatura de Michoacán en 2027. Ahora, el “Movimiento del Sombrero” cuenta con el liderazgo de su viuda, quien hereda su capital simbólico y respaldo ciudadano.

VII. COMUNICACIÓN Y NARRATIVA PÚBLICA

19. Guerra de narrativas en medios y redes sociales. Las autoridades advirtieron contra “la difusión de teorías infundadas en redes sociales y medios de comunicación que buscan manipular la percepción pública”, en réplica ante la evidente incapacidad del régimen morenista.

20. Simbolismo del “Movimiento del Sombrero”. El sombrero que Carlos Manzo usaba en actos públicos se convirtió en un símbolo de resistencia. Este símbolo representa ahora la lucha de quienes exigen un gobierno eficaz, en materia de seguridad y justicia; no coludido, omiso ni corrupto.

En suma, el Efecto Manzo demuestra que su magnicidio funcionó como catalizador de cambios que debieron ocurrir mucho antes. Su legado sigue vivo en cada marcha, en cada denuncia y en cada exigencia de justicia. El Efecto Manzo debe quedarse para siempre, para que nuestro héroe no haya muerto en vano.

¡Michoacán merece una Revolución institucional y Social!

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*Guillermo Valencia Reyes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fundador de la Asociación Civil “Revolución Social”. En el terreno político ha sido presidente del Frente Juvenil Revolucionario; diputado en el Congreso del Estado; presidente municipal de Tepalcatepec; y actualmente presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y legislador local.

Para una comunicación directa: Facebook: https://www.facebook.com/MemoValenciaRy

* Las opiniones vertidas en este texto son exclusivamente del autor y no necesariamente reflejan la posición de este medio.

Por EDÉN ENSÁSTIGA*

En Michoacán ya se habla del Plan para la Paz y la Justicia y se reconoce a la cultura como uno de sus ejes. Pero la pregunta incómoda es sencilla: ¿dónde se juega realmente ese derecho? ¿En los teatros de la capital o en la cancha de cemento, la primaria federal, el jardín del barrio y la plaza del pueblo donde viven las niñas y los niños que más necesitan horizontes de futuro?

No es romantizar el arte y la cultura. La UNESCO ha señalado que no hay desarrollo sostenible sin un fuerte componente cultural y que las industrias culturales y creativas generan alrededor del 3 % del PIB mundial, según sus informes sobre economía creativa. Autores como Robert Putnam han mostrado cómo las prácticas asociativas y culturales fortalecen el “capital social”: redes de confianza y cooperación que permiten a las comunidades organizarse frente a la desigualdad y la violencia. En la misma línea, estudios de arte comunitario como los de François Matarasso documentan mejoras en la autoestima, el sentido de pertenencia y la participación cívica de quienes se involucran en proyectos culturales de barrio. La cultura de paz, como la definen la ONU y diversas investigaciones, no se reduce a la ausencia de balas: implica justicia social, igualdad, respeto a los derechos humanos y participación cotidiana en la vida comunitaria.

Cuando los derechos culturales de quienes menos tienen se toman en serio, las ciudades cambian de rostro. Ahí están las Utopías de Iztapalapa: grandes centros culturales, deportivos y de cuidados con acceso gratuito que han mejorado bienestar, convivencia intergeneracional y percepción de seguridad en colonias históricamente estigmatizadas. El barrio es el mismo, pero la noche ya no cae igual cuando hay luz, música y niñas aprendiendo a bailar en el mismo lugar donde antes sólo mandaba el miedo.

Los PILARES de la Ciudad de México —Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes— nacieron para estar justamente donde más se necesitan: en barrios con marginación y violencia, lejos de la postal turística y cerca de la vida real. Ahí se mezclan educación no formal, talleres artísticos, deporte, apoyo escolar y organización comunitaria. Muchas juventudes que se sintieron expulsadas de la escuela encuentran en estos espacios un lugar para terminar la prepa, hacer rap o grabado, y al mismo tiempo impulsar campañas contra la violencia y la discriminación en su propia colonia.

Medellín llevó esta lógica aún más lejos con las Unidades de Vida Articulada (UVAs): tanques de agua y lotes abandonados convertidos en equipamientos culturales y recreativos. Arte, deporte y memoria se combinan en barrios marcados por la violencia, transformando lugares de miedo en espacios de juego, cine al aire libre y creación colectiva.

Estas experiencias comparten algo esencial: reconocen que la cultura comunitaria en territorio es herramienta de prevención, no maquillaje para la foto oficial. La propia Secretaría de Cultura federal, a través del programa Cultura Comunitaria, ha insistido en que la acción territorial orientada a la cultura de paz ayuda a reconstruir tejido social, abrir horizontes a las juventudes y prevenir violencias complejas, sin sustituir la obligación del Estado en seguridad y justicia.

En este contexto, el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia —que coloca a la cultura, a las mujeres y a las juventudes entre sus ejes— abre una ventana política que no deberíamos desaprovechar. Para que la palabra “cultura” no quede en el discurso, hace falta aterrizarla en calles, colonias y municipios concretos. La apuesta no puede seguir siendo declarativa: implica aprovechar lo que ya existe —canchas, casas de cultura, escuelas, auditorios ejidales y plazas— para convertir una parte en centros culturales integrales de barrio con horarios amplios, bibliotecas vivas, talleres gratuitos y servicios de cuidado; colocar de verdad a las infancias en el centro mediante laboratorios de arte y ciencia en colonias periféricas y comunidades rurales; sumar programas de cultura de paz con enfoque de género y juventudes y construir consejos culturales comunitarios por región.

Pero no basta con señalar al gobierno de turno y esperar que lo haga todo. También exige corresponsabilidad social: que gobiernos estatal y municipales acuerden con el sector artístico, las escuelas, las organizaciones comunitarias y la ciudadanía prioridades, presupuestos y criterios de apoyo; y que el propio gremio cultural se asuma sujeto político y no sólo prestador de servicios, dispuesto a contribuir y pisar el lodo de las colonias donde se juega, de verdad, la cultura de paz. Medir impactos con indicadores sencillos —uso del espacio público, participación de niñas y mujeres, sentido de pertenencia, jóvenes que retoman estudios— sería un buen comienzo para dejar de hablar de “proyectos bonitos” y empezar a hablar de resultados.

La paz también es una obra de imaginación colectiva. Si dejamos la cultura sólo en manos del espectáculo o la burocracia, seguiremos teniendo plazas vacías y auditorios cerrados justo en los territorios donde más se necesita esperanza. Las niñas y los niños de nuestras colonias no piden grandes teorías: piden bibliotecas abiertas, música en la plaza, murales que cuenten sus historias y adultos que les digan, con hechos, que su vida vale más que cualquier guerra ajena.

Ahí, en la calle convertida en aula y el barrio convertido en escenario, empieza de verdad el derecho a la cultura y, quizá, la posibilidad de que Michoacán se atreva a vivir en paz.

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* Edén Ensástiga. Es músico y cantautor. Militante de izquierda, promotor cultural, impulsa procesos comunitarios desde el arte y la organización social. Colabora en medios digitales con análisis sobre arte, cultura y política desde una mirada de izquierda y comunitaria.

Por MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ*

El 6 de diciembre no es solo una cita política. Es una jornada en la que la memoria se hace presente y reclama un lugar en el debate nacional. Ese día, al recorrer las calles, el país recuerda que su historia está hecha de luchas populares: desde la Independencia y la Revolución Mexicana hasta las demandas contemporáneas que dieron origen al proceso conocido como la Cuarta Transformación. No es nostalgia ni ceremonialismo; es la afirmación de que México avanza cuando el pueblo se organiza y se reconoce heredero de sus propias batallas.

Mirar atrás obliga a recordar el contexto que dejaron, los modelos económicos aplicados en sexenios anteriores. Donde la desigualdad alcanzó niveles históricos, millones quedaron excluidos del desarrollo y las instituciones fueron capturadas por intereses privados. La inseguridad creció al mismo tiempo que se debilitaba la intervención del Estado en sectores estratégicos. Ese es el punto de partida que explica por qué, en los últimos años, amplios sectores de la población optaron por un camino distinto y apostaron por recuperar la centralidad del bienestar y los derechos sociales.

Los datos permiten dimensionar ese viraje: entre 2018 y 2024 se registró una reducción significativa de la pobreza; el salario mínimo tuvo un incremento real que no se veía en décadas; y el gasto social dejó de ser un complemento asistencial para convertirse en un eje de política pública. La desigualdad, durante años considerada una condena inamovible, mostró descensos medibles. Y aunque todavía falta, la inversión social logró llegar a regiones históricamente ignoradas por el centro político del país.

Sin embargo, ninguna transformación puede darse por concluida. Persisten desafíos que requieren una consolidación institucional; enfrentar incertidumbres económicas, laborales y culturales profundas; y el Estado debe garantizar que los avances sociales sean sostenibles más allá de cualquier coyuntura. En este sentido, la memoria histórica es valiosa cuando se vuelve una herramienta crítica para evaluar lo logrado, pero también para señalar lo pendiente.

El 6 de diciembre nos recuerda que las grandes decisiones del país nacieron en las calles, en el diálogo comunitario y en la participación ciudadana. La legitimidad de un proyecto transformador depende siempre de su vínculo con el pueblo, de su capacidad para escuchar, rectificar y sostener un compromiso real con quienes han sido marginados por las estructuras tradicionales de poder.

Hoy, más que nunca, conviene preguntarse qué país queremos seguir construyendo. No para idealizar el pasado ni suponer que el presente está resuelto, sino para entender que la transformación es un proceso vivo, sujeto a tensiones, disputas y exigencias permanentes. En un momento en que resurgen discursos que buscan minimizar los avances sociales o reinstalar viejas formas de privilegio, la memoria colectiva actúa como un contrapeso indispensable.

El 6 de diciembre, en suma, es un recordatorio de que México no ha dejado de caminar. La memoria insistente que la historia no es una carga: es una guía. Y en un país que ha resistido tantas veces, esa guía sigue siendo necesaria para no volver atrás. Que la historia siga siendo, entonces, no una carga que se arrastra, sino crítica y reflexión que abre el camino para que este país no vuelva atrás.

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* María Isabel Rodríguez Martínez. Es licenciada en Historia por la UMSNH, cursó el posgrado de maestría en el instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la misma institución.  Su línea de investigación se desarrolla en torno a la historia Intelectual y cultural de América Latina del siglo XX; y Pensamiento Hispanoamericano. Ha desarrollado diversas estancias de Investigación entre las que destacan la Institución cultural Casa de las Américas la Habana, Cuba, junto al escritor cubano Roberto Fernández Retamar; La Universidad Complutense de Madrid y La Universidad Autónoma de Barcelona, esta vez junto al profesor Manuel Aznar Soler (especialista en literatura española del exilio). Ha publicado diversos artículos en revistas de filosofía de la UMSNH Y UNAM.