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La Página

Ciudad de México.-La Senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este día ante el Pleno del Senado de la República una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el propósito de combatir y sancionar la usurpación de candidaturas destinadas a grupos prioritarios.

En tribuna, la legisladora afirmó que esta propuesta “toca la fibra moral de nuestra democracia”, al defender el derecho a la representación real de pueblos y comunidades históricamente excluidas, como la población indígena, la comunidad afromexicana, personas con discapacidad, comunidad migrante y personas de la diversidad sexual.

Recordó que la lucha por las acciones afirmativas tiene una larga historia y ha sido impulsada por generaciones de activistas que incluso dieron su vida por lograr representación política. Sin embargo, señaló que persisten viejas prácticas de simulación que buscan apropiarse de espacios diseñados para saldar una deuda histórica:

“En las elecciones de 2024 en Michoacán vimos cómo algunos hombres se registraron de manera fraudulenta como mujeres trans o como integrantes de comunidades indígenas. Esto no sólo es inaudito, es profundamente vergonzoso”, subrayó.

Ascencio Ortega enfatizó que las acciones afirmativas son medidas temporales destinadas a corregir desigualdades estructurales y que deben ser respetadas plenamente, sin manipulaciones ni fraudes. Recordó que quienes siempre se han asumido dueños del poder han tratado de deslegitimar estos espacios, incluso cuestionando su presencia en el Senado:

“Una vez un señor me dijo: ‘usted está aquí por…’ y guardó silencio. Yo le respondí entonces y lo reitero hoy: no gané una encuesta; represento a diversos grupos poblacionales que hoy sí son tomados en cuenta, y lo hago con orgullo y dignidad.”

Contenido de la iniciativa
La propuesta legislativa plantea dos ejes centrales:

Definir con claridad el concepto de Grupos Prioritarios y obligar a los partidos políticos a incluirlos en las primeras posiciones de las listas de representación proporcional, evitando que sean relegados a posiciones simbólicas sin posibilidad real de elección.

Tipificar la usurpación de candidaturas como Delito Electoral, mediante la adición del artículo 20 Ter a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Se establecen sanciones de dos a seis años de prisión, así como inhabilitación para ocupar cargos públicos, para:

• Quienes se registren dolosamente como integrantes de un grupo prioritario al que no pertenecen.
• Funcionariado partidista que permita, promueva o registre candidaturas fraudulentas.

La Senadora destacó que esta reforma honra compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de fortalecer la integridad del sistema electoral.

“La simulación se acabó”: Ascencio Ortega

Durante su intervención, la legisladora afirmó que la Cuarta Transformación mantiene un compromiso inquebrantable con la justicia social, por lo que es indispensable garantizar que las voces presentes en el Senado sean las voces auténticas del pueblo:

“Como humanista michoacana les digo: la simulación se acabó. No permitamos que se robe la voz de quienes menos tienen. Votemos por la dignidad de la representación y por la integridad de nuestra democracia.”

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.

La Página

Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- El diputado de Morena, Juan Pablo Celis, llamó a participar en la concentración nacional que se realizará este 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar los siete años del triunfo electoral que dio origen a la Cuarta Transformación y que, afirmó, cambió para siempre la vida pública del país.

Celis destacó que esta fecha representa un ejercicio de memoria colectiva y de reafirmación política, pues en este periodo México ha logrado avances que hace apenas una década parecían imposibles. Señaló que los Programas para el Bienestar han alcanzado a más de 32 millones de personas, con una inversión social histórica de 850 mil millones de pesos, lo que ha contribuido a que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza. Agregó que la Transformación también se refleja en la economía, que hoy se mantiene estable, sin devaluaciones ni gasolinazos, con un incremento acumulado del 125% al salario mínimo, récord de inversión extranjera y un fortalecimiento del poder adquisitivo de las familias.

En materia de seguridad, subrayó que la estrategia nacional ha permitido una reducción del 37% en el homicidio doloso en los últimos 13 meses, resultado de un modelo basado en inteligencia, coordinación institucional y atención a las causas, lo que contrasta con los periodos de crisis que dejaron administraciones anteriores.

“El 6 de diciembre celebramos siete años desde que México decidió caminar con dignidad y con honestidad. Vamos al Zócalo porque la Transformación no es pasado: es presente, es futuro y es un compromiso compartido”, expresó Celis.

El legislador señaló que la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es una invitación a seguir construyendo un país más justo y más humano, donde la participación ciudadana es fundamental para consolidar las conquistas sociales alcanzadas desde el 2018.

“Este movimiento nos enseñó que el poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo. Lo que celebramos en el Zócalo no es una fecha, sino los derechos y avances que hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Celis reiteró que la Cuarta Transformación se sostiene en la voluntad popular, en la honestidad en el gobierno y en un proyecto de nación que privilegia a quienes menos tienen, y aseguró que desde el Congreso del Estado seguirá trabajando para que los logros nacionales se reflejen también en Michoacán.

El diputado invitó a las y los michoacanos a participar en la movilización de este viernes en el Zócalo capitalino, un acto que, dijo, reafirma la unidad del país frente a los desafíos y celebra el rumbo que México decidió tomar hace siete años.

La Página

Morelia, Michoacán, 05 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de hacer del daño moral un derecho imprescriptible, la diputada local Brissa Arroyo Martínez planteó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1101 del Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, expuso que hay silencios que duran años porque el miedo, la vergüenza o la violencia sistemática impiden a las víctimas hablar, denunciar o pedir justicia.

“El daño moral ocasionado por la violencia sexual y la violencia de género es silencioso, profundo; y ese silencio causa impunidad y hace invisibles a las víctimas”, explicó.

La Congresista integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, dijo que quienes padecen estos tipos de violencias, continúan sus vidas arrastrando un profundo sufrimiento.

Brissa Arroyo expuso que como si fuese algo fácil de sobrellevar, la legislación actual impone dos años para que las víctimas reclamen lo sufrido.

Todos sabemos, -agregó-, que para que una víctima pueda reclamar la reparación del daño moral, primero debe lograrse una sentencia condenatoria contra quien la agredió. Ese proceso ya es, de por sí, largo y brutal para quien ha sufrido una violación, un abuso o cualquier forma de violencia contra su dignidad.

Aun así, “nuestra legislación les impone un límite de dos años para reclamar ese daño. Dos años para alguien que quizá tardó diez en poder hablar”, añadió.

En ese contexto, propuso a la asamblea que declaremos imprescriptible la acción civil para reclamar daño moral en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y también en los delitos cometidos contra mujeres víctimas de violencia de género.

Exhortó a las diputadas y los diputados no seguir sosteniendo un sistema que abandona a quienes más necesitan del Estado.

Argumentó que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no prescribe en sus vidas. Los traumas no tienen fecha de caducidad. Los recuerdos no se borran por decreto. Y la obligación del Estado de garantizar justicia, tampoco debería borrarse.

La legisladora local recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la acción para reclamar daños derivados de violencia sexual contra menores es imprescriptible.

El Artículo 1101 del Código Civil para el Estado de Michoacán señala que la acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente Capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.

Con la iniciativa se propone que: Artículo 1101. Debe decir: La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente Capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.