La Página
Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2024. En el marco del programa educativo y del Ciclo Académico: “Diálogos en Derechos y Libertades Fundamentales” que desarrolla la Coordinación de Estudios, divulgación y capacitación, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, se presentó la conferencia “El derecho de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en México”, misma que estuvo a cargo de la doctora en Derecho Rosa María Olivero Sánchez.
La especialista develó que, de acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el año 2019 México tenía el primer lugar mundial en casos de abuso sexual infantil, registrando 5.4 millones de casos por año.
Recordó que la Convención de los Derechos de los niños establece el marco jurídico que brinda una protección integral en beneficio de niñas, niños y adolescentes, y que México ha ratificado su pertenencia a este tratado internacional.
Con base en lo anterior, Olivero Sánchez señala que el Estado Mexicano está obligado a armonizar la legislación mexicana, puesto que, a pesar de que en el año 2000 reconoció a nivel constitucional el derecho de niñas, niños y adolescentes, esto no ha sido suficiente para aplicar la justicia en el caso de este grupo etario cuando enfrenta el delito de abuso sexual.
Agregó que, dado que todas las personas tienen el derecho de acudir ante las autoridades ministeriales, judiciales y administrativas, para obtener la protección de sus derechos, el derecho penal requiere de una nueva perspectiva de estudio, a fin de considerar el principio del interés superior de la niñez, contenido en el artículo 3ro. de la mencionada Convención.
Aclaro que el interés superior de la niñez es la piedra angular del sistema de protección para este sector de la población, a fin de garantizar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y que, además, es triple, pues es considerado como un derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento.
También señaló que el Comité de los Derechos del Niño es el encargado de vigilar que se cumpla con lo señalado, tanto en los tratados internacionales, como en la legislación particular de cada país miembro de la Convención, por lo que tiene la facultad de emitir observaciones y exhortos, y es considerado como el eje rector en la toma de decisiones referentes a las infancias y adolescencias.
Respecto del tema de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, señaló que de cada mil delitos, se denuncian 100, de éstos el 10 por ciento llega al juez y sólo el 1 por ciento recibe sentencia condenatoria, debido a que existen barreras que impiden el acceso a la justicia, como la prescripción, que marca que después de cierto tiempo, se extingue un derecho por no ejercerlo, o la restricción de recurrir a la Prueba Anticipada, por lo que ésta debería practicarse cuando se presente un riesgo fundado de que la fuente de prueba pueda ser desaparecida.
También se refirió a que el desarrollo del juicio en el proceso penal se puede llevar más de un año, por lo que es pertinente que niñas y niños que no han cumplido 12 años de edad, rindan su declaración y se les acepte como prueba anticipada para garantizar su derecho a la justicia
Finalmente, y ante lo que calificó como un panorama triste y frustrante, la estudiosa del tema dijo que es necesario que el Estado Mexicano brinde una capacitación sistemática y obligatoria a todas las personas y profesionistas que estén involucradas en los procesos en los que las víctimas sean niñas, niños y adolescentes y llamó a las autoridades a cumplir las recomendaciones emitidas por el Comité apenas en septiembre pasado, que mandatan sensibilizar a las infancias y adolescencias sobre su derecho, impulsar la cultura de la denuncia y a armonizar la legislación correspondiente con el fin de adaptarla a las infancias y adolescencias.
