La oposición en la Cámara de Diputados bloqueó este martes la reforma constitucional en materia electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer mismo envió a San Lázaro su llamado Plan B —una reforma a cuatro leyes secundarias— con la cual se busca retirar privilegios a la llamada “élite dorada” del INE, eliminar sus fideicomisos y crear una estructura más ligera con los cual “se espera generar un ahorro de alrededor de tres mil 605 millones 624 mil 298 pesos”.
“La conformación de una élite burocrática es uno de los grandes lastres de nuestro sistema electoral. El personal del INE se integra por un total de 17 mil 569 personas trabajadoras. En el portal del propio INE se reporta que al menos 123 de sus funcionarios ganan salarios más altos que el del Presidente de la República”, se lee en la exposición de motivos del Plan B del Presidente, para el cual Morena cuenta junto con sus aliados con los votos necesarios para aprobarlo.
Uno de los principales puntos de esta reforma a las leyes secundarias en materia electoral es precisamente establecer que las remuneraciones que reciban los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) “no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en la fracción II del artículo 127 de la Constitución”, es decir, el salario que perciban los integrantes del Consejero General del órgano electoral no podrá superar al del Presidente de la República.
Además establece en el transitorio décimo séptimo que el actual Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Edmundo Jacobo Molina —un funcionario que ha estado en el órgano electoral desde junio de 2008, es decir desde que este organismo era el Instituto Federal Electoral (IFE)— cesará en sus funciones a partir de la publicación del decreto con el cual se reformarán las cuatro leyes que prevé modificar el Plan B electoral.
“De inmediato, el Consejo General nombrará de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho. En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes”, se lee en la iniciativa.
Edmundo Jacobo Molina es un personaje cercano al actual Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien propuso prolongar su encargo hasta 2026, con lo cual sumaría 18 años en el Instituto Electoral. De hecho, meses antes de que se prolongara su gestión, en enero de 2020, el Secretario Ejecutivo del INE fue uno de los integrantes que se amparó contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor en abril de 2019, para poder ganar más que el Presidente López Obrador, una situación que con la reforma legal ya no se permitirá.
UN INE MÁS LIGERO
La iniciativa de reforma destaca cómo “otro de los efectos negativos de la alta burocratización del INE es su pésima administración” y señala que su estructura “contiene duplicidad de funciones, posee áreas sin trabajo durante varios meses en el año, se despilfarran recursos mediante el pago de rentas, la compra permanente de material para urnas de mala calidad, se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera”.
En ese sentido se propone la creación del Sistema Nacional Electoral (SNE) conformado por el Instituto Electoral, como su autoridad rectora, y los Organismos Públicos Locales, como autoridades electorales a nivel estatal. “Este nuevo sistema establece la integración de ambas estructuras para su mejor funcionamiento”, se lee en el documento.
A nivel local la iniciativa plantea la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura.
“Bajo este nuevo SNE, se contará con órganos electorales permanentes y temporales. Esto permitirá la reducción del número de órganos distritales fuera del proceso electoral, al pasar de 300 a aproximadamente 260, distribuidos bajo criterios de regionalización. Durante el periodo electoral, la estructura de los órganos distritales se reintegrará en su totalidad para cumplir con las funciones del Instituto. Con este cambio se busca contar con estructuras eficientes que respondan a los distintos momentos de los procesos electorales en el país y eviten estructuras que no tengan función alguna durante largos periodos de tiempo”, expone la propuesta del Presidente.
Además suprime la prerrogativa de la franquicia telegráfica, la cual se encuentra en desuso desde 2008.
La reforma plantea también nuevos tiempos de los procesos electorales con la finalidad de “eliminar acciones redundantes” a través de un nuevo calendario que reducirá el tiempo de insaculación, capacitación y selección de personas ciudadanas que integran las directivas de las casillas.
Se señala que tan sólo en la primera etapa de capacitación podría hacerse en 26 días en vez de en 54, lo cual eliminaría “el proceso robusto e innecesario en la designación de personas ciudadanas para la integración de casillas”. Ahora, refiere, “en vez de seleccionar a la ciudadanía a partir de un número máximo de personas, se buscará una cantidad óptima de ciudadanos a visitar por parte del Instituto para su capacitación”.
Asimismo, el documento busca agilizar y hacer más eficientes los procesos electorales al modificar la fecha de cómputo de votos al pasar del miércoles siguiente al día de la jornada electoral al mismo día de las elecciones a partir de las 18:00 horas.
LE DICEN ADIÓS A FIDEICOMISOS
Otro de los puntos clave de la iniciativa es la eliminación de los fideicomisos que el Gobierno federal ha calificado como “ilegales”. Se trata del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, que desde inicio de este año las secretarías de Hacienda y de la Función Pública propusieron eliminar de cara a la Consulta de Revocación de Mandato —para la cual el INE alegó no tener los recursos suficientes para su organización— para ahorrar dos mil 972 millones de pesos.
La iniciativa señala que el Fondo para el Cumplimiento reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos. Una muestra de cómo son empleados estos fideicomisos se dio con la salida de los consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif. Del Fondo para Atender el Pasivo Laboral se les pagó en 2020, en términos netos y con motivo de su baja, un millón 721 mil 566.80 pesos y dos millones 027 mil 434.98 pesos, según reconoció el propio INE a pregunta expresa de SinEmbargo.
De eliminarse con el Plan B, “los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”.
Asimismo, la iniciativa busca limitar las facultades ”indebidamente discrecionales” que se ha dado el INE con “una extensa facultad normativa”: Propone en ese sentido que las autoridades “no podrán emitir ninguna normativa fuera de sus atribuciones establecidas en la Constitución. Con ello se garantiza mayor certeza jurídica para los actores políticos que contienden en los procesos electorales”.
Además, se señala que los reglamentos, normas generales y procedimientos en materia de fiscalización no deben emitirse ni modificarse una vez iniciados los procesos electorales.
“En síntesis, en cuanto a justicia electoral, la presente reforma busca hacer más eficiente, austera y expedita la justicia electoral, reformando la LGSMIME (Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral) y la LOPJF (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) para ajustarlas a los actuales modelos tecnológicos incluyendo el juicio en línea y reduciendo los medios de impugnación de siete a cuatro, además crear la Sección Resolutora de la Sala Superior”, señala el documento.
Por otra parte, busca “otorgar mayor certeza jurídica” respecto a las tareas de fiscalización y las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos, respetando en todo momento su derecho a la autorganización y autodeterminación.
“En su conjunto, la reforma pretende abonar a garantizar una mejor democracia, con un INE capaz de garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas para resguardar el derecho de la ciudadanía a votar y ser votado, sin privilegiar a las altas burocracias y fomentar la duplicidad de funciones. Nuestro país no necesita una élite burocrática privilegiada en las instituciones electorales, sino una mejor democracia a menor costo para los contribuyentes”, refiere la iniciativa de reforma.
