Autor: enraweb

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*El legislador destacó que es necesario que la entidad esté a la vanguardia en materia legislativa, para mejorar las condiciones de bienestar de las y los ciudadanos.

Morelia, Michoacán, 19 de abril de 2023.-Para que exista una verdadera equidad y oportunidades de estudio entre las y los niños y jóvenes michoacanos, el legislador local, Reyes Galindo Pedraza planteó una iniciativa para reformar un artículo en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que propone que el otorgamiento de becas sea bajo la aplicación de la paridad de género.

En la tribuna del Congreso de Michoacán, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), expuso que la desigualdad es uno de los los mayores problemas sociales que pone en condiciones de mayor vulnerabilidad las oportunidades de desarrollo de la población; por ello desde el partido que lidera, busca que las inversiones que se hacen en el ámbito educativo se realicen de la mejor manera.

“El principal objetivo de este planteamiento es diseñar, promover, impulsar y operar programas de otorgamiento de becas a las y los jóvenes, los cuales deberán atender a reglas de operación claras, bajo los principios de paridad de género, de igualdad de condiciones, oportunidades y no discriminación o exclusión en contra de ningún grupo social”, explicó el congresista.

Además, Reyes Galindo destacó la importancia de que los gobiernos no solo sean capaces de gastar más, sino de hacerlo mejor, llevando a cabo el otorgamiento de becas escolares procurando precisamente la paridad de género, con la finalidad de apoyar a las poblaciones que se encuentran con menores ingresos, en condiciones que vulneran el óptimo desarrollo personal y productivo.

“Si fortalecemos la técnica, financiera y operativamente a los entes garantes de la educación y el bienestar, podremos abonar a hacer frente a los enormes problemas de Michoacán como la deserción escolar, las desigualdades y la falta de oportunidades”, concluyó el legislador petista.

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Morelia, Michoacán a 19 de abril de 2023.-La diputada local Adriana Hernández Íñiguez puntualizó que el deber de todas y todos los legisladores es velar por el interés superior de la niñez y de las familias michoacanas, por lo que presentó una iniciativa para prevenir la violencia familiar y buscar mayores sanciones para ésta.

“Cumpliendo con mi deber como diputada de proteger el interés superior de la niñez y el bienestar de las familias michoacanas, propongo incorporar en el Código Penal del Estado el delito de fraude familiar, el cual prevé y sanciona la violencia familiar; así como describir en el artículo 220 las conductas consideradas como violencia familiar, delitos que tanto lastiman a nuestra sociedad”.

En la tribuna del recinto legislativo expuso que la violencia de tipo económica-patrimonial en contra de la familia se encuentra descrita dentro del tipo penal de violencia familiar, siendo la conducta más común el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, delito que se encuentra contemplado por las 32 entidades federativas con distintas redacciones y sanciones; para el caso de Michoacán, el artículo 178 del catálogo de delitos señala que “Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo conductas que agredan física, psicológica, patrimonial o económicamente”, lo que no describe en qué consisten cada uno de estos tipos de violencia, dejando al árbitro de los operadores del derecho la interpretación subjetiva para encuadrar el delito de violencia familiar, por lo que, un buen número de estas acciones permanecen impunes.

“La violencia que se vive en el seno de la familia es multifactorial y multidimensional, por lo que se han llevado a cabo diversos estudios, foros, se han presentado iniciativas y se han promulgado leyes que prevén y sancionan la violencia familiar. Sin embargo, poco se ha legislado sobre las artimañas de las que se valen quienes ejercen el tipo de violencia económica-patrimonial, que sin duda afecta negativamente la subsistencia de sus integrantes”, señaló.

La diputada priista agregó que al aprobar esta iniciativa estarían también cumpliendo con la armonización legislativa correspondiente como se mandata en la carta Federal derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.

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*En Michoacán el matrimonio entre menores está prohibido, sin embargo, el Diputado por Tarímbaro, señaló que este fenómeno se sigue dando.

Morelia, Michoacán, 19 abril del 2023.- Con la finalidad de tipificar el delito de cohabitación forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad, el Diputado Local del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, presentó ante el pleno legislativo, una iniciativa que pretende tipificar y sancionar la cohabitación forzada abarcando la figura del matrimonio y del concubinato como formas de relación permanente o la unión informal que sea equiparable al matrimonio.

El congresista petista, explicó que con esta acción pretende fortalecer el marco de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de personas que sean víctimas de estas prácticas, lo que permitirá garantizar su desarrollo psicosexual normal, además de precisar que los matrimonios forzados también son una expresión de la desigualdad, falta de acceso a la información y a la salud.

“La cohabitación forzada entre alguien que no alcanza a comprender por qué se le obliga a esa práctica es un fenómeno que se sigue dando, principalmente se da en agravio de mujeres que sufren por ejemplo de alguna discapacidad mental o física y que por su condición no puede resistirse a esa imposición que vulnera sus derechos fundamentales a vivir en un ambiente armónico y en ejercicio pleno de sus derechos. Otra situación similar es aquella en donde los padres o uno de ellos dan en pago de deudas a alguien de sus hijas o hijos, obligándoles a vivir en otro hogar o con alguien en contra de su voluntad e incluso haciendo vida marital sin su consentimiento, pero conscientes de que ha sido forzada o forzado a ello, orillándolos a un futuro incierto y a una situación constante de temor e incertidumbre”.

El representante del Distrito 08 con cabecera en Tarímbaro, explicó de forma puntual la esencia de la propuesta y aprovechó el uso de la voz para hacer un llamado a las autoridades a cumplir con lo estipulado en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán, que prevé la instalación y mantenimiento de refugios para acoger a mujeres y sus hijos, sin embargo, la instalación y funcionamiento de estos refugios ha sido muy lenta, explicó que a veces las personas afectadas por este fenómeno, logran escapar, pero no saben a dónde acudir para estar a salvo y recibir la protección de las autoridades.

“La presente iniciativa tiene como objetivo sancionar y erradicar por siempre este tipo de conductas delictivas que pareciera que son del pasado y que ya no existen, pero que increíblemente han subsistido y que son poco visibilizadas. Pero cuando la persona logra sustraerse de esta práctica, se enfrenta a la incertidumbre de dónde podrá vivir, sin el temor de que nuevamente sea sustraída y obligada a cohabitar de manera forzada. La Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, prevé la instalación y mantenimiento de refugios, sin embargo, la instalación y funcionamiento de estos refugios ha sido muy lenta, por lo hago un llamado a las instancias correspondientes para que den celeridad a su instalación y que estos refugios den protección también a quienes han sido víctimas de este delito”.

De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, 423 mil niñas fueron obligadas a casarse, 339 mil a través de un robo o intercambio. “En pocas palabras, se trata de personas, de tráfico humano, abuso sexual, secuestros disfrazados de matrimonios o equiparables, que suceden todos los días en este país a la vista de todos”. Concluyó Gaona García.

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Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2023.- La 75 Legislatura de Michoacán aprobó un exhorto dirigido al Ejecutivo del Estado, para que se fortalezca el apoyo a las organizaciones de Bomberos Voluntarios y se les dote de espacios e infraestructura necesarios.

Se trata de dignificar las condiciones en las que operan estos cuerpos voluntarios de auxilio en el interior del Estado, dicta la propuesta de la diputada Gloria del Carmen Tapia Reyes.

De acuerdo con la exposición de motivos, el estado de Michoacán se encuentra en los primeros lugares con mayor número de incendios en el país, ocupando en el 2022 el cuarto sitio a nivel nacional en cuanto a superficie afectada, concentrando más del 12 por ciento del acumulado en México.

Ante el Pleno legislativo se indicó que al 14 de marzo del 2023, la entidad tenía un registro de 119 incendios, con 620 hectáreas dañadas; mientras que en el mismo periodo del año pasado, se contaban 552 hectáreas consumidas, lo que representa un incremento de más del 10 por ciento.

Por tal motivo, “se ha priorizado el establecimiento de medidas preventivas para disminuir o eliminar los riesgos. Sin embargo, se ha dejado desprotegido a un importante sector, que es el encargado de mitigar el fuego y evitar, en la medida de lo posible, su propagación, así como de disminuir los daños materiales causados y proporcionar la atención pre hospitalaria necesaria, disminuyendo la tasa de mortalidad asociada a los incendios”, precisa el dictamen.

De igual forma, se destacó que, en Michoacán, únicamente el 12 por ciento de la totalidad de los combatientes pertenecen al gobierno del estado y municipios; el 11% son voluntarios y el 73% son elementos de alguna organización no gubernamental o los mismos propietarios de los predios.

También se resaltó que los bomberos voluntarios brindan diversos servicios, aunados a los de sofocar incendios, tales como atención a llamados de emergencia en combate de incendios, rescate vehicular, rescate vertical, rescate acuático, así como de servicios prehospitalarios.

“Sin embargo, al ser instituciones voluntarias, no cuentan con ningún apoyo gubernamental, ni económico ni en especie. Únicamente funcionan en base a su esfuerzo y al apoyo que brinda la sociedad”.

En razón a ello, “sus instalaciones están en condiciones sumamente precarias, por lo que se trata de una cuestión de justicia social, ya que brindan un importante servicio a la sociedad: salvan vidas, contienen pérdidas materiales y coadyuvan a la conservación de la biosfera en el Estado”, se detalló en el exhorto.

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Morelia, Michoacán, a 19 abril de 2023.- El Pleno del Congreso del Estado votó a favor de instruir a la Auditoría Superior de Michoacán para que, en un plazo no mayor a 30 días naturales, rinda el Informe General e Individual de las Haciendas Públicas Municipales correspondientes al ejercicio fiscal del año 2021, que no se integraron al momento de su presentación.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en términos generales, los Informes Generales e individuales presentados por el Órgano Técnico Fiscalizador, presentan una opinión de cumplimiento parcial y establece la deficiencia y/o inexistencia de un Sistema de Control Interno que contenga y mitigue el incumplimiento de la normatividad que regula la actuación de los ayuntamientos.

Las y los legisladores determinaron que el Congreso del Estado revisó y fiscalizó la Cuenta Pública de 113 haciendas públicas municipales, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2021 con base en los Informes Generales e Individuales del Resultado de la Fiscalización de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales, que realizó la Auditoría Superior de Michoacán.

Y conforme a ello, votó a favor de instruir a la Auditoría Superior de Michoacán para que informe los avances en los procedimientos de responsabilidades, así como dar vista a los Órganos Internos de Control de los Municipios para que continúen con la investigación y substanciación de los procedimientos de responsabilidad; y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para substanciación de los procedimientos, según sea el caso, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Finalmente, también se le instruyó para que en el ámbito de su competencia, de manera conjunta con los municipios, se lleven a cabo las acciones pertinentes para dar cabal cumplimiento con la obligación que les impone a los Servidores Públicos en el desempeño del empleo, cargo o comisión, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo y cumplan con lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa relacionada con ella, a efecto de que se instauren los mecanismos necesarios, que facilite el Registro y Valoración del Patrimonio, así como también, el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles.

De igual forma, es necesario que adicionalmente, con apoyo de las Contralorías Municipales, analicen detalladamente los saldos de los Estados de Situación Financiera, para corregir los saldos contarios a su naturaleza contable y que se revela en el referido estado financiero, así como corregir cualquier error contable que afecte la situación financiera del municipio.